Sentencia de noviembre 21 de 1990 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SEPARACIÓN DE CUERPOS

PROCESO SIMULTÁNEO DE NULIDAD EN EL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO

EXTRACTOS: «Sea lo primero advertir que el demandado, en ningún momento, se ha opuesto a la pretensión de separación de cuerpos, ni en las oportunidades aptas para el efecto ha impugnado los hechos invocados por la actora como fundamento de la misma: notificado del auto admisorio de la demanda, guardó silencio a su respecto para, en cambio, pedir la declaratoria de nulidad del matrimonio puesto que, advirtió a la sazón, antes había contraído otro con la señora María Helena Herrera, cuya prueba aportó. Esta posición la reiteró en ulteriores intervenciones, aunque ante la Corte, al sustentar el recurso de apelación que interpusiera contra la sentencia de primera instancia, la matizó un poco pues expresó que “el segundo matrimonio no produce efectos civiles, y mal puede en tales términos el sentenciador de instancia declarar la separación de cuerpos de un segundo matrimonio nulo y declarar vigente el vínculo matrimonial”; por causa, concluye, lo que se ha debido disponer una inhibición para proveer sobre el fondo del asunto.

Entonces, como toda la inconformidad del demandado con la pretensión de separación introducida por su cónyuge se ha levantado sobre punto anterior, la Sala debe empezar por decir que no desconoce que en el proceso obran las pruebas de los dos matrimonios, o sea, tanto celebrado con la señora María Helena Herrera, como del contraído con la aquí demandante. Del mismo modo, no pierde de vista que con el alegato de segunda instancia el impugnante trajo una constancia expedida por la Notaría del Tribunal Eclesiástico Regional de Bogotá en la que se consigna que allí se aceptó una demanda de nulidad del matrimonio de José Aurelio Jiménez Ortiz con María Herisilda Bogotá, “por vínculo anterior en el varón”.

Sin embargo, tampoco se puede silenciar, pues de manera palmaria consta en autos, que el segundo matrimonio se perfeccionó con sujeción a los ritos de la Iglesia Católica, lo que, sin más lleva a recordar que la competencia para juzgar las causas de nulidad de tal clase de unión se encuentra radicada en la jurisdicción eclesiástica conforme lo establece el Concordato ajustado con la Santa Sede, en su artículo VIII.

La anterior observación debe ser enlazada, a su vez, con esta otra, así mismo derivada de las disposiciones concordatarias: Con arreglo del Artículo VII, el Estado le “reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado de conformidad con las normas del derecho canónico”, para lo cual basta con que éste se inscriba en el competente registro civil. Esta exigencia se encuentra satisfecha de manera cabal en el enlace entre demandante y demandado.

De lo precedentemente anotado derívase que a la jurisdicción civil no le es dable proferir juicio de mérito en torno a la eventual invalidez del casamiento de José Aurelio con María Herisilda. Es cierto que el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 confiere al juez el poder de declarar, ex officio, la nulidad del acto o contrato cuando militen las condiciones previstas en el precepto; mas una determinación de esa naturaleza tiene como requisito previo el consistente en que al juez no se le haya sustraído la competencia a ese propósito, según ocurre en el presente caso. En tal virtud siendo aquel asunto de la exclusiva incumbencia de la jurisdicción eclesiástica, mientras ésta no lo anule, debe él tenerse como válido y, por ende, como idóneo para generar efectos civiles. Lo que advenga a raíz de la declaratoria de nulidad será cuestión que sólo en ese momento podrá ser analizada y ello en la medida en que, efectivamente tal declaratoria se produzca. Entre tanto, cualquier cosa que se diga acerca del punto, o como desprendido de él, es prematura o apresurada.

Por otro lado, también viene al caso recordar que, según el Artículo IX del Concordato, a la justicia civil se le encomendó el conocimiento de la separación de cuerpos de los matrimonios canónicos.

Como es obvio, esta atribución de competencia no toca—ni tiene por qué tocar—aquellos aspectos que tengan que ver con el vínculo propiamente dicho. Refiriéndose ella al mantenimiento o suspensión de la vida en común de los casados y a ciertas y determinadas consecuencias que de aquí sobrevienen, pero por concernir a tema tan específico, no tiene porqué ir más allá e invadir esferas de jurisdicciones ajenas.

En el anterior orden de ideas, incoada una acción de nulidad del matrimonio luego de estarse adelantando la de separación de cuerpos, el proceso correspondiente a ésta no tiene por qué suspenderse ya que la decisión que allí se tome no depende de la que llegue a proferirse en el de la nulidad. Por descontado que la declaratoria de nulidad del matrimonio arrasa con la vida en común de los casados, pero la sentencia que se dicte en la separación de cuerpos no contradice la que se emita en el proceso sobre nulidad, lo que se explica con base en lo señalado en el párrafo que precede, es decir, porque uno y otro proceso tienen objetivos y se fundamentan en hechos muy diferentes. Mientras que en la acción de nulidad se busca el desaparecimiento del matrimonio con apoyo en hechos que atañen a circunstancias preexistentes o concomitantes con la celebración del mismo, en la de separación se persigue, tan solo, que se suspenda uno de los efectos propios del matrimonio, según hechos que nada tienen que ver con la validez del vínculo sino con la manera como transcurre la vida de los casados. En términos más reducidos, mientras que en el proceso de nulidad es el matrimonio mismo el que constituye el thema decidendum, en la separación él constituye un presupuesto para la decisión de mérito.

Idéntico argumento sirve para descartar la tesis de la sentencia inhibitoria, prohijada por el recurrente ante la Corte. Que ante la jurisdicción eclesiástica se esté ventilando la nulidad del matrimonio Jiménez-Bogotá no es punto que, por lo anotado, se convierta en obstáculo para una decisión de mérito como la que ahora se revisa. Amén de que a la inhibición sólo se arriba por razón de la ausencia de los presupuestos procesales de demanda en forma o de capacidad para ser parte.

De modo que, como se ha manifestado, si el demandado orientó su defensa en el sentido antes indicado; si, en particular, la impugnación a la sentencia de primera instancia la planteó dentro del mismo esquema, y si la Sala, en atención a lo expuesto, no halla que esas propuestas sean admisibles, lo que se sigue es la confirmación de lo decidido por el Tribunal, máxime cuando, reitérase, aquél en ningún momento se ha opuesto a la separación deprecada.

Por lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 24 de noviembre de 1989 proferida por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en este proceso abreviado de separación de cuerpos de matrimonio católico, seguido por María Herisilda Bogotá en frente de José Aurelio Jiménez Ortiz.

Costas de la segunda instancia a cargo del recurrente. Tásense en su oportunidad».

(Sentencia de noviembre 21 de 1990. Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo).

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