Sentencia 21422 de agosto 10 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL

FALSA DENUNCIA CONTRA PERSONA DETERMINADA

Se debe obrar con conocimiento de que los hechos denunciados son falsos.

EXTRACTOS: «En cuanto al delito de falsa denuncia contra persona determinada, la falsa imputación consiste en denunciar bajo juramento a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya ejecución no ha participado. En esas condiciones, son elementos de esta figura delictual, los siguientes:

a) Que la denuncia se formule bajo juramento contra una persona determinada ante la autoridad correspondiente;

b) Que se refiera a la comisión de una conducta típica;

c) Que el sujeto activo tenga conocimiento de que el denunciado no ha cometido la conducta típica o no hubiese participado en ella.

Ahora bien, en el Código Penal de 2000, dicha conducta forma parte de los comportamientos que atentan contra la eficaz y recta administración de justicia, es decir, que con ella se busca que la actividad judicial no se vea afectada en la extralimitación en el normal ejercicio del deber de denunciar, esto es, cuando el ciudadano incurre en un abuso o en una desviación del mecanismo de la denuncia para imputar falsamente a otro conductas punibles que no ha cometido o en cuya ejecución no participó.

De otro lado, como lo ha resaltado la jurisprudencia de la Sala, el deber de denunciar que tiene todo ciudadano en un Estado (1) , máxime cuando se tilda de social y democrático de derecho, no impone la obligación de probar que los hechos puestos en conocimiento son ciertos y evidentes, toda vez que la demostración de la verdad constituye uno de los fines del proceso penal.

En decisiones de la Corte que resalta la delegada se ha dicho:

“... la simple denuncia fundada en hechos que realmente tuvieron concurrencia y con la presentación cierta de los mismos, no se adecua a la descripción del artículo 167 del Código Penal, que se exige que se denuncie a una persona como autor o partícipe de un hecho punible que no ha cometido, pero no puede exigirse a un particular que califique inequívocamente la calidad de delito que puedan tener los hechos puestos en conocimiento de las autoridades, ya que aquella función corresponde al juzgador, funcionario del Estado que debe determinar si los hechos pueden o no adecuarse a las descripciones contenidas en la ley penal” (2) .

Posteriormente, se adujo:

“... a quien recurre a la administración de justicia para denunciar la comisión de un delito no se le debe exigir por anticipado la absoluta certeza de su punibilidad” (3) .

Más adelante se concluyó:

“Fácil resulta entender que de seguir los planteamientos del apelante, quien proclama la responsabilidad de su denunciante porque al final de la actuación se descubrió la inocuidad de su conducta frente a la ley penal, no se hallaría quien recurriera ante la administración de justicia para denunciar la comisión de un delito, salvo exigirle por anticipado la absoluta certeza de su punibilidad. Ninguna vigencia ha perdido el aforismo latino del ‘da mihi factum, dabo tibi ius'' (dame los hechos que yo os daré el derecho), para comprender que al denunciante solo le asiste el deber de lealtad a la verdad en la narración de los hechos que estima relevantes para la justicia, siendo del juez la función de su valoración” (4) .

En esas condiciones, al denunciante no se le puede exigir que previo al acto de denunciar realice un juicio de valor en torno a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de los hechos que va a poner en conocimiento de las autoridades. Para efecto de la imputación de esta conducta punible se debe advertir que el sujeto sabía que su denunciado era inocente del cargo que le atribuye; que se trataba de una conducta punible en la que este no ha había tomado parte ya sea a título de autor o de partícipe; y que era consciente que dicho acontecer fáctico no correspondía a la verdad.

En otras palabras, la imputación que se hace a persona determinada debe ser falsa, tanto objetiva como subjetivamente; la primera, por cuanto el sindicado debe ser inocente, bien de manera absoluta o relativa; y la segunda porque el sujeto debe obrar con conocimiento de que los hechos denunciados riñen con la verdad. Así, si no se cumple con estos presupuestos no se puede predicar la existencia de la comisión de la conducta punible de falsa denuncia contra persona determinada».

(Sentencia de casación, 10 de agosto de 2005. Radicación 21.422. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Luis Quintero Milanés).

(1) En el capítulo 5º, artículo 95 numeral 7º, de la Constitución Política, De los deberes y obligaciones se regula: “Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”.

Por su parte, el artículo 27 de la Ley 600 de 2000, contempla: “Toda persona debe denunciar a la autoridad las conductas punibles de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio. El servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.

(2) Sentencia del 26 de junio de 1989, M.P. Dr. Édgar Saavedra Rojas. Radicación 3408.

(3) Sentencia del 7 de mayo de 1991, M.P. Dr. Juan Manuel Torres Fresneda.

(4) Auto del 7 de mayo de 1991, M.P, Dr. Juan Manuel Torres Fresneda.

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