Sentencia 21710 de febrero 25 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

DESPIDO COLECTIVO DE TRABAJADORES OFICIALES

NO SE NECESITA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Nader

Radicación Nº 21710

Bogotá D.C. veinticinco de febrero de dos mil cuatro.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la apoderada de La Previsora S.A. Compañía de Seguros, contra la sentencia del 27 de enero de 2003, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el proceso que Janet Marina Suavita Carrascal le promovió a la entidad recurrente.

I. Antecedentes

En lo que al recurso extraordinario incumbe, basta decir que la señora Janet Marina Suavita Carrascal, demandó de manera principal el reintegro al mismo cargo que desempeñaba al momento del despido realizado el 23 de septiembre de 1999, o a otro de igual o superior categoría y el pago de los salarios y prestaciones sociales compatibles con el reintegro con sus aumentos legales y/o convencionales, desde el momento de la desvinculación hasta la fecha en que sea restablecida en su cargo.

Fundó sus pretensiones en los siguientes hechos: 1) laboró para la demandada desde el 27 de junio de 1994 hasta el 23 de septiembre de 1997, cuando fue despedida unilateralmente y sin justa causa, víctima de un despido colectivo calificado así por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante Resolución 2785 del 27 de diciembre de 2000; 2) el último cargo desempeñado fue el de auxiliar operativo en la ciudad de Sincelejo; 3) devengaba un salario promedio mensual de $ 529.859; 4) estuvo afiliada a la organización sindical denominada Sintraprevi; 5) la Corte Constitucional mediante sentencia SU-998 del 2 de agosto de 2000, calificó como arbitrario el despido colectivo mencionado y ordenó el reintegro de un buen número de trabajadores despedidos, sin incluir a la demandante, pues la tutela que presentó no fue acumulada ni seleccionada para revisión; 6) el despido es ineficaz desde el momento de su desvinculación ilegal e injusta, ineficacia que opera ipso iure.

2. Se opuso La Previsora S.A. a las pretensiones de la accionante; sobre los hechos aceptó los extremos de la relación laboral, el despido sin justa causa y el de que era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo, como también el agotamiento de la vía gubernativa; los demás los negó o afirmó que no eran hechos; formuló las excepciones de inexistencia de las obligaciones demandadas, prescripción, buena fe de la demandada, compensación y pago.

En audiencia celebrada el 22 de noviembre de 2002, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá absolvió a la demandada de todos los cargos y condenó en costas a la parte accionante.

II. Sentencia de segunda instancia

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral, al resolver el recurso de alzada interpuesto por el demandante, mediante la sentencia aquí impugnada revocó la de primera y, en su lugar, condenó a la entidad accionada a reintegrar a la demandante al mismo cargo que desempeñaba al momento del despido o, a otro de igual o superior categoría y remuneración, como también a pagarle los salarios junto con sus aumentos convencionales o, en subsidio, los legales, incluida la prima de antigüedad, lo mismo que las prestaciones sociales compatibles con el reintegro y, condenó en costas de ambas instancias a la entidad demandada.

El ad quem, dio por demostrada la relación laboral, sus extremos, el cargo desempeñado y la suma de $ 529.859 como salario promedio mensual devengado por la demandante; así mismo, encontró probado el despido colectivo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, declaratoria sobre la cual estimó que por estar contenida en un acto administrativo “goza de presunción de legalidad, siendo de obligatorio cumplimiento mientras no haya sido declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo (CCA, art. 66), o revocado directamente por la propia entidad que lo emitió, y no ser decretada tampoco su suspensión provisional; al ser procedente conforme lo advirtió el Consejo de Estado en Sala Plena, según sentencia de julio 16 de 2002; de ahí, que la resolución en comento tiene plena validez y eficacia, sin que sea potestativo de esta jurisdicción ordinaria del trabajo, desconocerla o descalificarla”.

Destaca que en razón a que la empleadora no obtuvo la autorización administrativa previa para llevar a cabo la desvinculación masiva de trabajadores, entre los cuales se encontraba la actora, el despido es ineficaz y, por tanto, ha de perfeccionarse jurídicamente el reintegro, sin que sea necesario acudir a cláusulas convencionales que lo prevean, como erradamente lo afirmó el a quo, citando como respaldo de esta afirmación apartes de la sentencia de esta Sala del 6 de diciembre de 1996, en donde se distinguen las consecuencias de un reintegro y la declaratoria de ineficacia de un despido, pues en esta última, no hay lugar a reclamar judicialmente la anulación del despido sino la declaratoria de su ineficacia, en tanto ocurre ipso jure desde la emisión del acto rescisorio, es decir, que es un hecho jurídico anterior a la sentencia la cual sencillamente lo reconoce, entendiéndose que el contrato no terminó sino que siguió vigente aún después del mismo; mientras que la acción de reintegro conduce a la reanudación de un contrato que había fenecido.

Frente a la condición de trabajadora oficial de la demandante, el ad quem con fundamento en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia el 10 de septiembre de 1997, radicación 9872, en la cual se dijo que respecto de los artículos 66 y 67 de la Ley 50 de 1990, por estar comprendidos en la parte segunda del Código Sustantivo del Trabajo, no solo se aplica a las relaciones colectivas trabajo de los trabajadores particulares sino también a los oficiales, concluyó que la decisión de la empleadora debió adoptarse con la previa autorización del Ministerio de Trabajo, de manera que no era suficiente dar aviso de la terminación del contrato o pagar un mes de salario según lo establece el artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, omisión que convierte el despido en ilegal o injusto.

Así mismo y en apoyo de la conclusión anterior citó apartes de la sentencia T-362 del 2 de mayo de 2002 de la Corte Constitucional.

III. Recurso de casación

Fue interpuesto por la demandada y replicado en tiempo. Su alcance se concreta a que la Corte case totalmente la sentencia impugnada para que en sede de instancia confirme la absolutoria proferida por el a quo.

Con tal fin e invocando la causal primera de casación, formula un cargo mediante el cual acusa la sentencia del tribunal de “violación directa de los artículos 66 y 67 de la Ley 50 de 1990, por interpretación errónea, 66 del Código Contencioso Administrativo, por aplicación indebida, y 12 de la Ley 153 de 1887 (como quedó después de su declaratoria parcial de inexequibilidad por la C. Const. según Sent. C-37 de 26.1.2000), por falta de aplicación, en relación con los artículos 40 del Decreto 2351 de 1965, 37 del Decreto 1469 de 1968, 3º, 4º, 140, 491, y 492 del Código Sustantivo del Trabajo, 11 de la Ley 6ª de 1945 y 48 del Decreto 2127 del mismo año”.

Para su demostración sostiene que el tribunal se basó en primer lugar, y fundamentalmente, en la sentencia proferida por esta Corte el 10 de septiembre de 1997, radicación 9872, en la cual se interpretaron los artículos 66 y 67 de la Ley 50 de 1990, según la cual, por estar incluidos en la parte segunda del Código Sustantivo del Trabajo, denominada derecho colectivo del trabajo y regular las relaciones colectivas de trabajo de los trabajadores oficiales, también regula el fenómeno del despido colectivo de esta clase de servidores públicos; en segundo lugar, en la

“Resolución 2785 de 27 de diciembre de 2000, de la división territorial de Cundinamarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —que calificó como despido colectivo la desvinculación, sin justa causa y sin autorización de este ministerio, de 235 trabajadores, entre los cuales el demandante (sic) efectuada por mi representada entre el 23 de septiembre de 1999 y el 23 de marzo de 2000—, en tanto que ejecutoriada y en plena vigencia y según la preceptiva que trae a este respecto el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

Es de advertir que esta resolución, a su turno, en lo que hace estrictamente el fenómeno del despido colectivo, se funda en aquella sentencia de esa Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ya que la Corte Constitucional —que también invoca como sustento— solo dice (sic) relación a la procedencia de la tutela en presencia de despidos masivos de trabajadores particulares u oficiales que tengan por finalidad la de afectar a las organizaciones sindicales, en tanto que constitucionalmente (sic) protegidas.

Empero, acontece que la interpretación antes reseñada, que hizo esa Sala de los artículos 66 y 67 de la Ley 50 de 1990 aparece simplista, en tanto que olvidó la trascendencia que tiene el hecho de que todo despido colectivo —una forma cualificada del masivo es la suma de una serie de despidos individuales verificados sin justas causas en un lapso determinado; y que, únicamente, los despidos individuales de trabajadores particulares están regulados por el Código Sustantivo del Trabajo y las leyes que lo adicionan o reforman. Por donde aparece claro que la suma de los despidos individuales de trabajadores oficiales no puede estar gobernada por esos preceptos, en tanto que el fenómeno del despido colectivo regulado por ellos solo dice atinencia a la suma de despidos individuales de trabajadores particulares como quedó visto.

Aparece, también, así, que el de que fue objeto el demandante, indiscutidamente un trabajador oficial, también indiscutidamente individual, así hubiera formado parte de otros varios de la misma índole de trabajadores oficiales, escapa necesariamente, a las regulaciones de los artículos 66 y 67 de la Ley 50 de 1990.

De donde resulta, además, con nitidez, que la Resolución 2785, de 27 de diciembre de 2000, de la división territorial de Cundinamarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —la misma que calificó como despido colectivo las desvinculaciones individuales, por mi representada, de 235 de sus trabajadores oficiales en el lapso de seis meses—, carece igualmente de fundamento legal, así se encuentre ejecutoriada y en plena vigencia; y su inaplicabilidad, por tanto, a voces del artículo 12 de la Ley 153 de 1887, según el cual (como quedó después de la declaratoria de su inexequibilidad parcial) “las órdenes y demás actos ejecutivos del gobierno... tienen fuerza obligatoria, y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución ni a las leyes...””.

IV. La réplica

La parte demandante se opone a la prosperidad de la demanda de casación, argumenta, en síntesis, que el cargo está mal planteado pues es incorrecto que en el mismo ataque se acuse la sentencia de interpretación errónea, aplicación indebida y falta de aplicación; además, de manera indebida involucra aspectos fácticos, no obstante estar dirigido el cargo por la vía directa y, por otra parte, porque dejó de atacar todos los argumentos en los cuales se basó el tribunal para proferir el fallo atacado, en especial, aquel que se refiere a la consideración de que la resolución que calificó el despido como colectivo, es un acto administrativo que goza de la presunción de legalidad, por tanto, no puede la jurisdicción laboral ordinaria desconocer la legalidad de dicho acto administrativo.

En escrito posterior, el opositor arguye que la prueba del despido colectivo es ad sustantiam actus o adsolemnitaten, esto es, solo es admisible su demostración con la resolución administrativa que así lo declara, la que, por ser un acto legalmente expedido, el tribunal le dio plena validez y eficacia, siendo del resorte exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa determinar si la misma se expidió conforme a la ley, razón por la cual, y mientras ello no ocurra, es de obligatorio cumplimiento mientras no sea anulada por esa jurisdicción o revocada directamente por la autoridad que la expidió.

Como sustento de la afirmación anterior, cita y reproduce los artículos 66 del Código Contencioso Administrativo, 238 de la Constitución Política y apartes de la sentencia de esta Corte dictada el 30 de enero de 2003, radicación 19108.

Manifiesta que la resolución mediante la cual se declaró el despido colectivo fue demandada ante el Consejo de Estado, corporación que se abstuvo de ordenar la suspensión provisional.

Reitera que las disposiciones legales que regulan lo concerniente al despido colectivo, por encontrarse en la parte colectiva del Código Sustantivo del Trabajo, se aplica a los trabajadores oficiales, citando para el efecto, fragmentos de las sentencias del 10 de septiembre de 1997, radicación 9872 de esta Corte y la T-362 del 2 de mayo de 2002 de la Corte Constitucional.

V. Consideraciones de la Corte

No le asiste razón a la crítica que la réplica hace a la proposición jurídica del cargo, pues como insistentemente lo ha explicado la jurisprudencia, lo que resulta indebido es agrupar en un mismo ataque y con respecto a las mismas normas, modalidades incompatibles de infracción de la ley, como lo son la interpretación errónea, la aplicación indebida y la infracción directa.

En el caso que se estudia, esa no es la situación, pues resulta claro que los diferentes conceptos de violación esgrimidos recaen sobre distintas normas legales de alcance nacional, si se tiene en cuenta que por interpretación errónea se acusan los artículos 66 y 67 de la Ley 50 de 1990; por aplicación indebida el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y, por falta de aplicación o infracción directa, el artículo 12 de la Ley 153 de 1887, en relación con otro grupo de disposiciones.

De igual manera no acierta la réplica en relación con el reproche que hace a la censura en el sentido de que esta no atacó el fundamento del tribunal referido a que la resolución que declaró el despido colectivo goza de presunción de legalidad, porque resulta suficiente una lectura de la demanda de casación, para colegir lo contrario, es decir, que este argumento si fue atacado, en tanto la recurrente en punto a la legalidad de la resolución de marras, manifiesta que “... carece igualmente de fundamento legal, así se encuentre ejecutoriada y en plena vigencia; y su inaplicabilidad, por tanto, a voces del artículo 12 de la Ley 153 de 1887, según el cual (como quedó después de la declaratoria de su inexequibilidad parcial) “las órdenes y demás actos ejecutivos del gobierno... tienen fuerza obligatoria, y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución ni a las leyes...””.

Tampoco atina la oposición al reprochar a la censura que a pesar de haber dirigido el cargo por la vía directa, mezcla aspectos fácticos improcedentes e inadmisibles en esta vía, y se dice que no atina en su crítica en virtud a que la inconformidad de la recurrente con el valor probatorio de la Resolución 2785 del 27 de diciembre de 2000, se relaciona con su falta de fundamento legal, reparto que según se desprende del estricto impugnatorio, está encaminado a poner en tela de juicio la validez de la prueba por haber sido expedida contrariando preceptos legales como el artículo 12 de la Ley 153 de 1887, argumentación que resulta viable plantearla por el sendero de puro derecho, en tanto el recurrente no cuestiona el valor probatorio que el tribunal hubiese otorgado a esta prueba o la falta de apreciación de la misma.

Así las cosas y para resolver el asunto, interesa destacar, en primer lugar, las circunstancias de que la entidad demandada es una sociedad de economía mixta del orden nacional sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado; que la demandante ostentaba la calidad de trabajadora oficial y, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy de la Protección Social), declaró un despido colectivo de trabajadores de la demandada, tal y como se lee en el fallo acusado, lo cual permite decir que tiene razón la acusación, porque entratándose de trabajadores oficiales no es imperioso obtener la autorización previa del Ministerio de la Protección Social a que se refiere el artículo 67 de la Ley 50 de 1990.

Así se ha dicho, entre muchas otras sentencias, en la del 30 de enero de 2003, radicación 19.108, reiterada en las del 27 de marzo de 2003, radicación 19.281; 30 de abril de 2003, radicación 19.947; 13 de agosto de 2003, radicación 20.199 y, más recientemente, en la de 20 de septiembre de 2003, radicación 20.845.

En la primera de las sentencias citadas, esto dijo la Sala:

“... a través del tiempo se ha considerado que la figura del despido colectivo, consagrada antaño en el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, no es aplicable a los trabajadores oficiales. No hay que olvidar que cuando el Gobierno Nacional trató de modificar esa regla, mediante el artículo 37 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 25 de julio de 1985 anuló la expresión “trabajadores oficiales”.

“... En el punto concreto de la aplicación a tales trabajadores —trabajadores oficiales—, del artículo 67 de la Ley 50 de 1990, hay que decir que en este caso su equiparación a servidores particulares no puede llevar a colegir que la realización de despidos colectivos por supresión de cargos originándose en políticas de modernización o racionalización de gastos, esté supeditada a la implementación del trámite dispuesto en ese artículo, es decir, al permiso previo del Ministerio del Trabajo”.

“... De manera que las funciones de suprimir cargos y adoptar la planta de personal de las sociedades de economía mixta del orden nacional en los casos en que sea necesario reformar su estructura u organización, fueron radicadas por la ley en comento (489/98) en el Gobierno Nacional, atribución que es ciertamente excluyente, luego de ninguna manera incumbe al Ministerio del Trabajo autorizar esas medidas, por el trámite previsto en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990”.

Consecuencia de lo anterior, es que el cargo es fundado y se casará la sentencia recurrida, pues surge prima facie el yerro jurídico del tribunal al concluir que era menester obtener el permiso de la autoridad administrativa para llevar a cabo el despido de los trabajadores oficiales, no siendo ello necesario.

En sede de instancia, no es del caso tener en cuenta como prueba la Resolución 2785 de 27 de diciembre de 2000, mediante la cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dirección territorial de Cundinamarca, calificó como despido colectivo la desvinculación de 235 trabajadores oficiales en la entidad demanda, pues la ley laboral no exige en un caso como este que deba obtenerse previamente permiso de la autoridad administrativa del trabajo para despedir sin justa causa a un importante número de servidores públicos, de donde resulta claro que esta prueba (Res. 2785), no debía ser valorada en tanto, como quedó dicho, no era necesaria tal autorización.

En virtud de lo anterior, actuando la Corte Suprema de justicia como tribunal de instancia, confirma en todas sus partes la sentencia de primer grado.

Sin costas en el recurso extraordinario, dada la prosperidad de este.

En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y, por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Laboral el 27 de enero de 2003, en el proceso instaurado por la señora Janet Marina Suavita Carrascal en contra de La Previsora S.A. Compañía de Seguros. En sede de instancia confirma la decisión del juez de primer grado en todas sus partes.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Carlos Isaac Nader—Gustavo José Gnecco Mendoza, salvo el voto—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

Con el acostumbrado respeto me aparto de la decisión de la mayoría, pues considero que el cargo formulado por la entidad demandada no ha debido prosperar, por las razones que expongo brevemente a continuación:

1. El fundamento total del juzgador de la alzada para revocar la sentencia de primer grado y condenar a la entidad demandada fue, en esencia, que el artículo 67 de la Ley 50 de 1990 tiene plena aplicación en relación con los trabajadores oficiales; aserto que apoyó en la sentencia de instancia de esta Sala del 10 de septiembre de 1997, radicación 9872, la cual, a su turno, había servido de fundamento al director territorial de Cundinamarca para, por medio de la Resolución 2785 del 27 de diciembre de 2000, calificar como despido colectivo la desvinculación de 235 trabajadores de la demandada.

A pesar de que la recurrente denunció la equivocada interpretación del artículo 67 de la Ley 50 de 1990, en lo que se presentó como desarrollo de esa acusación se limitó a reseñar la remisión que en la citada resolución se hizo a la sentencia de la Corte y a explicar que esa interpretación es simplista “en tanto olvidó la trascendencia que tiene el hecho de que todo despido colectivo —una forma cualificada del masivo— es la suma de una serie de despidos individuales verificados sin justas causas en un lapso determinado; y que, únicamente los despidos individuales de los trabajadores particulares están regulados por el Código Sustantivo del Trabajo y las leyes que lo adicionan o reforman” (fl. 4 del segundo cdno.), pero nada dijo acerca de la razón que dio el tribunal para considerar que el precepto que ella considera violado sí tiene aplicación entratándose de trabajadores oficiales, esto es, según el criterio de esta Sala en que se apoyó, que se haya ubicado en la parte de derecho colectivo de la Ley 50 de 1990.

2. Estimo, por lo tanto, que no bastaba a la impugnante denunciar la equivocada hermenéutica de la norma sustancial en que se basó el tribunal y señalar vagamente que ese precepto solo puede utilizarse en relación con los despidos individuales de trabajadores particulares, para considerar suficientemente demostrado el desacierto interpretativo que le atribuyo al fallador, pues, en realidad, no cuestionó lo esencial de esa argumentación.

3. Y ese argumento del tribunal es igualmente soslayado en el fallo del que me aparto, en el cual simplemente se concluye que “entratándose de trabajadores oficiales no es imperioso obtener la autorización previa del Ministerio de la Protección Social a que se refiere el artículo 67 de la Ley 50 de 1990” (fl. 71 del segundo cdno.), apoyándose para ello en lo dicho por la Sala en otras sentencias, particularmente la del 20 de septiembre de 2003, radicación 20845. Sin embargo, no se alude puntualmente a la intelección del juzgador de segundo grado, razón por la cual, en mi opinión, no pudo haberse concluido que ella sea equivocada.

4. Y ello es así porque en la providencia que sirve de estribo a la decisión de la que me separo se sostiene que a través del tiempo se ha concluido que el despido colectivo no es aplicable a los trabajadores oficiales, señalándose que antaño esa figura estaba consagrada en el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965 y que cuando se trató de modificar aquella regla con el Decreto Reglamentario 1469 de 1978 el Consejo de Estado anuló la referencia que allí se hizo a los trabajadores oficiales.

Acontece sin embargo que esas normas, como implícitamente lo entiende la mayoría, no se hallan actualmente vigentes porque el precepto que gobierna el despido colectivo es precisamente el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 40 del Decreto 2351 de 1965, por manera que, a mi juicio, no es posible para explicar su alcance acudir a criterios relacionados con las normas que, además de tener un contenido diferente, fueron por él modificadas.

5. Estimo que la inferencia del tribunal no es descabellada y no puede ser considerada constitutiva de un desacierto en la inteligencia del artículo 67 de la Ley 50 de 1990. Si al delimitar el campo de aplicación del Código Sustantivo del Trabajo su artículo 3º establece que “el presente código regula las relaciones de derecho individual de trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares” y si el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, por medio de la cual se introducen reformas a ese código, fue ubicado en la parte segunda de esa ley, que trata sobre derecho colectivo del trabajo, no se aparta del genuino sentido del citado artículo 67 de la Ley 50 de 1990 concluir que él se aplica a los trabajadores oficiales, pues ello corresponde, en mi entender, a una correcta interpretación sistemática del referido conjunto de disposiciones legales.

6. En la señalada sentencia del 20 de septiembre de 2003 se indica que “las funciones de suprimir cargos y adoptar la planta de personal de las sociedades de economía mixta del orden nacional en los casos en que sea necesario reformar su estructura u organización, fueron radicadas por la ley en comento (489/98) en el Gobierno Nacional, atribución que es ciertamente excluyente, luego de ninguna manera incumbe al Ministerio del Trabajo autorizar esas medidas, por el trámite previsto en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990”. Independientemente de que sea o no acertado concluir que los despidos colectivos efectuados en desarrollo de la Ley 489 de 1998 no requieren de la previa autorización del ahora denominado Ministerio de la Protección Social, considero que la situación presentada en este proceso nada tiene que ver con la reforma u organización de la estructura de la entidad demandada, si se toma en consideración lo confesado por su apoderado al contestar el libelo inicial, escrito en el que sin ambages manifestó:

“No es cierto. El contrato terminó a partir del 24 de septiembre de 1999 por decisión unilateral y sin justa causa de la entidad; por esta razón, la demandada liquidó y pagó al demandante (sic) de manera completa y oportuna, la indemnización por despido consagrada en la convención colectiva de trabajo vigente para la fecha de desvinculación del actor” (fls. 35 y 36).

De lo allí expresado se desprende que el de Janeth María (sic) Suavita Carrascal fue un despido sin justa causa, por lo que no es posible concluir que esa decisión tuviera origen en la reorganización de La Previsora S.A. Compañía de Seguros; de suerte que, desde esa perspectiva, a tal terminación del contrato del trabajo no le resultaban aplicables los razonamientos efectuados anteriormente por la Corte en torno a los desarrollos de la mentada Ley 489 de 1998.

7. Las anteriores son las razones que me llevan a separarme de la decisión que en sede de casación fue tomada. Pero también me aparto de lo que se decidió como tribunal de instancia en relación con la Resolución 2785 del 27 de diciembre de 2000, mediante la cual se calificó como despido colectivo la desvinculación de 235 trabajadores de la demandada, por considerar la mayoría que “la ley laboral no exige en un caso como este que deba obtenerse previamente permiso de la autoridad administrativa del trabajo para despedir sin justa causa a un importante número de servidores públicos, de donde resulta claro que esta prueba (Res. 2785), no debería ser valorada en tanto, como quedó dicho, no era necesaria tal autorización”.

La facultad de declarar un despido colectivo recae en el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de la Protección Social. Si en desarrollo de esa atribución legal ese ministerio declara que un despido fue colectivo, opino que se trata de una decisión que goza de presunción de legalidad en los términos del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, de tal modo que es de obligatorio cumplimiento mientras no sea declarada su nulidad o se presente alguno de los eventos señalados en ese artículo que permitan concluir la pérdida de la fuerza ejecutoria del acto.

Y en este caso no existe constancia de que esa nulidad haya sido declarada; además de que la norma no ha sido suspendida provisionalmente porque, al contrario, el Consejo de Estado negó esa medida provisional, según surge del auto de folios 441 a 447 y no es factible considerar el decaimiento de la resolución, pues subsisten las circunstancias de tiempo, modo y lugar que le sirvieron de base y no ha desaparecido la norma jurídica en que se fundó.

Y si ese acto administrativo obra en un proceso judicial y no existe constancia de su anulación por la autoridad competente para ello, su análisis como prueba no puede ser rehusado por el juez, pues esa conducta, en mi entender, comporta un desconocimiento del valor que el ordenamiento legal le reconoce como acto jurídico.

Gustavo José Gnecco Mendoza 

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