Sentencia 21131 de febrero 25 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 250002326000199602100 01

Expediente: 21.131

Consejero Ponente

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Referencia: Contractual – Apelación sentencia

Actor: Beneficencia de Cundinamarca y Otro

Demandado: Naranjo y Fernández CIA. S. en C.

Bogotá D.C., veinticinco de febrero de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

La Sala, a efectos de adoptar una decisión en el caso concreto y considerando los aspectos propuestos en el recurso de apelación, abordará el análisis de los siguientes temas: i) Impedimento; ii) La competencia del Consejo de Estado y la acción procedente; iii) La propiedad de los inmuebles objeto del litigio; iv) El régimen jurídico aplicable; v) La restitución de los bienes por la terminación del contrato; vi) Las mejoras y el derecho de retención alegado por el recurrente; vii) La solicitud de nulidad del proceso y viii) La entrega de títulos.

1. Impedimento.

Previo a decidir el fondo del asunto, advierte la Sala que la señora Magistrada Myriam Guerrero de Escobar manifestó su impedimento para conocer de este asunto, considerando que pese a no haber participado en la expedición de la sentencia de primera instancia, sí conoció y decidió distintas actuaciones cuando integraba el tribunal a quo.

Se advierte que, en una primera oportunidad, la doctora Myriam Guerrero de Escobar participó en la expedición del auto de septiembre 19 de 1996 (fls. 47 a 49, cdno. ppal.), mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de lo actuado en el proceso de la referencia desde la orden de fijación en lista, debido a que el demandado —arrendatario— no había demostrado el pago del canon y por ello no podía ser escuchado en el proceso.

En una segunda oportunidad, a través de proveído de julio 5 de 2001 (fls. 174 y 175, cdno. ppal.), el a quo desestimó el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante contra el auto que admitió el recurso de apelación en el caso concreto; dicha providencia también fue firmada por la doctora Guerrero de Escobar. En esta ocasión, el apoderado de la parte demandante alegó, igualmente, la falta de pago del canon.

Bajo esta perspectiva, y con sustento en la remisión dispuesta en el artículo 160 del Código Contencioso Administrativo, es preciso observar los términos del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil que al respecto prescribe:

“ART. 150.—Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:

(“…).

“2. Haber conocido del proceso en instancia anterior, el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente”.

Teniendo en cuenta, entonces, que la doctora Myriam Guerrero de Escobar, en calidad de magistrada del tribunal a quo, conoció del presente proceso durante su trámite en primera instancia, la Sala analizará los autos antes mencionados a efectos de establecer si con su expedición se estructura esta causal de impedimento.

En las dos providencias anotadas anteriormente se analizó por el a quo lo concerniente al pago del canon del contrato de arrendamiento, aspecto que fue presentado en la contestación de la demanda como excepción de pago, la cual se declaró probada en el fallo de primera instancia.

Se puede observar que las decisiones adoptadas por el Tribunal de Cundinamarca, en las cuales participó la doctora Myriam Guerrero de Escobar, sí decidieron aspectos de fondo y en todo caso determinantes respecto de las pretensiones expuestas por el demandante, por cuanto uno de los fundamentos para solicitar la restitución de los inmuebles en cuestión era la falta de pago del canon. Así mismo, el demandante propuso la excepción de pago, la cual prosperó en la primera instancia.

Lo anterior permite concluir que las decisiones en comento no son de mero trámite, sino que, además de ser interlocutorias o de mérito, se refirieron a un aspecto trascendental en el caso concreto: el pago del canon de arrendamiento.

Por lo expuesto, la Sala aceptará el impedimento manifestado por la mencionada consejera y deja constancia de que ella ha sido apartada del conocimiento del asunto, por lo cual no participa ni interviene en el estudio y decisión de este fallo.

2. La competencia de la Sala para conocer del asunto y la acción incoada por el demandante.

2.1. Tal como quedó probado en el proceso (fls. 7 a 14, cdno. de pruebas), el día 8 de octubre de 1990 la Beneficencia de Cundinamarca y la sociedad Naranjo y Fernández CIA. S. en C., celebraron contrato de arrendamiento de un (1) local ubicado en la carrera 7ª Nº 18-41/47 de Bogotá D.C. y de dos oficinas (Nº 22 y 32) del edificio localizado en la calle 18 Nº 7-18 de la misma ciudad.

En dicho contrato se pactó un plazo de tres (3) años contados a partir de su perfeccionamiento y una vigencia igual a dicho plazo y tres (3) meses más, la cual venció el 1º de febrero de 1994; así mismo se acordó un canon de arrendamiento por valor de $ 477.900, y su reajuste anual en un 12.5%.

En la cláusula décimo tercera del contrato se estipuló la “cláusula de caducidad administrativa”, de acuerdo con la cual si el arrendatario incumplía parcial o totalmente las obligaciones convenidas, o incurría en alguna de las causales previstas en el Decreto-Ley 222 de 1983 y en la Ordenanza 33 de 1989 (Código Fiscal de Cundinamarca), la entidad pública la podía declarar unilateralmente, situación que obligaba a la restitución de los inmuebles.

Considerando lo anterior, es preciso tener presente que el contrato estudiado se celebró en vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983, el cual fue reproducido por la Ordenanza 33 de 1989 (tautología normativa) (8) . El decreto-ley clasificó los contratos celebrados por las entidades públicas en contratos administrativos y contratos de derecho privado de la administración. Es así cómo, el artículo 16 del Decreto-Ley 222 de 1983 (9) , estableció el listado de los contratos administrativos propiamente dichos y dispuso, de igual forma, que los no contenidos allí serían contratos de derecho privado de la administración.

En este sentido, el contrato de arrendamiento celebrado por una entidad pública era uno de aquéllos considerados como “privado de la administración”, pues no estaba enlistado en el artículo 16. Esto adquiere relevancia a efectos de definir la jurisdicción competente para dirimir los conflictos que de ellos se generen, pues el artículo 17 del Decreto-Ley 222 de 1983 prescribía:

“La calificación de contratos administrativos determina que los litigios que de ellos surjan son del conocimiento de la justicia contencioso administrativa; los que se susciten con ocasión de los contratos de derecho privado, serán de conocimiento de la justicia ordinaria.

“PAR.—No obstante, la justicia contencioso administrativa conocerá también de los litigios derivados de los contratos de derecho privado en que se hubiere pactado la cláusula de caducidad.

“Igualmente, en los contratos de derecho privado de la administración, en cuya formación o adjudicación haya lugar a la expedición de actos administrativos, se aplicarán a éstos las normas del procedimiento gubernativo conforme a este estatuto, y las acciones administrativas que contra dichos actos sean viables, estarán sometidas a las reglas de la justicia contencioso administrativa” (resaltado fuera del texto).

Bajo esta perspectiva, hay que tener presente que el contrato de arrendamiento celebrado entre la Beneficencia de Cundinamarca y la sociedad Naranjo y Fernández CIA. S. en C., debía tenerse como un contrato de derecho privado de la administración, sin embargo se debe considerar, igualmente, que en él se estipuló la “cláusula de caducidad”; así las cosas, establecidas estas circunstancias se deduce que el Consejo de Estado, en esta instancia, es el competente para conocer de las controversias suscitadas a raíz de dicho contrato. Esta posición ha sido expuesta por la jurisprudencia del Consejo de Estado, que al respecto ha señalado:

“En tal virtud, conforme a reiterada jurisprudencia de esta corporación, el conocimiento de los conflictos generados por contratos celebrados por las entidades públicas, estaba informado por las siguientes reglas:

“a) Si el contrato era de aquellos que taxativamente se señalaba como administrativos en el artículo 16 de ese estatuto o en otra norma especial con esa categoría, entonces era la jurisdicción contencioso administrativa la competente para conocer del proceso.

“b) Si el contrato no estaba consagrado en el listado del artículo 16, era considerado como de derecho privado de la administración, y la competencia para conocer los conflictos que de él se derivan correspondía a la jurisdicción ordinaria.

“c) Si el contrato era de aquellos considerados como de derecho privado e incluía la cláusula de caducidad, entonces se radicaba en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa la competencia para conocer de los conflictos que de él se derivaran.

“d) Si en relación con el contrato de derecho privado de la administración en el cual no se había incluido la cláusula de caducidad, se profería un acto administrativo, la competencia para el juzgamiento de tal acto, correspondía a la jurisdicción contencioso administrativa (10) ”.

Sumado a lo anterior, con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, más precisamente de las normas que regulan competencias, se observa que su artículo 75 (11) prescribe, expresamente, que la jurisdicción competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la jurisdicción contencioso administrativa (12) ; esto considerando que las normas procesales son de aplicación inmediata sin importar, como ocurre en el caso concreto, que el contrato se haya celebrado en vigencia del Decreto-Ley 222, teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el día 10 de abril de 1996, esto es, luego de entrar en vigencia la Ley 80 de 1993.

2.2. La Beneficencia de Cundinamarca y la Fiduciaria Tequendama S.A., a través de la demanda, solicitaron al Tribunal de Cundinamarca que se adelantara “proceso abreviado de restitución de inmueble”, en contra de la sociedad Naranjo y Fernández CIA. S. en C.; de acuerdo con las pretensiones expuestas se observa que, efectivamente, la solicitud presentada por la entidad va encaminada a lograr la restitución de unos inmuebles entregados previamente a título de arrendamiento.

Si bien en el presente proceso se conoce de controversias generadas en un contrato celebrado por una entidad pública, es preciso considerar que, pese a que su trámite se adelante a través del procedimiento abreviado de conformidad con la normatividad dispuesta por el Código de Procedimiento Civil (arts. 408 y 424), dado que se trata de la restitución de inmuebles arrendados, para la Sala, la acción procedente en este caso es la de controversias contractuales, tal como se encontraba definida en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo vigente al momento de presentación de la demanda (13) . En este sentido, el inciso primero del artículo 87 disponía:

“ART. 87.—De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenaciones o restituciones consecuenciales; que se ordene su revisión; que se declare su incumplimiento y que se condene al contratante responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenaciones” (resalta la sala).

La norma es clara en determinar que cualquier controversia generada en un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad se pondrá en conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa a través de la acción de controversias contractuales. Frente al contrato de arrendamiento se observa que el artículo transcrito dispone que lo referente a las “declaraciones, condenas o restituciones”, se discutirá ante esta jurisdicción mediante dicha acción.

De acuerdo con lo anterior, la acción procedente para dirimir las controversias relacionadas con el contrato de arrendamiento celebrado por una entidad pública, comprendiéndose allí la restitución de los bienes objeto de dicho convenio, es la acción de controversias contractuales, lo cual, no obsta para que dicho proceso de adelante a través del procedimiento abreviado establecido en el Código de Procedimiento Civil.

El Código Contencioso Administrativo dispuso, entonces, la acción contractual a efectos de adelantar las controversias surgidas de los contratos de arrendamiento, pero no se encargó de regular el procedimiento especial mediante el cual ésta se tramitaría ante la jurisdicción, por tanto y de acuerdo con su artículo 267 (14) , es preciso acudir a las disposiciones establecidas con tal objeto en el Código de Procedimiento Civil, esto es a lo prescrito en él sobre procesos abreviados de restitución de inmueble. Lo anterior, de conformidad con los principios de celeridad, economía y eficacia procesal. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de esta corporación:

“Para la Sala las controversias que giren alrededor de los contratos de arrendamiento celebrados con entidades estatales, deben ventilarse a través del trámite especial, esto es, el procedimiento abreviado desarrollado específicamente en los artículos 408 y 424 del Código de Procedimiento Civil, porque los términos allí previstos y la celeridad del trámite a seguir responden a la naturaleza de las acciones en las cuales se pretende la restitución y entrega de los inmuebles.

“A pesar de que la legislación contenciosa carezca del trámite especial, ello obedece al hecho que bajo la vigencia de la legislación anterior dichos procesos se tramitaban ante la justicia ordinaria con aplicación del procedimiento abreviado, el que, sin duda, responde a la necesidad de la aplicación de una acción más expedita y a la naturaleza del contrato, que en cualquier caso resulta más eficaz para el propósito perseguido (…) (15) ”.

En posterior oportunidad sostuvo (16) :

“En el caso concreto, en la demanda se solicitó se declarara la terminación del contrato de administración de la cuota de fomento cacaotero celebrado entre el Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Cacaoteros por incumplimiento de las obligaciones y el vencimiento del término pactado en cuanto hace relación a la administración del predio El Cortijo, ubicado en el municipio de Puerto Tejada (Cauca), y que se ordenara la restitución de la tenencia del mismo, controversia que de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Sala es de competencia de esta jurisdicción y debe ventilarse mediante el procedimiento cognitivo abreviado, regulado en los artículos 408 y ss. del Código de Procedimiento Civil, dada la naturaleza de la acción, la celeridad para la obtención del fin en ella perseguido y lo previsto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, que ordena, ante la falta de regulación de un trámite especial a seguir a propósito del tema en el Código Contencioso Administrativo acudir al estatuto procesal civil”.

3. La propiedad de los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento.

La parte demandada ha expuesto desde el inicio del proceso que la Beneficencia de Cundinamarca no estaba legitimada para solicitar la restitución de los inmuebles que fueron objeto del contrato de arrendamiento, en razón a que dicha acción sólo puede ser invocada por el propietario de los mismos, calidad que no ostenta la parte demandante, pues —señala la recurrente—, el propietario de los bienes inmuebles en cuestión es el Hospicio de Bogotá, frente al cual la beneficencia tenía, solamente, la calidad de representante.

Esta situación, que fue expuesta en el escrito de contestación de la demanda como una excepción a las pretensiones de la beneficencia (fl. 64, cdno. ppal.), es presentada en esta oportunidad como uno de los elementos de la apelación. Al respecto, la Sala observa que no existe prueba en el expediente que sustente esta proposición de la parte demandada; por el contrario, de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia (C.C., arts. 756 y 759 y D. 1250/70, arts. 2º y 43) (17) , en el folio 102 del cuaderno de pruebas reposa la copia auténtica de la matrícula inmobiliaria correspondiente a los inmuebles antes mencionados.

Esta matrícula inmobiliaria identificada con el número 50C-288774, contiene en su anotación número 2 la inscripción de la escritura pública 4611 de diciembre 21 de 1959, registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Centro, el 21 de enero de 1960; en dicho acto aparece como propietaria de los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento la Beneficencia de Cundinamarca.

Posteriormente, mediante escritura pública 1370 de marzo 8 de 1993 (contrato de fiducia mercantil), aclarada a través de las escrituras 2511 de junio 12 de 1995 y 4599 de septiembre 22 del mismo año, cada una de ellas debidamente registradas en la matrícula inmobiliaria, se creó el patrimonio autónomo denominado “Virrey Espeleta”, el cual fue constituido con los bienes ubicados en la manzana comprendida entre las carreras 7ª y 8ª y las calles 18 y 19 de Bogotá D.C., que hasta ese momento eran de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca; así mismo, la administración de dicho patrimonio autónomo quedó en manos de la Fiduciaria Tequendama S.A.

La Sala advierte que pese a que la Beneficencia de Cundinamarca no es la propietaria actual de los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento, de acuerdo con la cláusula décima novena del contrato de fiducia mercantil, celebrado mediante escritura pública 1370 de marzo 8 de 1993, dicha entidad pública mantiene su calidad de arrendadora a efectos de lograr el saneamiento de los inmuebles, esto es, terminar los contratos de arrendamiento y obtener la restitución de los bienes. Al respecto, dicho acuerdo contractual señala:

“[E]n virtud del conocimiento que el fiduciario y el constructor tienen sobre la existencia de los contratos de arrendamiento mencionados en el presente contrato y cuya lista se anexa para su protocolización, la beneficencia se compromete a entregar el (los) predio (s) libre (s) ocupantes o arrendatarios, tanto civiles como administrativos, en un plazo mínimo de ciento ochenta días contados a partir de la firma del presente público instrumento. No obstante, este plazo podrá ampliarse por la Junta del fideicomiso, previa solicitud escrita de las partes contratantes. La junta del fideicomiso vigilará el desarrollo de las actuaciones administrativas y de los procesos tanto civiles como contencioso administrativos que para el saneamiento del (los) inmueble (s) debe adelantar La beneficencia. Para el efecto, la beneficencia, no obstante la tradición que por este instrumento efectúa del (los) bien (es) fideicomitido (s), continuará ostentando la calidad de arrendador de los mismos, con el fin de ejercer las acciones pertinentes y declarar la caducidad administrativa, o la terminación unilateral del contrato cuando a una u otra hubiere lugar. Lo anterior, sin perjuicio de que tales acciones las ejerza el fiduciario o la persona que éste determine, previa notificación de la cesión de los contratos de arrendamiento a los arrendatarios. (…) (18) ” (resaltado fuera del texto).

Considerando, entonces, que en el presente proceso la parte demandante está conformada por la Beneficencia de Cundinamarca (arrendadora) y la Fiduciaria Tequendama S.A. (administradora del patrimonio autónomo denominado “Virrey Espeleta”, que está integrado por los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento, entre otros), es preciso concluir que no existe falta de legitimación para demandar, por tanto, se desestimará la solicitud elevada por el recurrente en este sentido.

4. El régimen jurídico aplicable al contrato de arrendamiento.

Definida la competencia de esta corporación para conocer del presente asunto y determinada la propiedad de los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento examinado, es necesario establecer el régimen jurídico aplicable a dicho convenio a efectos de adoptar una decisión frente al caso concreto.

En este punto, cabe recordar que el contrato de arrendamiento celebrado entre la Beneficencia de Cundinamarca y la sociedad Naranjo y Fernández CIA. S. en C., se suscribió en vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983 y de la Ordenanza 33 de 1989 (Código Fiscal de Cundinamarca) (19) . Estas disposiciones, aplicables al caso concreto, regularon algunos aspectos concernientes al contrato de arrendamiento celebrado por entidades de naturaleza pública; fue así cómo el capítulo 10 del aludido decreto-ley (arts. 156 a 162) se encargó del tratamiento de aspectos como la forma de celebración del contrato (art. 156), su duración (art. 157), su valor (arts. 158 y 159) y el reajuste del canon (art. 162), entre otros.

Advirtiendo, entonces, que dicha normatividad no reguló íntegramente el contrato de arrendamiento, es necesario establecer la norma aplicable a los aspectos que no trató el mencionado decreto-ley. Bajo esta perspectiva, se debe observar lo dispuesto por el artículo 156 de dicho estatuto de contratación pública, el cual prescribió, expresamente, que los contratos de arrendamiento celebrados por las entidades públicas no se consideraban actos mercantiles, por tanto, hay que concluir que dichos contratos, pese a ser considerados por la misma norma como de derecho privado de la administración, no se regulan por las disposiciones del Código de Comercio. La norma legal referida determinaba:

“El contrato de arrendamiento de inmuebles podrá celebrarse directamente. El de muebles requerirá licitación pública si su valor es superior a trescientos mil pesos ($ 300.000.oo). Para estos efectos se tendrá como valor el previsto en el artículo 159. Siempre constará por escrito. Para todos los efectos legales la celebración del contrato de arrendamiento por entidades públicas, no constituye acto de comercio” (resalta la Sala).

Esta sección en oportunidades anteriores ha interpretado la norma anterior en los siguientes términos (20) :

“La Sala por su parte, ya había precisado, que el contrato de arrendamiento en el que fuera parte una entidad estatal no constituía acto de comercio. Así en la providencia de 29 de agosto de 1984, consideró que ‘los contratos de arrendamiento celebrados por los entes territoriales y por los establecimientos públicos no pueden constituir en forma alguna actos de comercio; con lo que se excluye la operancia en dichos convenios de las previsiones contempladas en los artículos 518 a 524 del Código de Comercio’”.

Así las cosas, aunque la sociedad Naranjo y Fernández CIA. S. en C., es comerciante, en los términos del artículo 10 del Código de Comercio (21) , no podrá catalogarse como acto mercantil el contrato de arrendamiento celebrado con la Beneficencia de Cundinamarca, porque ello contraría el artículo 156 del Decreto-Ley 222 de 1983; adicionalmente, si se tiene presente la condición exigida en el artículo 20 numeral 2º de esta normatividad (22) , según el cual el contrato de arrendamiento de bienes inmuebles es acto mercantil cuando éstos sean arrendados con el objeto de subarrendarlos, se corroborará la conclusión aquí expuesta dado que en el caso que aquí se examina los inmuebles respectivos no fueron arrendados con el propósito de que fueran subarrendados.

Lo anterior confirma la inaplicabilidad del régimen comercial a los contratos de arrendamiento celebrados por entidades públicas, pues, según lo expuesto, dicho convenio no constituye acto mercantil para ninguna de las partes, por tanto, de acuerdo con el artículo 22 del Código de Comercio (23) , no se regirá por sus disposiciones.

Considerando, entonces, la inaplicabilidad del Código de Comercio, es preciso tener en cuenta que el Decreto-Ley 222 de 1983 no estableció restricciones frente al régimen contenido en el Código Civil y en las demás normas de igual naturaleza (D. 222/83), por tanto, los contratos de arrendamiento celebrados por las entidades públicas en vigencia del Decreto-Ley 222, se regirán por dicha normatividad y en lo no dispuesto en ella se acudirá a las normas de orden civil (24) . A manera de conclusión, esta corporación ha expresado y así lo reitera ahora, en cuanto a la normatividad aplicable al contrato de arrendamiento celebrado por las entidades públicas en vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983, lo siguiente:

“En el caso concreto, un instituto distrital y un particular celebraron un contrato de arrendamiento con cláusula de caducidad, el 30 de mayo de 1990, esto es, en vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983, razón por la cual quedó sometido: i) a las disposiciones de este estatuto, particularmente, en lo que respecta a los efectos del contrato, las responsabilidades y la caducidad del mismo; ii) a las normas del Código Fiscal de Bogotá en lo relativo a su formación y a las cláusulas reguladas en él, conforme a sus intereses y a las necesidades del servicio, y iii) a las normas del derecho privado que regulan el contrato de arrendamiento, con las restricciones ya señaladas (25) ”.

5. El requerimiento del arrendador para la restitución del bien —La terminación del contrato— petición antes de tiempo.

En el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada se señala que la Beneficencia de Cundinamarca no requirió la restitución de los inmuebles arrendados en debida forma, pues, expresa equivocadamente, que dicho contrato por ser “comercial privado” requiere un desahucio con seis (6) meses de anticipación, de acuerdo con el artículo 520 del Código de Comercio (26) . Expone, igualmente, que de considerarse la inaplicabilidad de la ley mercantil al contrato, tampoco se cumplió con los requerimientos del Código Civil, que al respecto exige el desahucio con treinta (30) días de anterioridad a la terminación del contrato y no en “cualquier tiempo como lo hizo la entidad”.

La Sala recuerda, de conformidad con el análisis antes expuesto, la inaplicabilidad del Código de Comercio frente a los contratos de arrendamiento celebrados por las entidades públicas en vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983. Esta situación impide realizar cualquier análisis con base en dicha normatividad. Ahora, en cuanto a las disposiciones del Código Civil relacionadas con la figura jurídica del desahucio, es necesario establecer los siguientes aspectos:

5.1. En el contrato de arrendamiento analizado en el sub iudice, se estipuló un término de duración de tres (3) años y una vigencia igual a dicho término y tres (3) meses más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento, el cual se surtió el día 1º de noviembre de 1990. De igual forma, la cláusula tercera del contrato estableció, expresamente, que éste no se prorrogaría automáticamente al término de su duración:

“Tercera: Duración: El término de duración del presente contrato será de tres (3) años contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. Se deja pactado expresamente que el presente contrato de arrendamiento no dará lugar a prórroga automática del término de duración. Parágrafo primero: Vigencia: La vigencia del presente contrato será el término del mismo y tres (3) meses más. Parágrafo segundo: En el evento que el arrendatario desee celebrar un nuevo contrato deberá cumplir con los requisitos exigidos por la Ley para el perfeccionamiento del mismo dentro de los tres (3) meses anteriores al vencimiento del término de duración del contrato. Parágrafo tercero: Si el arrendatario incumpliere lo pactado en el Parágrafo anterior, deberá hacer entrega inmediata del inmueble.” (fl. 8, cdno. pruebas) —resalta la Sala—.

Sumado a lo anterior, el inciso final del artículo 58 del Decreto-Ley 222 de 1983 prescribió la prohibición de pactar en los contratos celebrados por una entidad pública cláusulas que estipulen su prórroga automática. La norma legal en comento dispone:

“En ningún caso podrá modificarse el objeto de los contratos, ni prorrogarse su plazo si estuviera vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales, ni pactarse prórrogas automáticas” (resalta la Sala).

En este contexto, se debe concluir que el contrato de arrendamiento celebrado entre la sociedad Naranjo y Fernández CIA. S. en C. y la Beneficencia de Cundinamarca no se prorrogó automáticamente al vencimiento del término de duración pactado (27) .

5.2. Ahora, es imperioso en este punto analizar lo concerniente a la terminación del contrato de arrendamiento, pues, como se verá más adelante, surtida dicha situación se genera para el arrendatario la obligación de restituir el inmueble arrendado. En este sentido, el artículo 2008 del Código Civil dispone:

“El arrendamiento de cosas expira de los mismos modos que los otros contratos, y especialmente:

“1º) Por la destrucción total de la cosa arrendada;

“2º) Por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo;

“3º) Por la extinción del derecho del arrendador, según las reglas que más adelante se expresarán;

“4º) Por sentencia de juez o de prefecto en los casos que la ley ha previsto” (resaltado fuera del texto).

Al respecto, en cuanto a la terminación de los contratos, esta corporación ha expuesto:

“A propósito de la terminación, entendiendo que esa figura no es más que la finalización o extinción de la vigencia de un determinado vínculo obligacional de la administración, siguiendo los lineamientos que al respecto ha trazado la doctrina, resulta perfectamente posible distinguir entre modos normales y modos anormales de terminación de los contratos.

“En la primera categoría, esto es entre los modos normales de terminación de los contratos de la administración, suelen y pueden incluirse las siguientes causales: a). cumplimiento del objeto; b). vencimiento del plazo extintivo de duración del contrato; y c). acaecimiento de la condición resolutoria expresa, pactada por las partes (28) ”.

De acuerdo con lo anterior, vencido el plazo estipulado en el contrato, éste se termina. Así las cosas, según la cláusula tercera del contrato examinado, las partes pactaron un término de duración de tres (3) años, pero, además, señalaron que dicho contrato tendría una vigencia igual al término del contrato y tres (3) meses más. Esta situación impide establecer como fecha de terminación del contrato el 1º de noviembre de 1993, pues, aunque allí se venció el plazo estipulado de tres (3) años, no es posible dejar de lado la manifestación de las partes relacionada con el otro plazo.

Sin contrariar lo dispuesto en el artículo 2008 del Código Civil y la tesis expuesta por la jurisprudencia relacionada con la terminación del contrato por el vencimiento del plazo, es preciso considerar en el presente caso que las partes, en ejercicio de su voluntad, pactaron un segundo plazo de tres (3) años y tres (3) meses. De conformidad con dicha manifestación y pese a que las partes acordaron inicialmente un término de duración (3 años), la intención de los contratantes debe interpretarse en el sentido de que el contrato de arrendamiento terminó al vencimiento de los tres (3) años y tres (3) meses pactados como su “vigencia”; dicha manifestación surgió de un acuerdo de voluntades que, según el artículo 1602 del Código Civil (29) , debe entenderse como ley para las partes y, en igual sentido, deberá interpretarse por el juez al momento de conocer el contrato. En cuanto a la manifestación de voluntad, la doctrina ha dicho:

“La voluntad se mueve por la “vis cognoscitiva” (“nihil volitum nisi praecognitum”) y por la “vis appetitiva” (el deseo, “velleitas”). Conocidas (tener conciencia) y, en su caso, pesadas (“juicio”, “consultatio”, “deliberatio”) posibilidades y fines, se llega a la decisión (“electio”; preferencia respecto de fines y medios posibles). Esta se concreta en la intención que dicha voluntad alcance significado jurídico, no basta con que exista interiormente (“cogitationis poenam Nemo patitur”), sino que se requiere sea exteriorizada o manifestada (“de manifestis tantummodo indicare”, Inocencio III).

(…).

“La declaración de voluntad se considera primero en sus manifestaciones más claras y evidentes, las de lo dicho y lo escrito (30) (resalta la Sala).

Bajo esta perspectiva, son las partes del contrato las primeras llamadas a determinar sus efectos y alcances, los cuales tendrán plena validez, siempre y cuando no contengan una causa u objeto ilícito. Lo anterior adquiere mayor trascendencia cuando la manifestación de voluntad se expresa mediante escrito, por consiguiente, lo pactado en el contrato examinado en cuanto a su vigencia tiene plena validez y, por tanto, efectos jurídicos, lo cual conlleva a concluir que dicho contrato terminó al vencimiento del segundo plazo señalado por las partes, esto es el 1º de febrero de 1994.

Considerando que los efectos de todo contrato se surten, únicamente, cuando éste se encuentra vigente, se puede deducir que expirada su vigencia la consecuencia ipso iure es su terminación. Al respecto ha señalado la doctrina:

“Marienhoff, por su parte, advierte que los contratos administrativos pueden terminar o hallar su fin por dos distintas razones: a) por cesación de sus efectos, cuando el contrato termina normalmente, por ejemplo por expiración del término establecido o por cumplimiento del objeto; y b) por extinción, cuando concluye en forma anormal, verbigracia, por caducidad, revocación, anulación, renuncia, rescisión, rescate (31) ” (resaltado fuera del texto).

5.3. La determinación de lo anterior adquiere relevancia debido a los efectos generados con la terminación del contrato, pues, de acuerdo con el artículo 2005 del Código Civil (32) , terminado el arrendamiento el arrendatario tiene la obligación de restituir o devolver el bien y el arrendador de recibirlo, por tanto, si el arrendatario no cumple con su obligación, además de estar incumpliendo el contrato, se convierte en injusto tenedor del respectivo bien, pues no cuenta con un título que soporte jurídicamente su tenencia.

En este sentido, ha dicho esta corporación (33) :

“Por lo mismo si la obligación de restitución del bien arrendado por parte del contratista —respecto de los contratos que cesaron— no se ha satisfecho, es claro, por una parte, que él no tiene respecto de la cosa la calidad de arrendatario pero si tiene respecto del arrendador la obligación personal contractual —no satisfecha como arrendatario que fue— de desocupar la cosa.

“Desde otro punto de vista general e integrador de las normas jurídicas, si la ley civil para efectos del juicio de restitución dice de la necesidad de que el arrendatario sea constituido en mora, o por el mismo arrendador (C.C., art. 1608) o por el juez, mediante la notificación de la demanda de restitución del inmueble arrendado, se observa que la ley califica de injusto detentador a quien sigue de hecho en tenencia de la cosa arrendada y le otorga derecho al arrendador para obtener el pago de ‘todos los perjuicios de la mora, y a lo demás que contra él competa como injusto detentador’”.

Para la Sala es claro, entonces, que terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre la sociedad Naranjo y Fernández CIA. S. en C., y la Beneficencia de Cundinamarca (feb. 1º/94), la arrendataria tenía la obligación de restituir los bienes inmuebles que fueron objeto del convenio. Al respecto, es preciso observar lo señalado por el Consejo de Estado en cuanto a la obligación de restitución del bien arrendado:

“La legislación civil, en su artículo 2005 establece la obligación del arrendatario de restituir la cosa arrendada al finalizar el contrato de arrendamiento, toda vez que la entrega de los bienes en este tipo de contrato se hace a título de mera tenencia.

“De conformidad con las normas antes citadas, al producirse la terminación del contrato de arrendamiento, por vencimiento del plazo, se hace exigible la obligación del arrendatario de restituir o devolver el bien objeto del arrendamiento y la del arrendador de recibirlo; es decir, que aunque estas obligaciones existen desde la suscripción misma del contrato, el cual constituye su fuente, su cumplimiento se difiere en el tiempo hasta que sobrevenga la terminación de la relación contractual, ocurrido lo cual dichas obligaciones de restitución y recibo se hacen exigibles y deben ser cumplidas.

“Se trata de aquellas obligaciones que tienen origen en el contrato pero que están llamadas a ser cumplidas con posterioridad a su vigencia o extinción; es el caso de la obligación que asume el vendedor, en el sentido de responder por el saneamiento o por vicios ocultos de la cosa vendida o aquella que contrae el constructor consistente en responder por la estabilidad de la edificación que ha sido levantada y entregada al propietario etc.

“En este caso, al celebrar el contrato, el arrendatario asume la obligación de restituir el bien arrendado al finalizar el contrato (C.C., art. 2005).

(…).

“Bajo estas directrices debe concluirse lo siguiente:

“a) El contrato de arrendamiento se extingue al producirse la expiración del plazo, momento mismo en el cual se hace exigible la obligación del arrendatario (deudor), consistente en restituir el bien y, en consecuencia, surge el derecho del arrendador (acreedor) de adelantar las acciones pertinentes para obtener el cumplimiento de la obligación, si el arrendatario no satisface la prestación de restitución, acción que no podía ejercer antes del vencimiento del plazo contractual por ser inexigible la obligación, toda vez que estaba sometida a la llegada de esa fecha (plazo suspensivo).

“b) El no cumplimiento de la obligación de restitución del bien arrendado por parte de arrendatario, al término del contrato, en manera alguna puede tener el efecto jurídico de extender el vínculo contractual indefinidamente, hasta el momento en que se dé el cumplimiento de la obligación de restitución, puesto que tal vínculo se extingue así subsistan algunas de las obligaciones que se originaron en él, tal como ya quedó indicado (34) ”.

Establecido lo anterior, considerando que el contrato de arrendamiento celebrado entre la sociedad Naranjo y Fernández CIA. S. en C. y la Beneficencia de Cundinamarca terminó el 1º de febrero de 2004 y que el mismo no se prorrogó, es preciso concluir que de acuerdo con el artículo 2012 del Código Civil (35) , terminado el contrato no será necesario el requerimiento por parte del arrendador a título de desahucio para que se restituyan los inmuebles.

La figura jurídica del desahucio tiene aplicación en dos eventos: el primero, cuando no existe término de duración estipulado o, existiendo, el arrendador requiere dar por terminado el contrato anticipadamente por alguna de las causales estipuladas para ello en la normatividad; en segundo lugar, cuando el arrendador determina que el contrato, al terminar el plazo estipulado, no será renovado. Esto permite deducir que, luego de terminado el contrato, no se requerirá desahucio, pues, además de que ya no hay vínculo contractual vigente, el arrendatario, por disposición legal, tiene la obligación de restituir el bien de conformidad con el artículo 2005 del Código Civil, sin necesidad de requerimiento previo.

Por consiguiente, en el caso concreto, como el contrato ya había terminado (feb. 1º/94), la entidad contratante no tenía obligación de desahuciar a la sociedad arrendataria a efectos de que restituyera los inmuebles.

5.4. Sin embargo, en el presente asunto se observa que la Beneficencia de Cundinamarca y la Fiduciaria Tequendama S.A., enviaron una comunicación a la sociedad arrendataria el 30 de agosto de 1995, solicitando que en el término de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de tal comunicación restituyeran los inmuebles objeto del contrato de arrendamiento, pues estos serían demolidos para realizar una nueva construcción (fls. 116 y 117, cdno. pruebas).

5.5. Puesto que en el presente caso la terminación del contrato de arrendamiento constituye causal suficiente para que el arrendador pudiera exigir la restitución de los bienes arrendados, era innecesario que la parte demandante expusiera razones diferentes (“falta de pago” y “demolición por nueva construcción”) para sustentar su solicitud, pues tales causales proceden como tales cuando el contrato aún está vigente, evento en el cual sí se requeriría desahucio en los términos del Código Civil. Bastaba, entonces, que la parte demandante alegara en la demanda la terminación del contrato a efectos de solicitar la restitución de los inmuebles correspondientes.

Por lo expuesto, la excepción propuesta por el recurrente como “petición antes de tiempo” no está llamada a prosperar, pues cuando el contrato de arrendamiento termina, es obligación del arrendatario restituir los inmuebles objeto de dicho convenio sin necesidad de requerimiento alguno por parte del arrendador (desahucio).

6. Las mejoras y el derecho de retención.

El recurrente expone que las mejoras realizadas a los inmuebles, cuyo reconocimiento fue solicitado desde la presentación de la contestación de la demanda, no se probaron debido a que el a quo no decretó las pruebas requeridas para tales efectos. En esta oportunidad la sociedad demandada solicita, nuevamente, la recepción de los testimonios pretendiendo con ello probar la realización de las mejoras y la procedencia del derecho de retención sobre los bienes.

Es así cómo, el ad quem, decretó la recepción de dichos testimonios mediante auto de julio 2 de 2004 (fls. 223 a 227, cdno. ppal). De esta forma, el día 23 de agosto del mismo año se realizó diligencia de recepción de los testimonios de los señores Álvaro Pachón Pineda, Rodrigo Toro y Humberto Jaramillo, a la cual sólo asistió el señor Pachón Pineda quien, luego de rendir testimonio sobre algunas mejoras realizadas por la sociedad arrendataria, expuso una confusa declaración sobre su autorización por parte de la Beneficencia de Cundinamarca, pues en principio expresó que dichas obras se realizaron con autorización del “síndico” de dicha entidad y posteriormente se retractó de tal afirmación (fls. 243 y 244, cdno. ppal.).

Seguidamente, de acuerdo con solicitud presentada por la demandada (fl. 245, cdno. ppal.), según la cual el señor Humberto Jaramillo no asistió a la diligencia surtida ante el Consejo de Estado por imposibilidad médica, se decretó una comisión a efectos de recepcionar dicho testimonio en la ciudad de Manizales; fue así cómo, el juzgado primero civil municipal de esta ciudad, de acuerdo con la comisión conferida en auto 2005-016, programó diligencia para el 11 de octubre de 2005, pero el señor Jaramillo tampoco asistió en la fecha y hora fijadas (fl. 309, cdno. ppal.).

En esta perspectiva, de acuerdo con el artículo 1994 del Código Civil (36) , el arrendador tiene la obligación de reembolsar al arrendatario los gastos en los cuales incurrió con la realización de las mejoras útiles, únicamente cuando ha consentido en ellas; pues bien, respecto de las mejoras, la cláusula décima primera del contrato en estudio, señalaba:

“Decima primera: Prohibición sobre mejoras: El arrendatario no podrá efectuar en los inmuebles materia de este contrato mejoras de ninguna clase sin el consentimiento escrito de la arrendadora. Todas las que se llegaren a ejecutar quedarán de propiedad de la arrendadora, sin lugar a reembolso alguno a favor del arrendatario; no obstante la arrendadora podrá exigir su retiro si a su juicio alteran sustancialmente la naturaleza del inmueble.” (fl. 11, cdno. pruebas).

La estipulación contractual relacionada con el reconocimiento de las mejoras realizadas a los inmuebles, es clara; la entidad arrendadora sólo estará obligada a su pago cuando existiere previa autorización escrita. En este sentido, la Sala no encuentra que se haya aportado al proceso autorización alguna proferida por la arrendadora para la realización de mejoras a los inmuebles, por consiguiente, de conformidad con la normatividad civil señalada y con los términos del contrato, se desestimará el derecho de retención alegado por la sociedad arrendataria.

7. Solicitud de nulidad del proceso.

La sociedad apelante solicitó la nulidad del proceso aduciendo que el Ministerio Público no participó en la primera instancia. Al respecto cabe precisar que de conformidad con el artículo 127 del Código Contencioso Administrativo (37) , la intervención del Ministerio Público en el proceso contencioso administrativo es potestativa, por tanto, con la notificación de las actuaciones allí dispuestas se cumple con el requisito previsto en la norma, independientemente de que el representante del Ministerio Público participe activamente o no en el proceso.

Bajo este entendido, en el presente caso se observa que mediante auto de abril 19 de 1996 (fls.16 y 17, cdno. ppal.) y de 27 de agosto de 2000 (fls. 126 y 127, cdno. ppal.), se ordenó la notificación personal al Ministerio Público del auto admisorio de la demanda y de la sentencia de primera instancia, respectivamente. De este modo y considerando que la intervención del Ministerio Público es facultativa y que el único requisito de obligatorio cumplimiento es notificarlo de las actuaciones del proceso, la solicitud del recurrente no encuentra mérito de prosperidad.

8. Entrega de títulos correspondientes al depósito del canon durante el proceso.

De conformidad con el numeral 5º del parágrafo segundo del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil (38) , la Sala dispondrá la entrega de los títulos de depósito de los cánones causados y pagados durante el proceso (39) y el desglose de los mismos del expediente. Estos títulos se entregarán a quien, en representación de la parte demandante —Beneficencia de Cundinamarca y Fiduciaria Tequendama S.A.— exhiba el respectivo poder para recibirlos.

Por consiguiente, a continuación se relacionarán los títulos que obran en el expediente y que fueron causados y pagados durante el proceso:

Nº de depósitoFecha de pagoPeríodoValorFolio
Banco Popular
Ilegible02/08/1996Agosto de 1996$ 1,019,917637 cdno. ppal.
Ilegible02/08/1996Reajuste agosto 1996$ 256,417636 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/09/1996Septiembre de 1996$ 605,00051 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/09/1996Reajuste sept. 1996$ 256,61752 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/10/1996Octubre de 1996$ 605,00055 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/10/1996Reajuste oct. 1996$ 256,61754 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/11/1996Noviembre de 1996$ 605,000630 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/11/19961º reajuste nov. 1996$ 364,320629 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/11/19962º reajuste nov. 1996$ 414,917631 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/12/1996Diciembre de 1996$ 605,000627 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/12/1996Reajuste dic. 1996$ 364,320628 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/01/1997Enero de 1997$ 605,000625 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/01/1997Reajuste enero 1997$ 364,320624 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/02/1997Febrero de 1997$ 605,000623 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/02/1997Reajuste feb. 1997$ 364,320622 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/03/1997Marzo de 1997$ 605,000621 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/03/1997Reajuste marzo 1997$ 364,320620 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/04/1997Abril de 1997$ 605,000618 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/04/1997Reajuste abril 1997$ 364,320619 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/05/1997Mayo de 1997$ 605,000616 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/05/1997Reajuste mayo 1997$ 364,320617 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/06/1997Junio de 1997$ 605,000615 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/06/1997Reajuste junio 1997$ 364,320614 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/07/1997Julio de 1997$ 605,000612 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/07/1997Reajuste julio 1997$ 364,320613 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/08/1997Agosto de 1997$ 605,000610 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/08/1997Reajuste ago. 1997$ 364,320611 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/09/1997Septiembre de 1997$ 605,000608 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/09/1997Reajuste sept. 1997$ 364,320609 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/10/1997Octubre de 1997$ 605,000606 cdno ppal.
Exp. 96-D 1210001/10/1997Reajuste oct. 1997$ 364,320607 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/11/1997Noviembre de 1997$ 605,000604 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/11/1997Reajuste nov. 1997$ 364,320605 cdno. ppal.
Banco Agrario de Colombia
Exp. 96-D 1210005/12/1997Diciembre de 1997$ 605,000602 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210005/12/1997Reajuste dic. 1997$ 364,320603 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/01/1998Enero de 1998$ 605,000600 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/01/1998Reajuste enero 1998$ 364,320599 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/02/1998Febrero de 1998$ 605,000598 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/02/1998Reajuste feb. 1998$ 364,320597 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/03/1998Marzo de 1998$ 605,000596 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/03/1998Reajuste marzo 1998$ 364,320595 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/04/1998Abril de 1998$ 605,000593 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/04/1998Reajuste abril 1998$ 364,320594 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/05/1998Mayo de 1998$ 605,000592 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/05/1998Reajuste mayo 1998$ 364,320591 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/06/1998Junio de 1998$ 605,000589 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/06/1998Reajuste junio 1998$ 364,320590 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/07/1998Julio de 1998$ 605,000587 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/07/1998Reajuste julio 1998$ 364,320588 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/08/1998Agosto de 1998$ 605,000586 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/08/1998Reajuste ago. 1998$ 364,320585 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/09/1998Septiembre de 1998$ 605,000583 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/09/1998Reajuste sept. 1998$ 364,320584 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/10/1998Octubre de 1998$ 605,000581 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/10/1998Reajuste oct. 1998$ 364,320582 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/11/1998Noviembre de 1998$ 605,000579 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/11/1998Reajuste nov. 1998$ 364,320580 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/12/1998Diciembre de 1998$ 605,000578 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/12/1998Reajuste dic. 1998$ 364,320577 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/01/1999Enero de 1998$ 605,000574 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/01/1999Reajuste enero 1999$ 364,320575 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/02/1999Febrero de 1999$ 605,000573 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/02/1999Reajuste feb. 1999$ 364,320572 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/03/1999Marzo de 1999$ 605,000570 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/03/1999Reajuste marzo 1999$ 364,320571 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210005/04/1999Abril de 1999$ 605,000569 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210005/04/1999Reajuste abril de 1999$ 364,320568 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/05/1999Mayo de 1999$ 605,000566 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/05/1999Reajuste mayo 1999$ 364,320567 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/06/1999Junio de 1999$ 605,000564 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/06/1999Reajuste junio 1999$ 364,320565 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210006/07/1999Julio de 1999$ 605,000562 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210006/07/1999Reajuste julio 1999$ 364,320563 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/08/1999Agosto de 1999$ 605,000560 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/08/1999Reajuste ago. 1999$ 365,320561 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/09/1999Septiembre de 1999$ 605,000559 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/09/1999Reajuste sept. 1999$ 364,320555 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/10/1999Octubre de 1999$ 605,000554 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/10/1999Reajuste oct. 1999$ 364,320553 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/11/1999Noviembre de 1999$ 605,000558 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/11/1999Reajuste nov. 1999$ 364,320557 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/12/1999Diciembre de 1999$ 605,000552 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/12/1999Reajuste dic. 1999$ 364,320556 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/01/2000Enero de 2000$ 605,000549 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/01/2000Reajuste enero 2000$ 364,320550 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/02/2000Febrero de 2000$ 605,000547 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/02/2000Reajuste feb. 2000$ 364,320548 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/03/2000Marzo de 2000$ 605,000546 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/03/2000Reajuste marzo 2000$ 364,320545 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/04/2000Abril de 2000$ 605,000543 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/04/2000Reajuste abril 2000$ 364,320544 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210005/05/2000Mayo de 2000$ 605,000542 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210005/05/2000Reajuste mayo 2000$ 364,320541 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210006/06/2000Junio de 2000$ 605,000540 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210006/06/2000Reajuste junio 2000$ 364,320539 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/07/2000Julio de 2000$ 605,000537 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/07/2000Reajuste julio de 2000$ 364,320538 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/08/2000Agosto de 2000$ 605,000535 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/08/2000Reajuste ago. 2000$ 364,320536 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/09/2000Septiembre de 2000$ 605,000533 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/09/2000Reajuste sept. 2000$ 364,320534 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/10/2000Octubre de 2000$ 605,000532 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/10/2000Reajuste oct. 2000$ 364,320531 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/11/2000Noviembre de 2000$ 605,000529 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/11/2000Reajuste nov. 2000$ 364,320530 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210005/12/2000Diciembre de 2000$ 605,000527 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210005/12/2000Reajuste dic. 2000$ 364,320528 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/01/2001Enero de 2001$ 605,000525 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/01/2001Reajuste enero 2001$ 364,320524 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/02/2001Febrero de 2001$ 605,000522 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/02/2001Reajuste feb. 2001$ 364,320523 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/03/2001Marzo de 2001$ 605,000521 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/03/2001Reajuste marzo 2001$ 364,320520 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/04/2001Abril de 2001$ 605,000519 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/04/2001Reajuste abril 2001$ 364,320518 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/05/2001Mayo de 2001$ 605,000516 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/05/2001Reajuste mayo 2001$ 364,320517 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/06/2001Junio de 2001$ 605,000515 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/06/2001Reajuste junio 2001$ 364,320514 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/07/2001Julio de 2001$ 605,000513 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210004/07/2001Reajuste julio 2001$ 364,320512 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/08/2001Agosto de 2001$ 605,000511 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/08/2001Reajuste agosto 2001$ 364,320510 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/09/2001Septiembre de 2001$ 605,000509 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/09/2001Reajuste sept. 2001$ 364,320508 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/10/2001Octubre de 2001$ 605,000506 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/10/2001Reajuste oct. 2001$ 364,320507 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/11/2001Noviembre de 2001$ 605,000505 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/11/2001Reajuste nov. 2001$ 364,320504 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/12/2001Diciembre de 2001$ 605,000502 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/12/2001Reajuste dic. 2001$ 364,320503 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/01/2002Enero de 2002$ 605,000390 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/01/2002Reajuste enero 2002$ 364,320389 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/02/2002Febrero de 2002$ 605,000388 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/02/2002Reajuste feb. 2002$ 364,320387 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/03/2002Marzo de 2002$ 605,000386 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210001/03/2002Reajuste marzo 2002$ 364,320385 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/04/2002Abril de 2002$ 605,000384 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210002/04/2002Reajuste abril 2002$ 364,320383 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/05/2002Mayo de 2002$ 605,000382 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210003/05/2002Reajuste mayo 2002$ 364,320381 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210005/06/2002Junio de 2002$ 605,000379 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210005/06/2002Reajuste junio 2002$ 364,320380 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210005/07/2002Julio de 2002$ 605,000378 cdno. ppal.
Exp. 96-D 1210005/07/2002Reajuste julio 2002$ 364,320377 cdno. ppal.
Auxiliares de la justicia
No consta05/08/2002Agosto de 2002$ 605,000376 cdno. ppal.
No consta04/09/2002Septiembre de 2002$ 605,000375 cdno. ppal.
No consta07/10/2002Octubre de 2002$ 605,000374 cdno. ppal.
No consta05/11/2002Noviembre de 2002$ 605,000373 cdno. ppal.
No consta05/12/2002Diciembre de 2002$ 605,000372 cdno. ppal.
No consta05/01/2003Enero de 2003$ 605,000370 cdno. ppal.
No consta07/02/2003Febrero de 2003$ 605,000369 cdno. ppal.
No consta04/03/2003Marzo de 2003$ 605,000368 cdno. ppal.
No consta09/04/2003Abril de 2003$ 605,000367 cdno. ppal.
No consta07/05/2003Mayo de 2003$ 605,000366 cdno. ppal.
No consta06/06/2003Junio de 2003$ 605,000365 cdno. ppal.
No consta04/07/2003Julio de 2003$ 605,000364 cdno. ppal.
No consta30/07/2003Agosto de 2003$ 605,000363 cdno. ppal.
No consta08/09/2003Septiembre de 2003$ 605,000362 cdno. ppal.
No consta08/10/2003Octubre de 2003$ 605,000361 cdno. ppal.
No consta04/11/2003Noviembre de 2003$ 605,000360 cdno. ppal.
No consta02/12/2003Diciembre de 2003$ 605,000359 cdno. ppal.
No consta08/01/2004Enero de 2004$ 605,000357 cdno. ppal.
No consta09/02/2004Febrero de 2004$ 605,000356 cdno. ppal.
No consta04/03/2004Marzo de 2004$ 605,000355 cdno. ppal.
No consta11/04/2004Abril de 2004$ 605,000354 cdno. ppal.
No consta04/05/2004Mayo de 2004$ 605,000353 cdno. ppal.
No consta04/06/2004Junio de 2004$ 605,000352 cdno. ppal.
No consta15/07/2004Julio de 2004$ 605,000351 cdno. ppal.
No consta03/08/2004Agosto de 2004$ 605,000350 cdno. ppal.
dic-1307/09/2004Septiembre de 2004$ 605,000349 cdno. ppal.
dic-1304/10/2004Octubre de 2004$ 605,000348 cdno. ppal.
dic-1303/11/2004Noviembre de 2004$ 605,000347 cdno. ppal.
dic-1309/12/2004Diciembre de 2004$ 605,000346 cdno. ppal.
dic-1311/01/2005Enero de 2005$ 605,000344 cdno. ppal.
dic-1307/02/2005Febrero de 2005$ 605,000343 cdno. ppal.
dic-1304/02/2005Marzo de 2005$ 605,000342 cdno. ppal.
dic-1306/04/2005Abril de 2005$ 605,000341 cdno. ppal.
dic-1305/05/2005Mayo de 2005$ 605,000340 cdno. ppal.
dic-1313/06/2005Junio de 2005$ 605,000339 cdno. ppal.
dic-1307/07/2005Julio de 2005$ 605,000338 cdno. ppal.
dic-1305/08/2005Agosto de 2005$ 605,000337 cdno. ppal.
dic-1305/09/2005Septiembre de 2005$ 605,000336 cdno. ppal.
Banco Agrario de Colombia
Exp. 96-D-12100-0118/11/2005Octubre de 2005$ 605,000640 cdno. ppal.
Exp. 96-D-12100-0118/11/2005Noviembre de 2005$ 605,000641 cdno. ppal.
Exp. 96-D-12100-0106/12/2005Diciembre de 2005$ 605,000655-656 cdno. ppal.
Exp. 96-D-12100-0119/12/2006Enero de 2006$ 605,000657-658 cdno. ppal
Exp. 96-D-12100-0102/02/2006Febrero de 2006$ 605,000645a-b cdno. ppal.
Exp. 96-D-12100-0108/03/2006Marzo de 2006$ 605,000645c-d cdno. ppal.
Exp. 96-D-12100-0126/26/2008Junio de 2008$ 605,000737-738 cdno. ppal.
Exp. 96-D-12100-0124/07/2008Julio de 2008$ 605,000735-736 cdno. ppal.
Exp. 96-D-12100-0126/08/2008Agosto de 2008$ 605,000733-734 cdno. ppal.
Exp. 96-D-12100-0124/09/2008Septiembre de 2008$ 605,000731-732 cdno. ppal.
Exp. 96-D-12100-0129/10/2008Octubre de 2008$ 605,000729-730 cdno. ppal.
Exp. 96-D-12100-0124/11/2008Noviembre de 2008$ 605,000727-728 cdno. ppal
Exp. 96-D-12100-0111/12/2008Diciembre de 2008$ 605,000725-726 cdno. ppal.

Por lo expuesto, la Sala modificará parcialmente la sentencia proferida en primera instancia, debido a que declarará infundadas algunas excepciones propuestas y dispondrá la entrega de los títulos antes relacionados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. ACEPTAR el impedimento manifestado por la Magistrada Myriam Guerrero de Escobar.

2. MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión de Bogotá D.C., el 19 de diciembre de 2000 en el sentido de ORDENAR la entrega de los títulos relacionados a quien en representación de la parte demandante —Beneficencia de Cundinamarca y Fiduciaria Tequendama S.A.—, exhiba el respectivo poder para recibirlos.

3. DECLARAR INFUNDADAS las excepciones de “petición antes de tiempo” y “falta de legitimación por activa”, de acuerdo con las consideraciones de esta sentencia.

4. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida por el a quo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(8) Así fue calificado este fenómeno en sentencia de noviembre 29 de 2004, Exp. 20190, con ponencia de la doctora María Elena Giraldo Gómez.

(9) Decreto-Ley 222 de 1983, ART. 16.—“Son contratos administrativos:

“1. Los de concesión de servicios públicos.

“2. Los de obras públicas.

“3. Los de prestación de servicios.

“4. Los de suministros.

“5. Los interadministrativos internos que tengan estos mismos objetos.

“6. Los de explotación de bienes del Estado.

“7. Los de empréstito.

“8. Los de crédito celebrados por la Compañía de Fomento Cinematográfico Focine.

“9. Los de conducción de correos y asociación para la prestación del servicio de correo aéreo; y

“10. Los que celebren instituciones financieras internacionales públicas, entidades gubernamentales de crédito extranjeras y los organismos internacionales, con entidades colombianas, cuando no se les considere como tratados o convenios internacionales.

“Son contratos de derecho privado de la administración los demás, a menos que ley especial disponga en sentido contrario, y en sus efectos estarán sujetos a las normas civiles, comerciales y laborales, según la naturaleza de los mismos, salvo en lo concerniente a la caducidad.

“PAR.—Los contratos de explotación de bienes del Estado se rigen por las normas especiales de la materia” (resalta la Sala).

(10) Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia de diciembre 3 de 2007. Exp. 24.710. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(11) Ley 80 de 1993, ART. 75.—“Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa”.

(12) Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido: “Es decir, como bien lo ha manifestado la jurisprudencia de esta corporación, después de entrar en vigencia la Ley 80 de 1993, y sin importar que se trate de aplicarla en relación con un contrato celebrado en vigencia del Decreto 222 de 1983, no hay lugar a discutir la naturaleza del contrato celebrado por una entidad estatal —si lo es administrativo o de derecho privado—, para determinar la jurisdicción a la cual compete el juzgamiento de las controversias que de él se deriven, pues es suficiente con que el contrato haya sido celebrado por una entidad estatal, como en el caso que aquí se estudia, para que su juzgamiento corresponda a esta jurisdicción, como expresamente lo dispone el artículo 75 (…).” (C.E., Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sent. dic. 3/2007. Exp. 24.710. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.).

(13) Decreto 1 de 1984, artículo 87, modificado por el artículo 17 del Decreto 2304 de 1989.

También en este momento la acción procedente es la contractual, toda vez que el primer inciso del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo establece lo siguiente respecto de los contratos estatales:

“De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas” (resalta la Sala).

(14) Código Contencioso Administrativo, ART. 267.—“En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo”.

(15) Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Auto de mayo 20 de 2002. Exp. 22.316. C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(16) Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia de diciembre 3 de 2007. Exp. 24.710. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(17) Considerando que la traslación del dominio de los bienes se verifica con la existencia de un “título” y un “modo”, los cuales, tratándose de bienes inmuebles se constituyen con la escritura pública y su inscripción en el registro de instrumentos públicos, respectivamente; hay que tener en cuenta que la única forma de probar la propiedad de un bien de tal naturaleza, es con la matrícula inmobiliaria. En este sentido, los artículos 756 y 759 del Código Civil y 2º y 43 del Decreto 1250 de 1970, prescriben, en su orden:

Código Civil, ART. 756.—“Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos.

“De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso, constituidos en bienes raíces, y de los de habitación o hipoteca”.

Código Civil, ART. 759.—“Los títulos traslaticios de dominio que deben registrarse, no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho mientras no se haya verificado el registro en los términos que se dispone en el título del registro de instrumentos públicos”.

Decreto 1250 de 1970, ART. 2º—“Están sujetos a registro:

“1. Todo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión del crédito hipotecario o prendario.

(…).

“4. Los actos, contratos y providencias que dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones”.

Decreto 1250 de 1970, ART. 43.—“Ninguno de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción o registro tendrá mérito probatorio, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”.

(18) Folios 58 y 59 del cuaderno de pruebas.

(19) Norma que, como antes se advirtió, reprodujo las disposiciones contenidas en el Decreto-Ley 222 de 1983 (tautología normativa).

(20) Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia de marzo 31 de 2005. Exp. 16.600. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(21) Código de Comercio, ART. 10.—“Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles.

“La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona”.

(22) Código de Comercio, ART. 20.—“Son mercantiles para todos los efectos legales:

(…).

“2º) La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos, y el sub arrendamiento de los mismos” (resalta la Sala).

(23), Código de Comercio, ART. 22.—“Si el acto fuere mercantil para una de las partes se regirá por las disposiciones de la ley comercial”.

(24) En igual sentido, se pronunció esta corporación en sentencia de febrero 15 de 1990, Expediente 11.194 con ponencia del doctor Ricardo Hoyos Duque; Sentencia noviembre 29 de 2004, expediente No. 20.190 con ponencia de la Dra. María Elena Giraldo Gómez y Sentencia de marzo 31 de 2005, expediente No. 16.600 con ponencia de la Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

(25) Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia de julio 6 de 2005. Exp. 12.249. C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(26) Código de Comercio, ART. 520.—“En los casos previstos en los ordinales 2º y 3º del artículo 518, el propietario desahuciará al arrendatario con no menos de seis meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que éste se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los casos en que el inmueble sea ocupado o demolido por orden de autoridad judicial”.

(27) Sobre la prohibición de la prórroga automática en los contrato estatales, esta Sala expuso en anterior oportunidad: “Oportuno resulta señalar que la mencionada prohibición legal, encaminada a evitar que las partes de los contratos de derecho público pudieren convenir estipulaciones para evitar que sus contratos terminen y lograr así perpetuarlos en el tiempo, encuentra claro y evidente fundamento tanto en el principio democrático de libre concurrencia, como en los principios generales de igualdad, de imparcialidad, de prevalencia del interés general y de transparencia, entre otros, con arreglo a los cuales debe adelantarse toda actuación de índole contractual, en virtud de los cuales se debe permitir y garantizar, a toda persona que cumpla los requisitos establecidos para el efecto en las normas vigentes, la posibilidad cierta, efectiva y real de poder presentar sus ofertas ante las entidades públicas por manera que, en cuanto dichas propuestas consulten adecuadamente el interés general que esas entidades están en el deber de satisfacer y objetivamente sean las más favorables, también podrán acceder a la contratación correspondiente.

“Salvo aquellos casos que expresamente autoricen las normas legales, hay lugar a destacar que por regla general la administración no cuenta con facultad constitucional o legal alguna que le permita inventar, establecer o poner en práctica, en modo alguno, preferencias o ventajas a favor de unos determinados contratistas y en perjuicio de otros interesados o menos aun que mediante prórrogas automáticas o cláusulas de exclusividad pueda generar una especie de monopolio de hecho a favor de determinados particulares, generando con ello limitaciones en contra de los demás, puesto que por esa vía sólo conseguiría limitar, de manera indebida, los mencionados principios de libre concurrencia, igualdad, imparcialidad y transparencia, para que entonces sólo un reducido grupo de privilegiados tuviere la posibilidad de acceder a la contratación de determinadas entidades estatales, olvidando que en tales contrataciones se comprometen intereses y dineros de naturaleza pública.

“La Sala considera propicia la oportunidad para puntualizar que los aludidos principios generales de libre concurrencia, igualdad, imparcialidad, prevalencia del interés general y transparencia, con arreglo a los cuales, entre otros, deben adelantarse y cumplirse todas las actuaciones contractuales de las entidades estatales —algunos de los cuales, incluso, se encuentran consignados positivamente en normas constitucionales o legales vigentes (C.P., arts. 1º, 2º, 13, 209, L. 80, 24 y 25)—, son principios que corresponden al diseño de democracia participativa (C.P., art. 2º), que la Carta Política adoptó para nuestro Estado social y de derecho (C.P., art. 1º), por lo cual mantienen vigencia en la actualidad.” (C.E. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sent. diciembre 4/2006. Exp. 15.239).

(28) Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia de diciembre 4 de 2006. Exp. 15.239.

(29) Código Civil, ART. 1602.—“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

(30) De Castro y Bravo, Federico. El negocio jurídico. Editorial Civitas. Madrid, 1997. Págs. 57 y 65.

(31) ÁBALOS, María Gabriela. Citando a: MARIENHOFF, Miguel. Extinción – Parte I. EN: Contratos administrativos. Director Ismael Farrando. Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2002. P. 640.

(32) Código Civil, ART. 2005.—“El arrendatario es obligado a restituir la cosa al fin del arrendamiento.

“Deberá restituirla en el estado en que le fue entregada, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos.

“Si no constare el estado en que le fue entregada, se entenderá haberla recibido en regular estado de servicio, a menos que pruebe lo contrario.

“En cuanto a los daños y pérdidas sobrevenidos durante su goce, deberá probar que no sobrevinieron por su culpa, ni por culpa de sus huéspedes, dependientes o subarrendatarios, y a falta de esta prueba será responsable” (negrilla fuera del texto).

(33) Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia de julio 12 de 2001. Exp. 19.870. C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(34) Consejo de Estado. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia de marzo 8 de 2007. Exp. 15.883.

(35) Código Civil, ART. 2012.—“Si en el contrato se ha fijado tiempo para la duración del arriendo, o si la duración es determinada por el servicio especial a que se destinó la cosa arrendada, o por la costumbre, no será necesario desahucio”.

(36) Código Civil, ART. 1994.—“El arrendador no es obligado a reembolsar el costo de las mejoras útiles, en que no ha consentido con la expresa condición de abonarlas; pero el arrendatario podrá separar y llevarse los materiales, sin detrimento de la cosa arrendada; a menos que el arrendador esté dispuesto a abonarle lo que valdrían lo materiales considerándolos separados”

(37) Código Contencioso Administrativo, ART. 127.—“El Ministerio Público es parte y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en las conciliaciones extrajudiciales ante los centros de conciliación e intervendrá en éstos en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales. Por consiguiente se le notificará personalmente el auto admisorio de la demanda, el que fije fecha para la audiencia de conciliación, la sentencia proferida en primera instancia y el primer auto dictado en segunda instancia”.

(38) Código de Procedimiento Civil, ART. 424.—“Cuando se trate de demanda para que el arrendatario restituya al arrendador el inmueble arrendado, se aplicarán las siguientes reglas:

(…).

“PAR. 2º—Contestación, derecho de retención y consignación.

(…).

“5. Los depósitos de cánones causados durante el proceso se entregarán al demandante a medida que se presenten los títulos, a menos que el demandado al contestar la demanda le haya desconocido el carácter de arrendador, caso en el cual se retendrán hasta que en la sentencia se disponga lo procedente.

(…)”.

(39) En este punto es imperioso advertir que la demanda se presentó el 10 de abril de 1996.

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