Sentencia 21692 de agosto 17 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Acta 62

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Gómez Quintero

Bogotá, D.C., agosto diecisiete de dos mil cinco.

Vistos

La Corte decide la impugnación interpuesta por el doctor Carlos Héctor Tamayo Medina, Juez 2º Penal del Circuito de Bogotá, autoridad demandada en este asunto, contra el fallo del 7 de julio del presente año, con el cual el tribunal superior concedió el amparo que reclama el abogado Pedro David Verdugo Saucedo para los derechos al debido proceso y al buen nombre.

Antecedentes

1. El Tribunal de Bogotá conforme a los términos de la demanda expone los fundamentos de la solicitud del siguiente modo:

“1. El accionante aduce que actúa como defensor público en la actuación adelantada contra Carlos Perdomo Hurtado, a la fecha en la etapa de juicio bajo la dirección del Juzgado 2º penal del circuito de esta ciudad. De igual modo, que en la referida calidad... solicitó la declaratoria de nulidad de las audiencias de formulación de acusación y preparatoria, llevadas a cabo el 14 de abril y el 17 de mayo último; pretensión soportada en las irregularidades sustanciales que entendió vulneraron las garantías fundamentales de su representado al debido proceso y a la defensa”.

“La petición reseñada la elevó en audiencia de fecha junio 9 pasado, en la que argumentó la trasgresión por parte de la fiscalía del imperativo del descubrimiento de prueba, sobre el cual discurrió a partir de las previsiones contenidas en el artículo 250 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, pero además con referencia al desarrollo que encuentra dicho postulado en los artículos 15, 125 numeral 3º, 142 numeral 3º, 337 numeral 5º, literal f), y 403 numeral 4º de la Ley 906 de 2004”.

“2. El funcionario de conocimiento negó la invalidación reclamada con sustento en una tesis que el memorialista califica curiosa; sin embargo, el amparo constitucional no lo pretende frente a tal pronunciamiento, pues deriva el menoscabo de sus derechos fundamentales exclusivamente del trámite incidental que a continuación adelantó el titular del juzgado con invocación de los artículos 141, numerales 1º y 2º, y 143 ibídem, finalizado con la imposición de una sanción pecuniaria bajo el argumento de haber actuado el apoderado y demandante en sede de tutela de manera temeraria. A esta conclusión arribó el accionado, reseña el libelista, porque en opinión de aquel la fiscalía no tenía el deber de descubrir a la defensa los elementos materiales probatorios, y la evidencia física, en consecuencia, con tal actitud mal puede conculcar el derecho de defensa”.

“3. La decisión sancionatoria, afirma el accionante, constituye una vía de hecho que comporta la violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y al buen nombre”.

“En primer término, porque desconoce que en procura de atender en forma idónea, diligente y adecuada los intereses del acusado formuló una solicitud fundamentada en la Carta Política, en los tratados que integran el bloque de constitucionalidad, así como en los estatutos procesales y de defensoría pública. Tampoco tuvo en cuenta, como lo puso de presente en su momento, que tratándose de la temática involucrada en la solicitud de nulidad podía existir una interpretación distinta de la propuesta pero que esta circunstancia no implicaba la temeridad de la misma, máxime que los correctivos disciplinarios están previstos para conjurar situaciones extremas. A tal punto se evidencia arbitrario y caprichoso el cuestionado pronunciamiento, que el servidor público no acogió la reconsideración formulada con apoyo incluso del agente del Ministerio Público en su intervención como garante de la sociedad y el orden jurídico”.

“Además, los registros de la actuación permiten discernir que la sustentación del pedido de nulidad nada tuvo de sinuoso, subrepticio, doloso o falso; incluso, la falta de legitimidad de la sanción resulta aún más palmaria porque contra toda previsión legal y soslayando el principio de oralidad que gobierna el actual esquema procesal, en forma posterior y a través de auto escrito supeditó el cumplimiento de la sanción impuesta al pronunciamiento de este tribunal sobre el recurso de apelación interpuesto contra la decisión denegatoria de aquella”.

En conclusión, el actor considera que el Juez 2º Penal del Circuito de Bogotá incurrió en una vía de hecho en la aplicación de las facultades correccionales a las que se refiere el artículo 143 del Código de Procedimiento Penal “... pues resulta evidente la carencia de fundamentación objetiva y razonable (defecto material) en la aplicación de la sanción de la que fui objeto...” y solicita el restablecimiento de sus derechos dejando sin efecto la referida sanción.

2. El funcionario cuestionado al contestar la demanda precisó que, sancionó al peticionario con multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales con arreglo a lo dispuesto en los artículos 140-2 y 143-7 del Código de Procedimiento Penal, porque obró con temeridad según el artículo 141-1 y 2 ibídem, para lo cual atendió el trámite previsto en el artículo 143 del mismo código.

Aclaró que el actor solicitó tan solo la nulidad de la audiencia preparatoria y que obró con temeridad “Porque afirmó hechos contrarios a la realidad, como las manifestaciones de que en la audiencia preparatoria no se le dio la palabra, que no se le atendió lo atinente al cuestionamiento sobre el descubrimiento de pruebas y que no me preocupé porque el descubrimiento fuera lo más completo posible, entre otros; también porque la solicitud de nulidad fue una formulación manifiestamente desprovista de fundamento legal”.

Sobre estos tópicos, precisó que es un hecho contrario a la realidad que el actor hubiere afirmado en la solicitud de nulidad que no se le concedió la palabra, pues se le otorgó en cada uno de los asuntos a tratar y resolver en la audiencia preparatoria.

“Se le dio la palabra para que manifestara sus observaciones sobre el descubrimiento de los elementos probatorios, ante lo cual expresó que no tenía cuestionamiento alguno; claro está, hasta donde recuerdo, hizo algún reparo por algunos supuestos elementos probatorios no descubiertos, que no se le atendió porque las observaciones sobre el descubrimiento, y así se le aclaró en la audiencia, se refieren a los elementos o evidencias descubiertos por la fiscalía en la audiencia de formulación de acusación o dentro del término otorgado por el juzgado, nada más”.

A lo anterior agregó que en la audiencia de formulación de acusación “... se le dio la palabra para que, si a bien lo tenía, solicitara al juez que le ordenara a la fiscalía “el descubrimiento de algún elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento” (como lo establece CPP, art. 244), respecto de lo cual solicitó el descubrimiento, no recuerdo de qué elementos, pero sobre la base de la suposición de que la fiscalía los tenía en su poder, mas en ningún momento afirmó tener conocimiento, requisito sin el cual, a voces del artículo 344 del Código Procedimiento Penal, no puede accederse a la petición.

En fin, abundó en detalles respecto de las oportunidades y asuntos en los cuales concedió el uso de la palabra al peticionario, para ratificar la temeridad con la cual había obrado al solicitar la nulidad de la audiencia preparatoria alegando la limitación a ese derecho.

De otro lado, precisó que el actor faltó también a la verdad al sustentar la solicitud en el supuesto de que “... no me preocupé porque el descubrimiento fuera completo. Nada más contrario a la realidad. Inclusive les recordé la consecuencia consagrada en el artículo 346 del Código de Procedimiento Penal, según la cual, los elementos no descubiertos y que deban descubrirse en la audiencia de formulación de acusación, no podrán aducirse al proceso como prueba ni practicarse en el juicio. Para tal efecto se le dio la palabra a la fiscalía; luego a la defensa, para que hiciera lo propio si deseaba, como también para que, si a bien tenía, que le ordenáramos a la fiscalía el descubrimiento de algún elemento probatorio específico, en caso de que tuviera conocimiento de que estaba en poder de la fiscalía, pero nunca afirmó ese conocimiento, como lo exige la ley, sino que lo suponía, supuesto distinto al contemplado en el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, tal como se le hizo saber. Posteriormente, en la audiencia preparatoria, porque esa es la oportunidad, se le volvió a dar la palabra para que descubriera los elementos probatorios que deseara, y descubrió lo que tuvo a bien descubrir. Así, entonces, afirmar que no me preocupé porque el descubrimiento fuera completo, comporta la afirmación de un hecho contrario a la realidad, situación temeraria, en los términos del artículo 141-2 del Código de Procedimiento Penal”.

De igual modo, precisó que el actor obró desprovisto de fundamento legal, pues la audiencia preparatoria se adelantó con apego a la ley. Además, suponiendo que hubiere incurrido en una irregularidad “... esa afirmación no era suficiente para fundamentar adecuadamente la solicitud de nulidad según los principios que la orientan (de protección, de saneamiento o convalidación, de trascendencia, de especificidad, carácter residual, etc.) y las exigencias del artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, sino que, además, tenía la carga de demostrar que esa irregularidad era violatoria del derecho de defensa o del debido proceso, requisito legal con el que no cumplió”.

El demandante tampoco acreditó que la irregularidad que supuestamente afectaba el debido proceso, recayera sobre aspectos sustanciales “... pues a juzgar por su exposición, la queja fue que la fiscalía no le descubrió algunos elementos materiales probatorios, cuyo descubrimiento, reitérase, no solicitó en la oportunidad legal, pero no demostró en qué medida esa falta de descubrimiento se tradujo en afectación del derecho de defensa o del debido proceso. Pero los requisitos no van hasta ahí, adicionalmente, por virtud del principio de carácter residual de las nulidades, no demostró que, en el supuesto de que se haya lesionado el derecho de defensa o el debido proceso, en aspectos sustanciales, no existía otro medio procesal para subsanar la supuesta irregularidad”.

Según expuso, esas omisiones descubren el carácter temerario con el que actuó el demandante, por lo cual no le quedaba opción distinta que imponer la sanción correspondiente previo agotamiento del debido proceso.

También señaló que finalizada la audiencia y como medida de precaución, dispuso condicionar la ejecución de la sanción a la confirmación de la negación de la nulidad por parte del tribunal, de manera que no lesionó los derechos del peticionario.

Para finalizar indicó: “Adicionalmente, creo que el hecho de que el defensor haya solicitado suspensión del juicio oral por no estar preparado, según sus propias palabras, aunado a la temeraria petición de nulidad, permite inferir que la solicitud de nulidad fue simplemente el medio al que acudió como estrategia para impedir la realización del juicio oral, lo cual dejó a la valoración de la Corte”.

La decisión impugnada

El tribunal de instancia concedió el amparo atendiendo las siguientes consideraciones.

La acción de tutela es un instrumento de defensa de los derechos fundamentales de carácter residual, que se rige por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia.

Por regla general, no procede contra decisiones o actuaciones judiciales, pues los estatutos de procedimiento consagran los medios de defensa que deben emplearse, en el curso de las actuaciones ordinarias, y por la necesidad de preservar la independencia y autonomía en el cumplimiento de la función judicial.

La regla anterior admite como excepción la procedencia de la acción para confrontar una vía de hecho, fruto del capricho o la arbitrariedad del funcionario judicial.

Al examinar la situación del actor frente a estos postulados se descubre que aquel no cuestionó la consagración legal de los poderes y medidas correccionales que tuvo en cuenta el juez demandado para imponer la sanción, “... por el contrario la simple revisión de los artículos 140 y 143 de la Ley 906 de 2004, impele a sostener que de esta perspectiva la misma mal puede calificarse de carecer de fundamento normativo”.

“En el ámbito instrumental también refulge inobjetable tal pronunciamiento, que se muestra conclusivo de una actuación incidental seguida con estricto apego (a) las previsiones del parágrafo del antes citado artículo 143 de la Ley 906 de 2004, en curso de la cual al sancionado se le dio la oportunidad de rendir sus explicaciones, incluso, de solicitar la reconsideración de la sanción mediante pedido apoyado por el ministerio público (sic) en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales”.

Sin embargo “... asiste razón al actor cuando sostiene que la imposición de la misma carece de fundamento fáctico o en otros términos, que le fue inflingida a pesar de la ostensible falta de configuración del presupuesto de hecho que la habilita y legitima”.

A este respecto consideró el tribunal que los fundamentos expuestos por el accionado para derivar la temeridad fueron: la alegación intencional de hechos contrarios a la realidad, y la manifiesta carencia de fundamento legal.

“El primero se concreta en la actuación del funcionario en el curso de las audiencias precedentes al juicio oral, que el defensor del acusado aseguró que había sido impeditiva de sus intervenciones y despreocupada frente al imperativo del descubrimiento de la prueba por parte de la fiscalía, postura desde luego rechazada de manera tajante por el titular del juzgado accionado, más aún, que encuentra apartada de la realidad; sin embargo, examinados los registros de las diligencias incorporados a este trámite, resulta forzoso colegir que esas afirmaciones del procesado lejos de (sic) están de constituir falacias o mentiras por cuanto corresponden a plausibles apreciaciones subjetivas, esto es, a una diferente y plausible forma de valoración o estimación de lo acontecido”.

“En otros términos, no es que los hechos alegados por el defensor para fundamentar el pedido de nulidad carezcan de realidad y que a pesar de ello y en forma intencional fueron planteados, sino que las circunstancias de los cuales los derivó el sancionado muy seguramente no permite atestar su inequívoca ocurrencia, lo anterior, porque confundió la dirección de las audiencias con el entorpecimiento de la labor defensiva.

En relación con el segundo fundamento, consideró que mal puede desconocerse que el peticionario, en el pedido reputado de dilatorio, se limitó a postular un criterio del cual puede disentirse, pero no tildarse carente de razón o de motivo, es decir, temerario.

“... mal puede ignorar el tribunal de otra parte y en plano fáctico que los elementos probatorios ante cuya falta de descubrimiento vinculó la defensa al reclamo de nulidad en verdad habían sido acopiados, que no fueron enunciados o presentados siquiera por la fiscalía como lo adujo el defensor para fundamentar la nulidad; tampoco que la oportunidad para solicitar tal descubrimiento no tiene ... en la normatividad instrumental la limitada oportunidad que aseguró el funcionario accionado para descalificar completamente esa propuesta, como surge irrefutable de las previsiones contenidas en el artículo 344, inciso 4º, de la Ley 906 de 2004; y menos aún, que respecto de las consecuencias procesales del omitido descubrimiento completo de los elementos probatorios, en lo particular, frente a la validez del trámite, no se ha dicho la última e incontrastable palabra, de manera que el mandatario judicial se limitó a plantear en forma razonable una propuesta que podía o no prohijarse empero de ningún modo temeraria”.

Consideró, de ese modo, que el juez accionado obró sin admitir como posible siquiera un criterio jurídico diferente al que esbozó “... en actitud de intolerancia intelectual frente a un estatuto instrumental cuya decantación hasta ahora se inicia, que ha propiciado además encontradas e irreconciliables interpretaciones, no derivó la temeridad de la falta de razón o motivo en la solicitud de nulidad, conforme lo exige el artículo 141, numeral 1º, de la Ley 906 de 2004, sino que en decisión sin duda arbitraria y constitutiva de una vía de hecho dedujo esa grave consecuencia a partir de criterios de corrección jurídica, que obviamente y por definición excluyen la temeridad imputada”.

De esa manera, declaró la procedencia del amparo y en orden a restablecer los derechos conculcados ordenó que, en el término de 48 horas, el Juez 2º Penal del Circuito de Bogotá revoque la sanción impuesta.

Impugnación

El recurrente insistió en que su actuación no constituye vía de hecho, razón suficiente para revocar el fallo impugnado merced a la improcedencia de la acción.

Aludió nuevamente al fundamento fáctico y jurídico de la decisión cuestionada, a lo cual agregó que “... no suspendí la ejecución de la sanción por considerar que algún asidero tenía la solicitud de nulidad, como lo dedujo la sala mayoritaria del tribunal. No. En ningún momento dudé ni he dudado del carácter temerario de la petición de nulidad. Lo que aconteció después de concluida la audiencia, fue que vino a mi mente una reflexión, según la cual, teóricamente, no puede descartarse que el superior revoque l a decisión apelada, situación que, de presentarse, deslegitimaría la sanción.

“Así, ante esa eventualidad —que si bien no le veo razón alguna para que se dé, subsiste de las posibilidades teóricas— la sanción se tornaría en algo inconcebible jurídicamente. Al pensar, entonces, que la revocatoria de la sanción no está dentro de lo imposible, lo que me pareció razonable fue dejar en suspenso su ejecución. Ahora, no creo que sea contrario a derecho tomar una decisión para evitar un absurdo jurídico, que, teóricamente, como ya lo expresé, podría darse”.

Solicitó, en síntesis, que se revoque el fallo impugnado y se niegue la tutela demandada por el doctor Berdugo Saucedo.

Consideraciones de la Corte

Con insistencia la jurisprudencia constitucional tiene establecido que las decisiones o actuaciones judiciales son susceptibles a la acción de tutela, sólo en el evento de que constituyan verdaderas vías de hecho, es decir, cuando el funcionario desatiende el ordenamiento jurídico que gobierna sus actuaciones, desacata sus deberes constitucionales y actúa movido por su propio arbitrio.

“Esos defectos protuberantes de una providencia implican entonces una ‘manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial’, que implica la ‘descalificación como acto judicial’ de la providencia respectiva (1) . Por ello, esta corporación ha reiterado que esos ‘pronunciamientos judiciales arbitrarios y caprichosos, abiertamente contrarios a la Constitución y la ley, no merecen el tratamiento de providencias, porque su ruptura con el ordenamiento jurídico es tan ostensible, y el abuso contra los indefensos ciudadanos de tal envergadura, que no se pueden considerar el desarrollo de la función jurisdiccional, sino un abuso de su ejercicio’ (2) . En tales eventos, si esa vía de hecho vulnera o amenaza derechos fundamentales, la tutela es procedente para proteger a la persona afectada, si esta no cuenta con un mecanismo judicial idóneo, o el amparo constitucional resulta indispensable para evitar un perjuicio irremediable” (C.P., art. 86) (3) .

Para la identificación de una vía de hecho en el desarrollo de la función judicial, la Corte Constitucional tiene establecida la siguiente teoría.

“5. La Corte ha precisado igualmente las características que debe tener la actuación judicial para que pueda hablarse de vía de hecho. El funcionario judicial incurre en tal conducta, cuando comete, de manera manifiesta, en alguna de las siguientes situaciones: (i) funda su decisión en una norma que es evidentemente inaplicable (defecto sustantivo); (ii) o es incuestionable que el juez carece del apoyo probatorio que le permita tomar la determinación respectiva (defecto fáctico); (iii) o el funcionario judicial carece, en forma absoluta y clara, de competencia para dictar la providencia (defecto orgánico); o (iv) finalmente, el juez actúa completamente por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental) (4) .

Como puede verse, el desconocimiento por el juez de las pautas normativas que rigen su actuación debe ser evidente, manifiesto y burdo, para que su comportamiento y la providencia que ha dictado puedan ser impugnados por vía de tutela. En caso de que ello no sea así, en virtud del respeto a la seguridad jurídica, la independencia judicial, y la separación funcional entre la jurisdicción constitucional y las otras jurisdicciones, la providencia judicial es inimpugnable por vía de tutela, tal y como esta Corte lo estableció en la Sentencia C-543 de 1992 (5) .

En la especie analizada el tribunal de instancia consideró que el juez accionado, siendo competente para conocer de la causa en la cual intervine el accionante, lo sancionó con fundamento en los artículos 140 y 143 de la Ley 906 de 2004.

En forma adicional, que obró conforme al procedimiento previsto en esas disposiciones, garantizando el derecho de defensa del afectado.

Pronto, entonces, descartó en ese asunto la presencia de cualquier defecto orgánico, sustantivo o de procedimiento que empañen la legalidad de la actuación cumplida por el demandado.

Alude, no obstante el tribunal, a una supuesta ausencia de fundamento fáctico en la imposición de la sanción, de suerte que esta se irrogó “... a pesar de la ostensible falta de configuración del presupuesto de hecho que la habilita y legitima”.

En demostración de este aserto el a quo procedió a escrutar en detalle los argumentos expuestos por el accionado para fundamentar la temeridad y la consecuente sanción: la alegación por el defensor de hechos contrarios a la realidad, y la manifiesta carencia de fundamento legal.

Sobre lo primero —señaló el a quo— el juez tuvo en cuenta que el defensor afirmó que se le había impedido la posibilidad de intervenir y que había obrado despreocupadamente frente al imperativo del descubrimiento de pruebas por parte de la fiscalía.

Para el tribunal, las afirmaciones del sancionado ‘lejos están de constituir falacias o mentiras por cuanto corresponden a plausibles apreciaciones subjetivas, esto es, a una diferente forma de valoración o estimación de lo acontecido’, ‘no es que los hechos alegados por el defensor para fundamentar el pedido de nulidad carezcan de realidad, sino que las circunstancias de las cuales los derivó no permiten atestar su inequívoca ocurrencia, porque confundió la dirección de las audiencias con el entorpecimiento de la labor defensiva’.

Y, acerca de la ausencia de fundamento legal en la proposición de la nulidad, dictaminó que el peticionario se limitó a postular un criterio del cual puede disentirse, pero no tildarse temerario por falta de motivación, pues en realidad existían uno elementos probatorios que la fiscalía no había presentado y la oportunidad para solicitar el descubrimiento no tiene en la normatividad instrumental la limitada oportunidad que aseguró el funcionario accionado para descalificar completamente esa propuesta.

De acuerdo con lo anterior, para el tribunal se presenta una suerte de defecto fáctico en la medida que el accionado no aceptó como posible un criterio jurídico distinto al que esbozó “en actitud de intolerancia intelectual frente a un estatuto instrumental cuya decantación hasta ahora se inicia ... no derivó la temeridad de la falta de razón o motivo en la solicitud de nulidad ... sino que en decisión sin duda arbitraria y constitutiva de una vía de hecho dedujo esa grave consecuencia a partir de criterios de corrección jurídica” que excluyen la temeridad.

Para la Corte resulta paradójico que al juez accionado se le impute la realización de una vía de hecho por no haber admitido, al menos como posible, las opiniones o consideraciones del abogado al cual sancionó, cuando el tribunal verdaderamente incurre en esa conducta al confundir las labores que como juez constitucional le corresponden en este asunto, con aquellas que la ley le asigna como juez ordinario.

De esa manera, antes que establecer si la autoridad accionada incurrió en vía de hecho que agravie o amenace los derechos fundamentales del actor, adelantó un examen de legalidad, tendiente a determinar si la decisión del accionado resultaba o no acertada.

Con base en lo anterior concluyó que no existía temeridad en ese asunto, pues en su criterio el sancionado ‘no alegó hechos contrarios a la realidad ni presentó una solicitud carente de fundamento’.

Frente a lo anterior, para la Corte resulta claro que en este asunto la acción de tutela no está llamada a prosperar, en la medida que no se presenta el requisito básico de procedencia del amparo frente a decisiones o actuaciones judiciales, esto es, la vía de hecho.

El acto judicial que se cuestiona en esta sede es la sanción impuesta por el juez 2º Penal del Circuito de Bogotá al peticionario, a quien declaró temerario con base en el artículo 141 del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004)

Según dicha norma, se considera que ha existido temeridad o mala fe, cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal en la denuncia, recurso, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la actuación procesal; cuando, a sabiendas, se aleguen hechos contrarios a la realidad; cuando se utilice cualquiera actuación judicial con fines claramente ilegales, dolosos o fraudulentos; cuando se obstruya la práctica de diligencias; y cuando por cualquier otro medio se entorpezca el normal desarrollo de la actuación procesal.

Por otra parte, el Código de Procedimiento Penal faculta al juez de conocimiento (art. 143) para adoptar las medidas correccionales allí previstas, en orden a reprimir, entre otros, a quien en la actuación obre con temeridad o mala fe.

El nuevo sistema procesal colombiano, caracterizados por principios como los de oralidad, inmediación, publicidad, contradicción, concentración, celeridad, eficacia y lealtad; impone al juez, a las partes e intervinientes roles diferentes a los que se acostumbraban en los ordenamientos anteriores, marcados por las deficiencias que permitía el sistema escrito propenso, sobre todo, a dilaciones de todo orden.

El desempeño de esos nuevos papeles tiene como uno de sus objetivos el respeto por la majestad de la justicia y como instrumento para garantizarla, los poderes y medidas correccionales a los que puede apelar el juez para asegurar una cumplida administración de justicia.

Al respecto, en el examen de exequibilidad del artículo 144 de la Ley 600 de 2000, el cual establece las medidas correccionales del anterior régimen procesal, la Corte Constitucional precisó en decisión que puede aplicarse a este asunto:

Durante el desarrollo de determinado proceso, las partes actúan, no frente a la persona del juez, la cual amerita respeto, sino ante el pueblo soberano que ha depositado en aquel la facultad que le es propia de impartir justicia, lo que hace que la relación no sea simétrica entre ciudadanos, sino asimétrica entre estos y la majestad misma de la justicia, a la cual se le someten y le deben el máximo respeto y consideración; de ahí la gravedad de aquellos comportamientos que impliquen irrespeto, pues no solo están desconociendo los derechos del juez como individuo, sino los del pueblo soberano representado en él; ello por sí solo, justificaría la constitucionalidad del poder disciplinario que se le otorga al funcionario...” (6) .

Corresponde, pues, al juez de conocimiento en forma autónoma e independiente, establecer la procedencia e imponer las medidas correccionales requerida para conjurar las actuaciones que afecten la majestad de la justicia, atendiendo sí el debido proceso señalado en la ley.

El nuevo ordenamiento procesal (art. 143, par.), a diferencia de lo consagrado en la Ley 600 de 2000 (art. 144, par. 1º), en forma expresa niega la procedencia de cualquier recurso en contra de la decisión que impone una medida correccional (salvo la solicitud de reconsideración), circunstancia que resulta útil para ratificar la autonomía que se le asigna al juez para asegurar la adecuada dirección de la causa y el cumplimiento de sus funciones.

De cara a lo anterior surge un interrogante: si el debido proceso dispuesto en la Ley 906 de 2004, no permite ni siquiera al superior jerárquico del juez de conocimiento examinar la legalidad de sus determinaciones correccionales, ¿será acaso posible que otro funcionario de especialidad diferente pueda inmiscuirse en esa labor?

Para la Corte tal hipótesis resulta imposible pues se afectaría la estructura de la administración de justicia en cuanto a la independencia y separación funcional entre las distintas jurisdicciones. A menos, claro está, que la medida correccional se imponga a través de una evidente, manifiesta y burda vía de hecho.

El examen de este presupuesto en el asunto que nos ocupa no puede hacerse fuera del contexto de las audiencias de formulación de acusación, preliminar y el juicio oral, para concluir que el juez, sin fundamento o por mera arbitrariedad impuso la sanción.

El registro que contiene la diligencia permite apreciar que el abogado defensor no fue muy afortunado en el manejo del asunto ni en sus intervenciones. En la audiencia de formulación de cargos el juez le recordó el derecho que tenía en relación con el descubrimiento de elementos materiales probatorios y evidencias físicas, por lo cual le solicitó que informara cuáles, en forma específica, según su conocimiento, se encontraban en poder de la fiscalía y no habían sido descubiertos, frente a lo cual señaló “... supongo que debe haber una entrevista a la administradora del inmueble, a la madre de la víctima que no se mencionaron en la acusación ...”.

Frente a lo anterior el juez le informó que para ordenar el descubrimiento, según el texto del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, debía señalar en forma específica el elemento material o la evidencia física, frente a lo cual nada especificó y por ese motivo el juez no se dispuso ningún descubrimiento, pero advirtió conforme sanciona el artículo 346 ibídem, acerca de la imposibilidad de aducir al proceso, convertir en prueba o practicar en el juicio, aquellos elementos o evidencias no descubiertos en forma oportuna.

Los registros de la audiencia dan cuenta de la persistencia del juez para que se verificara el descubrimiento referido.

Posteriormente, en diligencia preparatoria al interrogarse al defensor sobre las observaciones pertinentes al procedimiento del descubrimiento de pruebas, pretendió solicitar que la fiscalía descubriera una prueba de ADN, practicada al acusado y un examen médico legal de la menor ofendida, lo cual condujo al juez a precisar que tenía la palabra para formular objeciones sobre el procedimiento de las pruebas descubiertas en anterior audiencia, no para solicitar nuevo descubrimiento, por lo que manifestó que no había reparo.

Instalado el juicio oral el actor solicitó la nulidad de la audiencia preparatoria, por desconocimiento del debido proceso y del derecho de defensa, con los conocidos argumentos de que el juez no le permitió intervenir ni profundizó lo necesario para lograr el descubrimiento de materiales probatorios o evidencias físicas.

De esa manera, siguiendo la sistemática del Código de Procedimiento Penal y efectuando la interpretación que juzgó correcta de las disposiciones (admisible en todo caso y cuyo acierto será determinado por el tribunal en sede de apelación), negó la petición de nulidad. En su criterio, el defensor apoyó la solicitud en supuestos diferentes a los acontecidos en el proceso, conforme quedó reseñado con el registro de la actuación y, además, omitió cumplir con el deber de exponer los fundamentos jurídicos de la nulidad, en especial determinar de qué forma se afectó el derecho de defensa y los aspectos sustanciales que habrían sido lesionados con la irregularidad denunciada.

Por esa razón, el juez consideró que la solicitud se distanciaba de los principios que orientan la declaratoria de nulidad de los actos procesales, razón por la cual, además, negó la reposición propuesta por el actor y concedió la apelación sucedánea.

En vista de lo anterior, se advierte en el registro, el funcionario demandado consideró que la actuación del actor debía ser examinada a la luz de los artículos 140, 141 y 143 del Código de Procedimiento Penal por considerar que había incumplido con los deberes que corresponden a los sujetos procesales.

En ese orden de ideas, concluyó que el actor obró con temeridad por las razones referidas en esta decisión y dispuso la sanción correspondiente pues, precisó, “... esta es una solicitud que ha generado trauma en la actuación, ha generado demoras en la actuación, ha generado dilación injustificada del proceso y por esa razón, teniendo en cuenta la magnitud de la dilación que ha generado esta petición temeraria, el juzgado le impone una multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Según la ley (L. 906/2004, art. 143) el procedimiento se cumplió garantizando los derechos de oposición y de reconsideración de la medida.

Frente a estas circunstancias, la Corte no descubre dónde se encuentra el defecto fáctico que genera la vía de hecho en este asunto. El demandado pudo ser severo si se quiere, pero nunca arbitrario; el comportamiento del actor en el curso de las diligencias de cara a las normas que rigen la actuación, razonablemente le permitieron inferir del contenido de la solicitud, que carecía de fundamentación factico-jurídica y que se sustentaba en hechos contrarios a la realidad, circunstancia que en su criterio reflejaba temeridad.

Reiterando la finalidad de las medidas correccionales como instrumento de respeto por la majestad de la justicia, cómo controvertirle al juez que dirige la actuación, a cuyo cargo se encuentra la obligación de velar por la legalidad de su desarrollo, que el demandante no expuso hechos contrarios a la realidad al afirmar que le limitó su derecho a intervenir y no hizo lo necesario frente al descubrimiento de pruebas por parte de la fiscalía, cuando los registros de las diligencias así lo ratifican, dejando entrever, además, su inocultable obstinación y las deficiencias de su gestión pues resulta inexcusable que sólo para el juicio oral hubiere recibido información de su cliente respecto de una prueba de ADN que se le practicó en forma inmediata a la captura, y que fuera precisamente en esa diligencia que pretendiera el descubrimiento del elemento material o la evidencia física, cuando no lo solicitó en audiencia de formulación de acusación. Por si fuera poco, es cierto como informó el juez accionado que el actor al momento de brindársele la oportunidad para presentar la teoría del caso, manifestó que ‘deseaba hacerlo pero en el momento no contaba con tiempo y medios necesarios para ejercer una adecuada defensa’.

Frente a estas circunstancias, refulge que no existe en este asunto vía de hecho pues como lo dijo la magistrada que salvó el voto frente a la decisión impugnada, ‘es claro que pueden adoptarse diferentes posturas frente a la dirección del proceso por parte del juez y sus poderes correccionales, pero nunca, del análisis del registro de la audiencia de juicio oral en que se impuso al accionante la sanción por temeridad, podrá deducirse que fue arbitraria, o carente de asidero legal, pues constituye una forma de interpretación del juez de unos hechos y peticiones, interpretación por demás razonada y con fundamento argumentativo, en la que no puede tener injerencia el juez de tutela, que en este caso vulneró la autonomía e independencia del funcionario judicial’.

Conforme a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia impugnada, en consecuencia declarar improcedente la solicitud de tutela formulada en este asunto.

2. En firme esta determinación, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3. Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cúmplase.

Magistrados: Marina Pulido de Barón—Sigifredo Espinosa Pérez—Herman Galán Castellanos—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Sentencia T-231 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(2) Sentencia T-1009 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz, Consideración 2.2. En el mismo sentido ver, entre otras, las sentencias C-543 de 1992, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-572 de 1994, SU-429 de 1998, T-204 de 1998, T-001 de 1999, SU-047 de 1999 y T-121 de 1999.

(3) T-1267 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

(4) Sentencia T-008 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido, ver, entre otras, las sentencias SU-047 de 1999 y T-1009 de 2000.

(5) T-1267 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

(6) Extracto citado por Carlos Roberto Solórzano Garavito en “Sistema acusatorio y técnicas del juicio oral”. Ed. Nueva Jurídica, Bogotá, 2005.

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