Sentencia 2146 de mayo 20 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 760012324000200002146 01

Consejera Ponente:

Dra. Olga Inés Navarrete Barrero

Actor : Banco de la República

Bogotá, D.C., veinte de mayo del dos mil cuatro.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A. en liquidación-Pacífico CFC, en liquidación, y el Banco de la República contra el Auto 1178 de 16 de diciembre de 2002, por el cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca improbó el acuerdo conciliatorio parcial al que llegaron las partes en la audiencia de conciliación realizada el 4 de diciembre de 2002.

I. Antecedentes

Los apoderados de Pacífico CFC en liquidación y del Banco de la República elevaron ante el magistrado conductor del proceso en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solicitud de conciliación judicial parcial, con el fin de que la primera se obligue mediante acto administrativo que expedirá su liquidador a reconocer la acreencia reclamada por el segundo, representada en los bonos ordinarios que pretende hacer valer en el trámite liquidatorio en cuantía de cuatro mil quinientos cuarenta y cinco millones doscientos mil pesos por capital ($ 4.545.200.000), más los intereses causados hasta la fecha de intervención para la liquidación, que arrojan la suma de cuatrocientos trece millones ochocientos once mil quinientos veintisiete pesos ($ 413.811.527), reconocimiento que se hará de ese crédito en la masa de la liquidación, quinta clase.

a) Fundamentos de hecho.

Mediante Resolución 1002 del 30 de junio de 1999, la Superintendencia Bancaria intervino a Pacífico CFC y ordenó su liquidación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 300 del estatuto orgánico del sistema financiero, el Banco de la República presentó el 25 de agosto de 1999 a Pacífico CFC en liquidación el formulario entregado a él como acreedor, debidamente diligenciado, y un escrito de 6 hojas adjunto, en el que relacionó sus acreencias contra la entidad en liquidación.

La reclamación del actor, entre otras, era la de que la demandada le pagara la suma de cuatro mil novecientos cincuenta y nueve millones once mil quinientos veintisiete pesos ($ 4.959.011.527) por concepto de capital e intereses, como tenedor legítimo de unos bonos ordinarios.

Como el Banco de la República era el tenedor legítimo de los bonos porque los había recibido en descuento de Corfipacífico S.A. para el acceso a un apoyo de liquidez, a su reclamación ante Pacífico CFC, en liquidación, adjuntó copia de los certificados expedidos por Deceval S.A., ya que se trataba de títulos inmateriales, con cuyos originales a su vez se había presentado ante Corfipacífico para que dentro de su proceso de liquidación se reconociera la obligación por el pago de estos bonos.

Para evitar un doble pago y un enriquecimiento sin causa, y teniendo en cuenta que los deudores solidarios de los bonos Pacífico CFC y Corfipacífico S.A. entraron casi simultáneamente en liquidación, el Banco de la República informó en sus reclamaciones ante ambas liquidaciones la existencia del cobro ante la otra entidad y que, en consecuencia, descontaría del valor adeudado aquello que fuera pagado por cualquiera de ellas.

Mediante Resolución 1 del 9 de noviembre de 1999 Pacífico CFC en liquidación resolvió rechazar la anterior solicitud, argumentando que no se habían presentado los originales de los respectivos títulos; que, adicionalmente, según la liquidación, era necesario cumplir con una formalidad no observada por el Banco de la República en la presentación de la reclamación, pues la misma debía haberse titulado como “crédito contingente”, lo cual es falso porque ninguna norma legal lo exige, y en ese caso se debía aportar solamente copia del respectivo título, —lo que además de ser contradictorio con el primer motivo de rechazo tampoco era pertinente—, por cuanto dichas copias, en todo caso, se habían adjuntado con la reclamación.

Contra la anterior decisión el Banco de la República interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución 13 de 17 de marzo de 2000, que confirmó la negativa al pago del valor correspondiente a los bonos ordinarios expedidos por Pacífico CFC en liquidación.

El 18 de enero de 2001 la demandada expidió la Resolución 39, en la que resolvió “revocar parcialmente” las resoluciones 1 de 1999 y 13 de 2000, para “modificar y aclarar los argumentos que dieron lugar al rechazo parcial de la reclamación del Banco de la República (se refiere a la negativa de reconocimiento de los bonos ordinarios), por los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia, sin que con ello se modifiquen o alteren ninguno de los derechos ya reconocidos al Banco de la República” (el paréntesis es de la Sala).

b) El acuerdo conciliatorio.

El 4 de diciembre de 2002 se suscribió el acta de conciliación judicial entre los apoderados de Pacífico CFC en liquidación y del Banco de la República con la presencia de los representantes legales de una y otro y la intervención del magistrado sustanciador del proceso del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

La primera de las citadas precisó que no habrá lugar a imposición de condena en costas en contra de ninguna de las partes en torno a los puntos que se diriman, como tampoco a reclamos extrajudiciales ni judiciales por la eventual producción de perjuicios que en contra de ellas se hubiere podido generar por los hechos materia de conciliación, y se comprometió a que su liquidador expida el acto administrativo que “... reconozca la acreencia reclamada por el Banco de la República por concepto o representada en los bonos ordinarios que pretende hacer valer en el trámite liquidatorio, en cuantía de cuatro mil quinientos cuarenta y cinco millones doscientos mil pesos por capital ($ 4.545.200.000) más los intereses causados hasta la fecha de intervención para la liquidación, que arrojan la suma de cuatrocientos trece millones ochocientos once mil quinientos veintisiete pesos ($ 413.811.527) reconocimiento que se hará de ese crédito en la masa de la liquidación, quinta clase. De ser aceptada la presente fórmula conciliatoria por el Banco de la República se dirime completamente la diferencia existente entre las partes frente al crédito representado en los mencionados bonos ordinarios..., y por ende por sustracción de materia esta queda fuera de la controversia, de manera que el proceso continuará en cuanto a los demás aspectos previstos tanto en la demanda como en la contestación y en las excepciones que enervan las pretensiones”.

Por su parte, el apoderado del Banco de la República manifestó que aceptaba la conciliación propuesta, bajo las siguientes precisiones: “PRIMERO. Como lo dijo Pacífico CFC, la conciliación sería parcial y se referiría exclusivamente a la solicitud de nulidad del Banco de la República del literal “D” del artículo 13 de la resolución uno de 1999, del artículo tercero de la Resolución 13 de 2000 y de la Resolución 39 de 2001, expedidas por Pacífico CFC, que son las referentes a los bonos ordinarios objeto de esta controversia. En esa medida el proceso continuaría adelante frente a las demás pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Pacífico CFC se debe comprometer a expedir el acto administrativo propuesto por ella en un plazo no superior a los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del auto que apruebe esta conciliación”.

Aceptado lo anterior por Pacífico CFC, en liquidación, el magistrado sustanciador dejó constancia de que la conciliación se hace en forma parcial.

c) El auto apelado.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca improbó la conciliación parcial efectuada entre los apoderados de Pacífico CFC, en liquidación, y del Banco de la República, aclarando que dicha decisión no obedece a que exista detrimento patrimonial del Estado, sino a que actualmente en el derecho colombiano no es posible conciliar situaciones derivadas de actos administrativos.

Para llegar a la siguiente conclusión expresó que la Ley 446 de 1998 permitía la conciliación en tratándose de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, en las cuales por regla general se ventilan asuntos particulares de contenido patrimonial, y que el parágrafo del artículo 37 de la Ley 640 de 2001 inicialmente también contempló la posibilidad de conciliación en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho a que se refiere el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, pero que posteriormente el Gobierno Nacional expidió el Decreto 131 de 2001, cuyo artículo 2º excluyó de tal posibilidad a las citadas acciones.

Observó el a quo que las anteriores razones no afectan los derechos de Pacífico CFC, en liquidación, frente al Banco de la República, ni pueden constituir pronunciamiento sobre la validez o legitimidad de los mismos.

d) Los recursos de apelación.

1. Pacífico CFC, en liquidación, recurrió el auto improbatorio del acuerdo conciliatorio, y esgrimió para el efecto los siguientes argumentos:

Al haber señalado el tribunal que la improbación del acuerdo no obedece a que exista detrimento patrimonial del Estado, se concluye que el acuerdo parcial suscrito entre las partes cumple con el postulado consignado en la parte considerativa de la providencia apelada, en el sentido de que “el reconocimiento voluntario de las deudas por parte de las entidades estatales debe estar fundamentado en las normas jurídicas que prevén la obligación, en las elaboraciones jurisprudenciales y en las pruebas suficientes acerca de todos los extremos del proceso, de manera que la transacción beneficie a la administración”.

Al afirmar el a quo que el artículo 71 de la Ley 446 de 1998 permitía la conciliación en tratándose de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, da a entender que dicha norma fue derogada, cuando lo cierto es que la Ley 640 de 2001 derogó expresamente varias normas, e incluso varios artículos de la Ley 640 de 2001, dentro de los cuales no se encuentra el artículo 71. Por el contrario, en su artículo 48 sobre “compilación”, facultó para compilar las normas aplicables a la conciliación que se encuentren vigentes, entre otras, en la Ley 446 de 1998.

En consecuencia, tal como lo establece el artículo 71 de la Ley 446 de 1998, mediando los actos administrativos impugnados las partes, cumpliendo los requisitos de ley, conciliaron parcialmente sobre los efectos económicos de los mismos.

El tribunal pasó por alto que el artículo 37 de la Ley 640 de 2001, modificado por el artículo 2º del Decreto 131 de 2001 se refiere única y exclusivamente a la conciliación extrajudicial en derecho, actuación que para ciertas acciones y asuntos es de obligatorio cumplimiento antes de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, siendo entonces un requisito de procedibilidad en las acciones de reparación directa y contractuales reguladas en los artículos 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

La anterior norma no se refiere a la conciliación judicial regulada por el artículo 43 de la Ley 640 de 2001 y, por tanto, nada tiene que ver la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad con un acuerdo parcial logrado dentro de una audiencia de conciliación surtida dentro de un proceso judicial en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual es permitida por el artículo 71 de la Ley 446 de 1998, siempre que se sujete a uno de los siguientes eventos: que la controversia o litigio sea susceptible de transacción, es decir, que verse sobre asuntos o derechos, sobre los cuales las partes tengan libre poder de disposición; y que no exista prohibición legal de transigir o conciliar el tema considerado.

En el asunto concreto, mediante la conciliación judicial el Banco de la República procura que se le paguen sus acreencias, luego como lo precisó el mismo tribunal, no existe detrimento patrimonial del Estado.

El acuerdo conciliatorio parcial entre Pacífico CFC, en liquidación, y el Banco de la República no recae sobre aspectos legales sino eminentemente económicos, susceptibles de ser conciliados.

El artículo 43 de la Ley 640 de 2001 no excluye la posibilidad de conciliar judicialmente dentro del trámite de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Por el contrario, indica que podrá realizarse audiencia de conciliación en cualquier etapa de los procesos.

Adicionalmente, el artículo 71 de la Ley 446 de 1998 sigue vigente y, además, sí se dan las causales establecidas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

2. Por su parte, el apoderado del Banco de la República, expresó:

El tribunal no explicó porque a su juicio no se dan los supuestos fácticos del artículo 71 de la Ley 446 de 1998, pero lo cierto es que sí los cumple, pues recae sobre los efectos económicos de los actos acusados, y claramente se dan las causales de revocatoria previstas en el artículo 69, numerales 1º y 3º del Código Contencioso Administrativo, dada la ilegalidad de lo decidido por Pacífico CFC en liquidación y el agravio injustificado que ello causa al Banco de la República.

Aun cuando podría pensarse que era innecesario haber dicho que como consecuencia del acuerdo logrado entre las partes Pacífico CFC en liquidación procedería a expedir un acto administrativo reconociendo al Banco de la República como acreedor, en la medida en que el acta de conciliación es suficiente para que dicho reconocimiento opere de pleno derecho, tal formalidad no afecta la intención clara e inequívoca de las partes de solucionar el conflicto generado en relación con los bonos ordinarios, para lo cual bastaría solamente la aclaración de la autoridad judicial en tal sentido, al momento de aprobar el acuerdo conciliatorio.

De otra parte, no es cierto, como lo afirma el tribunal, que la Ley 640 de 2001, con la modificación introducida por el Decreto 131 de 2001, eliminó la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que desde el punto de vista sustancial de la conciliación no puede confundirse su consagración como requisito de procedibilidad de ciertas acciones con su desaparición definitiva y de fondo en los procesos en que dicho requisito no se exige, más aún, cuando la ley la ha consagrado como posible en el desarrollo del proceso (L. 446/98, art. 71).

Además, en el artículo 49 de la Ley 640 de 2001 se indicaron las derogaciones expresas de normas anteriores, dentro de las cuales no se encuentra la del artículo 71 sobre conciliación contencioso administrativa cuando se trata de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. Consideraciones de la Sala

Llegado el momento de resolver los recursos de apelación interpuestos por el Banco de la República y por Pacífico CFC, en liquidación, contra el auto proferido por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual improbó la conciliación efectuada por aquellos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el primero contra la segunda, la Sala observa lo siguiente:

En el presente caso se trata de una conciliación judicial dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual, contrario a lo afirmado por el a quo, se encuentra legalmente permitida, tal y como lo precisó esta misma Sección en auto del 8 de agosto de 2003, consejera ponente Olga Inés Navarrete Barrero, expediente 25, actora: Carbones de Colombia S.A.:

“b) Antecedentes legislativos de la figura de la conciliación en materia contencioso administrativa.

“Esta corporación estima oportuno hacer un recuento histórico sobre la figura de la conciliación en materia contencioso administrativa.

La Ley 23 de 1991, “Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los despachos judiciales, y se dictan otras disposiciones”, dispuso en su artículo 59 que las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales, en las etapas prejudicial o judicial podrían conciliar sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que se ventilaran ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

“Posteriormente, el 25 de noviembre de 1991, el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el aparte e) del artículo transitorio 5º de la Constitución Política, profirió el Decreto 2651 de 1991. En su artículo 1º señaló que sus disposiciones regirían durante 42 meses, y en su artículo 6º excluyó, tácitamente, la posibilidad de conciliar en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho (CCA, art. 85), para dejarla solo en las acciones de reparación directa y contractuales (arts. 86 y 87, ibíd.).

“Mediante Decreto 171 de 1993, el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente el artículo 6º del Decreto 2651 de 1991, y dispuso en su artículo 1º que las normas sobre conciliación se aplicarán a los procesos contencioso administrativos en los que se controvierta la responsabilidad contractual o extracontractual del Estado (CCA, arts. 86 y 87), y expresamente estableció que la audiencia de conciliación no es aplicable a los procesos derivados de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

La Ley 92 de 1995 prorrogó por un año la vigencia del Decreto 2651 de 1991, a partir del 10 de julio de 1995.

“El 7 de julio de 1998 se expidió la Ley 446, “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”, cuyo artículo 70, modificatorio del 59 de la Ley 23 de 1991, señaló que las personas jurídicas de derecho público podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

“Finalmente, el 5 de enero de 2001 se expidió la Ley 640, “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”. En los artículos 23 y 24 dispuso, respectivamente, que las conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo solo podrán ser adelantadas ante los agentes del Ministerio Público asignados a esta jurisdicción y ante los conciliadores de los centros de conciliación autorizados para conciliar en esta materia, y que las actas que las contengan se remitirán al juez o corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que imparta su aprobación o improbación. Además, en el artículo 43 se refirió a la audiencia de conciliación judicial, la cual podrán pedir las partes, de común acuerdo, en cualquier etapa de los procesos”.

Al anterior recuento, hay que agregar que mediante el artículo 2ºdel Decreto 131 de 2001, el Gobierno Nacional enmendó un yerro caligráfico contenido en el artículo 37 de la Ley 640 de 2001, el cual, equivocadamente, incluyó el requisito de procedibilidad para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, contrario al querer del legislador.

Dicho artículo 2º del Decreto 131 de 2001 fue objeto de demanda de nulidad, la cual culminó con sentencia denegatoria de las pretensiones proferida el 30 de enero de 2004, consejero ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, expediente 1100103240002001007601 (6914), actor: Jorge Alberto Rey Zafra.

Prescribe el artículo en cita:

“ART. 2º—Corríjase el artículo 37 de la Ley 640 de 2001 en el sentido de que su tenor literal es el siguiente:

ART. 37.—Requisito de procedibilidad en asuntos de lo contencioso administrativo. Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes, individual o conjuntamente, deberán formular solicitud de conciliación extrajudicial, si el asunto de que se trate es conciliable. La solicitud se acompañará de la copia de la petición de conciliación enviada a la entidad o al particular, según el caso, y de las pruebas que fundamenten las pretensiones.

PAR. 1º—Este requisito no se exigirá para el ejercicio la acción de repetición.

PAR. 2º—Cuando se exija cumplir el requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo, si el acuerdo conciliatorio es improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido por la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día siguiente hábil al de la ejecutoria de la providencia correspondiente”.

Como se observa, la norma transcrita exige que para que se puedan ejercer ante la jurisdicción contencioso administrativa las acciones de reparación directa y contractuales (CCA, arts. 86 y 87, respectivamente) es necesario que las partes, individual o conjuntamente, soliciten una conciliación extrajudicial, requisito no exigible para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho a que se refiere el artículo 85, ibídem.

En consecuencia, no fue acertada la decisión del tribunal al improbar la conciliación con base en lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 131 de 2001, pues tal y como lo sostienen los apoderados del Banco de la República y de PacíficoCFC Compañía de Financiamiento Comercial S.A., en liquidación, la norma en comento no se refiere a la conciliación judicial, ya que, como se vio en el recuento histórico de dicha figura, la misma actualmente es permitida en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y cuando se den los requisitos legales previstos para ello, por lo cual esta corporación procede a estudiar de fondo la solicitud de conciliación judicial presentada por las partes, no sin antes transcribir las normas pertinentes:

Artículo 59 de la Ley 23 de 1991 (con la modificación introducida por el art. 70, L. 446/98). Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo...”.

Artículo 62 de la Ley 23 de 1991 (con la modificación introducida por el art. 71, L. 446/98). Cuando medie acto administrativo de carácter particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo si se da alguna de las causales del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, evento en el cual, una vez aprobada la conciliación, se entenderá revocado el acto y sustituido por el acuerdo logrado”.

Artículo 65A de la Ley 23 de 1991. El auto que apruebe o impruebe el acuerdo conciliatorio corresponde a la Sala, Sección o Subsección de que forme parte el magistrado que actúe como sustanciador; contra dicho auto procede recurso de apelación en los asuntos de doble instancia y de reposición en los de única.

“El Ministerio Público podrá interponer el recurso de apelación para ante el tribunal, contra el auto que profiera el juez administrativo aprobando o improbando una conciliación. Las partes podrán apelarlo, solo si el auto imprueba el acuerdo.

“La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público”.

“ART. 43.—(L. 640/2001). Oportunidad para la audiencia de conciliación judicial. Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar que se realice audiencia de conciliación en cualquier etapa de los procesos. Con todo, el juez, de oficio, podrá citar a audiencia.

“En la audiencia el juez instará a las partes para que concilien sus diferencias; si no lo hicieren, deberá proponer la fórmula que estime justa sin que ello signifique prejuzgamiento. El incumplimiento de este deber constituirá falta sancionable de conformidad con el régimen disciplinario. Si las partes llegan a un acuerdo el juez lo aprobará, si lo encuentra conforme a la ley, mediante su suscripción en el acta de conciliación.

Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, el juez dictará un auto declarando terminado el proceso, en caso contrario, el proceso continuará respecto de lo no conciliado”.

Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta corporación en cuanto a los requisitos que debe tener en cuenta el juzgador al momento de aprobar una conciliación, cuales son:

— Que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes.

— Que las partes estén debidamente representadas.

— Que los conciliadores tengan expresa facultad para conciliar y disponer de la materia objeto de convenio.

— Que no haya operado la caducidad de la acción.

— Que no resulte abiertamente inconveniente o lesivo para el patrimonio de la administración.

— Que los derechos reconocidos estén debidamente respaldados por las probanzas arrimadas a la actuación.

La Resolución 39, que revocó parcialmente las resoluciones 1 del 9 de noviembre de 1999 y 13 de 17 de marzo de 2000, fue expedida el 17 de enero de 2001, luego la demanda presentada el 21 de febrero de 2001 lo fue dentro del término de caducidad.

A la audiencia de conciliación surtida ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca comparecieron el director asesor del departamento jurídico del Banco de la República y como tal su representante legal, quien en dicha diligencia otorgó expreso poder para conciliar al doctor Óscar Eduardo Vargas Rozo; de igual manera, el apoderado general de Pacífico CFC, en liquidación, con facultad de representante legal, quien también otorgó expreso poder para conciliar a su apoderado Gustavo Alberto Herrera Ávila, es decir, que se cumplió con el requisito de que las partes están debidamente representadas y que tengan facultad expresa para disponer de la materia objeto de controversia.

En la conciliación que fue improbada por el a quo se reconoce al Banco de la República como acreedor dentro del proceso liquidatorio de Pacífico CFC en liquidación, en cuantía de cuatro mil novecientos cincuenta y nueve millones once mil quinientos veintisiete pesos ($ 4.959.011.527), por los bonos ordinarios de que es titular.

Se observa, entonces, a primera vista, que el acuerdo versa sobre un derecho económico que lejos de ser lesivo para el patrimonio público le genera beneficios, en la medida en que la suma no solamente no sale del Banco de la República, entidad estatal, sino que ingresa a ella.

En cuanto al derecho que tiene el Banco de la República para ser reconocido como acreedor dentro del proceso liquidatorio de Pacífico CFC, en liquidación, la Sala encuentra a folio 380 y siguientes 16 constancias de depósito expedidas por Deceval S.A. que acreditan que el Banco de la República es titular de los bonos expedidos por la demandada, así:

- 1999-03-15-00321$ 100.700.000
- 1999-03-17-00882$ 141.500.000
- 1999-01-05-00494$ 167.200.000
- 1999-02-05-00168$ 262.500.000
- 1999-02-05-00169$ 737.500.000
- 1998-11-11-00547$ 1.000.000.000
- 1998-11-11-00551$ 126.200.000
- 1998-11-11-00555$ 189.000.000
- 1998-11-11-00546$ 101.800.000
- 1998-11-11-00557$ 220.500.000
- 1998-11-11-00556$ 193.200.000
- 1998-11-11-00542$ 159.700.000
- 1999-01-05-00493$ 332.800.000
- 1998-11-18-00232$ 133.500.000
- 1998-11-11-00669$ 188.700.000
- 1998-11-18-00633$ 490.400.000
Total capital$ 4.545.200.000
Intereses$ 413.811.527
Total$ 4.959.011.527

De igual manera, a folio 396 y siguientes obran en fotocopia los certificados de depósito para el ejercicio de derechos patrimoniales por los mismos valores y referencias anteriormente relacionados, en los que figura como titular el Banco de la República y como emisor Pacífico CFC.

Como quiera que la conciliación surtida entre laspartes cumple con los requisitos que para el efecto han establecido las disposiciones legales la Sala la aprobará teniendo en cuenta que el artículo 71 de la Ley 446 de 1998 establece que cuando medie acto administrativo de carácter económico podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo si se da alguna de las causales del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, y que para el caso es la contenida es su numeral 3º, ya que con la decisión adoptada en los actos acusados en el sentido de no reconocer Pacífico CFC, en liquidación, las acreencias del Banco de la República se le causa a éste un agravio injustificado, por lo cual a partir de la presente aprobación se entienden parcialmente revocados los actos objeto de demanda, esto es, el artículo 13, literal d), de la Resolución 1 de 9 de noviembre de 1999, 3º de la Resolución 13 de 17 de marzo de 2000 y la Resolución 39 de 18 de enero de 2001, y sustituidos por el acuerdo logrado.

Finalmente, la Sala considera importante precisar que mediante Resolución 1 de 21 de septiembre de 1999, en el proceso liquidatorio de Corfipacífico S.A., en liquidación, le fue reconocida al Banco de la República su acreencia por los bonos ordinarios emitidos por Pacífico CFC (hoy en liquidación) en cuantía de cuatro mil quinientos cuarenta y cinco millones doscientos mil pesos ($ 4.545.200.000) dentro de la categoría de bienes excluidos de la masa, razón por la cual en el evento de que al Banco de la República la primera de las citadas le pague efectivamente dicha suma o cualquiera otra, la aquí demandada únicamente queda obligada a pagar la diferencia entre esta y la que fue objeto del acuerdo conciliatorio que se aprueba.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVÓCASE el Auto Interlocutorio 1178 de 16 de diciembre de 2002 proferido por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar:

1. APRUÉBASE la conciliación judicial contenida en el acta suscrita el 4 de diciembre de 2002 por los apoderados de Pacífico CFC Compañía de Financiamiento Comercial S.A., en liquidación, CFC y del Banco de la República.

2. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal para que el proceso continúe en lo que no fue objeto de conciliación.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 20 de mayo de 2004.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Camilo Arciniegas Andrade, Presidente—Gabriel E. Mendoza Martelo—Olga Inés Navarrete Barrero—Rafael E. Ostau de Lafont Pianetta.

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