Sentencia 21378 de febrero 18 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 21378

Acta 16

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., dieciocho de febrero de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Se considera

Estimó el tribunal, como fundamento esencial de su decisión, que no obstante ser procedente, de conformidad con los artículos 6º y 8º del Acuerdo 189 de 1965, ordenar a la demandada pagar al ISS los aportes dejados de cancelar entre julio de 1968 y el 31 de julio de 1971, la acción para reclamar se encontraba prescrita, porque, según dijo, entre esas últimas fechas y la presentación de la demanda habían transcurrido más de 20 años.

Frente a tal argumentación, no aparece equivocado que el ataque se hubiere planteado por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, entre otros, de los artículos 6º y 8º del Acuerdo 189 de 1965, como consecuencia de la violación medio, por aplicación indebida, del artículo 151 del CPTSS, de ahí que no se comparta ninguna de las objeciones de técnica que plantea el opositor, pues es indudable que el ad quem, a pesar de considerar las primeras de las disposiciones enumeradas como las pertinentes para regular el asunto, se abstuvo de hacerlas actuar por la aplicación que hizo de la última.

Con respecto a esta disposición (CPTSS, art. 151), debe señalarse además que ninguna exégesis hizo sobre ella el ad quem, pues simplemente se limitó a aplicarla, luego de verificar que entre las fechas de omisión en la afiliación y la presentación de la demanda habían transcurrido más de 20 años, de donde no puede afirmarse, como lo hace la oposición, que el submotivo de casación que debió alegarse respecto a ella debió ser la interpretación errónea y no la aplicación indebida.

Ahora bien, si se dio o no este tipo violación respecto del artículo 151 procesal, es cuestión que enseguida se dilucida.

Desde la existencia del extinto Tribunal Supremo del Trabajo, ha venido sosteniendo invariablemente la jurisprudencia, que el derecho a la jubilación en sí mismo, por su carácter vitalicio, es imprescriptible. Ya en fallo del 18 de diciembre de 1954, se dijo lo siguiente:

“El artículo 14, ordinal c) de la Ley 6ª de 1945 —para hablar solo del caso en litigio—, dispuso que toda empresa de capital superior a un millón de pesos estaba obligada a pagar al trabajador que llegara a los cincuenta años de edad o pasara de ellos, después de veinte años de servicios continuos o discontinuos, una pensión de jubilación de carácter vitalicio. Esto es, creó para los trabajadores que estuvieren dentro de las circunstancias descritas, una garantía sui generis, un verdadero estado, el de jubilado, que le daba derecho a percibir de por vida una determinada suma mensual de dinero, calculada sobre su salario. Ese estado no puede prescribir. De él no puede afirmarse que se pierde por el transcurso del tiempo. La única eventualidad que lo hace desaparecer de la vida jurídica es la muerte del trabajador. Mientras ello no ocurra, en cualquier tiempo y una vez reunidos los requisitos de edad y tiempo de servicio, el trabajador puede hacerlo valer legalmente frente a su patrón, y este estará obligado a pagar las mesadas correspondientes. Del estado de jubilado se puede predicar su extinción, mas no su prescripción. Este último fenómeno solo se presenta en cuanto a las mensualidades que debe percibir el trabajador una vez hecha la solicitud de reconocimiento con los requisitos de rigor, y que no recibe por su negligencia. La prescripción, en tal caso, determina la pérdida de aquellas mensualidades que se dejen de cobrar dentro del lapso a que se refiere el artículo 151 del Código de Procedimiento del Trabajo y su operancia es similar a la ya conocida para los salarios, con la diferencia de que para aquella prestación, como se trata de reconocimientos mensuales, irá corriendo mes por mes. Así, por ejemplo, la pensión correspondiente al mes de enero de 1949, habrá prescrito el 31 del mismo mes de 1952”.

No debe desconocerse que para su formación, el derecho de pensión requiere de la confluencia de dos circunstancias que necesariamente implica el transcurso de un lapso de tiempo bastante prolongado, que supera ampliamente los términos de prescripción de las acciones que emanan de las leyes sociales, en la medida que desde su iniciación hasta su culminación, deben transcurrir, por lo menos, 20 años de servicios o haberse cotizado al seguro durante mínimo 1.000 semanas.

Mientras el derecho está en formación, se ha dicho igualmente por la jurisprudencia, la prestación que está sometida “...a condición suspensiva, que solamente se perfecciona como derecho cuando concurren los requisitos que la ley exige...” (Cas. 31 de oct./57, G. J., LXXXVI, núms. 2188 a 2190, 2ª parte, pág. 747), lo que implica necesariamente que durante ese lapso no es exigible y, por lo mismo, que no opere en su contra plazo extintivo alguno, pues es solo a partir de que adquiere este atributo, que comienza a contarse el término de prescripción de las acciones tendientes a su protección, como lo tiene dicho esta Sala de tiempo atrás.

A pesar de ser complejo en su formación el derecho de pensión, no pueden mirarse aisladamente sus elementos constitutivos, en lo que respecta especialmente al tiempo de servicio o semanas de cotización que se requieren como condición para su exigibilidad, de modo que no puede predicarse, en este caso específico, que aunque el derecho en sí no prescribe, sí prescriben los elementos que lo conforman, porque en la practica sería imposible su gestación, dado lo prolongado de los términos. Así no cabría entender que un empleador quedaría liberado de su obligación pensional con respecto a un trabajador, que no reclamare por tiempo laborado, dentro de los tres años siguientes a la terminación de la relación de trabajo, cuando apenas su derecho a reclamar la pensión se perfeccionó en un tiempo posterior muy superior.

Ahora bien, si el derecho a la pensión es imprescriptible y durante su formación está sometido a la condición suspensiva de que confluyan los requisitos mínimos exigidos en la ley, no puede afirmarse contrariamente, que las acciones encaminadas a obtener su conformación, mediante el pago de las semanas dejadas de cotizar, estén sometidas al término trienal ordinario de prescripción, pues ello haría nugatorio su reconocimiento, toda vez que solo serían exigibles, tanto frente al empleador, como frente a la entidad de seguridad social, sino aquellas causadas durante este último lapso.

En este sentido es incuestionable el dislate en que incurrió el tribunal, como consecuencia de la aplicación indebida del artículo 151 del CPTSS.

Ahora bien, debe decirse que no se discute en el proceso que el demandante entró a laborar para la Fundación FES el 24 de julio de 1968 y lo hizo hasta el 31 de enero de 1972 (fl. 13).

Así mismo, tampoco está en discusión que el actor fue afiliado al ISS a partir del 1º de agosto de 1971 (fl. 14), es decir, que dejó de cotizar a esa institución dentro del lapso comprendido entre el 24 de julio de 1968 y el 31 de ese mismo mes del año de 1971, para un total de 156,428 semanas.

Planteadas así las cosas, resulta palmaria la infracción de las normas sustanciales que denuncia el cargo, por lo que al salir avante la acusación la sentencia deberá ser casada.

Antes de proferir la decisión de instancia, para mejor proveer, y atendiendo las pretensiones de la demanda, se ordenará oficiar al Instituto de Seguros Sociales, con el fin de que se sirva certificar lo siguiente:

Si al señor Jesús Antonio Cuéllar, identificado con la cédula de ciudadanía 6.060.335 de Cali, le ha sido reconocida la pensión de vejez por ese instituto y, en caso cierto, desde qué fecha y por qué valor, así como los valores tenidos en cuenta para establecer el ingreso base de liquidación de la pensión, mes a mes, junto con su actualización, conforme a la Ley 100 de 1993, para lo cual remitirá copia de los documentos pertinentes, y de su historia laboral.

En caso de que no le haya hecho reconocimiento económico por este concepto al señor Jesús Antonio Cuéllar, deberá informar el ISS si existe solicitud en tal sentido, así como los valores cotizados por dicho señor para pensión, desde el 1º de abril de 1994, mes a mes.

En caso de reposar en sus archivos, se solicitará copia del documento con el cual se acredita la edad del afiliado.

No habrá costas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 26 de febrero de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta Jesús Antonio Cuéllar a la Financiera FES S.A. Compañía de Financiamiento Comercial. Antes de proferir la decisión que corresponda en instancia, para mejor proveer se ordena oficiar al Instituto de Seguros Sociales, con los fines previstos en la parte motiva de este fallo.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

Francisco Javier Ricaurte Gómez.

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