Sentencia 21498 de marzo 10 de 2004

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 21498

Acta: 14

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil cuatro.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso las E... P... M... ESP, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de M... el 11 de abril de 2003 en el juicio ordinario laboral que promovió en su contra y en el de C... A... L... D... A... P..., en su propio nombre y en representación de sus hijos menores J... A..., J... y B... A... R... A....

I. Antecedentes

D... A... P..., en su propio nombre y en representación de sus hijos, J... A..., J... y B... A... R... A... demandó a la empresa C... A... L... y a las E... P... de M... ESP, para que se declarara que el accidente de trabajo en el cual falleció R... R... R... se debió a la culpa exclusiva de esa constructora y que la otra demandada en calidad de beneficiaria de la obra donde aquél murió, es solidariamente responsable del pago de los perjuicios materiales y morales, que cuantificó en las sumas de $ 100.000.000 y 1.000 gramos oro para cada uno de los demandantes, respectivamente.

Para fundamentar sus pretensiones afirmó que R... R... R..., con el cual había contraído matrimonio, trabajó para la empresa C... A... L... en la obra que realizaba esta, a las E... P... de M... y que se denominaba “C... grupo 2”, desde el 18 de junio de 1999 hasta el 16 de julio del mismo año, cuando falleció como consecuencia de un accidente de trabajo, accidente que, afirma, se debió única y exclusivamente a culpa del patrono, ya que éste no observaba las medidas de seguridad para el desarrollo de la actividad y no tenía controles que cubrieran dichos riesgos para los trabajadores que se encontraban dentro de las brechas donde realizaban su trabajo.

Las demandadas se opusieron a las pretensiones de la actora y respecto a los hechos de la demanda, las E... P... de M... expresó que los mismos debían probarse, y, la empresa C... A... L... manifestó que unos eran ciertos, que otros no lo eran y que los demás debían probarse. La primera entidad alegó en su defensa que “el trabajador no cumplió con las medidas de seguridad para esta clase de trabajos: trabajos en brecha” (fl. 31) y propuso las excepciones de inepta demanda, indebida integración del contradictorio, culpa de la víctima, caso fortuito y fuerza mayor, compensación y descuento, prescripción e inexistencia de la indemnización de perjuicios; y la otra, las de pago, inexistencia de las obligaciones y cobro de lo no debido.

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de M..., mediante sentencia del 22 de octubre de 2002, condenó, en forma solidaria, a la S... C... L... y a las E... P... de M... a pagar a la demandante $ 60.682.890 por concepto de indemnización total del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; $5.000.000, por concepto de perjuicios morales; y una pensión de sobrevivientes, equivalente al salario mínimo legal y a partir del 16 de julio de 1999, en cuantía del 50% para la cónyuge y el otro 50% para los hijos en proporciones iguales.

II. La sentencia del tribunal

Apelaron las demandadas y el Tribunal, en la sentencia aquí acusada, confirmó la decisión de a quo, “menos en cuanto condenó al pago de la pensión de sobrevivientes, aspecto en el cual se REVOCA, para en su lugar, ABSOLVER a las demandadas” (fl. 14).

Una vez se refirió al contenido de los artículos 63 y 1604 del Código Civil y transcribió lo expresado por la sentencia de la Corte del 12 de julio de 1955 y un tratadista nacional sobre la culpa, puso de presente las obligaciones que le impone al empleador la legislación laboral colombiana en los artículos 57 (ord. 2º) y 348 (modificado por el D. 13/67, art. 10) del Código Sustantivo del Trabajo, así como en la Ley 9ª de 1979, con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo, se resaltó que en el presente caso no se discute el hecho del infortunio laboral sufrido por R… R…, mientras estaba vinculado con la constructora demandada, sino si en dicho accidente hubo o no culpa suficientemente comprobada de esa empleadora, para los efectos a que se contrae el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

Luego trajo a colación lo expuesto por un autor extranjero sobre las medidas de seguridad que debe observar el empleador y destacó lo previsto en ese sentido en los artículos 420, 421, 422, 423 y 426 del Decreto 2400 de 1979 (Estatuto General de Higiene y Seguridad Industrial) y a renglón seguido concluyó, en lo que al recurso de casación concierne, lo siguiente:

"Con fundamento en los planteamientos que venimos de hacer, encontramos que los hechos aducidos por los recurrentes, no desnaturalizan la culpa patronal en la ocurrencia del percance padecido por el trabajador fallecido, en la forma que fue deducida por el Juzgado de Conocimiento, puesto que el hecho de que el señor R… R… se hubiera quedado dentro de la brecha, no desdibuja la responsabilidad de la empleadora, puesto que allí se encontraba el encargado de la obra, señor C… A… A…, quien no tomó la previsión o el cuidado necesario, acerca de que nadie se encontrara allí, para luego dar la orden de bajar el tubo, con las recomendaciones previstas en las normas que venimos de transcribir, sino que permitió realizar una labor de suyo peligrosa para la salud, como finalmente ocurrió en el siniestro, y por tanto, la culpa patronal en la ocurrencia del accidente no se desdibuja ni se aminora por la circunstancia aducida en la fundamención(sic) de la alzada por la patrona judicial de la empleadora, y de la empresa llamada a responder solidariamente, al buscar soslayar la responsabilidad de la parte empleadora en el cumplimiento de las funciones que le recomendaron al trabajador fallecido. En consecuencia, no pueden atenderse los pedimentos para que se les exima de la responsabilidad patronal en el insuceso” (fls. 201 y 202).

En seguida copió apartes de la Sentencia de la Corte de fecha 28 de Septiembre de 1982 sobre los alcances de la obligación patronal de prevención de los riesgos de trabajo.

III. El recurso de casación

Lo interpuso la demandada E... P... de M... para que la Corte case la sentencia impugnada “en cuanto confirmó las condenas de primer grado de perjuicios materiales y morales, para que en sede de instancia, y manteniendo la absolución respecto de la pensión de sobrevivientes, revoque las referidas condenas impuestas por el Juzgado y en su lugar la absuelva de todos los cargos formulados en su contra” (fl. 24, cdno. de la Corte).

Con ese propósito, formula un cargo en el que acusa la sentencia impugnada de violar por la vía directa, por aplicación indebida, los artículos 57, 216 y 348 del Código Sustantivo del Trabajo; 84 de la Ley 9ª de 1979; 420, 421, 422, 423 y 426 del Decreto 2400 de 1979 y 63 y 1604 del Código Civil y por infracción directa el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo.

En la demostración del cargo la recurrente comienza por relacionar las piezas procesales que tuvo en cuenta el Tribunal para construir su decisión, así como las normas invocadas y las anotaciones jurisprudenciales y doctrinales en que se sustentó el fallo, del cual luego se transcribió un aparte.

A continuación se afirma que el Tribunal reconoció que el trabajador fallecido se quedó dentro de la brecha a pesar de lo cual dedujo la culpa patronal de la conducta omisiva del encargado de la obra, señor C… A… A…, quien no tomó la previsión o cuidado de que nadie se encontrara en la brecha y seguidamente ordenó bajar el tubo.

De donde sostiene el impugnante, que para el juzgador la ocurrencia del accidente en el que perdió la vida el señor R… ocurrió por una omisión del encargado de la obra y de esa omisión concluyó automáticamente la culpa patronal en dicho insuceso.

Para la impugnante ese criterio es equivocado, ya que no siempre puede deducirse una culpa patronal en la ocurrencia de un accidente de trabajo, cuando es producido por una omisión del encargado de una obra o establecimiento y las normas que citó el ad quem no dan para llegar a esa conclusión.

Asevera que las previsiones de los artículos 57 y 348 del Código Sustantivo del Trabajo y 84 de la Ley 9ª de 1979, en modo alguno se refieren a los actos de los encargados de una obra y cuya omisión, según el Tribunal, dio origen al accidente de trabajo.

Igualmente manifiesta que ninguna de las obligaciones que se consagran en el artículo 420 del Decreto 2400 de 1979, así como de los demás preceptos de esta normatividad, guardan relación con la motivación de la sentencia, en la que se asentó que lo fundamental fue que el encargado de la obra no se percató de que no hubiese nadie en la brecha y ordenó bajar el tubo.

De otro lado, expresa que al patrono le incumben las obligaciones de protección y de seguridad para con sus trabajadores y que las mismas tienden en lo posible a evitar riesgos e infortunios para sus servidores. Pero de igual modo, los trabajadores tienen como una de sus obligaciones especiales, la de observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales, según lo establece el numeral 8º del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo.

Señala que, por lo anterior, para determinar la responsabilidad del empleador y más aún su culpa cuando se trate de un accidente de trabajo, deben los jueces examinar en rigor si hubo la negligencia, imprudencia o descuido del trabajador, pues si esto sucede, es obvio que no puede hablarse de culpa del empleador y por consiguiente ninguna medida de seguridad o de protección tendiente a evitar accidentes será eficaz.

Dice que en el presente caso el trabajador fallecido se quedó en la brecha, por lo que debió el juzgador determinar si esa conducta era negligente, imprudente o descuidada y no colegir fatalmente que la culpa había sido producto de una omisión del encargado de la obra de no fijarse, antes de bajar el tubo, que no estuviera nadie en la brecha.

Agrega que cuando una de las partes del contrato de trabajo desconoce los deberes y obligaciones o incurre en una de las prohibiciones que emanan de la ejecución de aquel acuerdo bilateral, es entendible que cause un perjuicio a la otra e inclusive un perjuicio a sí mismo.

Finalmente, precisa que cuando el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo habla de culpa comprobada del patrono en la ocurrencia de un accidente de trabajo o de enfermedad profesional, no puede considerarse que la omisión de uno de sus agentes, suponga inexorablemente su responsabilidad y la culpa, pues habrá también que examinar cuál fue la conducta de la víctima.

La oposición, por su parte, solicita que no se case la sentencia acusada, toda vez que en el presente caso no se configura el concepto de violación de la ley que se denuncia, sino que la normatividad aplicada por el Tribunal corresponde a la realidad que muestra la prueba obrante en el proceso.

IV. Consideraciones de la Corte

Un primer reparo que le hace la impugnante a la decisión del Tribunal consiste en que dedujo la culpa atribuida a la empleadora de la conducta omisiva del encargado de la obra, señor C... A... A..., quien no tomó la previsión o cuidado de que nadie se encontrara en la brecha y seguidamente ordenó bajar el tubo, lo que resulta equivocado, pues no siempre puede deducirse una culpa patronal en la ocurrencia de un accidente de trabajo, cuando es producido por una omisión del encargado de una obra o establecimiento. 

Ciertamente, ha explicado esta Sala que de la culpa de un trabajador que lleve la representación del empleador no puede extraerse de manera automática e inexorable la responsabilidad de éste para los efectos a que se contrae la indemnización plena de perjuicios contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, pero, tampoco es dable por esta circunstancia relevarlo de manera inmediata de toda culpa, porque será el análisis de orden probatorio en cada caso concreto el que determinará finalmente si es responsable o no frente a esa disposición por la actuación culposa de su representante. 

Así lo dijo en la sentencia del 10 de noviembre de 1995, radicación 7885, en la que puntualizó: 

Por manera que si bien con fundamento en el artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo, de la culpa de un representante empresarial no puede colegirse automática e inexorablemente la responsabilidad patronal para efectos de la indemnización plena de perjuicios regulada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, mucho menos es dable inferir su exculpación generalizada porque ello constituye un equivocado entendimiento de la jurisprudencia de esta Sala y especialmente de la sentencia del 13 de julio de 1993 (exp. 5918), que conduciría a entronizar una irresponsabilidad patronal absoluta contraria al texto y a la finalidad del último precepto citado.  

Se sigue de lo anterior que la responsabilidad empresarial en eventos de actuación culposa de su representante habrá que examinarla de manera individualizada frente al acervo probatorio. Como se hizo ver en la prenombrada sentencia habrá casos de riesgos profesionales en los cuales concurra la culpa de los representantes del empleador con la de éste; algunos en los que la culpa sea exclusivamente del empresario; y otros en los que no haya existido culpa de los representantes ni del representado. 

En este caso, como surge de la sinopsis del fallo impugnado, no es dable inferir que el Tribunal dedujera automáticamente la culpa de la constructora Antares de la del encargado de la obra C... A... A..., pues hizo suyas las inferencias del fallador de primer grado, quien concluyó que “el empleador C... A... L... violó la obligación especial consagrada en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo numeral 2º, que se relacionan con la obligación de protección al trabajador de accidentes, en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud del mismo, esto en armonía con las normas de seguridad antes transcritas, en cuyo incumplimiento incurrió la parte demandada según se vio, puesto que no se verificó previamente el amarre del tubo a la retroexcavadora realizado por la persona encargada de tal labor, según lo reconoció en forma expresa el señor A… A… en su declaración (fls. 141 y 142). 

Y, aparte de ello, hizo expresa referencia a las normas previstas en el Decreto 2400 de 1979, las cuales consideró que “no fueron tenidas en cuenta por la parte empleadora en el momento de la ocurrencia del siniestro que terminó con la vida del señor R… R…” (fl. 200). 

Así las cosas, para desvirtuar en el presente caso la responsabilidad de la entidad recurrente por la culpa del encargado de la obra donde falleció el trabajador R... R... R... habría que adentrarse en el examen de las pruebas que sirvieron de fundamento al juzgador de la primera instancia para deducir la culpa de la empleadora, análisis probatorio que, como se dijo, se entiende que fue acogido por el fallador de la apelación, toda vez que manifestó en la sentencia que “los hechos aducidos por los recurrentes, no desnaturalizan la culpa patronal en la ocurrencia del percance padecido por el trabajador fallecido, en la forma que fue deducida por el a quo” (fl. 201) y esa valoración de las pruebas no es factible hacerla por la vía aquí escogida por la recurrente para invalidar la decisión del Juez de segundo grado. 

La otra inconformidad de la impugnante con el fallo del Tribunal estriba en que éste para determinar la responsabilidad de la empleadora demandada en el accidente de trabajo donde murió el empleado R... R... R... no examinó, como era su deber, si hubo negligencia, imprudencia o descuido del trabajador en la ocurrencia de dicho percance.  

Pero lo cierto es que a la luz del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que contiene una regulación especial de la responsabilidad laboral, para determinar la obligación del empleador al reconocimiento y pago de la indemnización total y ordinaria de los perjuicios le basta al juzgador establecer la culpa “suficientemente comprobada”, en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la enfermedad profesional, de suerte que, en este caso, una vez determinada esa conducta culposa no se hacía necesario analizar la responsabilidad que en el infortunio pudiera haber correspondido al trabajador, salvo que se hubiese alegado por las demandadas que el accidente laboral se produjo por un acto deliberado de aquél, lo que no aconteció. Y se afirma lo anterior, por cuanto, como lo ha explicado esta Sala de la Corte, no es posible que la responsabilidad laboral del empleador desaparezca por la compensación de las faltas cometidas por las partes.  

Así lo dijo en la sentencia de la extinta sección primera del 9 de febrero de 1984, a la que corresponden los apartes que a continuación se transcriben: 

“Los principios jurídicos arriba expuestos, que surgen nítidamente en el campo del derecho laboral, encuentran apoyo inequívoco en el moderno derecho civil que en materia de ‘neutralización de actividades peligrosas’ o ‘neutralización de culpas’, no acepta que la responsabilidad desaparezca por la compensación de faltas cometidas por las partes. Menos aún en casos como el presente, en que no hubo acto deliberado y ni aún voluntario de la víctima, ni culpa grave de su parte —conforme se ha visto— de suerte que no tiene aplicación la fórmula clásica volenti non fit iniuria”. 

De lo citado se concluye que no se presentará la responsabilidad del empleador de que trata el señalado artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo cuando el accidente de trabajo haya ocurrido por culpa atribuible exclusivamente al trabajador, pero no cuando en tal insuceso concurra la culpa de los dos sujetos de la relación de trabajo. 

En consecuencia, se tiene que el juzgador de segundo grado no incurrió en las infracciones que se le atribuyen. 

Por lo dicho, el cargo no prosperará. Como hubo oposición las costas estarán a cargo de la parte recurrente.  

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, dictada el 11 de abril de 2003 en el juicio ordinario laboral que promovió D... A... P..., en su propio nombre y en representación de sus hijos J... A..., J... y B... A... R... A... contra la sociedad C... A... L... y las E... P... de M... 

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. 

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. 

Magistrados: Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Náder—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero. 

María Ismenia García Mendoza, secretaria.