Sentencia 21232 de septiembre 17 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Exp. 21232 Acta 62

Magistrado Ponente

Eduardo López Villegas

Bogotá, diecisiete de septiembre de dos mil tres.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del Banco Central Hipotecario —BCH— en liquidación, contra sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 24 de septiembre de 2002, en el juicio promovido por Abelardo Robles Gómez contra el recurrente.

I. Antecedentes

Abelardo Robles Gómez convocó a proceso al Banco Central Hipotecario, con el fin de que fuera condenado a reconocer y pagar pensión vitalicia de jubilación con fundamento en el artículo 94 del reglamento interno de trabajo de la entidad, equivalente al 4% del sueldo promedio mensual devengado durante el último año de servicios, por cada año de servicio, a partir del 7 de julio de 1997. Así mismo pidió intereses moratorios con arreglo al artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las mesadas atrasadas y en subsidio indexación.

Como apoyo de su pedimento señaló que prestó sus servicios al banco demandado en virtud de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 17 de noviembre de 1977 y el 6 de julio de 1997, en el cargo de supernumerario VI. El último salario promedio devengado fue la cantidad de $ 643.370,24. Se le canceló el contrato laboral a partir del 7 de julio de 1997, teniendo en cuenta la Resolución 0749 de 18 de abril del mismo año, mediante la cual el ISS le reconoció la pensión de invalidez de origen no profesional. Según el artículo 94 del reglamento interno de trabajo, tiene derecho a la pensión, de jubilación por haber sido retirado por causas independientes a su voluntad (fls. 2 a 7).

La empresa demandada en la contestación del libelo negó unos hechos y aceptó otros, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de inexistencia de la pretensión, pago, cobro de lo no debido, falta de causa y título para pedir, buena fe, compensación y prescripción. Adujo en su defensa que en la comunicación en que se puso fin al contrato de trabajo del actor se le explicó que el banco asumiría la pensión que establece el artículo 94 del reglamento interno de trabajo, pero en la parte que excediera el monto de la reconocida por el ISS por invalidez de origen común. Efectuada por la entidad los cálculos correspondientes encontró que no existía diferencia que debiera ser asumida ella, dado que la pensión otorgada por el ISS era de mayor valor (fls. 102 a 110).

Mediante sentencia de 30 de marzo de 2001, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, absolvió al banco demandado de todas las pretensiones del actor.

II. Sentencia del tribunal

En virtud de la política de descongestión, conoció en segunda instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales que mediante fallo de 24 de septiembre de 2002, revocó el de primer grado y condenó al banco demandado a cancelar en favor del actor la pensión reglamentaria en los términos previstos en el artículo 94 del reglamento interno de trabajo, a partir del 7 de julio de 1997, por un valor mensual de $ 306.123,29 con la advertencia de que cuando el ISS asuma el pago de la pensión de vejez, quedará a cargo del empleador, únicamente el mayor valor si lo hubiere. Del mismo modo fulminó condena por concepto de indexación de las mesadas atrasadas y condenó en costas a la parte vencida.

En lo que interesa al recurso extraordinario estimó el juzgador ad quemque el problema jurídico en el sub lite gira en torno a determinar si la pensión mensual vitalicia reconocida por el banco al actor con base en el artículo 94 del reglamento interno de trabajo, es compatible con la de invalidez de origen no profesional que le otorgó el Instituto de Seguros Sociales.

Señala que el principio de la unidad pensional y el fenómeno de la subrogación a que se ha referido la Jurisprudencia de la Corte y que invocó el a quocomo sustento de su decisión, se refieren al proceso gradual de sustitución del sistema prestacional directo a cargo del empleador por el de la seguridad social en cabeza del ISS regulado por la Ley 90 de 1946, el artículo 259 del CST y el Acuerdo 224 de 1996, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, dado que no pueden concurrir en un mismo individuo dos prestaciones encaminadas a cubrir un mismo riesgo.

Asevera que en el presente caso no son aplicables esos lineamientos jurisprudenciales, puesto que aquí se trata de una pensión extralegal, reconocida voluntariamente por el empleador con base en el reglamento interno de trabajo.

Y luego de transcribir el artículo 5º del Acuerdo 29 de 1985 aprobado por Decreto 2829 de ese año y el artículo 18 del Acuerdo 49 de 1º de febrero de 1990 aprobado por Decreto 78 de 11 de abril del mismo año, que dice se encuentra vigente por disposición del inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, concluyó el sentenciador de segundo grado que de acuerdo con esas disposiciones, la subrogación de las pensiones extralegales por parte del ISS sólo fue posible a partir de la expedición del Decreto 2829 de 1985 y se presenta únicamente en el momento en que el instituto asuma el pago de la pensión de vejez como lo establece el artículo 18 del citado Acuerdo 49 al disponer “... hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el instituto procederá a cubrir dicha pensión”.

Como en el presente caso no se encuentra demostrado que el ISS haya asumido el pago de la pensión de vejez sino la de invalidez por riesgo no profesional, el empleador no puede entenderse subrogado por el instituto en el pago de la pensión voluntaria.

Afirma después el juzgador que aunque es cierto que la entidad otorgó la pensión del artículo 94 del reglamento interno de trabajo, en consideración al reconocimiento de la pensión de invalidez por parte del ISS, “no puede afirmarse que tal prestación está diseñada para cubrir el riesgo de invalidez de los trabajadores del banco, pues, de acuerdo a su texto, ella es otorgada con carácter vitalicio, sin consideración al estado de invalidez del pensionado y a ella también pueden acceder quienes habiendo observado buena conducta, sean retirados por causas ajenas a su voluntad, después de 10 años de servicio. De manera, pues que en este caso, tampoco cabe aplicar el principio de ''unidad pensional'' a que alude el a quo”.

III. Recurso de casación

Contra la anterior providencia la parte demandada interpuso recurso extraordinario, el cual una vez concedido por el Tribunal y admitido por esta Sala, se procede a resolver previo el estudio de la demanda de casación y su réplica.

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que una vez constituida en sede de instancia, confirme la proferida por el a quo.

Para tal fin formula dos cargos, así:

Cargo primero.—“Acuso la sentencia impugnada de violar en forma directa y por interpretación errónea del artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990 expedido por el ISS, aprobado por el Decreto 758 de 1990; artículo 104 a 125 del CST”.

Para sustentar la acusación esgrime el censor que de haber el tribunal interpretado en forma acertada el artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990, habría concluido que el banco sólo estaba obligado a reconocer la pensión de origen reglamentario, siempre y cuando el demandante no estuviera gozando de la pensión por parte del ISS. El reproche que se le hace al fallo es el de condenar al patrono a una pensión voluntaria por un riesgo ya cubierto por haber recibido el actor la pensión de invalidez por parte del ISS.

Precisa el recurrente que la pensión de que aquí se trata es de origen voluntario por lo que se ubica en las previstas en el artículo 18 del acuerdo en comento, que no hace distinciones de ninguna índole. Es aplicable para el caso de la pensión legal, como de la reglamentaria o sanción, e igualmente abarca las reconocidas espontáneamente por el empleador, como las impuestas por decisión judicial, “su razón de ser es evitar la compatibilidad entre una y otra y, por ende, la duplicidad o coexistencia de varias prestaciones que cubran el mismo riesgo, situación última que fue corregida por el legislador nacional con la expedición de los artículos 16, 17 y 18 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por Decreto 758 de la misma anualidad, en virtud de los cuales se erigió la figura de la “compartibilidad”. Además, el parágrafo único del artículo 18 en comento, “es suficientemente claro, en el sentido de que las pensiones no serían compartidas en la medida en que tal situación estuviese manifestada en forma expresa por las partes o por quien le otorgase, eventualidad que para el caso bajo examen no se presenta”.

Cargo segundo.—Esta acusación por la vía directa es casi idéntica a la anterior, sólo que se invoca la modalidad de aplicación indebida y de conformidad con esta variante se ajusta el desarrollo del cargo.

La oposición por su parte afirma que los cargos debieron ser orientados por la vía fáctica, dado que la pensión concedida por el tribunal tiene su fuente en el reglamento interno de trabajo que es una prueba del proceso y que no le mereció ningún comentario a la acusación. Agrega que el sentenciador de segundo grado no realizó ninguna labor de interpretación en relación con la norma acusada ni la aplicó indebidamente.

IV. Consideraciones de la Corte

Habida consideración que ambos cargos se orientan por la vía jurídica, la Sala por razones de método los estudiará conjuntamente.

Dado que lo que se debate en este asunto es la compartibilidad o no de la pensión voluntaria otorgada al actor por el banco demandado con la de invalidez de origen no profesional concedida por el Instituto de Seguros Sociales, la vía directa por la que se orienta el ataque resulta acertada en cuanto se trata de una cuestión de denotación eminentemente jurídica, no asistiéndole razón a la oposición en la crítica neurálgica que le hace al cargo. Tampoco atina la réplica cuando le hace reparos a la proposición jurídica, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, es suficiente con que se señale una norma sustancial para que aquélla se considere integrada correctamente y es innegable que el artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, que es una norma de alcance nacional, tiene ese carácter y consagra el derecho que pretende reivindicar el recurrente en casación.

El argumento medular del tribunal para negar la pretensión del banco demandado a ser subrogado por el Instituto de Seguros Sociales en el pago de la pensión voluntaria que le otorgó al actor, consiste en que a su juicio, la subrogación obra sólo para cuando la prestación que reconoce el ISS es la de vejez, y no para cuando lo que concede, como en el sub lite, es una pensión de invalidez.

El tribunal se limitó a hacer una exégesis literal del artículo 18 de Acuerdo 49 de 1990, en el aparte que señala que la subrogación obra en el momento en el que se otorga una pensión de vejez, sin reparar que seguidamente la norma alude a que la causa de la misma, es la de que el empleador haya efectuado cotizaciones para los seguros de invalidez vejez y muerte; y si con la cotización se cubren las contingencias por vejez, por invalidez, o por muerte, con pensiones para el afiliado o para sus sobrevivientes, no tiene razón ni justificación hacer una lectura restrictiva de manera que se entienda que las cotizaciones sólo cubren una de las tres contingencias por las que se efectúan los aportes.

La interpretación que el ad quem hace del artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990 no se ajusta al recto sentido que debe dársele a dicha norma concebida bajo la premisa de que las contingencias de invalidez, vejez y muerte son todas expresiones de una misma protección, la de ofrecer amparo al grupo familiar del afiliado ante las necesidades surgidas por la muerte, por la pérdida o disminución de la capacidad laboral de uno de sus miembros afiliados al sistema.

La protección que brinda la seguridad social, con prestaciones que tienen regulaciones diferenciadas según el contenido de las mismas, ha de obrar persiguiendo la misma finalidad, no sólo frente al afiliado, sino también frente a los aportantes al sistema, esto es, en nuestro caso, subrogando al banco en la obligación por pensiones voluntarias otorgadas después de octubre de 1985, con las que él reconoce, no solamente por vejez, sino por invalidez o de sobrevivientes.

Esta Sala ha puntualizado frente a las pensiones de invalidez y de vejez, que “ambas cumplen con la misma finalidad de protección al trabajador que sufre disminución de su capacidad laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional, o por el paso inexorable de los años, para el caso de pensión de vejez como bien lo asienta el tribunal en el fallo impugnado”. (Sent. feb. 11/98, rad. 10217).

Esta tesis concuerda con la de la unidad prestacional que la Sala ha reiterado entre otras en decisiones de 1º de septiembre de 1981, citada en sentencia 10452 de 30 de marzo de 1998 y en la 11926 de 13 de agosto de 1999, en las que concluyó:

“... El principio de unidad, aplicado al amparo, a las contingencias y a las correspondientes prestaciones rige por lo tanto en nuestro derecho positivo, tanto para el sistema prestacional directo, a cargo del patrono, como para el de seguridad social contributiva y para la etapa del tránsito del uno al otro. Corresponde además a la doctrina universal sobre la materia, conforme lo comprueban los convenios y recomendaciones internacionales, los cuales tendrían eventualmente, fuerza normativa supletoria conforme al artículo 19 del CST.

“La unidad y la universalidad de las prestaciones, principios lógicos consagrados por la ley que exigen la debida integración o coordinación de los beneficios, rigen tanto para el sistema prestacional directo a cargo del patrono como para el régimen del seguro social, y deben aplicarse también lógicamente, cuando en la etapa de transición de un sistema al otro las prestaciones se dividen o distribuyen entre ellos, o en algunos casos se comparten transitoriamente. Resulta entonces que esas distintas prestaciones no son compatibles, pero tampoco son acumulables.

“Las normas vigentes, como se ha explicado, impiden tanto la acumulación o duplicidad de beneficios, como su reducción al nivel mínimo imponible que puede dejar al trabajador parcialmente desprotegido frente a las garantías mínimas a que tiene derecho.

“El seguro social debe ser efectivo y las normas laborales eficaces, no sólo como lo indica la hermenéutica sino, principalmente como lo exige la justicia social...”.

Por las razones anteriores el cargo prospera y en consecuencia la Sala procederá a casar la sentencia gravada.

En sede de instancia además de las consideraciones expuestas en casación, debe precisar la Sala que las normas sobre compartibilidad de las pensiones atienden también a otro principio que regula los derechos extralegales que se les otorgan a los trabajadores, el de que el empleador tiene el poder de configurarlos a su voluntad, esto es, que puede conceder pensiones voluntarias con una manifestación de que ellas pueden ser incompatibles y por tanto subrogables con las que otorguen las entidades administradoras de la seguridad social.

En la decisión mediante la cual se le reconoció la pensión voluntaria aparece evidente que la intención de la entidad fue la de conceder una pensión subrogable por el Instituto de Seguros Sociales, pues así lo hizo saber expresamente cuando indicó que el valor de la mesada pensional “será igual a la diferencia entre la pensión que le reconoce el Seguro Social y la que liquide el banco”.

Así las cosas, se confirmará la absolución impartida en primer grado.

Sin costas en el recurso extraordinario. Las de la segunda instancia a cargo de la parte actora.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dos (2002), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el juicio promovido por Abelardo Robles Gómez contra el Banco Central Hipotecario —BCH— en liquidación. En sede de instancia, confirma la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá el 30 de marzo de 2001 y condena en costas a la parte demandante.

Cópiese, notifíquese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al tribunal.

_________________________________