Sentencia 21403 de marzo 19 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

LABORES DE ASEO EN UNA OFICINA MUNICIPAL

QUIEN LAS DESEMPEÑA NO TIENE LA CALIDAD DE TRABAJADOR OFICIAL

EXTRACTOS: «El argumento medular del tribunal para catalogar a la codemandante Miriam Sánchez Arateco como empleada pública y no con la excepcional condición de trabajadora oficial, que es lo que se objeta en este cargo, es que las labores de aseo que cumplía en las oficinas de la administración municipal, pasillos, escaleras, ventanas, y atender la cafetería del ente administrativo, a que aluden los testigos ella cumplía, no tienen relación directa o indirecta con la construcción y el sostenimiento de una obra pública, y su planteamiento lo remata así el juzgador:

“No cabe duda que las labores de cafetería no tienen relación directa o indirecta con la construcción y sostenimiento de obra pública, lo que es suficiente para despachar desfavorablemente las pretensiones de la demandante”.

Teniendo en cuenta lo anterior y la vía directa seleccionada por el recurrente para encauzar su acusación, como del hecho indiscutido que en efecto la actora cumplía al servicio del ente territorial demandado las mencionadas labores, es en perspectiva de tal supuesto que debe dilucidarse si el tribunal interpretó erróneamente las normas legales indicadas como infringidas.

Con tal fin reitera la Sala que son básicamente dos criterios que hay que tener en cuenta para clasificar, en una entidad territorial, a un servidor público, como empleado público o trabajador oficial, esto es, el factor orgánico relacionado con la naturaleza jurídica de la entidad del ente para la cual se laboró, y el funcional relativo a la actividad a la cual se dedicó aquél, para constatar si ella guarda relación directa o indirectamente con la construcción y sostenimiento de obras públicas.

Con los aludidos parámetros y con sujeción al marco normativo que para esos efectos es el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986, por haberse prestado el servicio a un municipio, no cabe duda alguna que el tribunal no incurrió en el yerro hermenéutico que se le endilga en el cargo; pues ese ha sido y es el alcance que le ha venido dando la corporación a tal preceptiva, en cuanto se ha precisado que no toda actividad pública ni mucho menos llevada a cabo en un bien de propiedad estatal, encuadra en el concepto que exige el precepto legal para merecer esa excepcional condición de trabajador oficial, esto es, en la construcción y sostenimiento de una obra pública.

Por lo tanto, si las labores que cumplía la demandante al servicio del ente territorial demandado fueron las de aseadora en las dependencias u oficinas donde funciona la administración municipal, las cuales se alternaban con la limpieza de pasillos, escaleras y ventanas del edificio, así como, el oficio de atención de la cafetería, que es el que resalta el tribunal, resulta forzoso concluir que tales actividades nada tienen que ver con la construcción y sostenimiento de una obra pública, ya que el texto denunciado por el impugnante como interpretado erróneamente y que sirve de marco de referencia para hacer tal distinción, no dispone que esas faenas le otorguen la calidad que reclama respecto a la naturaleza de su vínculo, y menos aún, de un genuino ejercicio hermenéutico podría darse un alcance en ese sentido.

En efecto, si se llegara a aceptar la intelección que pretende el impugnante respecto de la norma denunciada, ello conllevaría a convertir la regla general en excepción y viceversa, lo cual sí viola flagrantemente el sentido del precepto que gobierna el tema en estudio.

Al respecto es pertinente renumerar lo precisado en la sentencia del 27 de febrero de 2002, radicación 17729, a saber:

“Cabe precisar que para ser establecida la calidad de trabajador oficial, ha sostenido la jurisprudencia, debe acreditarse en el juicio que las funciones desempeñadas en el caso específico, tienen relación con las actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas, pues no toda labor de servicios generales o de mantenimiento que se realice sobre un bien de una entidad pública o afectado a un servicio público como aseo de instalaciones, reparaciones, albañilería, pintura, etc., determina por ese solo hecho la naturaleza jurídica del vínculo laboral.

Así, se expresó la Sala en sentencia de 4 de abril de 2001, radicación 15143:

“para establecer si un servidor público ha de ser considerado con la excepcional calidad de trabajador oficial y, por ende, vinculado mediante contrato de trabajo, debe aparecer fehacientemente acreditado si los servicios prestados se llevaron a cabo en actividades relativas a la construcción y sostenimiento de una obra pública, la cual debe analizarse con referencia a cada caso particular y concreto en que se discuta la incidencia del mismo”.

Así las cosas, como no es cualquier actividad la que otorga la condición de trabajador y, mucho menos, la que se ejecuta en una entidad o dependencia oficial, independientemente de su finalidad, sino aquella que se lleve a cabo en una obra pública, es por lo que se hace necesario demostrar, para cada caso concreto, no sólo la naturaleza de la labor desplegada sino, además, el carácter de obra pública respecto de la cual se realizaron las labores relacionadas con su construcción y mantenimiento; recordando que para tal efecto, la Corte ha aceptado como criterio orientador con tal fin, lo previsto por el artículo 81 del Decreto 22 de 1983, así tal precepto se encuentre derogado”.

El cargo no prospera».

(Sentencia de casación, 19 de marzo de 2004. Radicación 21.403. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto, dejamos constancia de nuestra discrepancia con lo resuelto por la Sala en el sentido de no casar la sentencia de segundo grado, cuando, a nuestro parecer, el primer cargo debió ser acogido y consecuencialmente darle curso al alcance de la impugnación.

Es verdad que el tribunal afirmó que las labores de aseo que la demandante cumplía en las oficinas de la administración municipal, pasillos, escaleras, ventanas y atención de la cafetería del ente administrativo, no tenían relación directa o indirecta con la construcción y sostenimiento de una obra pública. Sin embargo, la posición mayoritaria de la Sala en este asunto, destacó que el ad quem resaltaba el oficio de atención de la cafetería, como si este hubiera sido el predominante dentro de las actividades que desempeñaba la demandante, lo cual en nuestro criterio no es acertado.

En efecto, el resumen de la sentencia impugnada, pone de presente que para el tribunal las labores principales que cumplió la demandante y que dedujo de la prueba testimonial, eran las de aseo de las oficinas de la alcaldía municipal y de la comisaría de familia, labor que comprendía además la limpieza de pasillos, escaleras y ventanas y las de atención a la cafetería, sin mencionar expresamente y tampoco de manera tácita, que las relacionadas con la cafetería eran las preponderantes en la actividad de la demandante.

Por tanto, habiendo desarrollado fundamentalmente la actora las labores de aseo en una edificación pública, así estuviera incluida en ellas las de atención a la cafetería, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 11 de 1986, en armonía con el 292 del Decreto 1333 de 1986, que consagra que los servidores municipales por norma general son empleados públicos y que, como excepción, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales, obligando esto último a quien alegue que su condición de trabajador oficial, a demostrar fehacientemente que su labor o actividad estuvo relacionada en forma directa o indirecta con la obra pública, en actividades propias de su construcción o sostenimiento, siendo viable tener en cuenta lo que en el vocabulario jurídico se define por obra pública, según el cual, es el “Inmueble edificado o refeccionado por cuenta de una repartición pública y para un uso o servicio público; por esta razón se haya sometido a un régimen jurídico especial de derecho administrativo, principalmente en lo concerniente a la competencia jurisdiccional y a los daños causados a las personas y los bienes”.

Ahora, de las funciones desempeñadas por la demandante, especialmente las de aseo y limpieza, no hay duda de que ellas encajan dentro de la noción de sostenimiento y construcción de una obra pública, pues una de las formas de sostener un inmueble es evitar precisamente su destrucción, siendo de sentido común suponer que el aseo igualmente conserva y mantiene, habida consideración que la constante suciedad y desaseo pueden fácilmente llevar a la ruina a una construcción. El aseo y limpieza tiene una función de conservación que surge de su misma naturaleza.

Ahora, el carácter de obra pública del edificio donde funciona la administración del municipio demandado es incuestionable, y para el efecto es necesario recordar que según la doctrina, a los bienes de uso público por su naturaleza, que son los no susceptibles de propiedad privada y afectados al uso de todos como las carreteras, las calles, las plazas, los caminos, los puentes, las riberas del mar y otros, se agregan los bienes que no siendo de uso público, sin embargo pueden serlo por afectación al servicio público al que se les destine por la administración de los entes del Estado, como es el caso que se estudia. Sobre el particular, la jurisprudencia colombiana sobre el tema de los bienes de uso público ha dicho que ellos lo son por “naturaleza o por destinación jurídica y que continúan con esa calidad especial mientras sigan vinculados a la finalidad pública y en los términos en que ésta así lo exija. Por consiguiente, el Estado, desde que adquiere un bien para satisfacer una necesidad pública o de uso público, tal bien queda adscrito como de uso público” (Cas. Civil, jul. 28/87).

No tuvo en cuenta la mayoría la teleología de las normas aplicables al trabajador oficial, las cuales tienen como finalidad proteger y diferenciar al operario que se dedica a labores materiales, distintas de aquellos que cumplen funciones meramente administrativas, para quienes rigen otras disposiciones, teleología que anteriormente habla esbozado con indiscutible acierto, como se observa en la sentencia del 8 de junio de 2000, radicación 13536, en la que dijo:

“Consecuentemente la Sala con el criterio que de tiempo atrás ha venido exponiendo la corporación, el término “construcción y sostenimiento de obra pública”, en primer lugar, habrá de analizarse con referencia a cada caso en que se discuta la incidencia del mismo y, en segundo término, ha de entenderse dentro de una mayor amplitud conceptual, que abarque toda aquella actividad que le resulta inherente tanto en lo relacionado con la fabricación de la obra, como en lo que implique mantenerla en condiciones aptas de ser utilizada para sus fines, como obra pública que es. Es por ello que en ese concepto va involucrado el montaje e instalación, la remodelación, ampliación, mejora, conservación, restauración y mantenimiento.

Por lo tanto, en el aludido contexto no puede aseverarse, que ello contradiga lo literal o el espíritu de las normas que definen la condición de trabajador oficial y empleado público (....)”.

Por todo lo anterior, si la demandante prestó servicios en una obra pública como aseadora, la única conclusión posible es que resulta incontrovertible su condición de trabajadora oficial. No importa la calificación jurídica del bien en donde un servidor público presta sus servicios, sino que basta simplemente que sea una obra pública, bien por su naturaleza o ya por su destinación o afectación a un servicio público y que esas labores tengan relación directa o indirecta con la construcción y sostenimiento de una obra pública.

En esta forma dejamos plasmada nuestra inconformidad con la tesis sostenida por la mayoría.

Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Osorio Correa. 

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