Sentencia 21046 de febrero 11 de 2004 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 10

Magistrada Ponente:

Dra. Marina Pulido de Varón

Bogotá, D.C., febrero once de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Corte

Tiene razón el procurador delegado cuando expresa que el demandante debió proponer como principal el cargo de nulidad en atención al principio de prioridad, desacierto técnico que no impide estudiarlo en ese orden, pues de prosperar el vicio de actividad denunciado torna innecesario ocuparse del error de juicio a que se refiere el primer reparo, no obstante las precisiones que adelante se harán.

Por ello se abordará de inmediato el segundo de reparos formulado, se repite, al amparo de la causal tercera de casación.

Segundo cargo: nulidad por violación al debido proceso

Manifiesta el libelista que la sentencia impugnada se dictó en proceso viciado de nulidad, debido a que al calificarse en primera instancia la instrucción la fiscalía dictó preclusión a favor de su prohijado Fernando Ferro y profirió resolución de acusación contra la procesada Ana Elisa Santana Flórez, pronunciamiento este recurrido únicamente por la defensora de la mencionada señora.

La preclusión de la instrucción no fue apelada por ningún sujeto procesal con interés para ello, sin embargo la fiscalía de segunda instancia al resolver la apelación exclusivamente interpuesta por la defensora de la sindicada Santana Flórez, accedió a sus pretensiones y revocó la acusación proferida en su contra, pero sin competencia para ello procedió a dictar resolución de acusación contra el procesado Fernando Ferro, revocando de esta manera la preclusión que lo había favorecido en primera instancia.

Por tanto, solicita que se decrete la nulidad de la actuación a partir de la resolución calificatoria de segunda instancia.

En la fundamentación del reproche la razón está de parte del libelista, como también con acierto lo señala el procurador delegado.

Ante todo es de ver que de conformidad con lo previsto en el artículo 440 del Decreto 2700 de 1991, artículo 396 de la Ley 600 de 2000, cuando la providencia calificatoria contiene acusación y preclusión se notificará en la forma prevista para la resolución de acusación. Y si esa es impugnada, la competencia del superior está limitada a los puntos de inconformidad propuestos por el recurrente o los que estén inescindiblemente vinculados como enseguida pasa a verse, sin que la competencia funcional lo habilite para ocuparse de la preclusión si esta no ha sido recurrida por sujeto procesal con interés jurídico para ello.

Efectuada la anterior precisión, se tiene que de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 84 de la Ley 81 de 1993, norma vigente cuando se calificó la instrucción en primera instancia y se concedió el recurso de apelación, al igual que de acuerdo con lo establecido en la preceptiva del artículo 204 de la Ley 600 de 2000, disposición aplicable cuando se dictó la providencia calificatoria de segunda instancia, tratándose del recurso de apelación la competencia del superior está limitada únicamente sobre los aspectos cuestionados y aquellos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, salvo la nulidad por su naturaleza oficiosa.

Ello se explica por la naturaleza de los recursos, pues mientras en la apelación, la competencia del superior tiene carácter limitado, en cuanto solo puede revisar aquellos aspectos que son objeto de impugnación o los imprescindiblemente vinculados, en la consulta, la competencia es de plena justicia e ilimitada.

Esta limitante de competencia es aplicable a los autos interlocutorios como la resolución de acusación, en la medida que para efectos del conocimiento del superior por virtud del recurso de apelación, son los argumentos de la apelación los que determinan el alcance de su pronunciamiento, pues como lo tiene dicho y reiterado la jurisprudencia de la Sala:

“... el proceso penal es, en esencia, escenario de controversia, a través del cual el Estado ejercita la potestad de investigar, juzgar y sancionar la realización de conductas prohibidas por el ordenamiento jurídico. Esa actividad, sin embargo, en virtud del principio de legalidad, no puede desarrollarse de modo arbitrario, pues la ley establece las reglas de su adelantamiento y a ellas deben sujetarse las actuaciones del fiscal, del juez y de las partes, siendo esta la manera en que ordena el desarrollo procesal, el cual, adicionalmente, ha de encontrarse permanentemente ceñido a los principios y valores impuestos por la Carta Política, como presupuesto de validez de los actos del proceso.

El derecho de acceder a la segunda instancia tiene fundamento constitucional, en cuanto integra la noción de debido proceso, de acuerdo con las previsiones y excepciones que al respecto establezca la ley, de manera que no se restringe solamente a las sentencias judiciales sino que también cobija a las providencias interlocutorias distintas de aquellas, como así se establece del principio previsto por el artículo 18 de la Ley 600 de 2000.

A tenor de la normativa procesal derogada, contenida en el Decreto 2700 de 1991 y la hoy en día vigente —L. 600/2000—, el recurso de apelación, como una de las formas de acceder a la segunda instancia, no solo debe ser interpuesto oportunamente, sino, también, sustentado por escrito ante la primera instancia, de manera que la fundamentación de la apelación, se constituye en acto trascendente en la composición del rito, pues no es suficiente con que el recurrente exteriorice inconformidad general con la providencia que impugna sino que le es imperativo, además, concretar el tema o aspectos de los que disiente, presentando los argumentos fácticos y jurídicos que lo conducen a cuestionar la determinación impugnada, al punto que si no se sustenta debidamente el disentimiento se declara desierto y no se abre a trámite la segunda instancia, pues en tal evento el juzgador no podría conocer sobre qué aspectos del pronunciamiento se predica el agravio.

Así, entonces, la sustentación de la apelación es carga para el impugnante y constituye presupuesto ineludible para acceder a la segunda instancia, pero una vez cumplido el requisito, la fundamentación expuesta en cuanto identifica la pretensión del recurrente, adquiere la característica de convertirse en límite de la competencia del superior, en consideración a que solo se le permite revisar los aspectos impugnados, según lo disponía el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal y ahora el artículo 204 de la Ley 600 de 2000. La sustentación, en otras palabras, fija el marco de examen y pronunciamiento sobre la cuestión debatida al funcionario de segunda instancia y es limitativa de su actividad.

De manera que si los fundamentos de la impugnación establecen el objeto de pronunciamiento del ad quem, y ellos están referidos a discutir los términos y conclusiones a que arribó el a quo, resulta evidente la relación de necesidad que se produce entre la providencia impugnada, la sustentación de la apelación y la decisión del funcionario judicial de segunda instancia. Por tanto, providencia apelada y recurso, conforman una tensión que debe resolver el superior. Se trata de una de las manifestaciones más decantadas del principio de contradicción o controversia que rige el proceso penal y que explica el deber legal que tiene el funcionario judicial de integrar a la estructura de su decisión la exposición del punto que se trata y los fundamentos jurídicos de ella.

Este criterio de la Sala, referido a la restringida competencia del superior cuando del recurso de apelación se trata, ha sido reiterado en varios pronunciamientos entre los que merecen destacarse los proferidos el 25 de marzo de 1999 con ponencia del magistrado Mejía Escobar, y el 9 de marzo de 2000 con ponencia del magistrado Pinilla Pinilla, en el último de los cuales se indicó que a diferencia del grado jurisdiccional de la consulta que se inspira en el interés general, tiene carácter imperativo, y la competencia del superior es plena e ilimitada, los recursos son potestativos de los sujetos procesales, están basados en el interés del impugnante y la competencia por el factor funcional es limitada. De acuerdo con su albedrío, las partes pueden recurrir y el ad quem solo revisa los aspectos que son materia de impugnación.

Más recientemente, y ya en vigencia del nuevo estatuto procesal, en auto de segunda instancia proferido el dieciocho de diciembre de dos mil uno con ponencia del magistrado Gómez Gallego dentro del proceso de radicado 18290-18575, indicó la Corte, que con respecto a la resolución de acusación si bien es cierto el superior no está sujeto a la prohibición de reformatio in pejus, pues este principio rige solo para la sentencia, también lo es que tiene una limitación funcional en el sentido de que solamente puede revisar los aspectos impugnados u otros sustancialmente vinculados a estos (CPP/91, art. 217 o CPP/2000, art. 204). De pronunciarse sobre aspectos no comprendidos en la impugnación o respecto de aquellos no vinculados inescindiblemente a los motivos en que se funda el disentimiento, tendría que admitirse que estos, por ausencia de una manifestación expresa al respecto en la resolución de primera instancia, no pudieron ser controvertidos por el apelante, y entonces los mismos carecerían de la doble instancia constitucionalmente garantizada (C.P., art. 31; CPP/91, art. 16 y CPP/2001, art. 18).

De manera que la exigencia de sustentación obligatoria del recurso de apelación, conforme con el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (art. 194 del actual), tiene como fin delinear el objeto de la segunda instancia, de tal suerte que esta no pueda pronunciarse sobre asuntos no propuestos por el apelante, salvo la nulidad (por su naturaleza oficiosa) y los aspectos inescindiblemente vinculados a la impugnación.

De modo que si el ordenamiento jurídico hace obligatoria la sustentación del recurso de apelación, hasta el extremo de amenazar con la deserción del mismo, correlativamente debe entenderse que la segunda instancia no puede desbordar los motivos de agravio o los elementos a los cuales puede extenderse legalmente la definición, pues, si lo hace, violaría los principios de contradicción, defensa y doble instancia, integradores del apotegma más genérico denominado debido proceso, por cuanto el delito agregado por el funcionario de segundo grado, así tenga sustento fáctico, habría pretermitido la primera instancia.

(...).

Esto por cuanto, atendiendo el carácter progresivo que nuestro sistema ostenta, la apelación, como una de las formas de acceder a la segunda instancia, no ha sido instituida a manera de un nuevo juicio fáctico y jurídico con prescindencia de lo ya resuelto por el a quo, sino como instrumento de control de juridicidad y acierto de las decisiones adoptadas por los funcionarios de primer grado, limitada, por tanto, a revisar los aspectos sobre los que la parte que a dicho mecanismo acude, manifieste inconformidad.

Y si bien esta inconformidad en últimas recae sobre el sentido de la decisión adoptada por la primera instancia, esto en modo alguno indica que en todos los casos la impugnación verse sobre la totalidad de los aspectos contenidos en ella, pues, como párrafos arriba se ha dejado expuesto, es la sustentación del recurso la que impone el límite al funcionario de alzada. Entenderlo de manera diversa conllevaría reconocer que la exigencia de interponer oportunamente el recurso y sustentarlo frente a los motivos de disenso, constituye apenas la apertura de una vía de acceso sin limitación ninguna para el funcionario de segundo grado, lo cual repugna a la idea de proceso reglado y contradictorio (1) .

Así las cosas, si el superior se pronuncia sobre aspectos no comprendidos en la impugnación o no vinculados inescindiblemente con el objeto de inconformidad propuesto por el apelante, o se ocupa de la situación jurídica de quien no recurrió para agravarla cuando sujetos procesales con interés jurídico no impugnaron, un pronunciamiento así concebido afecta las garantías fundamentales de contradicción, defensa y doble instancia, integradoras todas ellas del debido proceso.

Pues bien, en relación con la temática de fondo, se tiene que de autos surgen suficientemente acreditadas las siguientes circunstancias procesales:

La fiscalía 6ª local de Flandes al calificar en primera instancia el mérito de la instrucción, adoptó las siguientes determinaciones: (i) profirió resolución de acusación contra la sindicada Ana Elisa Santana Flórez, como presunta autora responsable del delito de lesiones personales culposas; y (ii) precluyó la instrucción a favor del sindicado Fernando Ferro en relación con la misma conducta punible.

La acusación que se asumió en la mencionada resolución fue apelada únicamente por la defensora de la señora Santana Flórez, quien la sustentó con argumentos que la llevaron a pedirle al superior funcional “orden de precluir la presente instrucción a favor de mi patrocinada Ana Elisa Santana Flórez, por estar demostrado suficientemente que no es la responsable del accidente de tránsito aquí investigado”, luego de lo cual concluyó: “En los anteriores términos dejo sustentado el recurso interpuesto”.

La fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué en proveído de fecha 25 de febrero de 2002 resolvió la apelación interpuesta y al atender favorablemente las pretensiones de la recurrente revocó la resolución de acusación proferida contra la procesada Ana Elisa Santana Flórez y en su lugar dispuso la preclusión de la instrucción a su favor “pues de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal está probado que no cometió el hecho investigado”.

No obstante que la preclusión de la instrucción con que en primera instancia se favoreció al coprocesado Fernando Ferro no fue recurrida por ningún sujeto procesal con interés jurídico para ello, y la misma por disposición de la ley no estaba sujeta al grado jurisdiccional de consulta, el funcionario de segunda instancia procedió a su revocatoria para, en su lugar, proferir resolución de acusación contra dicho sindicado, a partir exclusivamente del siguiente magro argumento:

“Por encontrarse reunidos a satisfacción los presupuestos procesales y sustanciales exigidos por el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, en virtud de que la prueba es indicativa de la responsabilidad penal en contra de Fernando Ferro, se procede a revocar la preclusión de la instrucción proferida a su favor y en su defecto, dictar en su contra resolución de acusación como presunto autor de la conducta punible de lesiones personales culposas”.

La secuencia procesal que viene de incluirse es claramente indicativa de que la fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué al revocar la preclusión de la instrucción que en primera instancia se había proferido a favor del sindicado Fernando Ferro, para en su lugar proferir en su contra resolución de acusación, cuando aquella determinación no fue impugnada por sujeto procesal con interés jurídico para ello, desconoció el límite de su competencia funcional impuesto por el artículo 217 del Decreto 2700 de 1991, artículo 204 de la Ley 600 de 2000, al igual que transgredió los principios de contradicción, defensa y doble instancia, ínsitos en el derecho fundamental del debido proceso.

Y si ello es así, no queda camino diferente a seguir que reconocer la consecuencia procesal que tal irregularidad aparejada, que no es otra que la declaratoria de nulidad parcial del trámite cumplido desde el momento en que se presentó la irregularidad sustancial, para proceder al restablecimiento de la vulnerada garantía.

En consecuencia, se declarará la nulidad parcial de todo lo actuado a partir de la resolución de acusación proferida en segunda instancia en contra del procesado Fernando Ferro, de fecha febrero 25 de 2002, decisión que en forma simultánea, deja materialmente ejecutoriada la decisión preclusiva que adoptada por la fiscalía de primera instancia al calificar el mérito de la investigación que se adelantaba por el delito de lesiones culposas.

Por las razones que vienen de consignarse, el cargo por nulidad prospera e impone la adopción en la parte resolutiva de los anunciados correctivos procesales.

Primer cargo: violación de la ley sustancial por error de hecho por falso raciocinio

Es de meridiana claridad concluir que en razón de la prosperidad del cargo por nulidad, deviene innecesario el estudio de la segunda de las censuras, propuesta por el libelista, bajo el entendido de corresponder a la causal primera, cuerpo segundo del numeral 1º del artículo 207 del estatuto procesal penal, no sin advertir con criterio eminentemente metodológico y por razón de la labor pedagógica que también le compete a la Sala, que suficiente razón le asiste al procurador judicial, en el señalamiento de las deficiencias de que adolece dicho reparo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR la sentencia impugnada, por las razones consignadas en la anterior motivación.

2. DECLARAR la nulidad parcial de la actuación cumplida a partir, inclusive, de la resolución de acusación de segunda instancia de fecha 25 de febrero de 2002, que por su presunta responsabilidad penal en el delito de lesiones culposas objeto de investigación, se profirió en relación con el procesado Fernando Ferro.

3. PRECISAR que, como consecuencia de la anterior determinación, la orden de preclusión de la investigación que por los mismos hechos profirió a favor del mismo procesado la fiscalía de primera instancia, queda materialmente ejecutoriada.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen. Cúmplase».

(1) Sentencia mayo 2 de 2002, radicado 15.262, M.P. Fernando E. Arboleda Ripoll.

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