Sentencia 21432 de octubre 22 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR DESPEDIDO INJUSTAMENTE

NO PROCEDE MEDIANTE LA APLICACIÓN DIRECTA DE PACTOS INTERNACIONALES

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Ref.: Expediente Nº 21432

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil tres (2003).

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por José Fidel Melo Angarita contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 16 de diciembre de 2002, en el juicio promovido por el recurrente contra Bavaria S.A.

I. Antecedentes

1. José Fidel Melo Angarita demandó a Bavaria S.A. con el fin de obtener el reintegro, más el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el día del despido hasta la fecha de la reinstalación efectiva, con los correspondientes incrementos convencionales. Pidió también indexación y costas.

Como apoyo de sus pretensiones indicó que ingresó al servicio de la demandada el 1º de marzo de 1983 y fue despedido a partir del 17 de octubre de 1997. El último cargo desempeñado fue el de lubricador con un jornal de $ 18.977,41. La empresa para adoptar esa determinación adujo una supuesta justa causa relativa al incumplimiento de las obligaciones y transgresión de las normas de orden y disciplinarias internas y atentados contra la moral, tratando de ajustar la conducta a lo prescrito en el aparte 7º del Decreto Ley 2351 de 1965 y demás normas concordantes y complementarias del Código Sustantivo del Trabajo. Se le formularon cargos y se le imputó haberse presentado a un curso de ética en estado de embriaguez, lo cual es falso dado que es diabético y tiene prohibido el consumo de alcohol. Además nunca se le practicó el examen de alcoholemia y en la carta de despido se le atribuyeron conductas que no fueron objeto de la diligencia de descargos, con lo cual se violaron la Convención Colectiva de Trabajo y los derechos del debido proceso y de defensa. Afirmó que durante la vinculación laboral estuvo afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de Bavaria “Sinaltrabavaria“. La reinstalación la reclama con fundamento en la Ley 319 de 1996, aprobatoria del protocolo adicional a la Convención americana de derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador“ (fls. 2 a 9).

2. La demandada se opuso a las pretensiones del libelo; aceptó unos hechos y negó otros. Propuso las excepciones de prescripción de la acción de reintegro, pago, cobro de lo no debido, carencia de acción de reintegro y compensación (fls. 31 a 35).

3. Mediante sentencia de 27 de septiembre de 2002, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, absolvió a Bavaria S.A. de todas las pretensiones del libelo y declaró probada la excepción de carencia total de acción de reintegro (fls. 619 a 627).

II. La sentencia del tribunal

Al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en fallo de 16 de diciembre de 2002, confirmó el de primer grado en su integridad.

En lo que interesa al recurso extraordinario, señaló el juzgador adquem que la fuente normativa a que alude el actor como soporte de sus aspiraciones, corresponde al protocolo adicional a la Convención americana de derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador“, suscrito en esa ciudad el 17 de noviembre de 1988, aprobado mediante Ley 319 de 20 de septiembre de 1996, que en el artículo 7º se refiere a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. En el protocolo adicional se señala que los Estados parte debían en sus legislaciones internas realizar esfuerzos para que los cometidos que lo inspiraron tuvieran cumplimiento eficaz, dejando a salvo de aquella obligatoriedad, la posibilidad de que para la época en que se daba la confirmación ya existieran normas internas que protegieran esos derechos. Esto sucedía en Colombia, donde dichos derechos tenían garantizada especial protección por el Estado, lo que se predica también de la protección a la estabilidad laboral, con sus consecuencias como lo son el reintegro o indemnizatorias en los eventos de despido injusto.

Además, dice el sentenciador, el protocolo condiciona las consecuencias de la protección del derecho al trabajo a la legislación interna de cada país parte, de donde resulta que para efectos de la posibilidad de reintegro o de indemnización por la ruptura injusta del contrato, es menester remitirse a la legislación interna para determinar la viabilidad o no de las súplicas en ese sentido.

Asentó el juzgador de segundo grado que el actor no tenía derecho a ser reinstalado en el cargo, pues para la fecha en que entró a regir la Ley 50 de 1990 —1º de enero de 1991— no tenía 10 o más años de servicios lo que le resta posibilidad de aplicación al artículo 5º del Decreto 2351 de 1965, como norma que habilita el reintegro. Tampoco es viable, añade, establecer consecuencias indemnizatorias a cargo de la demandada por la forma como se produjo el rompimiento contractual, pues en principio ello no fue objeto del debate jurídico ni probatorio en este asunto al no haber sido propuesto en la demanda, no teniendo el tribunal facultades ultra o extra petita .

Y concluyó que “ante la evidencia que no se ajustan las circunstancias fácticas demostradas en el asunto a los supuestos normativos que prescriben la posibilidad de reinstalación, readmisión o reintegro al cargo motivado por el despido injusto, no había más solución que la absolución de la totalidad de las súplicas de la demanda...”.

III. El recurso de casación

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso extraordinario, el cual una vez concedido por el tribunal y admitido por esta Sala se procede a resolver previo estudio de la demanda de casación y su réplica.

El recurrente pretende que la Corte

“... case totalmente la sentencia de segundo grado por ser violatoria a la ley sustancial y que procediendo como tribunal de instancia se la anule en su integridad imponiendo a la demandada las condenas que aparecen en el libelo; respecto de la sentencia de primer grado, solicitó sea revocada parcialmente en cuanto no ordenó readmitir al demandante pero dio por probado que fue despedido injustamente”.

Con tal fin formula dos cargos, así:

Cargo primero.

“Acuso la sentencia de segundo grado de violar directamente en la modalidad de interpretación errónea los artículos, 1º, 2º, 7º literal d de la Ley 319 de 20 de septiembre de 1996 aprobatorio (sic) del protocolo adicional a la Convención americana de derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”, suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988 ..., en relación con normas de orden legal y constitucional así: artículo 1º literal b de la Ley 50 de 1990, artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por la Ley 50 de 1990 artículo 6º parágrafo transitorio, Decreto 2351 de 1965 artículo 8º ordinal 5º, artículos 20, 21 Código Sustantivo del Trabajo, de la Constitución Nacional en sus artículos 53 inciso 4º, 93, 94, artículo 150 numeral 16, 241 numeral 10, 243, 228, 229, 230, Ley 270 de 1996 artículo 48 numeral 1º; Ley 32 de 1985 aprobatoria de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en sus artículos 2º literal a, 24 numeral 1º, 26, 27, 29, 31, 42, 65, 66, 67”.

En la demostración del cargo señala el censor que el yerro interpretativo del tribunal surgió al condicionar la vigencia del protocolo a requisitos que su texto no consagra, pues en la lectura de los artículos 1º, 2º y 7º entendió que estaba supeditado a que el Estado colombiano adoptara las medidas necesarias en el orden interno para hacer eficaces los derechos cuestionados —readmisión o indemnización o cualquier prestación prevista por la legislación nacional—. Agrega que la Corte Constitucional al revisar las normas interpretadas dijo que debía precisarse el alcance de las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano conforme al convenio, que no es otra cosa que la doctrina internacional más autorizada en la materia, contenida de una parte en los diversos informes oficiales elaborados por el relator y por el comité de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas, y de la otra, en los llamados “Principios de Limburgo“ adoptados por expertos en la materia reunidos en Maastrich, Holanda, en junio de 1986, y que constituyen la interpretación académica más respetada sobre el tema. Según los principios de Limburgo, el sentenciador de segundo grado debió adoptar de inmediato todas las medidas tendientes a la realización de los derechos contenidos en el pacto por ser una obligación a la que se comprometió el Estado.

El ad quem soslayó las obligaciones a que se comprometió el Estado colombiano al considerar que la aplicación del protocolo suponía una previa y suficiente regulación legislativa en el Estado parte del convenio, dejando de lado y sin efecto alguno lo ordenado por la Corte Constitucional al revisar el artículo 2º del protocolo, en que consideró que dicha disposición prevé que los Estados se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de “otro carácter“ aptas para desarrollar los derechos sociales y dentro de estas últimas “caben de manera preferente las decisiones y los controles judiciales“. Aunque “la ley juega un papel esencial, a veces ineludible, en la materialización de los derechos sociales, ... Para la Corte también es claro que la obligación de tomar medidas legislativas no significa que algunas de las cláusulas del tratado no sean autoejecutables, pues algunos derechos son de aplicación inmediata...“.

Asevera que el tribunal incurrió en el error de interpretación de las normas denunciadas, dado que en este caso se está frente a un despido injustificado, hecho probado y sin discusión porque el juzgador de segundo grado confirmó la decisión de primer grado, lo que implica que prohijó en ese sentido lo dicho por el a quo respecto a que “al no probarse el estado de embriaguez en que se encontraba el demandante considera este despacho que los demás cargos endilgados no son faltas graves para que se hiciera acreedor del despido; por lo que se considera injusto“. Por lo tanto su obligación era deducir los efectos jurídicos del mismo a través de la sentencia como medio judicial idóneo, esto es, la readmisión o la indemnización o cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional.

La oposición por su parte aduce que ninguna de las disposiciones del Protocolo de San Salvador que invoca el cargo, consagra directamente acciones judiciales o derechos concretos en beneficio de trabajadores despedidos injustamente, sino que compromete a los Estados signatarios a dictar normas en sus respectivas legislaciones orientadas a darles a los trabajadores amparo y tutela cuando sean despedidos injustamente dándoles derecho a ser indemnizados, a la readmisión en su antiguo empleo o a cualquiera otra prestación prevista en la legislación nacional.

La legislación colombiana antes y después de la adhesión del país al protocolo, ha protegido a quienes sean víctimas de un despido injusto, ya disponiendo la indemnización ora previendo el reintegro o una pensión en su favor. Estos principios emanados del protocolo y de la legislación laboral colombiana son los que aplica el tribunal, por lo que no se configura la alegada interpretación errónea.

IV. Consideraciones de la Corte

Acusa la censura al tribunal de incurrir en un yerro hermenéutico cuando estimó que no se podía invocar como fuente normativa directa del derecho al reintegro el artículo 7º literal d del protocolo adicional a la Convención americana de derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador“, aprobado mediante Ley 319 de 1996, sino que era necesario remitirse a la legislación interna dado que previamente incluso a la suscripción y aprobación del protocolo, el Estado colombiano había dado garantía y protección especial a los derechos relacionados con la estabilidad de los trabajadores, y porque el convenio mismo condiciona las consecuencias de la protección del derecho al trabajo a la legislación interna de cada país.

Para el censor no es esa la lectura correcta de tal normatividad, porque el contenido de esta le imponía al juzgador de segundo grado deducir directamente los efectos jurídicos del despido injustificado demostrado en el proceso, a través de la sentencia como medio judicial idóneo según los principios de interpretación denominados de Limburgo, pues la obligación del Estado era la de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de los derechos contenidos en el pacto.

No estima la Corte que la previsión en comento constituya una cláusula de aquellas que la doctrina internacional denomina “self executing” o “autoejecutivas” que de acuerdo con voces autorizadas en derecho internacional, se caracterizan porque “la disposición ha sido redactada en tal forma que de ella surge una regla que los tribunales judiciales internos pueden aplicar en un caso dado“. Significa que esas normas deben contener un derecho en favor del individuo que pueda ser derivado directamente de ellas y de forma tan clara y específica que permitan su aplicación judicial sin que sea menester la intervención previa del órgano legislativo estatal.

Es evidente que dichos requisitos no se cumplen en este caso, en que la cláusula en comento como bien lo anota la oposición y lo entendió el tribunal, no consagra directamente un derecho concreto en beneficio de los trabajadores despedidos injustamente sino que da la opción al Estado signatario, que en su legislación interna de entre varias medidas protectoras, adopte en el ámbito interno aquellas necesarias para lograr la efectividad de los derechos que se comprometió a proteger. Esta conclusión se deriva de la redacción misma de la disposición que es facultativa, en cuanto señala que

“En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional” (negrillas fuera de texto).

No es dable entender como lo hace el recurrente, que se pueda reclamar judicialmente en forma directa alguna de tales prerrogativas, pues se requiere la regulación por parte de la legislación interna para que opere la protección concreta del derecho. Y, no existe derecho distinto a reclamar de aquellos de los que haya dispuesto cada uno de los Estados que hubiere acogido el tratado internacional y en desarrollo de lo en ellos convenido.

El Estado colombiano ha adoptado las leyes para garantizar la efectividad de los derechos al trabajador relativas a las consecuencias jurídicas del despido injusto, necesarias y suficientes para cumplir con las obligaciones internacionales invocadas.

Por regla general el derecho internacional deja en libertad a los estados para que de acuerdo con su organización interna y su sistema normativo implementen los mecanismos idóneos para la protección de los derechos previstos en los distintos instrumentos, facultad que se ejerce con las previsiones del Código Laboral.

La indemnización y el reintegro son instituciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y para acceder a ellas se deben satisfacer los requisitos y condiciones previstos expresamente en él para el efecto; justamente, el tribunal ajustó su decisión a la ley cuando no accedió a la pretensión de reinstalación en el trabajo del actor, por cuanto a su juicio no se cumplían con los presupuestos normativos, conclusión que, por lo demás, no fue debatida en el cargo.

Las previsiones del legislador se ajustan al concepto general de las obligaciones surgidas del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. De conformidad con el artículo 1º del pacto aquí referido, el Estado parte se obliga a “adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente protocolo“.

Y el artículo 2º ibídem se refiere al compromiso que adquiere el Estado a, en el evento de que los derechos respectivos no estuvieren ya garantizados, “adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos”.

La Corte Constitucional en el estudio de constitucionalidad de la Ley 319 de 1996 aprobatoria del Protocolo de San Salvador y concretamente de los artículos 1º y 2º, realizado en sentencia C-251 de 28 de mayo de 1997, fijó el contenido del compromiso del Estado y entendió que el deber de realización de los derechos contenidos en el pacto tenía carácter progresivo y que aunque esto no significaba que su efectiva protección podía ser dilatada injustificadamente, en la medida en que los derechos sociales implicaban una prestación pública y suponían la existencia de determinados recursos, la obligación de garantizarlos “no puede ser inmediata“ como sucede con la mayor parte de los derechos civiles y políticos que por regla general conllevan deberes estatales de abstención. Y luego se refirió la Corte a que algunos derechos sociales que no implicaban una prestación sino un deber de respeto por parte de las autoridades podían ser de aplicación inmediata como el derecho a la sindicalización de los trabajadores.

Reconoció la Corte Constitucional, la necesaria intervención del legislador nacional para hacer efectivos en el orden interno los derechos protegidos en el acuerdo, en los siguientes términos:

“Así, de un lado, es indudable que los derechos sociales orientan la actividad del legislador, que debe entonces establecer todas las regulaciones necesarias para la realización efectiva de estos derechos. Es más, conforme a la jurisprudencia de la Corte, la ley juega un papel esencial, a veces ineludible, en la materialización de los derechos sociales, pues “no se ve cómo pueda dejar de acudirse a ella para organizar los servicios públicos, asumir las prestaciones a cargo del Estado, determinar las partidas presupuestales necesarias para el efecto y, en fin, diseñar un plan ordenado que establezca prioridades y recursos. La voluntad democrática, por lo visto, es la primera llamada a ejecutar y a concretar en los hechos de la vida social y política la cláusula del Estado social, no como mera opción sino como prescripción ineludible que se origina en la opción básica adoptada por el constituyente”. Con todo, para la Corte también es claro la obligación de tomar medidas legislativas no significa que algunas de las cláusulas del tratado no sean directamente auto ejecutables, pues algunos derechos son de aplicación inmediata, tal y como se señaló anteriormente. Además, tampoco debe pensarse que estos derechos sociales prestacionales son puramente programáticos, esto es, que son únicamente obligaciones para las autoridades pero que no implican derechos correlativos de los particulares, puesto que, en determinados contextos y dadas ciertas condiciones, los derechos sociales prestacionales pueden ser protegidos por diferentes vías judiciales, como las acciones de nulidad e inconstitucionalidad, las acciones populares o incluso la acción de tutela. Por eso esta corporación coincide con la doctrina internacional en que las decisiones judiciales deben incluirse dentro de los medios jurídicos idóneos para la realización de los derechos sociales prestacionales, tal y como ya lo había señalado la Corte en anterior ocasión”.

De lo anterior se desprende que a diferencia de lo que parece entender el impugnante, la aplicación inmediata de los derechos consagrados en el protocolo es aceptada por excepción y bajo cierta condiciones bien determinadas, porque en principio se requiere la intervención del legislador para regular en el orden interno la protección de los derechos sociales.

Así las cosas, no incurrió el tribunal en el desatino jurídico que se le endilga y por ende la acusación no puede prosperar.

Cargo segundo.

“Acuso la sentencia de segundo grado de violar directamente en la modalidad de infracción directa los artículos 4º, 5º de la Ley 319 de 20 de septiembre de 1996 aprobatorio (sic) del protocolo adicional a la Convención americana de derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”, suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988..., en relación con normas de orden legal y constitucional así: artículo 1º literal b de la Ley 50 de 1990, artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por la Ley 50 de 1990 artículo 6º parágrafo transitorio, Decreto 2351 de 1965 artículo 8º ordinal 5º, artículos 20, 21 Código Sustantivo del Trabajo, de la Constitución Nacional en sus artículos 53 inciso 4º, 93, 94, artículos 150 numeral 16, 241 numeral 10, 243, 228, 229, 230, Ley 270 de 1996, artículo 48 numeral 1º”.

En la demostración del cargo el recurrente afirma que el tribunal en el fallo gravado ignora y desconoce la cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos que consagran los artículos 4º y 5º del protocolo, por cuanto fue esta y no otra la vía interpretativa que debió escoger, so pena de vulnerar los derechos humanos al trabajo en condiciones dignas y justas, y equitativas y satisfactorias en materia de estabilidad consagrada en su artículo 7º literal d. Estando demostrado que el despido fue injustificado, hecho no discutido y aceptado por el actor, el tribunal, debió aplicar la cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos, según la cual en caso de conflicto entre distintas normas que consagran o desarrollan estos derechos, el intérprete debe preferir aquella que sea más favorable al goce de los derechos.

En el sub lite se presentó un conflicto respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990, artículo 6º parágrafo transitorio, y el Decreto 2351 de 1965 artículo 8º ordinal 5º, y por el otro el artículo 7º literal d del protocolo, la primera de orden nacional y la segunda de orden internacional aprobada por ley interna; que se resolvió aplicando la ley anterior al protocolo y no este sacrificando así los derechos que consagran el derecho a la readmisión en el empleo, la indemnización o cualesquier otra prestación prevista en la legislación interna.

La réplica por su lado argumenta en relación con este ataque que ni el principio de favorabilidad ni ningún otro principio pueden trasmutar un simple compromiso internacional como lo es el contenido en el artículo 7º, letra d del protocolo en una norma positiva de la legislación colombiana de imperativo cumplimiento para los jueces en trance de fallar procesos instaurados dentro del territorio patrio.

V. Consideraciones de la Corte

Denuncia la acusación la infracción directa de la cláusula de favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos prevista en los artículos 4º y 5º del Protocolo de San Salvador.

Hace consistir el yerro jurídico en que el juzgador ad quem pasando por alto esas disposiciones, aplicó la ley interna (artículo 6º parágrafo transitorio de la Ley 50 de 1990 y el artículo 8º ordinal 5º del Decreto 2351 de 1965) en lugar de la preceptiva de orden internacional contenida en el artículo 7º literal d del Protocolo de San Salvador.

Las normas acusadas contienen una regla de hermenéutica en materia de interpretación de los derechos humanos, consistente en que en caso de conflicto entre distintas normatividades que consagren o desarrollen estos derechos, el operador jurídico debe preferir la que sea más favorable al goce de tales prerrogativas.

Como fue definido con ocasión de las consideraciones del cargo anterior, el artículo 7º literal d del Protocolo de San Salvador no puede ser tenido como la fuente normativa directa de un eventual derecho al reintegro del actor, sino que este así como las demás consecuencias del despido injusto, están regulados por la legislación interna la que desarrolla los principios y obligaciones a los que se comprometió el Estado colombiano y a la cual debía imperativamente acudir el tribunal para resolver la contienda; no se presenta entonces, el conflicto que contempla la regla de hermenéutica invocada, por lo que la acusación debe ser desestimada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil dos (2002), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio promovido por José Fidel Melo Angarita contra Bavaria S.A.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurre nte.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.

Eduardo López Villegas—Carlos Isaac Náder—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero. 

Laura Margarita Manotas González, Secretaria.

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