Sentencia 20945 de febrero 11 de 2004 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

PRISIÓN DOMICILIARIA

PARA EL LÍMITE PUNITIVO SE TIENEN EN CUENTA CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN

EXTRACTOS: «Pues bien, con el fin de acometer el estudio de fondo de la demanda, aconsejable resulta por elementales razones de método, identificar cuatro tópicos, sobre los cuales edifica la casacionista su censura, y ofrecer la respuesta pertinente, así:

1. Estima la Sala que no es cierto que en este asunto, por tratarse de un delito de hurto calificado y agravado, el extremo punitivo para efectos de establecer el factor objetivo dispuesto por el legislador para otorgar la prisión domiciliaria sea de cuatro (4) años de prisión, pues si el numeral 1º del artículo 38 del estatuto penal exige “que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos”, no se advierte por qué no habría de incluirse para establecer el referido quantum la sanción derivada de las circunstancias de agravación punitiva establecidas en el artículo 241 del mismo ordenamiento (negrillas fuera de texto).

En efecto, en la citada disposición se establece que “la pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de una sexta parte a la mitad si la conducta se cometiere...”. Por tanto, no hay duda que tales circunstancias agravantes contienen especificaciones circunstanciales y modales de la conducta punible, y en tal medida no puede afirmarse que son “una modalidad de comportamiento total y absolutamente independiente del tipo básico de hurto calificado, y por ende no puede acumularse ese concepto punitivo”, como lo señala la casacionista, pues lo cierto es que son parte integral del comportamiento susceptible de sanción (negrillas fuera de texto).

Además, tal como acertadamente lo destaca el delegado, tan importantes son aquellas circunstancias que de acuerdo con lo establecido en el artículo 398 de la normativa procesal penal, su enunciación constituye requisito formal de la acusación, pues en ella se debe efectuar “la narracción sucinta de la conducta investigada, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que las especifiquen” (negrillas fuera de texto).

A su vez, la jurisprudencia de esta Sala ha señalado que para tener en cuenta las circunstancias de agravación punitiva de la conducta en el fallo, tanto genéricas como específicas, es preciso que hayan sido deducidas en la resolución acusatoria, pues de lo contrario se quebrantaría, entre otros, el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia (2) , razón adicional para considerar que las referidas circunstancias de agravación hacen parte integral de la imputación al complementar el tipo objetivo (3) , y en esa medida resulta imprescindible valorarlas al momento de establecer el límite punitivo establecido por el legislador para acceder a la prisión domiciliaria.

También encuentra la Sala que el artículo 170 del estatuto procesal penal, establece que en la redacción de la sentencia debe incluirse “la calificación jurídica de los hechos”, la cual, de conformidad con lo anotado en precedencia, impone la indicación del correspondiente tipo penal junto con las circunstancias que lo especifiquen, razón adicional para demostrar que las circunstancias de agravación punitiva no son ajenas a la imputación o al tipo básico, como lo pretende la defensora.

Con base en lo expuesto, considera la Sala que carece de razón el argumento planteado por la demandante para conseguir la casación del fallo atacado, dado que, en este asunto la sentencia fue proferida “por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley” es superior a cinco (5) años de prisión, pues se trata de un delito de hurto calificado (estatuto penal, art. 240) cuyo límite punitivo menor (48 meses) debe ser aumentado en una sexta (1/6) parte (8 meses) por la concurrencia de las circunstancias de agravación punitiva establecidas en los numerales 6º y 10 del artículo 241 del mismo ordenamiento, y además debe incrementarse en una tercera (1/3) parte (18 meses y 20 días) en razón de la cuantía, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 267 ejusdem, todo lo cual implica que la pena mínima para la conducta por la cual se procede es de setenta y cuatro (74) meses y veinte (20) días, esto es, de seis (6) años, dos (2) meses y veinte (20) días de prisión.

2. Estima la Sala que tampoco acierta la impugnante al señalar que para establecer el requisito objetivo de la prisión domiciliaria debe tenerse en cuenta la pena impuesta en el fallo, pues el texto del numeral 1º del artículo 38 del Código Penal es suficientemente claro al respecto, en cuanto se refiere a la “conducta cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos” (negrillas fuera de texto).

Así las cosas, puede concluirse que si el legislador se refirió a la pena mínima prevista en la ley, no tuvo en cuenta de manera alguna el quantum de la sanción impuesta, lo cual permite a la Sala vislumbrar que la demandante pretende imponer una interpretación de la ley ajena a la claridad de su texto, circunstancia que conduce al fracaso de la censura.

3. En cuanto atañe a que dentro de los fines de la pena no se establece que la reclusión intramural esté llamada a “complacer la pasión de la venganza particular o colectiva de quien o quienes se ven afectados por una conducta ilegítima”, suficiente resulta manifestar que el argumento es inconsistente, pues en ningún aparte del fallo se afirma que la revocatoria de la prisión domiciliaria concedida por el a quo tenga como finalidad la señalada por la defensora, como que ni siquiera se dice que su propósito esté orientado a cumplir la función retributiva de la pena. Además, debe resaltarse que la prisión domiciliaria fue negada por no satisfacerse el requisito objetivo dispuesto por el legislador, esto es, porque no se procedía por delito sancionado con pena igual o inferior a cinco (5) años de prisión, como atrás se advirtió.

Por consiguiente, es palmario que el reproche no pasa de ser un comentario especulativo de la censora, sin demostración alguna, circunstancia que conduce a su improsperidad.

4. Como la demandante aduce que “la prisión domiciliaria reglada por el artículo 38 del Código Penal, debe evaluarse atendiendo las circunstancias y condiciones de política criminal que se impone como consecuencia de la inadecuada regulación que el Estado colombiano a través del Inpec ha venido cumpliendo para las personas que sufren el rigor de una detención, máxime cuando las mismas incurren en su primera oportunidad delincuencial”, es necesario expresar que la política criminal se encuentra integrada por la política social y la política penal.

La primera está compuesta por los mecanismos de control social formal e informal a través de los cuales el Estado procura prevenir la comisión de delitos (empleo, educación, medios de comunicación, etc.). La segunda, corresponde a la facultad de definir comportamientos delictivos, asignarles unas consecuencias y disponer unos procedimientos de investigación, acusación y ejecución de la sanción.

Siendo ello así, no hay duda que si el legislador determinó que la prisión domiciliaria debía tener un límite punitivo, que fijó en cinco (5) años o menos de prisión, corresponde a los funcionarios judiciales en virtud del principio de imperio de la ley (C.P., art. 230) sujetarse a tal quantum sancionatorio, que a la postre realiza la política criminal del Estado, sin que entonces resulte posible, con el pretexto de criticar entidades públicas como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, desconocer la normatividad, pues un tal proceder es por completo ajeno al Estado de derecho y al orden constitucional.

De conformidad con las consideraciones precedentes, el cargo no prospera».

(Sentencia de Casación, 11 de febrero de 2004. Radicación 20.945. Magistrada Ponente: Dra. Marina Pulido de Barón).

(2) Sentencia de única instancia del 29 de septiembre de 2003, M.P. Herman Galán Castellanos.

(3) Sentencia del 8 de junio de 2000, M.P. Carlos Gálvez Argote.

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