Sentencia 21572 de marzo 7 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 21572

Acta 16

Magistrado Ponente:

Camilo Tarquino Gallego

Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Cargo único propuesto por Helena Bernal de Riascos.

Acusa la sentencia de infringir: “... directamente los artículos 26, 27 y 34 del Acuerdo 49 de 1990, expedido por el consejo directivo del ISS, aprobado por el Decreto 758 de 1990 y 1º de la Ley 113 de 1985 y como consecuencia de esta infracción, aplica indebidamente los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993”.

Al desarrollar el cargo dice que acepta los fundamentos fácticos del fallo recurrido, según los cuales, se determinó que Luis Hermann Riascos Mora falleció el 20 de diciembre de 1991, que el ISS le reconoció la pensión de jubilación el 2 de febrero de 1977, mediante la Resolución 50, y la de vejez, por Resolución 1667 del 20 de marzo de 1984; que el pensionado estuvo casado por el rito católico con la señora Helena Bernal, con quien convivió por 4 años; que posteriormente Riascos Mora se unió con la señora Ligia Collazos Puerta de Mejía con quien conformó una familia estable y no procreó ningún hijo; que la señora Helena Bernal no hizo vida marital con el pensionado al momento de su muerte, ni tampoco 30 años atrás.

Transcribe apartes de la decisión de segundo grado, de los cuales concluye que el tribunal ignoró que para la fecha en la cual falleció Luis Hermann Riascos Mora regía el Acuerdo 49 de 1990, cuyos artículos 26, 27 y 34 copia, para concluir que contienen unos requisitos sustancialmente diferentes a los previstos en la Ley 100 de 1993, respecto de la cual, el juzgador aplicó indebida y retroactivamente sus artículos 47 y 74, al confirmar la decisión de primera instancia.

Termina su argumento así:

“Entonces, si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo 49 de 1990, expedido por el consejo directivo del ISS, solo la compañera permanente puede ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, a falta de la cónyuge sobreviviente, al existir esta última no podía condenarse al ISS a reconocer como beneficiaria a la compañera permanente.

“Es por esto por lo que resultan indebidamente aplicados a la presente controversia los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, pues para el día del deceso del causante (dic. 20/91) esta normatividad no se encontraba vigente. Los cambios introducidos por la Ley 100 de 1993 en los requisitos exigidos a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes solo comenzaron a producir efectos a partir del 1º de abril de 1994.

“Debe recalcarse que la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, citada por el sentenciador como fundamento de su decisión, no es aplicable en el estudio de esta controversia, toda vez esa determinación judicial fue resultado del estudio de una sustitución pensional que se presentó bajo el imperio de la Ley 100 de 1993, es decir en un litigio gobernado bajo ese compendio normativo”.

Oposición del ISS

Adujo que conforme a las diversas piezas procesales, su planteamiento coincide con el del impugnante, por lo que solicitó acogerlo en su integridad, sin perjuicio de que en el traslado que le corresponde, formule las objeciones que en particular tiene sobre la sentencia gravada.

Primer cargo del ISS

Dice que la sentencia viola: “... directamente, en concepto de infracción directa, los artículos 25, 26, 27 y 34 del Acuerdo ISS 49 de 1990 y en concepto de aplicación indebida los artículos 46, 47 148 de la Ley 100 de 1993”.

Al desarrollar el cargo, sostiene que no hay discusión acerca de que el causante falleció el 20 de diciembre de 1991, en vigencia del Acuerdo 49 de 1990, por lo cual no son aplicables las disposiciones de la Ley 100 de 1993, lo que acredita la violación legal denunciada, pues es claro que la esposa tiene prelación frente a la compañera permanente, con base en el acuerdo mencionado.

Consideraciones para el único cargo formulado por Helena Bernal y para el primero del ISS

Se cuestiona la decisión del tribunal porque ignoró que para la época del fallecimiento del causante (dic. 20/1991), regía el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, conforme al cual la compañera permanente podía acceder a la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando faltara la cónyuge y que, por tal razón, en este caso, considera, no tienen aplicación los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993.

Para analizar las acusaciones, enderezadas por la vía directa, se tienen en cuenta los supuestos fácticos indiscutidos, referentes a que: Luis Hermann Riascos Mora falleció el 20 de diciembre de 1991, que obtuvo pensión de jubilación el 2 de febrero de 1977, que el 20 de marzo de 1984 el ISS le concedió la pensión de vejez, y que el pensionado estuvo casado con Helena Bernal Quintana, por el rito católico, durante 4 años, mientras que con Ligia Collazos Puerta formó “una familia estable” desde el año 1961.

Es indudable que la invocación final hecha por el ad quem en su fallo, de una sentencia de esta Sala, en la cual se analizaron los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, resulta desacertada, puesto que tal normatividad no podía regular el presente caso porque aquí la sustitución pensional ocurrió en diciembre de 1991, fecha en la cual falleció Riascos Mora. De allí que, en principio, tengan razón las acusaciones analizadas.

No obstante, no es cierto como los aducen los cargos, que la sola existencia de la cónyuge sobreviviente conduzca a la indefectible conclusión, de que es a ella a quien corresponde la sustitución pensional, toda vez que la misma normatividad que le da prelación frente a la compañera permanente, consagra los eventos en los cuales aquella pierde el derecho, como, entro otros, cuando entre los cónyuges no había vida en común al momento del deceso del pensionado (Ac. 49/90, art. 30).

Y fue precisamente ese el supuesto que halló demostrado el ad quem (sin reparo de los recurrentes), cuando sostuvo que los cónyuges Riascos Bernal solo convivieron - durante 4 años, mientras el causante hizo vida marital por 30 años, hasta su fallecimiento, con su compañera Ligia Collazos. Es decir que aunque no lo expresara, el juzgador consideró que esa situación conducía a que la cónyuge de Riascos Mora, careciera de la calidad de beneficiaria de la pensión, se repite, por la ruptura de la convivencia o vida marital.

En ese sentido la definición del ad quem surge acorde con las reglas jurídicas que regulan el caso, puesto que a falta de cónyuge —dada la ausencia de vida en común con el pensionado— procedía la sustitución en favor de la compañera.

Y en esa dirección corresponde señalar que con la finalidad de que no se extinguiera el derecho pensional de la cónyuge, a pesar de la separación o falta de cohabitación, la misma preceptiva legal consagra el evento de que tal situación hubiera sido propiciada, o causada por el pensionado, como cuando le impide al cónyuge su acercamiento, o da lugar a la falta de convivencia. Pero esos hechos o supuestos de la norma, de los cuales podría beneficiarse la cónyuge sobreviviente para lograr la pensión, debía ella probarlos, tal como lo tiene definido esta Sala de la Corte, por ejemplo en Sentencia 21473 del 27 de febrero de 2004, cuando se reiteró el criterio plasmado en las de radicados 6872 y 8055 del 13 de diciembre de 1994 y del 19 de enero de 1996, respectivamente, al analizar la preceptiva que en el mismo sentido, del Acuerdo 49, contiene el Decreto 1160 de 1989. Así se explicó que:

“de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1160 de 1989 recae en cabeza del cónyuge la demostración del hecho del abandono injustificado del hogar por el causante o la determinación de este de impedirle acercamiento o compañía al cónyuge. En la primera de las señaladas providencias explicó lo que a continuación se transcribe:

“El aspecto medular del proceso versa sobre el onus probandi del motivo de la ausencia de convivencia entre los cónyuges, pues mientras según la sentencia recurrida le incumbe a la compañera, para la acusación compete a la esposa o a la demandada.

“II. El artículo 7º del Decreto 1160 de 1989 al regular la “pérdida del derecho del cónyuge sobreviviente”, dispuso que este “no tiene derecho a la sustitución pensional, cuando se haya disuelto la sociedad conyugal o exista separación legal y definitiva de cuerpos o cuando al momento del deceso del causante no hiciere vida en común con él, salvo el caso de hallarse en imposibilidad de hacerlo por haber abandonado este el hogar sin justa causa o haberle impedido su acercamiento o compañía, hecho este que se demostrará con prueba sumaria”.

“Tiene razón la censura cuando expresa que la salvedad allí consagrada corresponde a una excepción, por lo que la carga de la prueba corre por cuenta de quien se beneficia de ella.

“Al estar esclarecido, como lo está plenamente en el sub lite, que en los años postreros de su vida el pensionado solo convivió con la demandante, si la parte demandada pretendía encuadrarse dentro de la hipótesis exceptiva legal, debía inexcusablemente acreditar el sustento fáctico de esta, que en el caso presente consistiría en que el causante abandonó su hogar anterior sin justa causa o le impidió a su cónyuge el acercamiento o compañía, y no existe demostración alguna de ello en el expediente.

“En consecuencia, le asiste razón al recurrente en su planteamiento porque ciertamente si bien el actor debe probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico perseguido (CPC, art. 177), corresponde al excepcionante demostrar el sustento fáctico de sus aseveraciones, dado que desde el derecho romano se prohijó esta regla hermenéutica con la máxima “actori incumbitprobatio; reus, in excipiendo, fit actor”.

Para este caso, se repite, el tribunal concluyó que los cónyuges Riascos Bernal no convivían al momento de morir Luis Hermann, porque únicamente hicieron vida en común durante 4 años. De allí que, si Helena Bernal estimaba que tal situación, la de la separación, había sido causada por Riascos Mora, debió así afirmarlo y probarlo. Sin embargo, ese aspecto en casación no se controvirtió, y por el contrario, aquí se aceptaron los supuestos fijados en la sentencia acusada, entre ellos el mencionado. Es más, en la respuesta a la demanda, según quedó arriba reseñado, se admitió por la codemandada Bernal de Riascos, el hecho 12 referente a la falta de convivencia con Riascos Mora, aduciéndose que fue por 30 años, pero sin invocarse en modo alguno que tal circunstancia fuera atribuible al pensionado fallecido.

Por lo demás, a este asunto resulta aplicable el criterio reiterado de esta Sala de la Corte, según el cual, a partir de la vigencia de la Constitución de 1991, dejó de darse preponderancia a los vínculos matrimoniales formales o solemnes, para dar paso a las uniones familiares que constituyeran una verdadera comunidad de vida afectiva y económicamente solidaria, independientemente de su origen jurídico o natural y sin consideración al modo como aquel se formó, sino atendiendo el concepto de una real y legítima comunidad matrimonial (CN, art. 42).

De modo que frente a este evento bien se advierte que la cónyuge no tenía un auténtico vínculo de convivencia y vida en común con el causante, pues se repite, la relación surgida del matrimonio Riascos-Bernal, resultó precaria —de apenas 4 años—, frente a la unión Riascos-Collazos, estable —de 30 años— y como aquella no demostró que la ruptura de la relación fue atribuible al pensionado por impedirle el acercamiento o por haber propiciado la separación, no tiene derecho a la sustitución pensional.

Por todo lo visto no procede el quebranto de la decisión acusada.

Segundo cargo del ISS

Acusó la sentencia por violar: “... directamente, en concepto de infracción directa, el artículo 34 del Acuerdo ISS 49 de 1990, en relación con los artículos 25, 26 y 27 del mismo acuerdo y 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993”.

En la demostración, después de transcribir el aparte pertinente de la sentencia, aduce que el ad quem no definió “si el ISS cumplió con el procedimiento requerido para el pago de la prestación pagada a Helena Bernal de Riascos, con lo cual transgredió el artículo 34 del citado Acuerdo 49 de 1990”, precepto que reprodujo, lo mismo que la sentencia de casación del 2 de noviembre de 1994, radicación 6810.

Expone que

“ha de entenderse que el cumplimiento de estos requisitos, que incluyen como se advierte una convocatoria pública a los posibles reclamantes, permitía al seguro cancelar válidamente el respectivo derecho a quien se presentara sin oposición a requerirlo, previa acreditación de su estatus, de modo que si acuden en el futuro nuevos beneficiarios, han de proponer litigio a quién le haya sido reconocido el derecho para recobrar lo pagado y no a la entidad que lo canceló con el lleno de los requisitos de ley.

“Así lo precisó la Sala frente a la situación análoga, de empleadores que deben reconocer pensiones o derechos de sobrevivientes así:

“‘Si posteriormente a este trámite se presentan nuevos beneficiarios, quedarán obligados a satisfacer las cuotas que les correspondan quienes recibieron los derechos, pues el empleador está liberado y en tratándose de jubilación la presencia de nuevos beneficiarios acreditados y no controvertidos autorizará a la empresa para efectuar hacia el futuro una nueva distribución del derecho, pero con referencia a las mesadas causadas y canceladas solo podrán cobrarse las respectivas cuotas a quienes las percibieron’.

“‘En caso de que la controversia se plantee por beneficiarios y sobrevivientes al pago efectuado por el empleador, ya se vio que este queda excluido de la misma, de modo que debe ser tramitada exclusivamente entre quien recibió el derecho y quien lo reclama. Si se trata de una jubilación, esta se deberá seguir cancelando al beneficiario inicialmente reconocido hasta que mediante decisión judicial u otro mecanismo válido de composición del litigio se decida otra cosa y desde luego el beneficiario inicial deberá responder exclusivamente en lo tocante a lo que haya percibido’ (Sent. Cas. nov. 2 /94, rad. 6810).

“En efecto, el instituto solo podría responder en el evento de que no hubiera cumplido con el procedimiento reglamentario ya que este precisamente fue instituido para proteger el derecho de todos los interesados, y el sentenciador, sin ocuparse de dilucidarlo, responsabilizó a la entidad.

“Con esta actitud el sentenciador incurrió en las transgresiones definidas en la proposición jurídica y, por tanto, es pertinente que se acceda a lo solicitado en el alcance subsidiario de la impugnación”.

Tercer cargo del ISS

Acusa la sentencia por “... violar indirectamente, en concepto de aplicación indebida, los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993 en relación con los artículos 25, 26, 27 y 34 del Acuerdo ISS 49 de 1990”, trasgresión que atribuye, en cuanto el ad quem “... no dio por establecido estándolo en el proceso, que el ISS cumplió el procedimiento requerido para el pago de la pensión de sobrevivientes a la señora Helena Bernal de Riascos”; yerro que, dice, se generó por la falta de apreciación de los documentos visibles a folios 305 a 319 y 321 a 329.

Al desarrollar el cargo asegura que el ad quem no tuvo en cuenta que conforme a los documentos de folios 305 a 319, a la muerte del pensionado, el 20 de diciembre de 1991, Helena Bernal, en su condición de esposa, solicitó al ISS la pensión de sobrevivientes, y allegó los documentos pertinentes, como son el registro de matrimonio y de defunción, y la declaración extra proceso, por lo cual el instituto efectuó la publicación exigida, el 16 de febrero de 1992, y como nadie se presentó, le fue reconocida la pensión a la esposa, el 16 de marzo siguiente, por lo que el ISS no es responsable del pago efectuado legalmente, máxime que la demandante solo formuló una solicitud directa, 9 meses después del fallecimiento del señor Riascos.

En el término del traslado de la demanda de casación formulada por el ISS, la codemandada Helena Bernal señaló que no presentaba oposición a dicho recurso, puesto que es coincidente el criterio de ambos accionados, respecto a que la sustitución pensional le corresponde a aquella, en su condición de cónyuge del causante Riascos Mora.

Consideraciones a los cargos segundo y tercero propuestos por el ISS

Para resolver los cargos corresponde precisar que el artículo 34 del Acuerdo 49 de 1990, que la censura estima infringido, prevé el pago de la prestación a quien acredite la calidad de beneficiario, si después de efectuada la correspondiente convocatoria pública no se presenta persona alguna a reclamar ese mismo derecho pensional.

De ese modo, el tribunal se equivocó, puesto que no tuvo en cuenta que el ISS dispuso el pago de la pensión a Helena Bernal de Riascos, después de haber convocado públicamente a quienes consideraran que tenían derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes.

Si bien, posteriormente se presentó al instituto la compañera permanente del fallecido a reclamar la aludida prestación —9 meses después—, no puede argüirse que el ISS estaba en la obligación de suspender el pago hasta que la justicia decidiera, porque dicho pago lo realizaba por virtud de un acto administrativo, fundado en la normatividad al respecto. De tal modo que solo frente a la decisión judicial que reconoció el derecho a Ligia Collazos Puerta de Mejía, es que podía suspender el pago a la reclamante inicial.

Para la Sala no resulta válido el argumento del fallador de alzada, relativo a que el ISS, debe pagar con retroactividad a la compañera permanente, por tener aquel la posibilidad de repetir contra Helena Bernal por el monto de lo que indebidamente recibió, porque, se repite, el instituto actuó acorde con la ley y, en ese sentido, quien debe cobrar, si lo considera pertinente, es la verdadera acreedora del derecho (Ligia Collazos).

Además no se debe dejar de lado que frente al tema, en un caso similar al que se estudia, aunque ante un empleador particular, se señaló en Sentencia 6810 de 2 de noviembre de 1994:

“Si posteriormente a este trámite se presentan nuevos beneficiarios, quedarán obligados a satisfacer las cuotas que les correspondan quienes recibieron los derechos pues el empleador está liberado. Y en tratándose de jubilación la presencia de nuevos beneficiarios acreditados y no controvertidos autorizará a la empresa para efectuar hacia el futuro una nueva distribución del derecho, pero con referencia a las mesadas causadas y canceladas solo podrán cobrarse las respectivas cuotas a quienes las percibiron(sic)”.

Se casará la sentencia solo en tanto confirmó la decisión del a quo que impuso el pago de la pensión a la actora desde el 18 de enero de 1997.

Para la decisión de instancia se tienen en cuenta las precedentes consideraciones y corresponde señalar que la pensión de sobrevivientes la debe el ISS desde la fecha de la sentencia de primer grado, esto es, el 31 de enero de 2002, y las mesadas anteriores a esa fecha y desde el 18 de enero de 1997, deberá cobrarlas, si así lo desea, la demandante Ligia Collazos a Helena Bernal.

Sin costas en la casación del ISS, que prosperó.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 19 de diciembre de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, complementada el 24 de enero de 2003, en el proceso ordinario de Ligia Collazos Puerta de Mejía contra el Instituto de Seguros Sociales y Helena Bernal de Riascos, en tanto confirmó la condena que impuso el a quo a dicho instituto desde el 18 de enero de 1997. No la casa en lo demás.

En instancia modifica dicha fecha y señala el 31 de enero de 2002. Las mesadas pensionales anteriores a esa fecha y desde el 18 de enero de 1997 las deberá cobrar, si así lo desea, la demandante Ligia Collazos a Helena Bernal.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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