INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE

FALLO INHIBITORIO POR SUSTRACCIÓN DE MATERIA

EXTRACTOS: «Se transcribe a continuación el artículo 3º de la Ley 53 de 1914 y se subraya la expresión demandada:

“''Ley 53 de 1914

(Octubre 29)

Por la cual se organiza el servicio nacional de medicina legal.

El Congreso de Colombia

DECRETA

ART. 3º—Los médicos colombianos con título que quieran prestar sus servicios como médicos legistas, se inscribirán ante el alcalde del municipio de su residencia, presentando el título que los acredite como médicos; y firmarán la diligencia de inscripción por cuadruplicado, para distribuirla así: un ejemplar a la sección correspondiente del Ministerio de Gobierno, uno para la oficina de Medicina Legal de Bogotá, uno a la oficina de Medicina Legal Departamental y otro que queda en la alcaldía respectiva” (se subraya lo acusado).

Son dos las hipótesis que contiene el artículo 3º de ta Ley 53 de 1914, pues con claridad se advierte en él, que es voluntad del legislador, por una parte, el que los médicos que quieran prestar sus servicios como legistas en los municipios se deben inscribir ante el alcalde del respectivo municipio de su residencia presentando el título que les acredite como tales y firmando con fines de control, registro y organización, la diligencia de inscripción por cuadruplicado para distribuirla así: un ejemplar a la sección correspondiente del Ministerio de Gobierno, uno para la oficina de Medicina Legal de Bogotá, uno a la oficina de Medicina Legal Departamental que queda en la alcaldía.

De otra parte, también es voluntad normativa del legislador el que los médicos que quieran acogerse a esta hipótesis sean sólo los colombianos y no los extranjeros; esta última es, como se ve, bien distinta de la primera.

Pues bien, es a la segunda de las hipótesis normativas a la cual se dirige la demanda, y su autonomía, suficiencia y eficacia dependen sólo de la expresión “colombianos” que es la acusada y por ello se procederá a su juicio en esta sede, sin atender la petición del Ministerio Público.

2. Los derechos civiles de los extranjeros y la norma acusada.

Esta corporación encuentra que desde el punto de vista formal, el artículo 3º de la Ley 053 de 1914 ha sido objeto de referencia por diversas disposiciones posteriores que han mantenido su vigencia, la que no ha sido alterada en forma expresa ni tácita, no obstante la abundante y extensa normatividad que regula los demás aspectos del servicio de medicina legal en sus elementos estructurales, administrativos, orgánicos, funcionales y operativos, y en lo que se relaciona con sus vínculos con el proceso penal, con la administración de justicia y los recursos humanos y técnicos que comprende, toda la cual ha debido ser revisada en este juicio.

Además, desde el punto de vista histórico se tiene que las posibilidades de cumplir la función pública de la medicina legal en todo el territorio nacional y radicada de antaño en cabeza del Estado, eran evidentemente restringidas en cuanto a su extensión por la carencia de recursos administrativos y humanos y por la misma dimensión y separación de los territorios de la República; en estas condiciones con el citado Artículo 3 º se trataba de complementar las funciones de auxilio de la justicia y de satisfacción de las necesidades sociales con la colaboración de los médicos que sin estar vmculados por ninguna relación contractual o de función oficial permanente con las entidades públicas de los distintos órdenes de administración encargadas de este servicio, pudiesen en las citadas condiciones atenderlas en los municipios con su idoneidad profesional acreditada mediante la inscripción ante el alcalde.

Ahora bien, el texto de la Carta es explícito en garantizar a los extranjeros el disfrute en Colombia de los mismos derechos que se concedan a los colombianos, permitiendo a la ley por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros (art. 11, C.N.).

Este mismo principio supone que el juez de la constitucionalidad de las leyes debe ejercer su misión en procura de asegurar que los derechos civiles y las garantías sociales no sean limitados sino dentro de las precisas y especiales condiciones que establezca la Carta; por lo tanto, se estima que en una sana lectura del inciso primero del artículo 11 de la Carta, lo que quiere el constituyente es que las razones de orden público sean racionales y justificables, legitimadas por los fines que persigue el Estado.

Es cierto que esta norma corresponde al artículo 5º del Acto Legislativo 1 de 1936, por lo cual la demanda de la norma impugnada da lugar a la consideración de la llamada inconstitucionalidad sobreviniente, para fundamentar, según algunos doctrinantes, un fallo inhibitorio. Esta cuestión surge del análisis del artículo 9º de la Ley 153 de 1887 que dice:

“La Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se desechará como insubsistente” .

Otros doctrinantes señalan que el artículo 9º de la Ley 153 de 1887, que se expidió con relación a la legislación existente antes de la Constitución de 1886, tiene plena vigencia respecto de normaS legales anteriores a reformas constitucionales que se le opongan, lo cual viene a corroborar el carácter normativo de la Constitución y su poder derogatorio como ley suprema del Estado.

La reforma constitucional de 1910 al consagrar el control de constitucionalidad por acción (art. 214) y por excepción (art. 215), en manera alguna derogó o modificó el artículo 9º de la Ley 153 de 1887 como parece darlo a entender la sentencia de abril 9 de 1970 cuando dice:

“...pero ello no significa que cuando una ley anterior a un precepto constitucional resulta contraria a éste, sólo haya el camino de la excepción, el de desecharla como insubsistente y dejar de aplicarla en un caso concreto, con el riesgo de decisiones contradictoria y la consecuente incertidumbre, casi indefinida, sobre su vigor, porque también una norma constitucional posterior a dicha Ley 153 de 1887, el artículo 41 del Acto Legislativo Nº 3 de 1910 organizó un sistema general de control de constitucionalidad de todas las leyes, mediante acción pública, para decisiones definitivas, en orden a preservar la integridad de la Carta, sin distinguir si se trata de un ataque directo a la norma superior en vigencia, o de uno sobreviniente, por la presencia de una disposición constitucional que no existía al momento de expedirse la ley”. (G. J. Nº 2338 bis. pág. 98).

Del anterior criterio jurisprudencial infíerense las siguientes premisas: a) Cuando se plantea por vía de acción un fenómeno de inconstitucionalidad debe siempre pronunciarse el órgano controlador; b) La Corte no puede decidir la revocación de una norma, sino solamente si es o no constitucional, y c) El no fallar de fondo es dejar como única vía de inaplicabilidad la de la excepción, creando incertidumbre por posibles decisiones contradíctorias.

Con relación a la primera, cabe responder que es lógica la premisa siempre y cuando se trate de normas vigentes, pues la sustracción de materia, de plena aceptación jurisprudencial, genera decisión inhibitoria por haber desaparecido la posibilidad del quebranto constitucional, y en estos casos no tiene por qué estudiarse el petitum de la demanda.

Respecto a la segunda, se replica que es bien distinto decir que una norma legal está derogada a decidir sobre su derogación. Puede y debe decirlo la Corte en ejercicio de su facultad de examen sobre vigencia de la norma impugnada para concluir precisamente en la inhibición por sustracción de materia; es lo que siempre ha hecho en estos casos...; y manifestación -que no decisión- en tal sentido despejaría la pretendida incertidumbre judicial.

La tercera premisa no es de recibo porque la inaplicabilidad de una norma presupone —presunción legal— que el precepto está vigente pues ha sido expedido por el legislador ordinario o especial según la soberanía que le entrega la Carta en su artículo 2º, y el órgano judicial debe aplicarlo a menos que sea opuesto a precepto constitucional alguno.

Aceptar la excepción constitucional como vía para inaplicar una ley contraria a la reforma constitucional superior a ella, es sencillamente reconocer en forma tácita mayor rango a ese legislador pasado que el que tiene el constituyente derivado presente, y negar, por consiguiente, el carácter de norma suprema que tiene la Carta.

De todo lo cual se infiere que el criterio jurisprudencial tradicional se modifica en el sentido de que si del análisis sobre vigencia de norma anterior se deduce su contradicción con la nueva normatividad constitucional, la Corte se inhibirá de fallar por sustracción de materia, pero si la norma no fue derogada por dicha disposición constitucional, la Corte la juzgará de fondo. (*)

Así las cosas, esta corporación estima que la norma acusada encuentra fundamento tanto en el artículo 11, como en el artículo 62 de la Carta, puesto que existen razones de orden público que motivan dicha limitación y porque el legislador bien puede señalar las calidades necesarias para el desempeño de ciertos “empleos” en los casos no previstos por la misma Constitución.

Como se señaló más arriba la norma impugnada se encurentra vigente y sobre el particular es preciso citar también el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 2282 de 1999 (octubre 7), por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil, que dice así:

“ART. 1º—Introdúcense las siguientes reformas al Código de Procedimiento Civil:

1. El artículo 8º quedará así:

(*) Véase el fallo de agosto II/88, J y D., tomo XVII, pág. 909.

Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Para cada oficio se exigirán versación y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, título profesional legalmente expedido. Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio, y no podrán gravar en exceso a quienes solicitan que se les dispense justicia por parte del poder público”.

Como se señaló, la norma en cuestión regula una de las manifestaciones de la función pública, en especial la de la medicina legal, vinculada de antaño con el servicio de la administración de justicia. En estas condiciones es entendible que el legislador haya dispuesto la mencionada limitación, basado en la idea de mantener en esta disciplina unos presupuestos coherentes con toda la regulación que se dirige a señalar calidades y antecedentes de los funcionarios que atienden dicho servicio. Ciertamente, en este caso la actividad que prestan los médicos legistas tiene un carácter indudable de auxilio a la administración de justicia, y por tanto las funciones que realizan estos profesionales adquieren un carácter público que explica por qué la ley establece la limitación en consonancia con las normas y principios que sobre el particular establece la Carta.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema deJusticia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el señor Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLE la expresión “colombianos” contenida en el artículo 3º de la Ley 53 de octubre 29 de 1914 “por la cual se organiza el servicio nacional de medicina legal”.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente».

(Sentencia Nº 143, octubre 11 de 1990. Expediente 2126. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

ACLARACIÓN DE VOTO

Respetuosamente nos permitimos manifestar nuestro acuerdo con la tesis que la sentencia sienta con respecto a la llamada inconstitucionalidad sobreviniente. pero nos parece del caso presentar algunos argumentos que, en nuestro sentir, contribuyen a una mejor comprensión del fenómeno jurídico de que se trata.

Nos parece importante, en efecto, deslindar las figuras de la derogatoria de normas y de la inexequibilidad de las mismas para empezar diciendo que en ambos casos se trata de una inconciliabilidad entre distintos preceptos, como se verá luego, y de un resultado de tal incompatibilidad que se traduce en que uno de tales preceptos queda excluido del ordenamiento jurídico; hasta ahí llegan las similitudes entre las dos instituciones y han de tenerse luego en cuenta las diferencias.

Tales diferencias son fundamentalmente las siguientes:

La derogatoria o insubsistencia de una disposición se produce por el simple advenimiento de una norma de igual o superior rango que le sea contraria sin que sea necesario un pronunciamiento específico de que así ha acontecido, lo cual elimina que se precise de una acción a ello dirigida en concreto y de un tribunal encargado de emitirlo; en otros términos, la derogatoria se produce ipso jure. Esto es así no solamente por mandato del artículo 6º de la Ley 153 de 1887, que la sentencia trae a cuento con respecto a la fuerza derogante de la Constitución, y por estar así consagrado en los artículos 2º y 3º de la misma ley y 71 y 72 del C. C., sino por la calidad y naturaleza mismas de las cosas, esto es, por la operancia propia del sistema y la dinámica del ordenamiento jurídico que no se explicaría ni podría darse en otra forma. La sucesión en el tiempo de normas incompatibles ha impuesto siempre esta solución, fuera de que siempre ha sido posible también la derogatoria expresa.

Surge la inexequibilidad de una norma, en cambio, cuando ella viola otra anterior a la cual debe obedecimiento, de manera que la transgresión de un principio de mayor jerarquía es la nota dominante de esta figura. Fácilmente se comprende que ésta es una institución que solamente podía darse con el aparecimiento del constitucionalismo moderno y en la medida en que se acepte que hay una norma básica y de superior rango, pues no se comprendería sin la existencia de tal supuesto y, así mismo, se comprende que haya sido necesario en algunos sistemas, como entre nosotros, crear una acción especial tendiente a su establecimiento y de todas manera el reconocimiento de una instancia precisa para su declaratoria. La inexequibilidad, bien con o sin acción específica, aparece siempre rodeada de connotaciones y problemas políticos que nunca acompañan a la derogatoria.

Por ello, cuando hay derogatoria la regla que se pierde es la anterior a otra contraria igual o superior y cuando se da la inexequibilidad o verdadero contraste normativo la sacrificada es la norma posterior a otra que es superior, de manera que en esta última se presenta un problema político de enfrentamiento de poderes o al menos de competencia que no tiene lugar en el primer caso.

Otra diferencia consiste, como bien se comprende, en que en el caso de la ley insubsistente ésta es legítima mientras estuvo vigente e imperó sin mella del sistema, al paso que la ley inexequible estuvo desde su nacimiento afectada de grave mal y representó un ilegítimo ejercicio de la competencia legislativa. En el primer caso, la norma estuvo siempre sana y no lo estuvo en el segundo.

En fin, una ley derogada no revive si la derogante es a su turno derogada y en cambio la legislación anterior renace ante una declaratoria de inexequibilidad de la ley que pretendió extinguirla.

Ahora bien, teniendo en cuenta estas sustanciales diferencias, resulta igualmente claro que la competencia de la Corte como tribunal constitucional no es la de declarar derogatorias sino la de decretar la inexequibilidad que encuentra justificada, lo cual afirmamos; pero de allí se ha llegado a la tesis extrema de sostener que en todos los casos en que se le invite a confrontar una ley anterior con una disposición constitucional posterior su decisión ha de ser de inhibición sin que se haga ningún estudio de fondo de si se ha operado o no la derogatoria, pues, se dice, ésta no es su función.

Creemos, por el contrario, que la solución intermedia que da la sentencia en el sentido de que la incompatibilidad debe estudiarse y habrá de pronunciarse decisión inhibitoria si ella se encuentra establecida, o decisión de fondo en caso contrario, es la adecuada por que la subsistencia de la norma es un requisito de procesabilidad, esto es, que se impone saber primero si la regla que se juzga está o no vigente para que sea posible proceder a un examen y pronunciamiento de mérito, a lo cual se agrega que esto es lo que normalmente hace siempre la Corte para determinar si hay objeto actual de sentencia sin que se vea que el procedimiento o la elaboración lógica deban ser diferentes cuando la derogatoria se opera por medio de una norma de igual jerarquía y cuando se debe a una norma constitucional, superior; en ambas ocasiones la decisión ha de ser inhibitoria si hay sustracción de materia y de fondo en caso contrario.

En esta forma, por cierto, se cumple con una necesidad de la seguridad jurídica pues existe una sentencia que claramente señala si existe o no la norma anterior y, en su caso, si existe sin vicios.

Pero además, adviértase que dada la frecuencia de las reformas constitucionales entre nosotros (casi que uno o dos Actos Legislativos cada año), la tesis extrema inhibitoria daría lugar a la situación nada ideal de que proliferaran inmensamente las abstenciones, puesto que una cantidad bastante considerable de normas legales, fueron expedidas antes de alguna enmienda constitucional y en consecuencia, la Corte no podría entrar a estudiar su contenido, debiéndose limitar a señalar aquella circunstancia y sembrando por doquier la incertidumbre jurídica; secuela ésta que no parece compatible con el papel definitorio que sin cortapisas le ha asignado la Carta fundamental.

Fecha Ut supra.

Pablo Julio Cáceres Corrales—Pedro Augusro Escobar Trujillo—Dídimo Páez Velandia—Jaime Sanín Greiffenstein. 

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