Sentencia 2158 de enero 11 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente C-2158 de 2005

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., once de enero de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Decídese el recurso de casación que interpuso Blanca Omaira Rueda Castaño, respecto de la sentencia de 4 de noviembre de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil, en el proceso ordinario de Jhon Jairo Montoya Cruz, Jorge Enrique, Jairo, Liliana y Lucero Montoya Suárez, herederos del causante Jairo Montoya Niño, contra la recurrente.

(...).

Consideraciones

1. Es indiscutible que fuera de los indicios derivados de la falta de capacidad económica de la demandada para adquirir los bienes objeto del contrato de compraventa impugnado y de la ausencia de pruebas en torno a las circunstancias como pagó su precio o se obtuvieron los recursos para satisfacerlo, el tribunal, en pro de la simulación decretada, tuvo en cuenta otros indicios, inferidos de hechos probados en el proceso, como la existencia de una relación marital entre los contratantes, el móvil de la negociación, la proximidad de fechas entre los distintos negocios celebrados, la ausencia de movimientos bancarios, la interpretación del contrato de compraventa y la voluntad nula o muy laxa del supuesto vendedor.

Como se observa, el cargo margina del ataque esos otros indicios, de suyo suficientes para sostener la sentencia impugnada, porque aceptando que la demandada sí tenía capacidad económica para adquirir los bienes o que se abasteció de recursos necesarios con ese mismo propósito, la prueba testimonial que se dice erróneamente apreciada, por error de derecho, solo contrarrestaría, de existir el yerro, los indicios relacionados con dichos aspectos, al igual que la conclusión relativa a la ausencia de prueba idónea de la “calidad de administradora” de los bienes que adquirió.

2. Frente a ese panorama, claramente se advierte que el cargo está llamado al fracaso, porque si la sentencia ingresa al recurso de casación escoltada de la presunción de legalidad y acierto, tanto en lo que atañe a la aplicación del derecho sustancial, como en lo relativo a la estimación y valoración del acervo probatorio, al censor obligatoriamente le correspondía combatir y quebrar todos los pilares en que se sustenta.

Por lo tanto, como las conclusiones que no se impugnan en casación, resultan intangibles para la Corte, dado el carácter estricto y dispositivo del recurso, suficientemente se tiene dicho que así “el recurrente acuse la sentencia por violación de varias disposiciones civiles, la Corte no tiene necesidad de entrar en el estudio de los motivos alegados para sustentar esa violación, si la sentencia trae como base principal de ella una apreciación que no ha sido tocada en casación, ni por violación de la ley, ni por error de hecho o de derecho, y esa apreciación es más que suficiente para sustentar el fallo acusado” (Sent., nov. 17/98, CXLVIII-221).

3. Si con amplitud se considera que las conclusiones que se marginan del cargo no son suficientes para sostener la sentencia del tribunal, pertinente resulta observar que el fenómeno de la simulación no hace relación a ningún vicio del negocio jurídico, sino a una forma de contratación conforme a la cual se permite conservar una situación jurídica, simulación absoluta, o se oculta otra realmente modificativa de la situación anterior, simulación relativa, utilizando mecanismos orientados, consciente y deliberadamente, a permitir disfrazar la voluntad real de las partes contratantes, haciendo aparecer algo que ninguna realidad tiene o que, teniéndola, es distinta. Por esto, la acción de simulación no tiene otro fin que borrar en cuanto fuere pertinente la falsa imagen que la apariencia infunde, para poner al descubierto la auténtica realidad del vínculo jurídico que une a las partes.

Como la simulación, entonces, es en esencia una divergencia entre la realidad y la apariencia, su discusión judicial impone necesariamente un cotejo probatorio, en orden a establecer cuál es el verdadero contenido y alcance de la declaración de voluntad emitida, actividad en la que, como se señala en el cargo, campean los principios de libertad probatoria y persuasión racional (sistema de la sana crítica), contenidos, respectivamente, en los artículos 175 y 187 del Código de Procedimiento Civil, salvo que, en cuanto a lo primero, la ley exija una prueba específica para acreditar determinado hecho.

Ahora, sí la ley no exige una prueba específica para acreditar la “capacidad económica de una persona”, el “valor o monto de unos préstamos de dinero” y la “calidad de administradora, invocada por la demandada, del establecimiento de comercio adquirido por ella”, la prueba testimonial aportada por la parte demandada, sería eficaz e idónea para acreditar tales hechos, como contraindicios de la simulación.

El tribunal, empero, no incurrió en los errores probatorios denunciados, porque si bien consideró que la prueba testimonial no era “idónea” ni “eficaz” para demostrar los supuestos en cuestión, en verdad no estaba exigiendo para ese mismo propósito una prueba específica. Lo que indicó es que la prueba testimonial no desvirtuaba razonablemente los indicios que sobre el particular se infirieron, como sí lo hubieran sido los extractos bancarios, cheques, letras, recibos, cartas de pago o documentos similares.

En efecto, sobre la falta de capacidad económica y todo lo que, según la demandada, rodeó el pago, el tribunal señaló que si esta pagó por los bienes la cantidad de $ 250.000.000, era difícil creer que “a punta de solo testimonios” se pueda llevar a la convicción del juez que “con base en préstamos (cuyas letras no se han visto por ninguna parte, y sin intereses), se pagó una suma tan cuantiosa, máxime si de esos préstamos, la mayoría no aparece incluida en las declaraciones de renta, y algunos de ellos no cobraban intereses, lo que con acierto lo observa el juez a quo, ‘comporta una inusual gratitud’”.

Lo mismo cabe predicar de la conclusión sobre que la prueba testimonial no era “eficaz” para demostrar la “calidad de administradora, invocada por la demandada, del establecimiento de comercio adquirido por ella”, como poseedora, porque el tribunal simplemente desvirtuó dicha prueba, al afirmar que si el supuesto vendedor estaba dedicado, para la época, al consumo de estupefacientes, era “apenas lógico aceptar que él mismo se desentendió de los negocios, que por su avanzado estado de adicción, estaba en incapacidad de administrar”.

Por lo demás, la capacidad económica per se no descarta la celebración de negocios simulados. Otra cosa es que realizado el contrato con persona adinerada, inclusive con el pago del precio, tratándose de compraventa, se haga más difícil demostrar la confabulación.

4. El cargo, en consecuencia, está llamado al fracaso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 4 de noviembre de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por Jhon Jairo Montoya Cruz, Jorge Enrique, Jairo, Liliana y Lucero Montoya Suárez, como herederos del causante Jairo Montoya Niño, contra Blanca Omaira Rueda Castaño.

Costas del recurso corren a cargo de la demandada recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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