Sentencia 21261 de febrero 23 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: 21261

Acta número 10

Magistrada Ponente:

Isaura Vargas Díaz

Bogotá, D.C., veintitrés de febrero de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Blanca Cecilia Bardales Infante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 4 de octubre de 2002, dentro del proceso instaurado contra la Lotería la Nueve Millonaria de la Nueva Colombia Ltda.

I. Antecedentes

Blanca Cecilia Bardales Infante demandó a la Lotería la Nueve Millonaria de la Nueva Colombia Ltda. con el fin de que se condene al reconocimiento y pago de “la indemnización por despido sin justa causa consistente en el reconocimiento del plazo presuntivo hasta cumplir el período de 6 meses, es decir desde el 20 de febrero de 1998 hasta el 19 de agosto de 1988 (sic) a razón de un salario diario de $ 125.455.56, para un total de $ 22.582.000 pesos (...) la indemnización por mora (...) el daño emergente consistente en 30 días de salario por cada año de servicios o fracción de año (...) la indexación de las sumas susceptibles de esta situación (...) el pago de las costas” (fl. 32).

Pretensiones que fundó, en síntesis, en que, trabajó para la entidad demandada mediante contrato a término indefinido desde el 20 de febrero de 1995 hasta el 20 de febrero de 1998, cuando la sociedad demandada le terminó el contrato de trabajo sin justa causa, y que su último cargo desempeñado fue el de jefe de sistemas, por el que devengó finalmente un salario promedio mensual de $ 3.763.667.

Afirmó que por su calidad de trabajadora oficial, el contrato estaba regulado por la Ley 6ª de 1945 y el Decreto 2127 del mismo año, que señala que los contratos en los que no se estipule término de duración, “tienen un plazo presuntivo, en (sic) el cual se entiende celebrado por 6 meses y se van prorrogando por los mismos períodos, por el solo hecho de seguir laborando el trabajador” (fl. 31); además dijo que agotó la vía gubernativa, con respuesta desfavorable.

La demandada al responder, se opuso a todas las pretensiones y condenas, y aceptó que prestó sus servicios desde el 20 de febrero de 1995, mediante contrato a término indefinido, el salario promedio devengado; y dijo, que la terminación del contrato de trabajo le fue comunicada el 19 de febrero de 1998, mediante oficio de la misma fecha, recibido por la administradora del conjunto residencial de su lugar de habitación, por cuanto “había abandonado el sitio de trabajo sin justificación alguna” (fl. 41); que no hubo despido injusto toda vez que “comunicó la terminación del contrato a su vencimiento” (ibíd.).

En la primera audiencia de trámite propuso las excepciones de pago, no existencia de la obligación; y sostuvo que la terminación del contrato estuvo ajustada a la ley, por cuanto obedeció a la expiración del plazo pactado o presuntivo.

Mediante fallo del 20 de junio de 2001 (fls. 140 a 149), el Juzgado Doce Laboral del Circuito de esta ciudad, absolvió a la sociedad demandada de todas las pretensiones interpuestas por la demandante, corriendo las costas a cargo de dicha parte.

(...)

IV. Consideraciones de la Corte

Precisa la Corte que la discusión planteada mediante el recurso extraordinario gira en torno a la prórroga del contrato de trabajo existente entre las partes, en consideración a la fecha que ha de tomarse para entender que se cumple el presuntivo laboral.

Teniendo en cuenta la vía seleccionada para el ataque el impugnante expresamente acepta: “Partiendo de los supuestos de hecho, que la presente acusación formulada por la vía directa no controvierte, consistentes en que Blanca Cecilia Bardales Infante laboró al servido de la Lotería la Nueve Millonaria de La Nueva Colombia Ltda., entre el 20 de febrero de 1995 y el 20 de febrero de 1998” (fl. 8 cdno. 3); con estos supuestos fácticos se entra al tema objeto de la controversia.

Como quiera que la solicitud de la impugnación en esencia se contrae a que debe corregirse la postura de la Corte, en relación con la prórroga del contrato de trabajo a término indefinido regido por la Ley 6ª y el Decreto 2127 ambos de 1945, toda vez que dista mucho del entendimiento razonado de lo que considera “la práctica judicial académica y doctrinal” (fls. 9 y 11), cabe decir que lo cierto es que no existen motivos jurídicos que permitan el cambio de jurisprudencia impetrado; el cual ha sido constante por cuanto siguen vigentes los soportes legales en que se fundamenta como son el artículo 67 del Código Civil y el 59 del Código de Régimen Político y Municipal, así lo expresó la Sala entre otras en sentencias de 4 de diciembre de 2002, radicación 18991; 19 de julio de 2000, radicación 13732, y 7 de julio de 1992, radicación 4948, en esta última se precisó:

“Desatendido el reproche de la opositora, puede, sin más, anotarse que ciertamente el tribunal interpretó erróneamente la ley, ya que el artículo 59 del Código de Régimen Político y Municipal, subrogatorio del 67 del Código Civil, preceptúa con meridiana claridad que los plazos de años y de meses de que se haga mención legal deben entenderse como los del calendario común y que el primero y el último día de un plazo de meses o de años deberán tener “un mismo número en los respectivos meses”.

“Esta regla de hermenéutica sobre el cómputo de los plazos de meses y años ha sido motivo de recurrentes interpretaciones en las cuales se pretende hacerle decir a la ley algo diferente a lo que ella diáfanamente dispone, con el argumento por parte de quienes pretenden buscarle un espíritu oculto al artículo 59, de que de otra manera resultaría un día adicional tanto en la contabilización de los meses como de los años, o, como aquí ocurrió, que faltaría un día para completar el término.

“Sin embargo, es lo cierto que estas interpretaciones que se separan del claro tenor literal de la ley en pos de un espíritu de ella que difiere de su expreso texto, no han tenido acogida, y no pueden tenerla porque cualquier inteligencia de dicho precepto legal que pretenda decir algo diferente a lo que él textualmente dice supone necesariamente un desvarío.

“En efecto, la norma en comento dispone:

“Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la media noche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, por día el espacio de veinticuatro horas; pero en la ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal.

“El primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 ó 31 días, y el plazo de un año de 365 ó 366 días, según los casos.

“Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare de más días que el mes en ha de terminar (sic) el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes.

“Se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones edad, y en general a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades nacionales, salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa”.

“De lo trascrito y especialmente de los apartes de la norma que para destacarlos resalta la Sala, resulta a simple vista que tratándose de plazos o términos de meses o años el primero y el último del día del plazo o del término deben tener el mismo número de los respectivos meses. Esto es, y para decirlo aun de manera aún más gráfica si se quiere, los plazos o términos deben correr de “fecha a fecha”.

“No está demás recordar que en igual sentido interpretó dicha norma el Consejo de Estado mediante providencia de 12 de abril de 1984, dictada por la Sección Tercera de su Sala de lo Contencioso Administrativo, radicación 4323; y que también la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia entendió de igual manera dicho artículo en sentencia de 15 de junio de 1981, que corre publicada de la página 209 a 215 del tomo CLXIV de la Gaceta Judicial”.

Ahora bien, tal y como lo consideró el tribunal, dentro del régimen contractual de la Ley 6ª de 1945 desarrollado por el Decreto 2127 de la misma anualidad, se dispone que el contrato celebrado a término indefinido o sin fijación de término se entenderá por seis meses y prorrogado por períodos iguales de seis en seis meses, por el hecho de continuar el trabajador prestando sus servicios al empleador con su consentimiento expreso o tácito con posterioridad a la expiración del plazo presuntivo, artículos 40 y 43 del citado Decreto 2127.

En efecto, si como se dejó establecido, en el sub judice el trabajador inició la prestación de servicios a la demandada el 20 de febrero de 1995, la duración de su contrato por plazo presuntivo transcurría de cada 20 de febrero o agosto de cada anualidad por un período igual de seis meses y así sucesivamente. Pero, lo cierto es que, el contrato no se renovó el 20 de febrero de 1998, como lo estableció el ad quem, bien por determinación de la empleadora, o porque la demandante no laboró desde ese día 20 del mes ya citado, por el hecho de no haber continuado prestando sus servicios desde la expiración del plazo presuntivo, por tal razón se entiende que el contrato no fue prorrogado en el tiempo.

Lo anterior no muestra la equivocación que dice el recurrente incurrió el fallador de segunda instancia por aplicación indebida o interpretación errónea de los preceptos reseñados, lo que significa que los cargos no están llamados a prosperar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 4 de octubre de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso instaurado por Blanca Cecilia Bardales Infante contra la Lotería la Nueve Millonaria de La Nueva Colombia Ltda.

Costas en el recurso a cargo del recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

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