Sentencia 2121 de octubre 18 de 1990 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA

CONSORCIOS

SON CONTRIBUYENTES

EXTRACTOS: «El texto de la norma parcialmente acusada es el siguiente:

“Los consorcios son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y para tal efecto, se asimilan a las sociedades limitadas”.

Ciertamente la jurisprudencia de la Corte ha sido reiterativa en exigir respecto de las normas que establecen gravámenes o impuestos, la determinación clara, inequívoca y específica de los elementos que integran la obligación tributaria como condición indispensable para su constitucionalidad.

Sin embargo, ello no significa que para que se tenga por debidamente satisfecha dicha exigencia, tal determinación deba encontrarse en la misma norma que impone el tributo; ella puede hallarse en otra disposición, como ocurre en el caso presente, donde se encuentra en el artículo 3º del Decreto 222 de 1983. Más aún, la técnica legislativa moderna aconseja dejar las definiciones a la doctrina, por no constituir normas jurídicas en sentido estricto, ya que no imputan una consecuencia a un determinado supuesto de hecho (si es A debe ser B) para utilizar terminología Kelseniana. Esto desde el punto de vista teórico y desde el práctico porque el legislador no es usualmente el mejor definidor. Recuérdase a este respecto las innumerables críticas de las definiciones de “ley” (C. C. art. 4º) y de “contrato” (C.C., art. 1495) en Ortega Torres, Jorge, Código Civil con notas, etc., 15a ed., Temis, 1982, pp. 20 y 628, respectivamente, contenidas en nuestra legislación civil, a lo cual se suma que la ley, por su propia naturaleza e históricamente desde el derecho romano, tiene una vocación de permanencia, que no se compadece con los constantes cambios de la vida socio-económica contemporánea Todos los días surgen nuevas formas contractuales—como los consorcios—que no se ajustan a la tipología de los contratos tradicionales, no aceptarlos retrotraería el derecho a la remota época anterior a los “contratos innominados”.

Los propios doctrinantes que cita el demandante coinciden en caracterizar el consorcio con una figura distinta de la sociedad, en virtud a la cual los entes consorciados actúan unidos en un centro de decisiones común con el propósito de realizar mancomunadamente una actividad, obra, operación o empresa determinada que de antemano compete a los consorciados y cuyo no mal y adecuado desenvolvimiento constituye simultáneamente el objeto y el fin de la agrupación, y que no conlleva la pérdida de su personalidad y autonomía jurídicas.

Por otra parte se tiene que los elementos típicos de esta forma de agrupación según la doctrina nacional y extranjera, coinciden con los previstos en la referencia legal contenida en los artículos 3º a 6º del Decreto Extraordinario 22 de 1983, de acuerdo a la cual, para los efectos de la contratación administrativa se entiende que consorcio es la unión de dos o más personas naturales o jurídicas calificadas para contratar con una entidad pública del orden nacional y que, previamente autorizadas al efecto, formulan una propuesta conjunta para celebrar y ejecutar determinado contrato, asumiendo todas una responsabilidad solidaria y sin que ninguna pueda ceder su participación en favor de las demás asociadas.

En efecto, dispone el artículo 3º del Decreto 222 de 1983 que:

“Cuando se considere que de la ejecución conjur de un contrato se deriven beneficios para la entid contratante, ésta podrá autorizar que dos o más personas puedan presentar conjuntamente la misma propuesta, generándose así el consorcio”.

Por lo expuesto, juzga la corporación que el precepto examinado determina con suficiente precisión y especificidad al sujeto pasivo de la obligación tributaria al establecer que los consorcios son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, pues la naturaleza jurídica y los elementos estructurales de esta forma asociativa están claramente caracterizados por la doctrina. Así pues, la disposición impugnada lejos de contrariar norma constitucional alguna es concreción del artículo 43 constitucional en cuanto por su intermedio el legislador desarrolla su competencia constitucional de establecer gravámenes y al dotar al precepto de precisión, garantiza que únicamente respondan por el tributo aquéllos a quienes su preceptiva señala como sujetos pasivos del mismo. Así se declarará.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia —Sala Plena— previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del señor procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Es EXEQUIBLE el inciso tercero del artículo 13 del Decreto 624 de 1989, seg{un el cual:

“Las consorcios son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y para tal efecto, se asimilan a las sociedades limitadas”.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente».

(Sentencia 146, octubre 18 de 1990. Expediente 2121. Magistrado Ponente: Dr. Hernnado Gómez Otálora).

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