SENTENCIA 2138 DE JUNIO 4 DE 1993

 

Sentencia 2138 de junio 4 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONTRATOS CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

DEBEN SUJETARSE A LOS PLANES DE DESARROLLO

EXTRACTOS: «Ante la terminante prohibición que consagra el inciso 1º del artículo 355 de la Carta Política, en el sentido de que ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, que como se sabe busca proteger el tesoro público, quiso el constituyente abrir un camino para que el Estado pudiese desarrollar algunos de sus cometidos, a través de la celebración de contratos con entidades privadas, y por esto en el inciso 2º ibídem que se señala como infringido por el acto acusado, dispuso:

“El gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”.

Del contenido de la norma transcrita se infiere que para buscar una garantía en la celebración de tales contratos, deben darse las siguientes condiciones:

a) Que se trate de entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad;

b) Que los contratos tengan por objeto el impulso de programas y actividades de interés público, y

c) Que dichos contratos estén acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo.

En relación con este último punto prevé el artículo 341 de la Carta:

“El gobierno elaborará el plan nacional de desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura y someterá el proyecto correspondiente al concepto del consejo nacional de planeación; oída la opinión del consejo procederá a efectuar las enmiendas que considere pertinentes y presentará el proyecto a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo.

Con fundamento en el informe que elaboren las comisiones conjuntas de asuntos económicos, cada corporación discutirá y evaluará el plan en sesión plenaria. Los desacuerdos con el contenido de la parte general, si los hubiere, no serán obstáculo para que el gobierno ejecute las políticas propuestas en lo que sea de su competencia. No obstante, cuando el gobierno decida modificar la parte general del plan deberá seguir el procedimiento indicado en el artículo siguiente.

El plan nacional de inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes; en consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores, con todo, en las leyes anuales de presupuesto se podrán aumentar o disminuir las partidas y recursos aprobados en la ley del plan. Si el Congreso no aprueba el plan nacional de inversiones públicas en un término de tres meses después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley.

El Congreso podrá modificar el plan de inversiones públicas siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero. Cualquier incremento en las autorizaciones de endeudamiento solicitadas en el proyecto gubernamental o inclusión de proyectos de inversión no contemplados en él, requerirá el visto bueno del Gobierno Nacional”.

De lo anterior la Sala colige sin mayor esfuerzo lo siguiente:

1. Es requisito sine qua non la existencia previa de una ley que apruebe el plan nacional de desarrollo e inversiones elaborado por el Gobierno (artículo 150 numeral 3º de la C.N.), con la participación activa de las entidades y organismos que señala el artículo 341 transcrito, pues es precisamente a éste al que debe sujetarse, estar conforme, en armonía o consonancia, la celebración de los contratos a que alude el inciso 2º del artículo 355.

2. Dicha ley no puede suplirse mediante la re-glamentación que expida el Gobierno Nacional, pues una cosa es que tenga la facultad para reglamentar lo relativo a los contratos, y otra muy diferente es que so pretexto de hacer tal regulación invada la esfera del legislador en lo que toca con el citado plan, el que por lo demás no sólo tiene cabida frente a contratos que se celebren con entidades privadas.

3. Por la forma como está concebido el tantas veces mencionado plan nacional de desarrollo, no puede pretenderse que los planes, programas y proyectos que haya aprobado o apruebe el Conpes, hagan las veces de aquél.

De otra parte, la circunstancia de que en el término de seis meses de que trata el artículo 341, el Gobierno Nacional no hubiese podido presentar el proyecto de ley mediante la cual se expida el referido plan, no justifica ni lo autoriza para hacer una regulación diferente a la concerniente a señalar la forma y procedimientos como han de celebrarse los contratos de marras, pues para proceder a dictar una normatividad de excepción se requería la habilitación que hiciera la nueva Carta Política en sus artículos transitorios, lo cual no aconteció.

Por las razones aducidas prosperan las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad del artículo 3º del Decreto 777 de 16 de mayo de 1992.

2. DEVUÉLVASE a la parte actora la suma de dinero depositada para atender los gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de junio 4 de 1993. Expediente 2138. Consejero Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez).

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