Sentencia 21338 de mayo 12 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

AUTORIZACIÓN PARA DESPIDO COLECTIVO

PUEDE INVOCARSE AUN CUANDO LA EMPRESA ESTÉ EN CONFLICTO COLECTIVO

EXTRACTOS: «No se discute que el demandante fue despedido durante un conflicto colectivo y para ello se adujo autorización administrativa para realizar un despido colectivo en la empresa demandada.

El tribunal para confirmar la decisión de primera instancia, lo que hace por razones diferentes a las expuestas por el juez a quo, concluyó, fundado en jurisprudencia de esta Sala que trae a colación, que como la autorización para el despido colectivo no está prevista dentro de los modos legales de terminación del contrato previstos por el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, ni dentro de las justas causas que con ese mismo fin establece el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, el demandante está cobijado por el fuero circunstancial que consagra el artículo 25 del decreto antes citado, que solo permite el despido durante el conflicto colectivo con “justa causa comprobada” lo que, por lo anotado, para el juzgador no se da en este asunto.

Con fundamento en la anterior argumentación, entonces, no puede colegirse, como se sostiene en el primer cargo, que el tribunal incurrió en la infracción directa del artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo, porque si bien no lo aplicó, ello no puede imputarse a desconocimiento o rebeldía respecto a dicha norma, sino debido al alcance que le da el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 en cuanto exige justa causa comprobada; carácter que, por lo ya precisado, no le asignó a la autorización administrativa para despido colectivo, lo que inclusive es también aceptado por el recurrente. Y tampoco puede decirse que el juzgador aplicó indebidamente esta última disposición, porque desde su punto de vista, que no es desquiciado, al no ser justa causa la aducida para dar por terminado el contrato de trabajo del actor, este gozaba de la protección que la ley le otorga a los trabajadores durante el conflicto colectivo.

En consecuencia, el primer cargo no está llamado a prosperar.

En cuanto hace al segundo cargo, que está sustentado en términos similares al primero, pero con la diferencia que se denuncia la interpretación errónea de los artículos 25 del Decreto 2351 de 1965 y 36 del Decreto 1469 de 1978, se tiene que el censor, en lo pertinente, expone dicho concepto de vulneración de la ley así:

“(...) al presentarse el despido colectivo autorizado por la autoridad administrativa, el mismo prima sobre diversas formas de protección en la estabilidad del empleo. Y ello no es caprichoso, pues para obtener ese autorización, el empleador ha tenido que demostrar ante las autoridades administrativas del trabajo las circunstancias que le hacen imposible mantener los puestos de trabajo, resultando imposible fáctica y jurídicamente que posteriormente, por acciones de reintegro o de ineficacia de la terminación de los vínculos se le obligue a dar continuidad o reestablecer unas labores que está demostrado no podían continuar.

Entonces, al resolver en este caso el tribunal que se daba el denominado fuero circunstancial contemplado en el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, confirmando la improcedente declaración de ineficacia del despido dado por el a quo, cuando estaba probado que existía la autorización de despido colectivo que cobijaba al actor, interpretó erróneamente esa disposición e infringió el artículo 67 de Ley 50 de 1990 (...)”.

En relación con lo anterior hay que empezar por anotar que, como lo advierte el recurrente, esta Sala de la Corte en las providencias que este cita y transcribe, ha sostenido que la estabilidad en el empleo que para los trabajadores consagra bien sea la ley, las convenciones y pactos colectivos, no subsiste ante despidos colectivos autorizados.

Por lo tanto, con base en el precitado criterio, que se reitera, se tiene que aunque se esté en conflicto colectivo, la autorización administrativa para despido colectivo puede invocarse para dar por terminado el contrato de trabajo, sin que ello implique vulneración a la protección que consagra el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965.

Y no implica infracción a la estabilidad que esa norma prevé porque aunque el tribunal haya concluido fundado, se repite, en jurisprudencia de la Corte, que la autorización administrativa para despidos colectivos no se encuentra citada entre los modos de terminación legal del contrato de trabajo del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, ni dentro de las justas causas para el despido previstas por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, también lo es que el efecto que la ley le otorga a aquélla es que el empleador pueda dar por finalizado el contrato. Por lo tanto, siendo la autorización administrativa para despidos colectivos un móvil legítimo para despedir al trabajador, ello permite que así en su literalidad el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 aluda a “justa causa comprobada”, la misma tenga operancia en conflictos colectivos, ya que la finalidad de tal precepto cuando hace esa exigencia, es evitar que el rompimiento de los contratos sea represalia del empleador a raíz del conflicto. Supuesto que obvia y lógicamente queda descartado cuando se invoca la autorización administrativa para el despido.

Quiere decir lo hasta aquí comentado que el tribunal interpretó erróneamente la norma legal antes citada, al restringir su alcance frente a los conflictos colectivos del trabajo y, por este aspecto, el segundo cargo debe tenerse como fundado, pero por la razón que seguidamente se expresará no es suficiente para quebrar el fallo.

Y no lo es porque al entrar la Corte en las consideraciones de instancia encuentra que, para el caso, existe una circunstancia que impide concluir que el objetivo que se busca con la protección del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 no se infrinja con el despido del demandante, como es que, según se colige del documento de folio 247 del expediente, el mismo se produjo trascurrido más de un año de haber obtenido la empresa autorización para despido colectivo y solo lo concretó para este precisamente en una época en que en la empresa se desarrollaba un conflicto colectivo.

Para la Sala, al igual que lo ha sostenido para el caso del rompimiento del contrato invocándose justa causa, tratándose de despido colectivo con autorización administrativa, la efectividad de tal determinación debe ser oportuna, en forma tal que no queden dudas que el rompimiento del contrato sea producto de los motivos que justificaron la autorización y no por otro móvil».

(Sentencia de casación, 12 de mayo de 2004. Radicación 21338. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

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