Sentencia 21622 de mayo 27 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA

EL LAUDO ARBITRAL NO PUEDE EXTENDERLA A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

EXTRACTOS: «De conformidad con la ley, la facultad de la Corte a desatar un recurso de anulación se circunscribe a verificar la regularidad del laudo; establecer si el tribunal extralimitó o no el objeto para el cual fue convocado y analizar si las disposiciones arbitrales violan o no los derechos de las partes conferidos por la Constitución Nacional, las leyes o las normas convencionales vigentes, eventos en los cuales el laudo debe ser anulado o, en caso contrario, ser declarado exequible.

En el sub examine, el aquí recurrente cuestiona, en rigor, la regularidad de la decisión o la presunta violación de los derechos reconocidos en la Constitución Política y las leyes, en cuanto extendió los beneficios de una convención colectiva de trabajo a los empleados públicos de Empoduitama Ltda.

Ahora bien: el tribunal, en principio, manifestó que orientará la base de su decisión, especialmente en el Pliego de peticiones, pilar en el que el tribunal debe cimentar el Fallo, por no existir acuerdo en el punto de aplicabilidad (Cláusula trigésima tercera), como consta en el acta de cierre de dicha etapa y la posición de las partes frente al punto no acordado del pliego” (fl. 215).

En efecto: En el acta 9-02002 de las negociaciones colectivas, sobre el campo de aplicación se consigno:

“En esta cláusula las partes no llegaron a ningún acuerdo.

En este punto la comisión negociadora de la empresa, se mantiene en su posición de no hacerla extensiva a todos los afiliados a la organización sindical, hasta tanto no lo determine un ente competente.

La comisión negociadora por parte de los trabajadores, ante la negativa de la empresa en el punto del pliego de peticiones sobre aplicación de la convención colectiva de trabajo a todos los trabajadores y empleados afiliados a la organización sindical al servicio de la empresa, sin discriminación alguna...(fl. 15).

Es decir, que el único punto objeto de controversia entre las partes y por lo tanto de la decisión del tribunal, lo era la aplicabilidad de la convención colectiva de trabajo a los empleados públicos de la empresa miembros del sindicato mixto.

“Por lo tanto, la determinación de los árbitros se ajusta a la competencia y facultades que les reconoce el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo. Distinto es, cuando en la parte resolutiva se decide que el contenido de la convención colectiva de trabajo 2000-2001, se aplicará en igualdad de condiciones tanto a los trabajadores oficiales como a los empleados públicos de Empoduitama Ltda...”. Aquí el tribunal sí excede su competencia puesto que al referirse a “los empleados públicos de Empoduitama Ltda” en cuanto al campo de aplicación del laudo en cuestión, pues ello resulta improcedente dada la limitación consagrada en el artículo 416 de Código Sustantivo del Trabajo. Así lo ha determinado la jurisprudencia al precisar que el laudo sólo puede tener aplicación frente a los trabajadores oficiales de la institución, y no frente a quienes están vinculados como empleados públicos, estén o no sindicalizados, en tanto la relación legal y reglamentaria de estos servidores públicos no puede ser modificada sino en virtud de preceptos de la misma naturaleza y jerarquía de los que la crearon.

Además, si los empleados públicos no están facultados por la ley para presentar pliegos de peticiones, intervenir en negociaciones colectivas y por ende suscribir convenciones colectivas, mal puede aplicárseles una convención colectiva de trabajo mediante un laudo arbitral, que es la etapa final de un conflicto colectivo de trabajo que sólo se puede iniciar en virtud de un pliego de peticiones, del cual ellos no son titulares, aun cuando formen parte de un sindicato mixto, como en el caso presente.

En cuanto a las leyes aprobatorias de los convenios 151 (Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública) y 154 de la OIT, (Convenio sobre fomento de la negociación colectiva) es pertinente anotar, que estos convenios no prescriben lo que de el deduce el tribunal, una forma particular de negociación colectiva, o que a éstos se opone la ley cuando no le concede a los empleados públicos la opción de la contratación colectiva, por cuanto, los instrumentos internacionales aludidos son bastante precisos en señalar que las medidas de fomento a la negociación sobre las condiciones de empleo son las que se adecuen a cada realidad nacional, y que para el efecto cada Estado puede optar por cualquiera de los métodos que considere apropiado.

Así el artículo 7º del primero de los convenios señala que:

“Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones”.

Y en el segundo convenio aludido dispone en su artículo 1º

“3. En lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este convenio”.

Por lo tanto, no se oponen a dichos convenios internacionales, las normas internas que reglamentan de manera especial, los derechos laborales colectivos de los empleados públicos en nuestro país, concretamente el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo.

Con base en lo anteriormente expuesto, es de recibo la argumentación de la entidad recurrente para acceder a la anulación de la decisión adoptada por el tribunal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. ANULAR la decisión del laudo arbitral proferido el once (11) de abril de dos mil tres (2003) por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo de trabajo suscitado entre el sindicato mixto de trabajadores oficiales y empleados públicos de la empresa “Sintraempoduitama Ltda” y la Empresa de Obras Sanitarias de Duitama Ltda. “Empoduitama Ltda” por los motivos expuestos.

2. Devuélvase el expediente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (Hoy de Protección Social).

Cópiese, notifíquese y publíquese.

(Sentencia de anulación, 27 de mayo de 2003. Radicación 21622. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo López Villegas).

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