Sentencia 2157 de abril 24 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

SUSTITUCIÓN PENSIONAL A FAVOR DE HERMANOS

LA AVANZADA EDAD PUEDE DETERMINAR LA INCAPACIDAD PARA TRABAJAR

EXTRACTOS: «Se contrae el presente asunto a determinar si la demandante, en su carácter de hermana de la señora Rebeca Mónica Peláez, tiene derecho a la sustitución de la pensión de jubilación de que gozaba ésta.

Se lee a folio 46 del cuaderno principal la Resolución 149 de julio 21 de 1977, por la cual le fue reconocida la pensión de jubilación a la señora Rebeca Mónica Peláez González a partir del 31 de mayo de 1977; obra a folio 8 el certificado de defunción de la citada señora, el 21 de octubre de 1992.

Dan cuenta, así mismo, los folios 49 a 54, de las resoluciones acusadas, por las cuales el municipio de Medellín negó a la peticionaria la sustitución de la pensión, con fundamento en dictamen médico que determinó que aquella no tenía, para octubre de 1992, enfermedad de tal magnitud que la invalidara para laborar.

La Ley 71 de 1988 consagró en el numeral 4º de su artículo 3º el derecho de acceder a la sustitución pensional para el hermano, que se hallare en las siguientes condiciones:

“Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, ni padres, la sustitución de la pensión corresponderá a los hermanos inválidos que dependan económicamente del causante”.

Igual previsión consagró el numeral 4º del artículo 6º del Decreto 1160 de 1989.

(...).

La norma transcrita y su decreto reglamentario señalan el derecho a la sustitución pensional para tales beneficiarios, cuando acrediten las exigencias del caso. Tales requisitos que deben acreditar los hermanos que se encuentren en la situación descrita por los preceptos referidos, son primero, como es obvio, su filiación respecto del pensionado; segundo: que exista una situación de invalidez y que tenga una condición de dependencia económica del causante.

Y ello es así, pues el criterio diferenciador de este beneficio respecto de los demás hermanos está fundamentado en la imposibilidad de trabajar y en la dependencia económica, ya que si la reclamante de la prestación atiende por sí misma su congrua subsistencia sin necesidad de recurrir al sostén pecuniario de su hermana, el derecho no puede radicarse en ella, como quiera que desaparece el supuesto en el cual está fincada la norma.

La sustitución pensional, como es sabido, es un derecho que permite a una o varias personas disfrutar de los beneficios de una prestación económica percibida antes por otra, lo cual significa la legitimación del beneficiario para reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho. La finalidad de esta institución es evitar que las personas allegadas al pensionado fallecido o con derecho a la pensión, que ha determinado el legislador, queden por el hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección que otrora tenían en vida del causante. En esa medida, el derecho se causa si se demuestran los factores determinantes que la ley ha señalado en cada caso para los beneficiarios.

Los alcances de la dependencia económica, tratándose de la sustitución pensional, están dados por el hecho de la necesidad que se tuvo de la protección del causante de la pensión para la congrua subsistencia.

Sin embargo, no es suficiente la sola condición genérica de dependencia económica para que se tenga derecho a la prestación, pues en el caso de la sustitución pensional, aquella queda desvirtuada si se demuestra que el beneficiario, al menos se encuentra en situación tal que lo faculte para ser laboralmente activo.

El asunto que hay lugar a discernir es, en consecuencia, si la solicitante de la sustitución pensional se encuentra dentro del supuesto de la dependencia económica, no sólo porque en vida de la pensionada estaba a su cargo, sino porque, fallecida ésta se halla en imposibilidad de proveer, por sus medios, su propio sustento. Por tal virtud, en cada caso, deberá analizarse mediante principios razonados los supuestos de hecho en los que se sitúa el interesado y las pruebas allegadas, con el fin de dilucidar dentro de la particular situación si quien peticiona tiene o no derecho a este beneficio especial consagrado por el legislador. Por ello, no pueden existir en el asunto que se juzga, reglas absolutas que se conviertan en verdades axiomáticas, pues, el problema debe resolverse a través de un raciocinio que dé cabida a la aplicación integral y armónica del sistema de seguridad social.

Dentro de este marco conceptual corresponde analizar si la demandante se halla en situación de invalidez.

El artículo 38 de la Ley 100 de 1993, señala que se entiende por estado de invalidez la pérdida de la capacidad laboral que iguale o sobrepase el 50% (L. 100/93, art. 38); en el presente asunto es imperioso dilucidar si la situación de la peticionaria, dada por su avanzada edad, ya que nació en 1927 (fl. 100), es decir, que a la fecha tiene 76 años, constituye incapacidad laboral.

En el transcurso del desarrollo legal que ha tenido el país, el legislador ha establecido siempre como un requisito para acceder a la pensión de jubilación, alcanzar determinada edad, lo que es apenas lógico por cuanto es un hecho innegable el deterioro orgánico y funcional que el transcurso de tiempo ocasiona. Por ello, el legislador, basado en un principio de razón suficiente, no solo ha previsto una edad para conquistar el derecho pensional, sino que ha establecido los 65 años como el tope para culminar la vida laboral, dando lugar al retiro forzoso de quien aún se encuentre vinculado a la administración.

De esta manera, quien cumple 65 años sin haber colmado los años de servicio que exige el régimen pensional, tiene derecho por la sola circunstancia de la edad, que le imposibilita la continuidad en el servicio; a lograr una pensión de vejez.

El caso de la demandante, quien a la fecha del deceso de su hermana tenía 65 años y hoy llega a los 76, lleva a la Sala a cuestionar si en efecto es apta para integrarse por primera vez al mercado laboral, pues las pruebas testimoniales dan cuenta de que la citada señora nunca trabajó y que se limitó a realizar en su casa los oficios domésticos. Surge entonces el interrogante de cuál sería la actividad que podría desplegar y cuál el empleador que estaría llamado a vincularla. La respuesta aflora, sin más cuestionamientos, de su propia condición, pues insensato resulta negar que quien llega a la ancianidad pueda ser compelido a procurarse el sustento que, además, en sus años de juventud nunca proveyó para sí misma. Luego indiscutible resulta que para la demandante el desempeño de una actividad laboral que le permita su congrua subsistencia le resulta vedado, por su misma condición.

De esta manera no es aceptable negar, en este caso concreto, la sustitución pensional pretextando que existe un dictamen médico que concluyó que no había incapacidad laboral, fundado sólo en la ausencia de “enfermedades de tal magnitud que le causaran invalidez”, pues tal valoración resulta descontextualizada a la luz de la ratio juris.

El derecho a la igualdad que consagró la Constitución Política, prevé para el Estado el imperativo de proteger a aquellas personas “que por su condición económica, física o mental, se encuentren en debilidad manifiesta”; así mismo, el artículo 46 ibídem proclama la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad.

Igualmente, por virtud de la Carta de 1991 se constitucionalizó la seguridad social en los artículos 48 y 49, uno de cuyos segmentos es la jubilación y con ella la sustitución pensional.

(...).

En este orden, concluye la Sala que tuvo razón el tribunal para acceder a las súplicas del libelo y, por tanto, procede confirmar la decisión».

(Sentencia de 24 de abril de 2003. Expediente 2157-01. Consejero Ponente: Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda).

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