Sentencia 21057 de septiembre 10 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PROHIBICIÓN DE DESCUENTOS SIN AUTORIZACIÓN DEL TRABAJADOR

NO RIGE AL MOMENTO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

EXTRACTOS: «En el cargo se acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por aplicación indebida del numeral 1º del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, que prohíbe al empleador deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones sin autorización expresa y por escrito para cada caso por parte del trabajador.

Es cierto que el tribunal al darle valor a la autorización otorgada por el trabajador al momento de suscribir el contrato de trabajo y para que obrara por deudas de cualquier concepto, no se ajustó de manera exacta a los requerimientos del numeral 1º del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo; en consecuencia el cargo tiene fundamento pero no prosperidad porque al entrar a hacer las consideraciones de instancia se advertiría lo siguiente.

Presupuesto previo a dilucidar las características con que se han de revestir el otorgamiento de una autorización de descuento, es el determinar si esta es o no exigible.

La restricciones al derecho de compensación del empleador mediante la prohibición de descuentos sin autorización tiene carácter protector plenamente justificado durante la vigencia del contrato de trabajo, es decir, cuando está en pleno vigor la dependencia y subordinación del trabajador en relación con el empleador.

Pero para el momento de terminación del contrato la subordinación desaparece, como también fenece el carácter de garantía que los salarios y prestaciones sociales ofrecían para los créditos dados por el empleador al trabajador y otorgados para el cabal desarrollo del objeto del contrato de trabajo por suministro de equipos, materiales o de las sumas entregadas para su adquisición, o para el bienestar del trabajador bajo la forma de anticipos de salario, o de préstamos para solucionar necesidades de seguridad social, ora por vivienda, salud, o calamidad doméstica.

La consecuencia razonable de que los créditos laborales consolidados o de los que se tuviere la expectativa de que se van a generar por la subsistencia del vínculo laboral futuros, se hubieren ofrecido como garantía de pago de dinero es que valgan como tales y por tanto obren sin restricciones en el momento límite de su eficacia, esto es para cuando se ha de liquidar el contrato de trabajo y se clausura la posibilidad de la causación de más salarios o prestaciones sociales.

Tiene decisiva incidencia el momento en el cual se hace valer el descuento, para determinar si se requiere o no la autorización de descuento, pues si es el de la terminación del contrato de trabajo, porque hasta allí es el ámbito en que actúa la vocación tuitiva que inspira el artículo 59 del Código Laboral sin producir consecuencias adversas en el mundo laboral; si a los créditos laborales se les niega su valor pignoraticio por no poder obrar frente a ellos la compensación en el momento de la terminación del contrato, se afecta la fluidez de aquellas relaciones laborales para cuyo cabal desarrollo se deban entregar valores al trabajador; o el que los trabajadores se beneficien de formas de crédito empresariales que no pueden obtener en el mercado financiero.

Las razones anteriores persuaden a la Sala a seguir la línea doctrinaria fijada cuando dijo:

“Las normas prohibitivas de la compensación rigen durante la vigencia del contrato laboral; concluido este, aquella queda bajo el imperio de las del Código Civil. Terminado el contrato desaparecen los peligros que el legislador quiso conjurar; patrono y asalariado vuelven al plano de la autonomía de la voluntad o de la libertad contractual” (Sent. mar. 1º/67 ).

La compensación sólo procede con obligaciones plenamente exigibles, esto es, si el trabajador debió satisfacerlas durante la vigencia del contrato, o las contrajo bajo la condición de que se hacían exigibles en el momento de la terminación del contrato de trabajo.

En el orden sistemático que adopta el código para la protección de la integridad de pago de la remuneración laboral primero actúa la prohibición de descuentos del salario o de las prestaciones sociales sin autorización expresa, mientras el contrato está vigente; y para cuando este termina, aquella es relevada por la garantía prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por la cual los valores insolutos debidos a la mala fe patronal generan para el trabajador la sanción conocida como de brazos caídos. De esta manera, los descuentos que de la liquidación de créditos del trabajador hiciere el empleador por deudas inexistentes o no exigibles acarrea la sanción indicada.

Por lo tanto, se puede afirmar, que los descuentos efectuados por las deudas que tuvieron origen en suministros laborales dados al trabajador, en el sub lite, facturas por libros y material didácticos recibidos por el demandante y no canceladas por él y recibidos para su distribución, la que era materia del objeto del contrato de trabajo, fueron correctamente realizados por el empleador de conformidad con lo que dio por asentado el tribunal.

Por lo tanto, el cargo no prospera».

(Sentencia de casación, 10 de septiembre de 2003. Radicación 21.057. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo López Villegas).

SALVAMENTO DE VOTO

Consideramos respetuosamente que el cuarto cargo ha debido prosperar por cuanto, partiendo del hecho no discutido de haberse extendido la autorización de descuentos en el contrato inicial y frente a cualquier concepto, es claro que la misma no se ajusta a las previsiones de los artículos 59-1 y 149-1 y, en consecuencia, tales disposiciones resultan aplicadas indebidamente al hacerles producir un efecto contrario al que se hubiere obtenido con su recta aplicación.

Además de tratarse de una de las expresiones de mayor contenido tutelar, orientada no solo al trabajador sino al destino de sus derechos laborales en dinero a los cuales no se les puede discutir su finalidad familiar, la prohibición contenida en estas disposiciones tiene la característica de ser general y por eso las excepciones son taxativas, centradas las mismas en los casos concretamente señalados en la ley y en aquellos en los que medie una orden judicial o la autorización del mismo trabajador.

Pero esa autorización, dentro de una nueva manifestación tuitiva de la ley laboral, quedó condicionada al lleno de unos requisitos muy estrictos que suponen la especificidad de la misma, vale decir, para cada caso concreto, la circunstancia de ser previa al descuento y la de encontrarse extendida por escrito. Lo primero supone que la causa de cada descuento debe existir para el momento en que se da la autorización y que solo puede cubrir la obligación ya materializada y, por tanto, no puede hacerse extensible a las que puedan presentarse en un futuro, las cuales, de ocurrir, requieren en cada oportunidad su correspondiente autorización.

La prohibición cubre los salarios y las prestaciones en dinero sin que en la norma se distinga sobre el momento en que ha de hacerse el descuento, es decir, sin diferenciar que el mismo opere en vigencia de la relación laboral o finalizada esta. Sencillamente lo que se busca es que se respete la intangibilidad de los derechos pecuniarios del trabajador, dentro del entendido de la proyección vital de los mismos.

Es comprensible la finalidad que la jurisprudencia le ha dado a estas normas al señalar que solo tienen efecto durante la vigencia del contrato, pero la realidad es que la ley no hace esa distinción ni incluye expresión alguna que la permita, sencillamente, como se dijo, porque el objeto de la tutela no es el contrato mismo sino los derechos que para el empleado emanan de él. Por eso, la alusión que en la decisión mayoritaria se incluye sobre la subordinación y su desaparición al terminar el contrato, no tiene incidencia alguna porque tal circunstancia no impone una mutación a la naturaleza de los créditos del trabajador que la ley quiere proteger.

Es indudable que en el presente caso la autorización invocada por la empleadora y acogida como legítima en las circunstancias de este proceso por la mayoría, no se ajusta a las exigencias de la ley, no solo por ser genérica y anterior al acto mismo que dio lugar a las deudas a cargo del ahora demandante, sino porque afecta sumas de origen laboral y de naturaleza salarial y prestacional que no dejan de serlo por el hecho de la terminación del contrato. Por eso, aunque compartimos que el cargo es fundado, estimamos que por tal motivo la sentencia acusada ha debido ser casada.

Lo expuesto explica nuestro disentimiento, que solo se refiere al aspecto puntual al que nos hemos referido.

Isaura Vargas Díaz—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdes Sánchez. 

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