Sentencia 2131-01 de enero 24 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente C-2000131100011994-2131-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., veinticuatro de enero de dos mil cinco.

Se decide el recurso de casación que interpuso Calixto Oyaga Ospino, respecto de la sentencia de 25 de octubre de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil - Familia, en el proceso ordinario del recurrente contra el Banco Ganadero.

(...).

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La responsabilidad civil que se deriva del abuso del derecho, supone, desde luego, la existencia de un derecho, solo que su ejercicio se realiza sin sujeción estricta a los fines económicos y sociales para el cual fue establecido, y al margen de los límites que el mismo ordenamiento jurídico señala.

El acreedor, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 2488 del Código Civil, puede embargar y secuestrar bienes para, llegado el caso, cubrir su crédito, los intereses y las costas del proceso. Derecho que, sin embargo, no es absoluto, porque el artículo 2492, ibídem, en concordancia con el artículo 513-8 del Código de Procedimiento Civil, lo limita “a lo necesario”, a la par que, como es apenas obvio, únicamente puede recaer sobre bienes embargables del deudor y no de terceros.

En el ejercicio de esa facultad, el acreedor incurre en abuso del derecho, generador de responsabilidad civil, cuando las medidas cautelares que a instancia suya se practican son excesivas, a pesar de lo cual las mantiene, y cuando las mismas se proyectan sobre bienes que no son del deudor. La Corte tiene explicado que constituye abuso del derecho embargar “bienes del ejecutado en cuantía que exceda los límites legales” (Sent. dic. 2/93, CCXXV-728), mantener medidas, que “ninguna garantía prestan para la efectividad de la obligación perseguida” (Sent. oct. 11/73, CXLVII81-82), y comprometer “haberes pertenecientes a terceros” (Sent. mayo 27/64, CV II-234-235).

En tales eventos, al demandante le corresponde demostrar el daño causado, la culpa del demandado y la relación de causalidad entre esta y aquel. Sobre el particular la jurisprudencia ha precisado que el “empleo abusivo de las vías de derecho, solo puede ser fuente de indemnización, cuando, simultáneamente con la demostración de la temeridad o mala fe con que actúa quien se vale de su ejercicio, el demandante acredita plenamente el daño que ha sufrido y su relación causal con aquellas” (Sent. jul. 12/93, CCXXV-97-98).

2. En el caso, el tribunal desestimó las pretensiones, argumentando que como las máquinas combinadas no se encontraban en el patrimonio del demandante “para cuando se practicó el secuestro”, ningún daño pudo causársele. Adicionalmente, porque en el evento de haber ocurrido el daño, de todas formas “no se podría predicar culpa o dolo del demandado”, debido a que el Banco Ganadero pidió las medidas por tener reportados esos bienes como de propiedad del ejecutado.

3. Afirma el recurrente que la primera conclusión es producto de la comisión de errores de derecho y de hecho probatorios. Aquellos, al restarle eficacia demostrativa al contrato de compraventa tantas veces citado, pese a que lo calificó de auténtico e idóneo, y al tener la declaración de renta del demandante como medio conducente, sin serlo, para acreditar el derecho de dominio.

a) Con relación a la declaración de renta, el error es inexistente, porque el tribunal no exigió un medio específico para acreditar el hecho, al contrario, indicó que como las “máquinas agrícolas embargadas y secuestradas” eran “bienes muebles no sujetos a registro”, existía “libertad probatoria en cuanto a su propiedad”. Distinto es que al no aparecer relacionadas las máquinas en esa declaración ni denunciada la obligación que adquirió el demandante para pagar su precio, se haya inferido que tales bienes no figuraban en el patrimonio del demandante, caso en el cual el error sería de hecho.

b) Respecto del contrato de compraventa, si en la sentencia se predicó su autenticidad, inclusive con referencia a su fecha cierta, como suficiente para concluir que el demandante “acreditó ... haber realizado la negociación” de las combinadas, como se reconoce en el cargo, esto descarta la violación de los artículos 264, 279 y 280 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente, el artículo 258, ibídem, en el sentido de que el aludido contrato se tuvo en cuenta sólo para advertir que “Quiroz y Oyaga han sido codeudores”, porque siendo cierto que aquel suscribió dicho contrato como “fiador”, a ese contenido lo que opuso fue la confesión de éste sobre que “no han sido codeudores el uno del otro”.

Desde luego que así se hubiere acreditado la negociación con el contrato de compraventa, esto no significa que se haya verificado la transferencia de la propiedad, dada la distinción entre el título y el modo, pues sabido es que el contrato es simplemente fuente de obligaciones, entre ellas la de efectuar la tradición, cuyo cumplimiento, en los casos y formas establecidas en la ley, es lo único que incide en el derecho real de dominio, según así lo explicó la Corte, tratándose de la compraventa de automotores terrestres, como el del caso, en Sentencia 74 de 20 de junio de 2002.

En ese sentido, no estuvo descaminado el tribunal cuando de la susodicha declaración de renta, del interrogatorio del demandante, de la diligencia de secuestro y de unos pagarés, concluyó que a pesar de estar demostrada la “negociación”, las máquinas no integraban el patrimonio del actor para la época del secuestro.

4. Cosa diferente es que con relación a la diligencia de secuestro, en el proceso se hubiere acreditado que el modo de la tradición de las máquinas combinadas se realizó o que los medios apreciados sí lo indican, solo que fueron tergiversados. Sobre el particular el tribunal no incurrió en los errores de hecho que se denuncian con las características de manifiestos y trascendentes.

El informe de visita previa no pudo ser adicionado en el sentido de que reporta las combinadas como de propiedad del entonces ejecutado, porque con independencia de su contenido, el propio recurrente es quien acepta que el citado documento “no prueba para nada la propiedad de dichas combinadas, ni en cabeza del doctor Oyaga, ni en cabeza del señor Quiroz”. Además, cuando el tribunal se refirió al informe lo fue solo para concluir que así se tuviera por demostrada la propiedad y posesión material de los bienes en cabeza del actor, de todas formas, por las razones que adujo, “no se podría predicar culpa o dolo en la conducta del demandado”.

Lo mismo cabe decir del acta de entrega de las máquinas por parte del secuestre al demandante, porque lo único que demuestra es ese hecho y el tiempo que el auxiliar de la justicia estuvo en relación con los bienes, pero no la tradición. En el auto de 9 de julio de 1981, mediante el cual se levantó la medida de secuestro, es cierto que se dijo que las máquinas eran de propiedad de dicho demandante, pero esa afirmación es simplemente neutral o intrascendente, porque la decisión se adoptó por la falta de notificación y emplazamiento del ejecutado, según lo autorizaba el entonces vigente inciso 79 del artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, mas no porque previo el trámite incidental, entre otras cosas declarado nulo, se hubiere controvertido el hecho.

En la sentencia no se menciona el contrato de prestación de servicios de recolección de 17 de mayo de 1979, reconocido en esa misma fecha por el demandante y por quien dijo ser representante de la Cooperativa Agropecuaria del Magdalena, pero su omisión resulta irrelevante. El alquiler de las máquinas dos semanas antes del secuestro no necesariamente constituye un acto de dominio o por lo menos que la tradición estuviere en cabeza del demandante, porque esa clase de convenios suelen celebrarlos tenedores, propietarios y poseedores, pero en el cargo no se alude a un medio que demuestre que se haya realizado en la calidad de propietario, que es la única que se aduce en la demanda, y porque si bien el actor advirtió en el comentado documento que las máquinas le pertenecían, se trata de una declaración en beneficio que no puede apreciarse como tal.

Igual resultado se predica del testimonio de Ludgerio Huertas Botero, porque lo relativo a que “prefería las máquinas del doctor Oyaga por estar cerca de mis cultivos”, es una respuesta escueta, sin explicación alguna, a preguntas sugeridas en ese sentido. De otra parte, el declarante afirma que en mayo de 1979 contrató con el demandante “el corte de arroz en sus cultivos” y aunque menciona que “embargaron la combinada que tenía lista para empezar la corta de arroz”, suficientemente quedó explicado que un contrato de esa naturaleza, es equívoco para demostrar la titularidad del derecho real de dominio.

Ahora, si la sentencia conviene que el demandante “acreditó” “haber realizado la negociación de las máquinas combinadas”, en nada incidiría las pruebas omitidas relacionadas con la “veracidad y el decurso de la negociación entre Fermín Peralta y Calixto Oyaga”, porque lo cierto es que los citados bienes “no estaban en el patrimonio del demandante” al momento del secuestro. En efecto, a ninguna conclusión distinta se arribaría, dado que conforme a la cláusula séptima del contrato en cuestión, el demandante recibió las máquinas a título de “mera tenencia”, toda vez que el vendedor se reservó la “propiedad de dicha maquinaria hasta tanto el comprador no pague la totalidad del precio estipulado”, y la última cuota, de las cuatro pactadas, debía cubrirse en mayo de 1980.

Por último, el recurrente manifiesta que ni el interrogatorio del demandante ni los pagarés que este suscribió a favor de la sociedad demandada, conjuntamente con el entonces ejecutado Quiroz Moscote, “desvirtúan la propiedad y posesión de aquel sobre las máquinas embargadas”. Con relación a la propiedad, que es, repítese, el fundamento de la demanda, que no la posesión material, como la afirmación supone que el derecho real de dominio de tales bienes se encontraba en cabeza del demandante al momento del secuestro, y como, de otro lado, ninguno de los errores denunciados que tendían a demostrar ese hecho resultó fundado, por lógica se impone que el tribunal en manera alguna tergiversó los anotados medios de prueba.

5. En ese orden, al quedar incólume la conclusión relativa a que las máquinas combinadas “no estaban” en el “patrimonio” del demandante para cuando fueron secuestradas, inferida por el tribunal, como quedó consignado, de la declaración de renta, del interrogatorio del demandante, de la diligencia de secuestro y de unos pagarés, la Corte se ve relevada de analizar los errores probatorios que con respecto al otro fundamento de la sentencia, la inexistencia de “culpa o dolo en la conducta del demandado”, por ser aquel pilar suficiente para sostenerla.

6. El cargo, en consecuencia, no se abre paso.

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

NO CASA la sentencia de 25 de octubre de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil - Familia, en el proceso ordinario de Calixto Oyaga Ospino contra el Banco Ganadero.

Las costas del recurso corren a cargo del demandante recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal».

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