Sentencia 21278 de febrero 27 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 21278 de 2004

Acta 12

Magistrada Ponente:

Dra. Isaura Vargas Díaz

Bogotá, D.C., veintisiete de febrero de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Faber de Jesús Durango Arias contra la sentencia dictada el 6 de febrero de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso instaurado contra el Instituto de Seguros Sociales.

(...).

IV. Consideraciones de la Corte

No le asiste razón a la réplica respecto a los reparos técnicos que le enrostra a la censura, específicamente en lo concerniente con la proposición jurídica incompleta, puesto que en tratándose del reclamo de un derecho de estirpe convencional, la norma legal sustantiva que otorga valor a este tipo de acuerdos es el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual fue citada por el recurrente, que además complementó con la invocación de los artículos 3º, 468 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo, y en lo que atañe con la aplicación de la misma, enunció los artículos 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965.

A este respecto cabe tener presente que si bien de antaño era indispensable conformar la denominada “proposición jurídica completa”, es decir, el enlistamiento de todas las disposiciones relacionadas con el derecho en litigio, hoy es suficiente con el señalamiento de “cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”.

Para el censor el eje central de la argumentación en el cargo, es que en el proceso, pese a estar demostrado “el carácter mayoritario de Sintraiss” con el contenido de la convención colectiva, el tribunal omitió su valoración y aplicación a la solución de la controversia.

En efecto, el juez de alzada para negar la petición de reintegro consagrada en el artículo 5º de la convención colectiva de trabajo, adujo que no reposaba en el expediente prueba de los siguientes supuestos fácticos, que a su vez son los mismos reproches que se le atribuyen: (i) que para la época de la terminación del contrato laboral la organización sindical agrupara a más de la tercera parte de los trabajadores de la entidad, (ii) que el trabajador fuera miembro firmante del acuerdo convencional, y (iii) que el actor se hubiere adherido después de la firma de la convención colectiva de trabajo.

En relación con el primer reproche, advierte la Sala que, revisado el texto de la convención colectiva (fls. 29 a 83), cuya valoración en verdad omitió el ad quem, en ella textualmente se expresa “El instituto, de una parte, y de la otra, El Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales, Sintraiss, entidad con personería Jurídica otorgada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante Resolución 1524 de mayo 31 de 1996, aprobada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se denominará El Sindicato, quien actúa como sindicato mayoritario de conformidad con el artículo 357 Código Sustantivo del Trabajo y representante de las organizaciones sindicales: ANEC, Asocolquifar, Asteco, Asdoas, ASBAS, Acodin, Asincoltras y Aciteq, quienes al firmar el presente texto, reconocen y aceptan tal representación con el principio de autonomía sindical, consagrado en el convenio de la OIT Nº 87 de 1948 aprobado por la Ley 26 de 1976” (fl. 30, negrilla fuera de texto).

Para la Corte es claro, que del referido texto se desprende sin duda alguna el reconocimiento por el Instituto de Seguros Sociales de que la organización sindical Sintraiss es mayoritaria, y si ello es así, es menester recordar que para demostrar si un sindicato, como en el asunto sub examine, agrupa a más de la tercera parte de los trabajadores de una entidad, no se requiere de prueba solemne.

Así lo ha sostenido la Corte, entre otras, en las sentencias del 28 de febrero de 2003, radicación 18253, agosto 5 de 2003, radicación 20458 y septiembre 29 de 2003, radicación 20868, en esta última dijo:

“Con todo quiere la Sala advertir que para demostrarse que un sindicato es mayoritario, no necesariamente debe establecerse a través del censo, pues existen distintos medios de prueba de orden legal a los cuales pueden acudir las partes y el juez”.

Sin lugar a dudas, el contenido y aprobación de la cláusula convencional transcrita, indican que Sintraiss actuó como sindicato mayoritario de conformidad con el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo texto reza:

“ART. 357.—Subrogado. D.L. 2351/65, art. 26. Representación sindical.

2. Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa” (negrilla fuera de texto).

Por su parte, el Decreto 1373 de 1966, reglamentario del Decreto 2351 de 1965, en su artículo 11 dispone que:

“2. Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con sindicatos gremiales o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mitad más uno de los trabajadores de dicha empresa (...)” (negrilla fuera de texto).

Pues bien, dichas normas definen claramente que la representación de los trabajadores en la negociación colectiva le corresponde a la organización que agrupe a la mayoría de los trabajadores de la empresa, es decir, a la mitad más uno de los empleados de la entidad; categoría que, como ya se anotó, ostentó Sintraiss en la contratación colectiva.

Además, desde el punto de vista probatorio, a quien le incumbía desvirtuar lo registrado en el acuerdo convencional era al instituto demandado, bien porque para la fecha de retiro del actor el número de trabajadores afiliados al sindicato y el número de trabajadores del Instituto de Seguros Sociales no era el mismo, ora porque hubiera variado el número de afiliados de cualesquiera de las otras organizaciones sindicales existentes en la demandada, puesto que la carga de la prueba se desplazó a él, cuando excepcionó (CPC, art. 177); actuación que no desplegó.

Ahora, en lo que atañe con los puntos segundo y tercero, que aseveró el tribunal no se probaron en el proceso, cuales son, que el trabajador fuera miembro firmante del acuerdo convencional y que se hubiera adherido después de la firma de la convención colectiva de trabajo; basta decir que, con fundamento en el artículo 38 del Decreto 2351 de 1965 y lo consagrado en el artículo 3º de la convención colectiva de trabajo, se acreditaba la extensión de los beneficios, sin que fuere procedente pretender que se demostrase ser miembro de la organización sindical.

En sentencia de julio 30 de 2003, radicación 20908, la Corte, al respecto, razonó:

“(...) Entonces, partiendo de la premisa probada en el proceso con las confesiones antes analizadas, esto es, que Sintraiss era el sindicato mayoritario en la accionada, no puede decirse que el tribunal haya apreciado erróneamente la cláusula convencional relativa a los “Beneficiarios de la convención”, pues, de su texto se deduce que para su aplicación al actor no era necesario que éste se encontrara afiliado a dicha organización sindical, ni que se hubiera adherido a sus beneficios, como lo sugiere la censura, ya que la convención colectiva contempla que de la misma pueden beneficiarse los trabajadores oficiales —calidad del demandante que no se discute— no afiliados al sindicato, mientras “no renuncien expresamente a los beneficios de esta convención (...)”.

De lo que viene de decirse, se concluye que el juez de la alzada incurrió en el error de hecho que le atribuye el cargo al haber omitido valorar el texto convencional referido, pues de haberlo estimado la conclusión hubiese sido contraria, en el sentido de haber dado por demostrada la calidad de sindicato mayoritario de Sintraiss, y tal inferencia hubiese llevado a resolución diferente del caso en estudio.

Por lo dicho, el cargo prospera.

IV. Consideraciones de instancia

Corresponde entonces a la Sala pronunciarse en primer término de las pretensiones principales del reintegro y sobre las inconformidades de los apelantes relativas al fallo de primer grado, para lo cual tomará en consideración que, por no haber sido cuestionada en casación, permanece incólume la conclusión de instancia de haber estado las partes unidas por un contrato de trabajo, donde ostentó el demandante la calidad de trabajador oficial entre el 21 de noviembre de 1966 y el 30 de marzo de 1999, así como el despido injusto.

Como quedó dicho, en la prosperidad del único cargó, dada la calidad de sindicato mayoritario de Sintraiss demostrada con el texto del acuerdo convencional donde el ente demandado aceptó esa categoría, y ante la ausencia de prueba que desvirtué esa inferencia o reste validez a dicho acuerdo, la misma es aplicable a Faber de Jesús Durango Arias; por así preverlo expresamente el artículo 38 del Decreto 2351 de 1965, contrario a lo expresado en el memorial de apelación por el demandado.

Sobre este aspecto, en sentencia del 4 de marzo de 2002 la Corte al resolver un caso, precisamente, contra el Instituto de Seguros Sociales dijo:

“(...) es del caso señalar que la convención colectiva de trabajo celebrada por un sindicato mayoritario, entendido como tal al que agrupe a más de la tercera (sic) del total de los trabajadores, se extiende automáticamente a todos los trabajadores de la misma (...)”.

Por lo expuesto, partiendo de la inferencia de que el actor ostentó al momento de egreso la calidad de trabajador oficial, habrá de concluirse que es acreedor de los beneficios establecidos en la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales, Sintraiss (arts. 2º, 3º, 5º y 6º), la que fue aportada con el lleno de los requisitos del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, prerrogativas dentro de las cuales se encuentra la consagrada en el artículo 5º atinente a la estabilidad laboral a través del reintegro (fl. 35); razón por la cual se mantendrá en este aspecto la decisión de primera instancia; pero, modificándola en cuanto dispuso el pago de las cesantías al demandante, por ser dicha condena incompatible con el reintegro. En su defecto, las cesantías causadas deberán ser reconocidas y depositadas en los términos previstos en la ley y la convención.

De otra parte, en relación con la excepción de prescripción formulada en la contestación de la demanda y en la que se ratifica el opositor en el escrito de la réplica, en cuanto a que la acción de reintegro se encuentra prescrita a la luz de lo establecido en el artículo 3º de la Ley 48 de 1968, es preciso traer a colación el criterio reiterado de la Corte, según el cual, la prescripción especial de la acción de reintegro, consagrada en el artículo 3º de la Ley 48 de 1968, no es aplicable para cuando se trata de reintegro de carácter convencional; y, revisadas las fechas de egreso y presentación de la demanda, se tiene que el término prescriptivo ordinario de los 3 años no transcurrió y, por ende, no se estructuró la excepción propuesta.

En consecuencia, habrá de casarse la sentencia impugnada, y en sede de instancia se confirmará la sentencia del juez de primer grado en cuanto dispuso el reintegro convencional y sus consecuencias económicas, y se modificará en cuanto a la condena a pagar las cesantías, por cuanto las causadas deberán ser reconocidas y depositadas en los términos previstos en la ley y en la convención.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 6 de febrero de 2003, en el proceso instaurado por Faber de Jesús Durango Arias contra el Instituto de Seguros Sociales y, en sede de instancia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí el 20 de septiembre de 2002, en cuanto dispuso condenar al Instituto de los Seguros Sociales al REINTEGRO del señor Faber de Jesús Durango Arias al cargo que desempeñaba, con el pago de todos los salarios y prestaciones sociales legales y convencionales desde la desvinculación hasta el reintegro.

2. MODIFICAR la condena referida al pago de la cesantía, en cuanto las causadas deberán ser reconocidas y depositadas de conformidad con la ley y la convención.

3. Confírmese en lo demás.

Sin costas en el recurso. Las de las instancias serán a cargo de la demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Isaura Vargas Díaz—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Náder—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

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