Sentencia 21501 de marzo 8 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PRUEBA DEL ESTADO CIVIL EN MATERIA LABORAL

EN CASO DE DEMANDARSE A LA CÓNYUGE SOBREVIVIENTE DEL EMPLEADOR

EXTRACTOS: «Considera la censura que el tribunal incurrió en error de derecho al haber dado por demostrada, por “confesión” de la codemandada Perla Lidia Lei, su calidad de cónyuge supérstite del empleador “no empece no ser eficaz la confesión para acreditar el estado civil de cónyuge o el matrimonio, que requiere de registro civil correspondiente”.

Ahora bien: Comoquiera que en ocasiones esta corporación ha sostenido que “... dada la específica naturaleza del juicio laboral y la clase de conflicto jurídico que mediante él se busca resolver, no resulta acorde con su finalidad la exigencia de pruebas solemnes distintas de las expresamente requeridas por la propia ley laboral...” (Sent. del 13 de sep./91, Rad. 4422), se hace necesario determinar si las normas que regulan la prueba de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas tiene aplicación dentro del proceso laboral.

Al efecto, ante la ausencia de normas que regulen los medios probatorios del estado civil de las personas en el procedimiento laboral, el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral nos remite, en primer lugar, al artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, por extensión analógica.

Dicho artículo 212 regula la prueba que se ha de presentar al patrono por quienes invoquen la calidad de beneficiarios, —la que envuelve condiciones relativas al estado civil— para constituirse en acreedores de la obligación laboral, —no en relación con el deudor, ni ante el juez, como es el caso bajo examen— y dispone que aquellas se aprobaron con “... las copias de las partidas eclesiásticas, o de registros civiles, o de las pruebas supletorias, que admita la ley, más una información sumaria de testigos...”.

Las pruebas supletorias previstas en el artículo 105 del Decreto-Ley 1260 de 1970, al que nos hemos de remitir por ser la normatividad vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos que se procuran demostrar, son las actas o los folios reconstruidos o el folio resultante de la nueva inscripción.

Las pruebas supletorias a las que se refería la ley vigente en el momento en que se expidió el Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 395 del Código Civil y el artículo 19 de la Ley 92 de 1938, podrían obrar hoy solo ante los funcionarios competentes del registro civil, para efectos de reconstruir el registro o abrir uno nuevo.

Para todos los demás funcionarios es perentoria la norma del Decreto 1260 de 1970 que dispone:

“ART. 106.— Formalidad del registro. Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”.

Por lo demás, conviene destacar lo precisado por la Sala de Casación Civil de esta corporación en pronunciamiento del 7 de marzo de 2003 (S-025, Exp. 7054) sobre tema de la prueba del estado civil de las personas:

“La trascendencia que reviste el estado civil para una persona, ha conducido al legislador a reglamentar, en forma estricta y detallada, la manera como ha de llevarse a cabo el registro de los diferentes hechos que determinan tal estado y a señalar, taxativamente, los medios a través de los cuales puede acreditarse su existencia, prueba que, como es sabido, ha variado con las diferentes disposiciones legales que sobre la materia han regido en el país desde 1887, a las que debe referirse brevemente la Sala, por cuanto varios de los demandados nacieron entre los años 1912 a 1928.

Obsérvase, entonces, que el artículo 22 de la Ley 57 de 1887 dispuso que constituían pruebas principales del estado civil “respecto de nacimientos... de personas bautizadas... en el seno de la Iglesia Católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales” (se resalta).

La Ley 92 de 1938, a su turno, estableció que a partir de su vigencia eran pruebas principales “... las copias auténticas de las partidas de registro del estado civil,...” (art. 18) y que a falta de ellos podían suplirse “... en caso necesario, por otros documentos auténticos, o por las actas o partidas existentes en los libros parroquiales extendidas por los respectivos curas párrocos,...” (se resalta; art. 19).

Finalmente, el Decreto 1260 de 1970 expresa en su artículo 105 que “Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos” (se resalta).

Es claro, entonces, que los hechos y actos constitutivos o declarativos del estado civil anteriores a la vigencia de la Ley 92 de 1938, o acaecidos dentro de la vigencia de esta y antes de la vigencia del artículo 105 del Decreto 1260 de 1970 (el 5 de agosto de este año, fecha en que fue publicado oficialmente), o que ocurran a partir de este momento, pueden acreditarse, según el caso, así: los primeros, mediante la copia de las actas eclesiásticas correspondientes, como prueba principal; los segundos, mediante la copia de registro del estado civil como prueba principal y, como prueba supletoria, entre otras, con la copia de las actas eclesiásticas correspondientes; y los últimos, únicamente, mediante la copia del registro del estado civil pertinente.

Sobre el mismo particular, esta Sala ha expresado que “... en materia de pruebas del estado civil de las personas corresponde al juez sujetarse a las pruebas pertinentes que, según la época en que se realizó el hecho o, acto del caso, determina su aplicación, sin perjuicio de acudirse a los medios probatorios de la nueva ley (D.L. 153/1887, art. 39). Por consiguiente, los estados civiles generados antes de 1938 pueden probarse mediante copias eclesiásticas o del registro civil, y las posteriores a ese año y anteriores al 5 de agosto de 1970, lo pueden ser con el registro civil y, en subsidio, con las actas eclesiásticas; y a partir de esa fecha, solo con copia del registro civil” (CCLII, 683)”.

Así entonces, la condición de cónyuge del empleador fallecido, calidad en la cual la demandada fue llamada al proceso, debía necesariamente ser probada mediante el registro civil de matrimonio.

Dando por sentada esta aseveración, fuerza concluir que la confesión no puede ser admitida como medio probatorio del estado civil de la demandada —ni siquiera en la legislación anterior se comprendía dentro de las posibles pruebas supletorias— por cuanto, tal como lo dispone el literal c del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, uno de los requisitos para que pueda tenerse como tal es precisamente que recaiga sobre los hechos respecto de los cuales “la ley no exija otro medio de prueba”.

De tal modo, resulta acertado el cargo formulado por error de derecho, por cuanto esta clase de error, de conformidad con el numeral 1º del artículo 60 del Decreto 528 de 1964, se da “cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo”.

Conforme a las anteriores consideraciones prospera el cargo enderezado a demostrar el yerro en que incurrió en tribunal al dar por demostrada la condición de cónyuge del empleador fallecido con la “confesión” que hiciera la demandada de tal calidad. En consecuencia se casará el fallo conforme lo solicita el recurrente al fijar el alcance de la impugnación extraordinaria.

Dada la prosperidad del recurso, se hace innecesario el estudio de la primera acusación, en cuanto perseguía el mismo objetivo.

Como consideraciones de instancia precisa la Sala que, conforme lo ha venido sosteniendo invariablemente esta corporación desde 1959 (Sent. de jul. 21 de dicho año, G.J. XCL) la ausencia de prueba de calidad de cónyuge sobreviviente (calidad en que se citó a la demandada Perla Lidia Lei) no genera un problema de falta de legitimación en la causa —cuestión propia del derecho sustancial que en manera alguna constituiría impedimento para resolver de fondo la litis sino, por el contrario, razón para decidirla adversamente— sino la carencia del presupuesto procesal “capacidad para ser parte”, aspecto este propio de la relación procesal y que conduce a una sentencia inhibitoria.

Sobre este particular expresó la Sala de Casación Civil de esta corporación en sentencia del 1º de abril de 2002, radicación 049-2002 (6111):

“Si la capacidad para ser parte viene a ser la cualidad (aptitud) que tiene la persona para ser titular (sujeto) de la relación jurídico procesal, resultaría incomprensible, tal cual lo dijo la Corte en sentencia de 20 de marzo de 1992 (1) , entre otras, que “al juez, no obstante haber constatado la ausencia de la capacidad para ser parte del proceso, le fuera dable calificar de mérito la cuestión debatida, pues si se tiene advertido que falta este presupuesto, no sería posible decidir que el sujeto cuya existencia procesal no ha quedado fijada, sí lo puede ser, en cambio, de la relación sustancial materia del pronunciamiento jurisdiccional, entre otras razones, porque la capacidad para ser parte debe aparecer o ser verificable en todos los supuestos en que esté de por medio una relación jurídica, la cual no puede configurarse más que entre sujetos, es decir, entre términos a los cuales el derecho dota de aptitud o de capacidad para desempeñarse como tales”.

“... si alguien demanda, o es demandado, en calidad de heredero, para actuar en favor de la herencia o responder por sus cargas, el presupuesto procesal para ser parte solo quedaría satisfecho cuando se aduce la prueba de la calidad de heredero de quien a ese título acude al proceso en cualquiera de los extremos de la relación.

“... la Corte en la sentencia citada reiteró la doctrina elaborada desde el fallo de 21 de junio de 1959, según la cual las cuestiones atinentes a la demostración de la calidad de heredero de quien actúa como tal “pertenecen al campo procesal y no al sustancial, vale decir, corresponde... a uno de los presupuestos del proceso, y no a una de las condiciones de la acción civil, como se había venido sosteniendo”. De lo cual infirió para entonces “que la ausencia de prueba sobre el carácter de heredero implica sentencia inhibitoria con consecuencias de cosa juzgada formal y no de sentencia de mérito, con consecuencias de cosa juzgada material””.

En el presente caso, como ya se advirtiera, no aparece acreditada la calidad de cónyuge del empleador fallecido en la cual la demandada fue llamada al proceso, de modo que, al faltar el presupuesto procesal de la capacidad para ser parte resulta imposible, conforme a lo dicho en precedencia, decidir la controversia en el fondo, por lo que habrá de dictarse sentencia inhibitoria».

(Sentencia de casación, 8 de marzo de 2004. Radicación 21.501. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo López Villegas).

(1) G.J. T. CCXVI, Nº 2455, pág. 236.

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