Sentencia 20946 de agosto 13 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN CASO DE SUCESIÓN DE LEYES

DELITO PARA EL QUE SE SUPRIME LA PENA DE ARRESTO Y SE SEÑALA LA DE PRISIÓN

EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso extraordinario de casación excepcional interpuso contra la sentencia de segunda instancia de noviembre 12 de 2002, por medio de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., modificó el numeral primero de la sentencia de mayo 31 de 2001, proferida por el Juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá D.C., en el sentido de condenar al procesado Roberto ... penas principales de 3 meses de arresto y multa de 20 mil pesos, así como a la accesoria de prohibición del ejercicio de la profesión de abogado por un término igual al de la pena principal, revocando la concesión del subrogado de la condena de ejecución condicional.

(...).

En el proceso que se adelantó contra el procesado Roberto ... el delito de cohecho por dar y ofrecer, tuvo algunas modificaciones con marcada drasticidad en la sanción, pues, nótese que el artículo 143 del Código Penal de 1980, norma bajo cuya vigencia ocurrieron los hechos, sancionaba a sus infractores con pena de “arresto” de tres (3) meses a dos (2) años y multa de un mil a veinte mi pesos. Posteriormente, el artículo 24 de la Ley 190 de 1995, modificó el anterior precepto reprimiéndolo con pena de “prisión” de tres (3) a seis (6) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes, interdicción de derechos y funciones públicos por el mismo término de la pena principal y prohibición de celebrar contratos con la administración por el mismo término; con la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000 el delito de cohecho por dar u ofrecer fue modificado en el sentido de señalar que la duración de la inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas será de cinco (5) a ocho (8) años.

Como la aplicación del principio de favorabilidad comporta la aplicación de la norma sustancial “permisiva o favorable”, en una sucesión de leyes como en el presente caso, bajo la aplicación de los mecanismos de ultra actividad o retroactividad de la ley, imponía al funcionario judicial preferir la que le reportara mejores condiciones al procesado. El ad quem prefirió mantener, dentro del criterio de la norma más favorable, la pena prevista en el estatuto anterior, que como ya se dijo, oscilaba entre los tres (3) meses y los dos (2) años de “arresto”, empero, en ejercicio de su ultra actividad, es decir, aplicó la norma anterior, ya derogada, pero supuestamente favorable al procesado de cara a la severidad de las nuevas disposiciones, introducidas mediante las reformas de la leyes 190 de 1995 y 599 de 2000, que le señalaban pena de “prisión”, dentro de otros límites cronológicos.

Así las cosas, dos conclusiones se precisaron por el ad quem para el presente evento: la primera, que la conducta ilícita de cohecho por dar u ofrecer en la sucesión normativa referida precedentemente, jamás ha dejado de ser punible; en segundo lugar, que invariablemente el legislador le ha señalado como sanción una pena privativa de la libertad, siendo su naturaleza inicial el arresto ahora la prisión, pero de todas maneras, restrictiva de la libertad. Se agregaría otro aspecto, referido por el Ministerio Público, según el cual, la pena de arresto no es extraña al ordenamiento jurídico actual, pues el artículo 28 de la Carta Política prevé el “arresto” así mismo, el actual artículo 40 del Código Penal prevé el arresto progresivo para la conversión de la multa en los casos allí previstos.

Sin embargo, para la Sala, el legislador sí introdujo un notorio cambio, no solo en la cantidad sino también en la calidad de al sanción privativa de la libertad, pues, desde luego no puede ser asimilable una pena de arresto a una de prisión. En estas circunstancias, la ley nueva es desfavorable y por tanto, no aplicable a la conducta objeto de juzgamiento.

Mas, debe considerarse, que el legislador del año 2000, eliminó la pena de arresto para los delitos descritos en la parte especial del Código Penal. Esto, llanamente implica, que para aquellos delitos sancionados con pena de arresto, la pena ya no es privativa de la libertad, como lo aduce el recurrente, porque, justamente por favorabilidad, no puede imponerse ya una pena no prevista en la norma que describe la conducta y le señala la sanción.

Que el arresto exista en otros estatutos y para otros eventos, puede ser, empero, bajo el principio de estricta legalidad, cada conducta tiene señalada su condigna sanción, es el sentido y el concepto por excelencia de la norma penal completa.

pero, simultáneamente, a la vez que se eliminó del código la pena de arresto, para el delito de cohecho se señaló pena de prisión, por lo cual, en este sentido, ya se había dicho, la norma es restrictiva o desfavorable. El camino, por consiguiente y para esta precisa finalidad es que se propuso y admitió la casación discrecional en este caso, es acudir a una interpretación sistemática, conforme a la cual, tanto la pena de arresto como la de prisión resultan inaplicables, la primera, porque desapareció como tal del listado punitivo, y en este sentido, es favorable su retroactividad para todos aquellos delitos sancionados con arresto y, la segunda, porque, por desfavorable, sólo tiene aplicación para hechos cometidos a partir de su vigencia, que, por tanto, no cobija la conducta aquí juzgada.

Por lo expuesto, le asiste razón al actor y en consecuencia, la sentencia recurrida será casada parcialmente, porque reconocida la responsabilidad penal del procesado, la pena a imponerle no puede ser distinta a la pecuniaria que regía para el cohecho para dar u ofrecer, en la época en que fue cometido.

Esta decisión queda en firme en el momento de suscribirse por los magistrados que integran la Sala y contra ella no procede recurso alguno.

Atendidas las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CASAR parcialmente la sentencia impugnada, de fecha, origen y contenido consignados en esta providencia. En consecuencia fijar como pena principal la de multa, conforme fue impuesta en la sentencia impugnada y la accesoria de prohibición del ejercicio de la profesión de abogado por el término señalado en las instancia.

Devuélvase al tribunal de origen. Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de casación, 13 de agosto de 2003. Radicación 20.946. Magistrado Ponente: Dr. Herman Galán Castellanos).

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