Sentencia 21039 de diciembre 11 de 2003

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 21039

Acta 78

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gonzalo Toro Correa

Bogotá, D.C., once de diciembre de dos mil tres.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado del Instituto de Seguros Sociales Seccional Valle del Cauca contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 19 de diciembre de 2002, en el proceso que le sigue Luzmila Villegas Ramírez.

Antecedentes

Luzmila Villegas Ramírez demandó al Instituto de Seguros Sociales, con el objeto de obtener la sustitución pensional por la muerte de su compañero, Darío de Jesús Madrid Puertas, más los intereses moratorios más altos; la indexación; lo que se demuestre ultra y extra petita, “Honorarios de abogado” y costas del proceso.

La actora señaló que convivió con Darío de Jesús Madrid Puertas, por tiempo superior a 33 años, de cuya unión marital procrearon un hijo nacido el 22 de enero de 1970, L.D.M.V.; como trabajador dependiente, el causante, cotizó para la seguridad social al ISS hasta el año de 1996, año en el cual quedó desempleado; como independiente estuvo afiliado entre el 27 de mayo de 1997 y el 3 de marzo de 1998, fecha en la cual laboraba como celador y fue asesinado; solicitó al ISS la sustitución pensional, pero le fue negada mediante Resolución 2245 del 27 de abril de 1999, recibiendo la indemnización sustitutiva, por 666 semanas cotizadas, no obstante, dice, haber cotizado el causante como trabajador independiente por más de un año; acepta devolver la indemnización recibida, una vez se inicie el pago del derecho reclamado.

El ISS, en la respuesta a la demanda (fls. 71 a 73, cdno. ppal.), se opuso a las pretensiones de la actora; sobre los hechos expuso que debían demostrarse; adujo que pagó la indemnización prevista en el artículo 49 de la Ley 100 de 1993, puesto que del total de 666 semanas cotizadas por el causante, ninguna se aportó en el último año de vida, conforme lo dispone el artículo 46 de aquella normatividad; en su defensa propuso las excepciones de carencia de derecho sustancial para demandar, inexistencia de la obligación, prescripción, cobro de lo no debido, y la innominada.

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali, mediante sentencia del 5 de marzo de 2002 (fls. 114 a 127, cdno. ppal.), condenó al demandado al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la demandante, a partir del 3 de marzo de 1998, en cuantía no inferior al salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad; a la suma de $ 14.019.752, por concepto de mesadas adeudadas, incluyendo las adicionales de junio y diciembre, desde aquella fecha, hasta el 28 de febrero de 2002; al pago de los intereses moratorios sobre las mesadas adeudadas, a partir de la ejecutoria de la sentencia; precisó que a partir del mes de marzo de 2002, la mensualidad pensional será de $ 309.000, y luego se aplicarán los reajustes de ley; absolvió de las demás pretensiones; impuso costas al demandado.

La sentencia del tribunal

Apeló la parte demandada, y el Tribunal Superior de Cali, por fallo del 19 de diciembre de 2002 (fls. 11 a 16, cdno. Tribunal), confirmó el del a quo; impuso costas a la apelante.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem consideró que en el presente caso el ISS negó la pensión de sobrevivientes por falta de 26 semanas de cotización en el año anterior al fallecimiento del asegurado, como lo exige el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, pese a contabilizar un total de 666 semanas; entonces indicó que: “Por fortuna el tema de las 26 semanas de cotización ha sido ampliamente decantado por la jurisprudencia”; enseguida transcribió un aparte de un pronunciamiento proveniente de la Corte, sin identificar y concluyó que “con apoyo en el criterio jurisprudencial antes trascrito” procedía confirmar la pensión en la forma dispuesta por el a quo.

El recurso extraordinario

Fue interpuesto por el demandado y concedido por el tribunal. Admitido por la Corte se procede a resolver.

Alcance de la impugnación

Un cargo se propone para que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, y, en sede de instancia, revoque la de primer grado y, en su lugar, absuelva al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones de la demanda inicial, se provea sobre costas.

Cargo único

Por la vía directa, señala infracción directa (en la modalidad de falta de aplicación) de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 16 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, 2º y 289 de la misma Ley 100, y 53 de la Constitución Nacional, lo que conllevó la aplicación indebida de los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990.

En la demostración asegura que no controvierte los supuestos fácticos establecidos y que: “a pesar de la reiterada jurisprudencia de esa alta corporación, en el sentido de resolver casos como el presente mediante la aplicación de los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 del mismo año, se insiste nuevamente en que procede variar dicha tendencia jurisprudencial, pues, para el Seguro Social no existe duda de que la norma aplicable es la Ley 100 de 1993 y no el estatuto anterior, que a la postre, fue derogado. En ese sentido, la negativa a conceder pensión de sobrevivientes en casos como este, cuando no se ha cotizado las 26 semanas dentro del año anterior, y no se tiene tampoco 1.000 o más, resulta completamente legal”.

Entonces explica que de acuerdo con el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, las normas laborales, por ser de orden público, producen efecto general e inmediato, su vigencia supone la aplicación inmediata, salvo el caso de los derechos adquiridos, y lleva a que la nueva ley pueda modificar o agravar hacia el futuro los requisitos para adquirir derechos; que “hay que recordar, en términos de la jurisprudencia constitucional, que la ‘condición más beneficiosa’ para el trabajador se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no solo a nivel constitucional sino también legal”; además que, de conformidad con el artículo 21 de la misma codificación, el principio de favorabilidad opera en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, dando prevalencia a la más favorable al trabajador.

Luego sostiene que los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990 establecían como requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes de origen común, que el asegurado hubiera cotizado un mínimo de 150 semanas durante los 6 años anteriores al momento de su deceso o 300, en cualquier tiempo; que estas normas “fueron derogadas de manera tácita por la Ley 100 de 1993, la cual dispuso en su artículo 289, de manera expresa, la derogatoria de todas las disposiciones que le resulten contrarias y la salvaguarda de los derechos adquiridos”, y que como dicha Ley 100 reguló en su integridad, en sus artículos 46 y 47, lo atinente a la pensión de sobrevivientes, se modificaron los requisitos de causación del derecho, con efecto general e inmediato.

Anota que de este modo no procede la aplicación de los mencionados artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, “inspirando la materialización del principio de la condición más beneficiosa, pues, no puede preferirse una norma derogada frente a otra vigente, salvo que se trate de derechos adquiridos o aplicación de regímenes de transición, situaciones que aquí no están presentes”.

“En ese mismo sentido, cabe recordar, que la aplicación de la condición más beneficiosa, tal como se mencionó en sentencia de esa Sala de febrero 26 de 2003, con ponencia del Dr. Fernando Vásquez Botero, solo procede cuando existe duda sobre la norma aplicable, situación que tampoco ocurre, dado que es palmario que la ocurrencia de la contingencia asegurada tuvo lugar en vigencia de la Ley 100 de 1993.

“Lo anterior resulta coherente, igualmente, con el hecho de que en materia de pensión de sobrevivientes, la Ley 100 de 1993 no estableció un régimen de transición, como en efecto lo hizo en forma expresa en el artículo 36 con la pensión de vejez”.

Añade que el instituto se fundó en la legalidad y en los principios constitucionales que sustentan los derechos de la seguridad social de sus afiliados, y aplicó los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, vigentes para la fecha en la que se produjo la muerte del asegurado, aun cuando ya hubiese cotizado más de las 300 semanas requeridas por la ley anterior para conceder la pensión de sobrevivientes, pues la prestación dependía de un hecho futuro e incierto, el del deceso.

Alude a que “No debe desconocerse, tal como lo expresó la Honorable Corte Constitucional en la sentencia atrás citada, la cual tiene efecto de cosa juzgada constitucional, que para aplicar tanto el principio de la favorabilidad como el de la condición más beneficiosa se debe partir del supuesto necesario de la existencia de normas vigentes que regulan el caso, una de las cuales genera efectos más favorables que la otra” (resaltado del original, fl. 32, cdno. Corte); reitera que aquí no se trata de normas que regulen simultánea y coetáneamente el caso demandado; que tampoco el asegurado había dejado configurado un derecho a su familia conforme a los requisitos de la ley anterior, puesto que no era pensionado, ni tenía derechos adquiridos, ni mucho menos, se previó un régimen de transición para esta prestación, que hubiese de respetarse; que “En otro sentido, no hay que obviar tampoco, poderosas razones de orden social y económico que impiden aceptar el hecho de reconocer prestaciones con sustento en normas no vigentes y respetar situaciones de eficacia diferida o no consolidadas, pues, de ello depende, en parte, la viabilidad y eficiencia del fondo común de pensiones y la efectiva realización de los derechos del total de afiliados que se avienen a los requisitos establecidos en la ley y de los que ya tienen la condición de pensionados. Esto resulta de la aplicación de los principios de eficiencia, integralidad y unidad de que trata el artículo 2º de la Ley 100 de 1993”.

Finaliza el cargo así: “Por tanto se impone que esa alta corporación proceda en la forma como se solicitó en el acápite del alcance de la impugnación, cambiando la línea jurisprudencial que ha venido sosteniendo hasta la fecha de presentación de esta demanda”.

Se considera

El tribunal sustentado en la jurisprudencia de esta Sala de la Corte concluyó la procedencia de la pensión de sobrevivientes, siendo que el causante había cotizado a la seguridad social un total de 666 semanas, aun cuando no aportara 26 en el año anterior al deceso. En consecuencia, para confrontar esa decisión, la acusación debió enderezarse en el concepto de interpretación errónea, tal como lo tiene establecido la Sala.

Por tanto, en vista de que la acusación denuncia una infracción directa de la ley, el cargo debe desestimarse. No obstante, no sobra anotar que en el fondo, tampoco es viable la rectificación de ese criterio puesto que no se encuentran razones para ello. Basta entonces reiterar lo establecido por ejemplo en Sentencia 19917 del 24 de julio de 2003, en la que se estableció:

“En relación con la aludida acusación, la Sala en múltiples oportunidades ha sostenido que con sujeción a los artículos 13 de la ley que entronizó el sistema de seguridad social integral y 53 de la Carta Política, no es posible desconocer a una persona, así haya fallecido en vigencia de la nueva ley y no haya cotizado 26 semanas en el último año de su vida, las semanas previamente aportadas, si con ellas hubiera podido obtener una pensión de acuerdo con los reglamentos del ISS.

“Como el aludido planteamiento no hay razón para modificarlo, es pertinente traer a colación para rebatir la argumentación del cargo, lo que la Corte expone al respecto en fallo 17121 del 10 de abril de 2002, memorado en la posterior Sentencia 18845 del 26 de noviembre del mismo año, a saber:

“Ahora bien, de la providencia recurrida, que prohijó la del primer grado, salta a la vista que el tribunal para nada tuvo en cuenta las normativas que regían antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, pues tan solo le bastó para examinar la situación del demandante, si se cumplían con los presupuestos fácticos a que alude el artículo 46 de la ya citada ley, esto es, si a la fecha del fallecimiento de la señora Zapata Zapata, esta contaba con un mínimo de 26 semanas de cotización. Lo que explicó así: “(...) ya es jurisprudencia reiterada que la transición no cobijó las pensiones de sobrevivientes, y por lo mismo, no puede aplicarse el régimen anterior a la Ley 100 de 1993, si la causante falleció en vigencia de esta, en 1998”.

“En el contexto anterior, el tribunal no se detuvo a examinar si teniendo en cuenta las cotizaciones pagadas con antelación a la multicitada Ley 100 de 1993, al aquí demandante le asistía el derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes que se reclama, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues como insistentemente lo ha precisado la Sala en contiendas de similares fundamentos de hecho y de derecho a la que ahora ocupa su atención, el crédito social reclamado no se puede negar a los derechohabientes de un afiliado bajo el único pretexto de no cumplir con la densidad mínima de cotizaciones (26 semanas) en el año inmediatamente anterior al deceso, si durante la vinculación con la seguridad social satisfizo las exigencias del artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990.  

“Precisamente, el criterio que antecede se ha fundamentado de tiempo atrás por la Corte, no solo en lo que al efecto prevé el inciso cuarto del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, en cuanto garantiza el derecho de optar por una pensión de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, que regía con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, sino, además, en los principios rectores de la seguridad social, el artículo 53 de la Constitución Política y el postulado de la condición más beneficiosa”.  

“Como puede verse, las reflexiones antes transcritas son perfectamente aplicables al caso que se examina, más aún si, como antes se dijo, no existe debate en torno a que el causante Iván de Jesús Ramírez Gallego, cónyuge de la reclamante, tenía cotizadas al ISS, a la fecha de su deceso, 829 semanas, circunstancia que ubica su situación en los supuestos de hecho de los artículos 6º y 25 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, como acertadamente lo dedujo el tribunal”.

No es más lo que hay que anotar para concluir que el cargo no es de recibo; sin embargo, no hay lugar a costas puesto que en el término de traslado a la opositora demandante, no se presentó escrito alguno (ver informe de fl. 44), y el escrito visto de folio 37 a 39, resulta aportado de modo inoportuno, fuera del trámite.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral que le adelanta Luzmila Villegas Ramírez al Instituto de Seguros Sociales Seccional Valle del Cauca.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Gonzalo Toro Correa—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.

Laura Margarita Manotas González, Secretaria.