Sentencia 21132 de febrero 20 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. 21.132 DE 2008

Expediente: 410012331000199508427-01

C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Actor: Instituto de Fomento Industrial, IFI.

Demandados: Ferroaleaciones del Huila S.A., Idehuila.

Asunto: Proceso ejecutivo. Apelación sentencia

Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones.

Al momento de resolver los recursos de apelación interpuestos por el Instituto de Fomento Industrial, IFI, y Ferroaleaciones del Huila S.A., contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 6 de junio de 2001, advierte el despacho que en este caso se configuró una causal insaneable de nulidad por falta de jurisdicción, la cual será declarada.

El artículo 38 de la Ley 153 de 1887 establece que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, salvo las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato. Por su parte, el artículo 40 señala que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que empiezan a regir.

Al respecto, la Sala (1) ha sostenido que cuando el artículo 40 ibídem se refiere a las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, está haciendo mención a las normas procesales, entre otras, a las normas de jurisdicción y competencia que, tal y como lo indica dicha norma, son de aplicación inmediata.

Sobre la competencia de esta jurisdicción para conocer de procesos ejecutivos el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, disposición vigente para la fecha de presentación de la demanda, señala que el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Además, con la entrada en vigencia de la Ley 1107 de 2006, por medio de la cual modificó el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, quedó definido, de manera concreta, el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según los siguientes términos:

“ART. 1º—El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, quedaría así:

“ART. 82.—Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.

“Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de gobierno.

“La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales de la judicatura, no tendrán control jurisdiccional”.

Las modificaciones introducidas mediante la norma transcrita tienen que ver con los siguientes aspectos: de un lado se definió que el objeto de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo consiste en “... juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas ...”, en lugar de “... juzgar las controversias y litigios administrativos ...”, como disponía el artículo modificado. De otro lado, incluyó, en forma expresa, a las sociedades de economía mixta, siempre que el capital estatal sea superior al 50%.

En relación con los procesos ejecutivos, la Sala (2) señaló que esta jurisdicción, no obstante lo dispuesto en la norma transcrita, no conoce de los procesos de ejecución que reúnan las características descritas, salvo los que están asignados por normas especiales —como lo son los ejecutivos contractuales (L. 80, art. 75) y las ejecuciones de sentencias dictadas por esta jurisdicción (CCA., art. 132.7)—, las cuales prevalecen sobre las disposiciones generales, entre otras razones porque la Ley 1107 dispone que esta jurisdicción juzga “ ... las controversias y litigios...” de las entidades públicas y, técnicamente hablando, los procesos ejecutivos no constituyen controversia ni litigio, aun cuando se propongan excepciones de mérito, luego tales actuaciones no hacen parte del objeto de esta jurisdicción, con excepción, se repite, de los dos temas puntuales atribuidos expresamente por la ley.

Ahora bien, tratándose de contratos celebrados por establecimientos de crédito de carácter estatal, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (3) establece que los contratos celebrados por estas dentro del giro ordinario de sus negocios no están sujetos a las disposiciones del estatuto general de contratación estatal, por manera que a estos no es posible aplicarles el contenido del artículo 75 ibídem, única disposición que le otorga competencia a esta jurisdicción para conocer de los procesos de ejecución derivados de contratos estatales. Siendo ello así, resulta necesario concluir que esta jurisdicción no puede conocer de los procesos ejecutivos derivados de contratos celebrados por entidades estatales de crédito, puesto que estos no están sujetos a la norma de competencia prevista en referido artículo 75, la cual, como se anotó, se sigue aplicando aun en vigencia de la Ley 1107 de 2006.

En este caso, se tiene entonces que el contrato de crédito documentado del cual se derivó el pagaré cuya ejecución se persigue fue celebrado entre el Instituto de Fomentó Industrial, IFI, sociedad de economía mixta del orden nacional vigilada por la Superintendencia Bancaria (fl. 12, cdno. 2) y la empresa Ferrohuila S.A., y con cargo a dicho contrato el IFI expidió cartas de crédito hasta por un total de US$ 1.250.000, para ser utilizadas por Ferrohuila S.A.

El contrato de crédito documentario está consagrado en el Código de Comercio como el acuerdo mediante el cual, a petición y de conformidad con las instrucciones del cliente, la entidad financiera se compromete directamente o por intermedio de un banco corresponsal a pagar a un beneficiario hasta una suma determinada de dinero, o a pagar, aceptar o negociar letras de cambio giradas por el beneficiario, contra la presentación de los documentos estipulados y de conformidad con los términos y condiciones establecidos.

Se entiende (4) como crédito documentado todo el proceso iniciado con la solicitud de apertura de un crédito, el cual termina con la aceptación de dicha petición mientras que por carta de crédito se concibe aquel documento o instrumento documental nacido de la celebración del contrato de crédito documentario; entonces, la carta de crédito es el documento originado de la apertura del crédito documentario.

Como se observa, el contrato que dio origen al título cuya ejecución se pretende fue celebrado por una entidad financiera de carácter estatal dentro del giro ordinario de los negocios o actividades propios de su objeto social, por manera que el mismo está excluido de las normas establecidas en el estatuto general de contratación de la administración pública (L. 80/93) por expreso mandato imperativo del parágrafo 1º del artículo 32 de la misma Ley 80 y, por lo tanto, del otorgamiento de competencia efectuado por el artículo 75 de la Ley 80, lo cual excluye el asunto de la referencia de aquellos cuyo conocimiento corresponde a esta jurisdicción.

Por lo anterior, el despacho advierte que en este proceso se configuró una causal de nulidad insaneable por falta de jurisdicción de conformidad con lo previsto en el 1º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, la cual puede ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 145 ibídem. En consecuencia el proceso deberá ser enviado a jurisdicción ordinaria.

En mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE:

1. DECLÁRASE la nulidad de lo actuado por esta jurisdicción.

2. Ejecutoriada esta providencia, envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Expediente 30.566. Auto del 11 de octubre de 2006.

(2) Expediente 30.903. Auto del 8 de febrero de 2007, M.P. Enrique Gil Botero.

(3) También el artículo 221 del Decreto-Ley 222 de 1983 señalaba que las operaciones de crédito que dentro del giro ordinario de sus negocios, realizaran las entidades públicas organizadas como instituciones bancarias o autorizadas para operar como tales no estaría sujetas a las disposiciones del Estatuto de contratación estatal.

(4) Leal Pérez, Hildebrando. Código Comercio. Leyer 2008.

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