Sentencia 21474 de enero 26 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

HURTO CALIFICADO

CONCURSO CON EL DELITO DE SECUESTRO

EXTRACTOS: «El punto esencial que se somete a consideración de la Sala se concreta a establecer si el comportamiento de haber retenido al conductor del vehículo objeto de apropiación, señor Jorge Alfonso Palacio Vélez, trasladándolo a un lugar despoblado donde permaneció por espacio de 15 a 20 minutos, configura delito autónomo de secuestro o está dentro de los presupuestos del denominado delito complejo, para ser considerado como una circunstancia calificante del hurto, en cuyo caso solo se podría inferir un concurso aparente y no real de conductas punibles.

(...).

Pues bien, en punto del concurso material entre los delitos de hurto calificado por la violencia y secuestro, ha tenido la Sala la oportunidad de señalar que una es la conducta de apoderarse de un bien mueble mediante violencia, y otra, la de privar de su libertad de locomoción a quienes mantienen respecto del bien apropiado posesión, tenencia o contacto físico, habida cuenta que tales actos resultan separables (1) .

Complementario a lo anterior, en otra oportunidad también se precisó que

“El legislador no previó como elemento estructurante de la conducta punible de secuestro simple el factor de la ‘temporalidad’ de la acción, sino la efectiva limitación de la libertad de locomoción y de las posibilidades de autodeterminación de los afectados. Por lo tanto, el hecho de que en el presente caso solo se hubiese retenido a los afectados por un breve lapso —40 minutos según el dicho del ciudadano holandés— tal circunstancia, por sí sola, no es óbice para descalificar el secuestro imputado en el acta de formulación de cargos, pues, se reitera, la vigilancia ejercida sobre las personas no fue circunstancial, sino que se prolongó a la que habría sido suficiente o necesaria para el despojo de sus haberes, tiempo en el que las víctimas no tuvieron oportunidad de obrar con libre albedrío(2) (negrillasfuera de texto).

Más recientemente, en fallo con ponencia de quien ahora cumple similar cometido, se dijo que si una vez consumado el delito de hurto calificado por la violencia, “los delincuentes deciden mantener retenido al hacendado contra su voluntad y le advierten a su hijo, que se lo llevan, no hay duda alguna que se trata de un comportamiento diverso al atentado patrimonial, y que ahora vulnera la libertad personal de la víctima” (3) (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se extrae que no es cierta la afirmación del censor cuando colige que el criterio de esta Sala ha sido el de considerar que “cuando en procesos como el presente la retención se realiza mientras se asegura el producto hurtado o la impunidad, se tipifica el delito de hurto calificado, pues se impide que esa exteriorización de la voluntad fuera estimada como otro delito autónomo (el secuestro)”.

Para sostener lo anterior el casacionista se basa en un fallo de esta Sala cuyos efectos fueron ampliamente debatidos en las instancias del proceso, de fecha diciembre 12 de 2002, con ponencia del doctorYesid Ramírez Bastidas (Rad. 13475), en donde a los tenedores de una mercancía que se transportaba en un automotor se les ordenó por los delincuentes su descarga en un campo de fútbol, considerándose que tal acto no erigió afectación de su libertad de locomoción y que, por consiguiente, no se estructuraba el delito de secuestro.

En ningún momento en dicho fallo se concluyó, contrario a como lo sostiene el actor otorgándole un sentido distinto a lo allí expuesto, que en todos los casos en que se retiene a los tenedores, poseedores o a quienes estén en contacto con el objeto material del ilícito con el propósito de asegurar el resultado del hurto o su impunidad, se configura un concurso aparente; por el contrario, expresamente se indicó en esa sentencia que

“2. La decisión que aquí se tomará sigue la línea jurisprudencial trazada por la Corte, a través de la cual —sin establecer reglas generales— ha venido analizando puntualmente cada uno de los casos que las demandas de casación en forma o los conflictos de competencia han traído a su conocimiento, encontrando en algunos eventos que el concurso de los tipos penales de hurto calificado y agravado y secuestro simple es apenas aparente, y, en otros, que es real e incluso, en ocasiones, los hechos han demostrado que se avanza por parte de ciertas bandas delincuenciales hasta el secuestro extorsivo. Al efecto y sobre el primer tópico, baste relacionar, entre otras, las decisiones del 4 de junio de 1986 y de 30 de mayo de 2001; y, sobre el segundo, del 4 de junio y 26 de noviembre de 2002” (4) .

La anterior ha sido la tendencia jurisprudencial que últimamente ha mantenido esta Sala, evitando precisamente, a diferencia de lo que sostiene el libelista, formular reglas generales para solucionar la problemática, pues cada caso se resolverá de acuerdo con sus particularidades.

Sin embargo, la postura que esta Sala ha brindado para la mayor parte de los casos, como se vio de acuerdo con el recuento jurisprudencial previo, ha sido la de que sin atender al factor temporal de la privación de libertad a que se someta al tenedor, poseedor o detentador del objeto material del hurto, toda aquella que sobrevenga al doblegamiento de su voluntad y a la facultad de disposición que logra el sujeto activo sobre el objeto material del ilícito, es innecesaria o superflua para la consumación del delito y estructura un atentado contra la libertad personal que debe ser sancionado como secuestro.

En otro asunto también reciente, sustancialmente similar al que concita la atención, se dijo por la Sala:

“En esas condiciones, ya consumado el hurto y asegurado por los agresores el beneficio que se propusieron, los actos que a partir de entonces se llevaron a cabo son separables de ese inicial comportamiento y se someten a las consecuencias de tipicidad que puedan estructurar de manera aislada. Y es claro, según lo acepta el acusado en sus descargos, que luego de que sus compañeros se llevaron el carro, se conminó al conductor a ingresar a un establecimiento y lo ‘acompañó y cuidó’ para que no se fuera, lo cual aconteció hasta que la autoridad policiva, previamente alertada por el ayudante, frustró la continuidad de ese proceder.

Si así se presentó la situación, no puede aceptarse la tesis defensiva de que esa privación de la libertad de locomoción se subsume en el delito contra el patrimonio económico por tratarse de la violencia necesaria para asegurar el objeto de la ilicitud. Y no es admisible la propuesta, por cuanto, reitera la Sala, al hacerse al camión y a la mercancía e irse con ella, los sujetos activos consumaron la finalidad inicial, ante lo cual la retención subsiguiente era superflua a ese propósito. Por manera que si, lograda la pretensión del hurto, se decidió privar de su libertad a la víctima este proceder no se integra a aquel y de manera autónoma estructura el secuestro simple” (5) (negrillas fuera de texto).

Advertido lo anterior, se tiene que en el caso de la especie indicó el tribunal en el fallo atacado que luego de que los dos sujetos doblegaron la voluntad del conductor del automotor Jorge Alfonso Palacio Vélez, para lo cual utilizaron arma de fuego y lo obligaron a ingerir una bebida que disminuyó sus capacidades sensoriales, como lo estableció el Instituto de Medicina Legal, uno de ellos, el aquí procesado Arbeláez Pulgarín, precisamente quien esgrimió el arma, continuó al mando del vehículo mientras el otro dirigió al conductor hasta un lugar despoblado (un rastrojo) en donde permaneció por espacio de 15 a 20 minutos atado y custodiado, hasta que pudo liberarse después de que su captor se retirara, con auxilio de una persona que fortuitamente pasaba por el lugar.

Es claro que esa retención del conductor fue absolutamente innecesaria para la consumación del hurto. Los dos individuos que participaron en la conducta, esgrimiendo arma de fuego y haciéndole ingerir la extraña bebida al conductor, ya habían eliminado cualquier posibilidad de resistencia que este pudiera desplegar para evitar el despojo de los bienes (el vehículo y sus objetos personales), constituyendo esta, entonces, la violencia calificante del hurto; además, los coautores ya tenían asegurado el control del automotor, esto es, tenían plena disposición sobre el objeto material, lo que permite colegir que el delito patrimonial ya se había consumado.

Así las cosas, el acto posterior de trasladar al conductor a otro lugar para mantenerlo bajo las condiciones anotadas so pretexto del perfeccionamiento o agotamiento del hurto, es escindible y autónomo, lesivo de la libertad personal y concursa de manera real y efectiva con el delito patrimonial, en tanto, como bien lo señala el señor agente del Ministerio Público, ya hace parte de la violencia inherente y necesaria para estructurar el delito de secuestro, dado que para que este se configure resulta preciso que se doblegue el consentimiento de su titular.

La conducta de los coautores sometida a estudio, constituye así la denominada conexidad teleológica, en la cual el delito que se realiza para el perfeccionamiento o para garantizar la impunidad de otro concursa efectivamente con este y se asimila a la de quien con los mismos propósitos, también frente a un hurto, suprime la vida del tenedor o poseedor del bien, caso en el cual no es admisible concluir que el reproche penal únicamente se edifica frente al reato patrimonial.

En cuanto se refiere a que el propósito del acusado o el dolo estaba encaminado únicamente al de hurtar la mercancía, pero que era necesario para cometer dicho delito privar de su libertad al conductor del vehículo, baste decir, que la finalidad pretendida por el agente no tiene la entidad suficiente para desconocer la ocurrencia efectiva y material, además de necesariamente representada por él, de quebrantar otros bienes jurídicos, y con ello incurrir en el concurso de delitos por el que se le condenó.

Oportunas en este contexto resultan las glosas del señor agente del Ministerio Público cuando señala que para las diferentes concepciones dogmáticas del delito la finalidad perseguida por el agente no agota el ámbito de responsabilidad, y porque en todo caso difícil resulta suponer que los coautores no se representaron mentalmente que el comportamiento de conducir a un individuo hasta un lugar despoblado, amarrándole por un determinado tiempo, no constituye una vulneración de su derecho a la libertad de locomoción, que se sanciona de acuerdo con la pena prevista para el delito de secuestro.

Además de lo expuesto, se impone precisar que respecto del criterio de consunción como solución al concurso aparente de delitos, y más especialmente en cuanto se refiere al denominado hecho típico acompañante, de lo que se trata es que el juicio de desvalor de uno de los comportamientos en aparente concurso, consume el juicio de desvalor del otro delito, dado que la entidad de este último no trasciende ni cobra autonomía en punto de la lesión al bien jurídico tutelado, en la medida que su punición ya ha sido establecida por el legislador al tipificar el otro comportamiento. En evento contrario, como ocurre en el caso de la especie, que ambos comportamientos violan de manera ostensible y autónoma diversos bienes jurídicos (patrimonio económico y libertad personal), no hay duda de que la valoración de la finalidad perseguida por el acusado resulta inane, pues sin dificultad se advierte la configuración de un concurso material de delitos.

De lo anotado puede concluirse quelos argumentos del censor orientados a demostrar que se trató de un concurso aparente de delitos de hurto calificado y secuestro simple y que por ende se violo el principio non bis in ídem no prosperan, al no acreditar que la norma seleccionada y aplicada del secuestro correspondió a un defectuoso proceso de adecuación típica, o que la retención de Jorge Alfonso Palacio Vélez por parte del procesado, con posterioridad a la comisión del delito de hurto calificado, correspondía a un elemento estructural de este comportamiento (especialidad), o bien que la adecuación de la conducta a tal tipo penal excluía el precepto que tipifica el atentado a la libertad personal (alternatividad), ora que uno de los delitos era subsidiario del otro (subsidiariedad), o que el juicio de desvalor de una de las conductas delictivas consumía el de la otra (consunción).

Así las cosas, el cargo no prospera».

(Sentencia de casación, 26 de enero de 2005. Radicación 21.474. Magistrado Ponente: Dra. Marina Pulido de Barón).

(1) Sentencia del 5 de febrero de 2002. Radicación 13662, M.P. Herman Galán Castellanos.

(2) Sentencia del 30 de abril de 2002. Radicación 19.394, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

(3) Sentencia del 4 de febrero de 2004. Radicación 21.442, M.P. Marina Pulido de Barón.

(4) Radicación 13745, decisión de fecha julio 12 de 2002; M.P. Yesid Ramírez Bastidas.

(5) Radicación 12770, sentencia de fecha junio 26 de 2002; M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

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