SENTENCIA 2120 DE DICIEMBRE 14 DE 1992

 

Sentencia 2120 de diciembre 14 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 2120

Consejero Ponente:

Dr. Miguel González Rodríguez

Acción de nulidad contra el Decreto Reglamentario 991 de 12 de abril de 1991, expedido por el Gobierno Nacional.

Actora: Magdalena Inés Correa Henao

Santafé de Bogotá, D.C. catorce de diciembre de mil novecientos noventa y dos.

La ciudadana Magdalena Inés Correa Henao obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solicita de esta corporación la declaratoria de nulidad de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, literal b) 6º, 8º, 13 literal a) 18, 19, 20 y parágrafo del artículo 23 del Decreto 991 de 12 de abril de 1991, expedido por el Gobierno Nacional “por el cual se reglamenta la Ley 19 de 1990 y se dictan otras disposiciones.

(...).

CONSIDERACIONES:

A través de la Ley 19 de 1990 “se reglamenta la profesión de técnico electricista en el territorio nacional”.

Dicha ley dispone en su artículo 1º:

Definición. Entiéndese como técnico electricista a la persona que se ocupa en el estudio y las aplicaciones de la electricidad y ejerce a nivel medio o como auxiliar de los ingenieros electricistas o similares”.

Preceptúan los artículos 1º y 2º del Decreto 991 de 1991:

“ART. 1º—Entiéndese que constituyen ejercicio a nivel medio de la profesión de técnico electricista, de que trata el artículo 1º de la Ley 19 de 1990, las siguientes actividades:

a) La colaboración en el estudio, análisis, control técnico y perfeccionamiento de la fabricación de máquinas eléctricas, equipo eléctrico y accesorios electrónicos;

b) La preparación de: programas de trabajo, presupuestos de cantidades, costos de los materiales y/o mano de obra, relacionados con máquinas eléctricas, equipos eléctricos y accesorios electrónicos para instalaciones eléctricas de producción, distribución y consumo de energía eléctrica;

c) El estudio y análisis para el mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas, equipo eléctrico y accesorios electrónicos y construcción y montaje de instalaciones de producción, distribución y consumo de energía eléctrica, y

d) La vigilancia e intervención de los auxiliares e instaladores en el ejecución de pruebas, tomas de lecturas, regulación de instrumentos, anotación de observaciones, aseguramiento de condiciones y normas de seguridad, inspección y comprobación del trabajo terminado de instalaciones eléctricas, máquinas eléctricas, equipo eléctrico y accesorios electrónicos de producción, distribución y consumo de energía eléctrica”.

ART. 2º—“Entiende que constituye ejercicio como auxiliar de los ingenieros electricistas de la profesión de técnico electricista de que trata el artículo 1º de la Ley 19 de 1990, la realización de actividades y labores relacionadas con el estudio y las aplicaciones de la electricidad que requieren la dirección, coordinación y responsabilidad de ingenieros electricistas”.

Según la actora, los artículos transcritos del Decreto 991 de 1991 hacen una distinción no autorizada por la ley entre técnicos electricistas de nivel medio y auxiliares de ingeniería.

Observa la Sala que la Ley 19 de 1990 que reglamenta la profesión de técnico electricista, expresamente al definir en su artículo 1º lo que debe entenderse por tal, prevé que dicha persona pueda ejercer su profesión a nivel medio o como auxiliar de los ingenieros electricistas. De tal suerte que el Decreto 991 de 1991, no hace más que precisar las actividades que a nivel medio o como auxiliar puede desempeñar el técnico electricista, requeriéndose para el último caso de la dirección, coordinación y responsabilidad de los ingenieros electricistas.

No asiste pues razón a la actora cuando afirma que la Ley 19 de 1990 no hizo tal distinción, pues como ya se dijo, la citada ley consagra dos modalidades. Por lo anterior no se advierte la violación aducida por exceso en la potestad reglamentaria.

En cuanto a la violación por parte de los artículos 3º, 4º, 8º, 13 literal a) 18, 19 y 20 que regulan lo relativo a las clases de matrícula que otorga el Ministerio de Minas y Energía de acuerdo con la clasificación de actividades; la ampliación de dichas matrículas en caso de adelantarse por parte de los técnicos electricistas estudios que les confieran títulos en otras especialidades; el derecho de ejercer la profesión en todo el país que le da al interesado la matrícula expedida; las funciones que el consejo de técnicos electricistas tiene para estudiar las solicitudes de matrículas y proponer al Ministerio de Minas y Energía la respectiva clasificación; la posibilidad para los técnicos electricistas de inscribirse ante la Nación, los departamentos, municipios y entidades descentralizadas a fin de poder efectuar obras que correspondan a su actividad y poder participar en las licitaciones que abran dichas entidades, y la obligación de que en los contratos celebrados se encomiende la dirección y ejecución de los trabajos de obras eléctricas a técnicos matriculados so pena de que opere la caducidad administrativa, que hace consistir la demandante en que al establecer dichas normas subespecialidades en virtud de la clasificación de actividades, se restringe la práctica de la profesión pues ello conlleva a exigir nuevos títulos y obtener matrícula respecto de los mismos, es preciso tener en cuenta lo siguiente:

Conforme al artículo 3º de la Ley 19 de 1990:

“Para ejercer la profesión de técnico electricista en el territorio nacional, deberá obtenerse la respectiva matrícula expedida por el Ministerio de Minas y Energía, mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Los egresados de las instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional o Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, deberán solicitar matrícula por intermedio del consejo nacional de técnicos electricistas o de los comités seccionales.

Para el efecto deberán acreditar: certificado de haber cursado y aprobado íntegramente el plan de estudio de las facultades o escuelas técnica de enseñanza de la electricidad, debidamente reglamentadas y aprobadas por el Gobierno Nacional...”.

De lo anterior se deduce que la Ley 19 de 1990 ha señalado unos parámetros para el ejercicio de la profesión de técnico electricista, a saber: la idoneidad para desempeñar la profesión, que la da el haber cursado y aprobado el plan de estudios, esto es, el haber adquirido los conocimientos necesarios para el cabal ejercicio de tal profesión, y la matrícula respectiva.

El texto de los artículos acusados, contrario a lo que afirma la actora, al prever una clasificación de actividades que permitan a los técnicos electricistas realizar labores más especializadas que las contenidas en los artículos 1º y 2º ya transcritos, lejos de restringir el ejercicio de la profesión le da a aquellos la oportunidad de que adquieran conocimientos más avanzados y por ende les amplía su radio de acción.

De manera pues que si el espíritu de la Ley 19 de 1990, al reglamentar el ejercicio de la profesión de técnico electricista, ha sido el de propender por que quien se dedique a tal actividad acredite idoneidad o suficientes conocimientos para desarrollar su labor, nada impide que dichos conocimientos se profundicen en las diferentes áreas que comprenden el campo de la electricidad, y que a medida que se vayan adquiriendo, consten en la respectiva matrícula, lo que los hace acreedores a mayores beneficios y ventajas frente a quienes día a día buscan encomendar este tipo de labores a personas con suficiente capacidad para ejecutarlas. Por estas razones al cargo no prospera.

En lo que atañe al cargo en relación con el artículo 6º, por no haberse señalado el organismo competente para expedir la matrícula de los auxiliares de ingeniería, observa la Sala que no tiene vocación de prosperidad dado que el Decreto 991 de 1991 tuvo por objeto reglamentar la Ley 19 de 1990, ley esta que reguló el ejercicio de la profesión de técnico electricista, más no el de auxiliar de ingeniería. Por ello, el vacío normativo a que alude la demandante no constituye una discriminación entre sujetos iguales ante la ley, sino que simplemente será a través de otra reglamentación en que el Gobierno Nacional se ocupe de desarrollar dicha materia.

En lo que se relaciona con el cargo frente al artículo 5º literal b) y su parágrafo, es preciso analizar el contenido del mismo.

Señala el artículo 5º literal b):

“En los casos en que se refieren el literal b) del artículo 3º de la Ley 19 de 1990, deberán presentarse los siguientes documentos:

1. Certificación autenticada expedida por asociaciones de técnicos electricistas con personería jurídica vigente y antigüedad mínima de cinco (5) años, empresas o personas jurídicas de carácter público o privado relacionadas directamente con las actividades de la construcción o la ingeniería eléctrica, donde conste el ejercicio profesional y la clase de actividad desempeñada, especificando el tipo de proyecto e indicando las fechas de iniciación, terminación y la vinculación contractual correspondiente.

2. Certificado de existencia, representación legal y objeto social de la persona jurídica que extiende la certificación, expedido con antelación no superior a tres (3) meses...”.

...“PAR.—En caso de que la persona jurídica que deba expedir la certificación haya dejado de existir, se acudirá a los medios de prueba establecidos en el Código de Procedimiento Civil”.

La censura que plantea la demandante se circunscribe a que la Ley 19 de 1990 no dispuso una vigencia de tres meses para los certificados y en cuanto al parágrafo, se excedió el ejercicio de la potestad reglamentaria al permitir la prueba del ejercicio de la profesión por otros medios distintos a los establecidos en la ley.

Como lo ha manifestado esta corporación en otras oportunidades, la ley, por el carácter general que tiene, no puede prever todas y cada una de las circunstancias que se presenten en el momento de su aplicación. Por tal razón el reglamento cumple la función de hacerla expedita, señalando las particularidades que permitan la materialización y concreción de aquella.

En el evento sub lite, no observa la Sala que haya habido exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria, pues el espíritu de la Ley 19 de 1990 en su artículo 3º literal b) no fue otro que el de exigir la prueba de la idoneidad y ética de quienes no cursaron estudios, requisito este que se demuestra con la certificación a que hacen alusión la citada ley y el decreto acusado, sin que tenga incidencia alguna el señalar un término de vigencia para la misma, o ante la imposibilidad de obtener tal certificación, acudir a otro medio probatorio también autorizado por la ley (Código de Procedimiento Civil), dado que lo que se busca es la comprobación de la idoneidad y la ética, finalidad ésta de la que no se aparta el texto acusado.

En lo tocante al cargo que se hace al parágrafo del artículo 23 y que según la actora constituye un privilegio en favor de los ingenieros electricistas, por demás inequitativo y no autorizado por la ley, estima la Sala que está llamado a prosperar.

Señala el artículo 23:

“No podrán ejercer la profesión de técnicos electricistas, quienes no posean la correspondiente matrícula expedida en la forma establecida en el presente decreto.

PAR.—Se exceptúan de lo establecido en el presente artículo los ingenieros electricistas”.

No obstante ser el campo de acción de los ingenieros electricistas, mucho más amplio que el de la profesión de técnico electricista dada la mayor cobertura y envergadura de las obras realizadas por aquellos y que les permitiría en un momento dado ejecutar obras menores como las asignadas a estos, el haber exceptuado el parágrafo citado la obligación de la matrícula por parte de los ingenieros electricistas, que es la que faculta para el ejercicio de cualquier profesión, ciertamente excede la finalidad de la ley y por ello es viable decretar su nulidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad del parágrafo del artículo 23 del Decreto 991 de 1991, expedido por el Gobierno Nacional.

2. DENIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

3. DEVUÉLVASE la suma de dinero depositada para gastos del proceso que no fue utilizada.

4. COMUNÍQUESE al Ministerio de Minas y Energía.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha once de diciembre de mil novecientos noventa y dos.

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