Sentencia 21666 de julio 21 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

ÁRBITRO QUE RENUNCIA EN EL ÚLTIMO MOMENTO

EXTRACTOS: «La Corte no encuentra que la decisión adoptada por el tribunal de arbitramento desconozca el mandato del artículo 456 del Código Sustantivo del Trabajo, pues las actas que recogen el desarrollo de las deliberaciones de éste (fls. 4º y 5º, 33, 49, 50, 51 a 55, 57, 58, 95 a 96 y 99-100) muestran claramente que en todas ellas participaron los árbitros que !o conformaban, y, es esto exactamente, lo que persigue el anterior precepto legal cuando dispone que los tribunales de arbitramento no pueden deliberar sino con la asistencia plena de sus miembros.

Ahora, el hecho que en el presente caso uno de los árbitros durante la lectura del laudo se hubiera ausentado extrañamente del seno del tribunal y al poco tiempo hubiera hecho llegar un escrito anunciando la renuncia de su cargo, en ningún momento puede entenderse como si las deliberaciones realizadas por dicho cuerpo arbitral no se hubieran efectuado por todos sus integrantes, pues, como bien lo anota el apoderado de la empresa Cicolac Ltda., deliberar, según el Diccionario de la Lengua Española, significa: “Considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos“. Y ello es, precisamente, lo que aflora de las actas atrás mencionadas: que en las discusiones, razones y motivos que precedieron la argumentación del fallo arbitral intervinieron todos los árbitros.

Es más, si se examina el acta Nº 9 que recoge la reunión celebrada el 7 de mayo del año en curso (fls. 99 y 100), se observa que al árbitro José Antonio Rodríguez Peña antes de que se ausentara se le hizo entrega de copia del laudo arbitral, cuya elaboración se le había encomendado al presidente del tribunal, y, no solo eso, sino que en presencia de aquél, se inició, de “viva voz“, la lectura de dicho laudo.

De otra parte, resulta censurable y contrario a los deberes de quienes fungen transitoriamente como administradores de justicia, la conducta asumida en este caso por el árbitro José Antonio Rodríguez Peña, pues, al utilizar la deleznable maniobra de renunciar a su cargo para no proferir el laudo incurrió en una clara omisión de sus funciones, que, como lo anota el apoderado de la empresa, tienen el carácter de públicas en los términos del artículo 1º del Decreto Legislativo 525 de 1956, y, por ende, su violación conlleva responsabilidad disciplinaria.

Así las cosas, se tiene que la validez del laudo a la luz del artículo 456 del Código Sustantivo del Trabajo, resulta incuestionable».

(Sentencia de anulación, 21 de julio de 2003. Radicación 21.666. Magistrado Ponente: Dr. Germán Valdés Sánchez).

SALVAMENTO DE VOTO

Respetuosamente nos apartamos de la solución proferida en este asunto, por los motivos que a continuación exponemos:

Contrario a lo que decidió la mayoría, estimamos que la actuación del tribunal de arbitramento violó en forma flagrante el artículo 456 del Código Sustantivo del Trabajo, por las razones que inicialmente están consignadas en la ponencia que fue rechazada y que son del siguiente tenor:

“El artículo 456 del Código Sustantivo del Trabajo establece de manera perentoria que “los tribunales de arbitramento de que trata este capítulo no pueden deliberar sino con la asistencia plena de sus miembros“. (Negrilla).

Indica lo anterior que la asistencia de los integrantes de un tribunal de arbitramento es indispensable y necesaria para la deliberación y para las decisiones que deben adoptar, de manera que si uno de sus integrantes no está en el momento de la sesión, no puede adoptarse válidamente ninguna decisión.

La razón de ser de dicha disposición está en la naturaleza especial del conflicto colectivo de trabajo sometido a su consideración, en el que las partes enfrentadas tienen una ingerencia directa en la composición del tribunal, en la medida en que cada una de ellas debe designar un árbitro que las represente; esos dos, a su vez, deben nombrar el tercero y a falta de acuerdo entre ellos, la designación del tercer árbitro la hace el Ministerio de la Protección Social, lo cual responde a la primordial importancia que para el Estado y la comunidad tiene un conflicto de esa condición, cuya solución por medios pacíficos se torna imperativa.

Es indiscutible que el árbitro designado por la organización sindical, presentó renuncia clara y expresa de su cargo, como quiera que su escrito en el cual la plasmó es inequívoco en tal sentido.

Cualquiera que haya sido la causa para ese proceder y aun estando en las postrimerías del tribunal, los árbitros restantes debieron ocuparse necesariamente de dicha renuncia y darle el trámite que correspondía, que no era otro que el decidir sobre ella y en caso de aceptación, declarar suspendido el funcionamiento del tribunal, comunicar de la misma a las partes interesadas, especialmente a la que lo había designado para efectos de su reemplazo y en defecto de esta designación, solicitar al Ministerio de la Protección Social la provisión de la vacancia, para que una vez reinstalado el tribunal, continuara con el objetivo para el cual fue convocado.

Una actuación así responde plenamente con el principio del debido proceso, el cual debe observarse en todas las actuaciones judiciales o administrativas, de conformidad con el artículo 29 del ordenamiento superior.

De ninguna manera podían los restantes árbitros soslayar dicha renuncia y seguir actuando como si el tribunal estuviera funcionando normalmente. La renuncia de uno de sus integrantes altera por completo esa normalidad, y era deber de ellos poner remedio inmediato a esa alteración y volver a encauzar el funcionamiento del tribunal dentro del imperio de la legalidad, pues su omisión en tal sentido se constituye en una grave irregularidad que debe ser subsanada.

Es indiscutible que la actuación del tribunal, posterior a la renuncia del árbitro designado por la organización sindical, infringe abiertamente el contenido del artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo y afecta igualmente el principio del debido proceso constitucional, que especialmente debe ser observado y acatado por quienes ejercen una función jurisdiccional, de la cual no escapan los árbitros que deben decidir un conflicto colectivo de naturaleza económica“.

En ese orden de ideas, consideramos que se hacía indispensable la devolución del expediente a los árbitros restantes para que procedieran de conformidad con ellas, es decir, darle trámite a la renuncia presentada, con el fin de que el funcionamiento del tribunal se sujetara en un todo a las disposiciones legales que los rigen.

Y frente a la motivación de la mayoría, se observa:

El momento en el cual se debe pronunciar o expedir un laudo, implica necesariamente una deliberación de los arbitradores, como quiera que pueden presentarse circunstancias que ameriten un replanteamiento de sus términos. Si hubiera sido suficiente la actuación del tribunal hasta el 6 de mayo del año en curso, la citación para la audiencia del día siguiente, en la que debía expedirse el laudo, era inocua por cuanto la decisión ya estaba tomada. No obstante, lo cierto es que la fijación de la nueva audiencia, suponía que el tribunal de arbitramento no había culminado el objetivo para el cual fue convocado, y esa culminación solo era posible en la medida en que sus integrantes hubieran suscrito la providencia correspondiente, pues sólo desde este momento es cuando puede estimarse que las deliberaciones han concluido, pues ya no será posible el replanteamiento de la decisión adoptada, contra la cual procede únicamente el recurso de anulación.

La tesis adoptada por la mayoría resulta inadmisible, porque bien puede equipararse, a manera de ejemplo, que en vez de la renuncia de un árbitro puede ocurrir el fallecimiento de uno de ellos en ese preciso instante; mas como las deliberaciones ya estaban realizadas, perfectamente los restantes miembros podían expedir y suscribir el laudo, ya que en la tesis avante, la firma de quien faltare no es necesaria sino supuesta. En verdad son más las dificultades que pueden resultar de la decisión mayoritaria de la cual nos apartamos, que los beneficios que pueda presentar, por cuanto con ella indudablemente no se logra la finalidad del Código Sustantivo de Trabajo, que según su artículo 1º es la de “lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social“, en cambio, si se repite, se viola el debido proceso referido en el artículo 29 de la Carta Política.

De otro lado, con su símil, no se puede ignorar que los regímenes convencionales son fruto de un conflicto colectivo económico de trabajo, el cual está, en principio, sometido a unas etapas previstas en la ley. Es obvio entender que en su desarrollo se presentan “deliberaciones“ o discusiones entre las partes enfrentadas. Si hay un acuerdo entre estas, ese acuerdo quedará materializado en la convención colectiva de trabajo o en pacto colectivo, según sea el caso. Seguramente para el legislador no resultó extraño que durante el trámite del conflicto se presentaran situaciones de claro choque entre las partes, lo que muchas veces significaba el desconocimiento de acuerdos al que habían llegado con anterioridad e inclusive en el momento mismo de suscribir la convención, de ahí que sabiamente dispuso en el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, con la modificación que le introdujo el artículo 14 del Decreto-Ley 614 de 1957, que formulada correctamente la denuncia de la convención colectiva, “esta continuará vigente hasta tanto se firme una nueva“ (negrilla). Y qué decir de la previsión del legislador de 1985, cuando a través del artículo 2º de la Ley 39 de ese año, dispuso que los acuerdos producidos en la primera etapa de la negociación, se harían constar en actas que deberán ser suscritas a medida que avancen las conversaciones, los cuales tendrán carácter definitivo.

Si por expreso mandato del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo, el fallo arbitral tiene el carácter de convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo, no se ve la razón por la cual no se exija que el laudo arbitral esté suscrito por todos sus integrantes, pues esta es una condición impuesta claramente en la ley y que responde igualmente al sentido común, por lo que se repite, las deliberaciones del tribunal de arbitramento sólo terminan con la suscripción del laudo por todos sus integrantes.

Por lo demás, si para la mayoría la renuncia del árbitro que designó la organización sindical no trajo consigo ninguna irregularidad de orden procesal, hasta el punto de que el laudo fue objeto de decisión de fondo, es inexplicable que su conducta fuera calificada de deleznable y que se ordenaran copias de la actuación para que se investigara si aquella pudo haber infringido el ordenamiento jurídico disciplinario. Precisamente, una de las consecuencias que pueden extraerse de la decisión que finalmente adoptó la Sala, es la inocuidad de la renuncia, ya que no impidió el examen de mérito por parte del juez de la anulación. Obviamente que esa situación no podía concluirse de la posición llevada en la ponencia que lamentablemente, en nuestro sentir, no fue aceptada.

Por último, y en la medida en que la Sala por mayoría asumió competencia para el estudio del recurso, consideramos que avaló la tesis de los dos arbitradores que firmaron el laudo, según la cual, lo expuesto por el árbitro renunciante en el escrito de folios 97 y 98 es su salvamento de voto, apreciación carente de veracidad, puesto que el único que podría afirmar si salvó el voto es él y no otro.

Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa. 

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