Sentencia 21794 de marzo 25 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 21794

Acta 20

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Isaac Nader

Bogotá, D.C., veinticinco de marzo de dos mil cuatro.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero “Caja Agraria” en liquidación, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 28 de febrero de 2003, dentro del proceso ordinario seguido a la entidad recurrente por el señor Marino González Martínez.

I. Antecedentes

1. El demandante promovió el proceso con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión restringida de jubilación, la sanción moratoria establecida en el artículo 1º, del Decreto 797 de 1949 o, en su lugar, los intereses moratorios.

2. Tales pretensiones las fundamenta el actor en los siguientes hechos y omisiones extraídos del libelo: 1. Prestó sus servicios a la demandada desde el 23 de noviembre de 1975 hasta el 7 de abril de 1993, siendo su último cargo el de celador; 2. Fue despedido sin justa causa aduciendo reestructuración y adopción de nueva planta de personal; 3. En razón del tiempo de servicios, tiene derecho a la pensión reclamada desde cuando cumplió 50 años de edad.

3. La demandada al contestar el libelo se opuso a las pretensiones impetradas; aceptó la fecha en que comenzó la relación; los demás hechos, dijo, deben ser probados. Propuso las excepciones de falta de causa, inexistencia de la obligación, pago, compensación, prescripción y cosa juzgada.

4. El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá en fallo pronunciado el 7 de julio de 2000 condenó a pagar la pensión sanción a partir del 18 de enero de 1997, más los intereses moratorios.

II. La sentencia del tribunal

Del recurso de apelación interpuesto por la accionada conoció el Tribunal Superior de Bogotá el cual, mediante el fallo ahora impugnado, confirmó el del juzgado en lo concerniente a la pensión sanción pero modificó ligeramente su monto y lo revocó en cuanto a los intereses moratorios.

El ad quem consideró que en fallo anterior donde se enfrentaron las mismas partes se determinó, entre otras cosas, que el despido del actor se produjo sin justa causa, luego que no es posible en este proceso entrar a cuestionar tal hecho pues sobre el mismo existe cosa juzgada.

Seguidamente consideró que habiéndose demostrado que el despido se produjo sin justa causa después de 15 y menos de 20 años de servicios y que el demandante cumplió 50 años el 18 de enero de 1997, es beneficiario entonces de la pensión sanción en los términos contemplados en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961.

Aclara que el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable al sub lite por cuanto esa disposición, modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, solamente regula la situación de los servidores particulares, quedando los trabajadores oficiales regidos por la Ley 171 de 1961, situación que persistió hasta cuando entró en vigor la Ley 100 de 1993, que para los servidores nacionales fue en abril de 1994, precepto que no cobija al demandante toda vez que este fue despedido el 8 de abril de 1993.

III.Recurso de casación

Inconforme con la referida decisión la entidad demandada interpuso el recurso extraordinario con el que pretende la casación del fallo del tribunal para que en sede de instancia se revoque el de primer grado y, en su lugar, se le absuelva de las pretensiones del libelo.

En subsidio solicita que en caso de mantenerse la condena por pensión sanción, se ordene el descuento de la indemnización indexada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 2138 del 30 de diciembre de 1992.

Con dicho objetivo formula dos cargos, oportunamente replicados, los cuales se estudiarán en el orden propuesto.

Primer cargo

Acusa a la sentencia de violar indirectamente la ley a causa de aplicación indebida de los artículos 11, 17 y 49 de la Ley 6ª de 1945; 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945; 8º de la Ley 171 de 1961; 74 del Decreto 1848 de 1969; 1º y 4º de la Ley 33 de 1985, en relación con los artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 13, 25, 53, 58, 125, 150, numeral 7º, 209 y 20 transitorio de la Constitución Política; 8º de la Ley 153 de 1887; 4º, 9º, 25, 26, 27, 31 y 32 del Código Civil; 145 del Código Procesal del Trabajo; 6º a 13 y 17 a 22 del Decreto 2138 de 1992, en relación con los artículos 1º, 2º, 5º y 6º del Decreto 619 de 1993; 3º, 4º, 19, 21, 353, 414 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo.

Atribuye al fallo los siguientes errores evidentes de hecho:

“Dar por demostrado, no estándolo, que la demandada despidió injustamente al actor, y en consecuencia está obligada a reconocer y pagarle la pensión sanción de jubilación.

No dar por demostrado, estándolo, que la Caja Agraria desvinculó al demandante mediante un modo autorizado por expreso mandato de la Constitución Nacional, y señalado en el Decreto 2138 de 1992, denominado: supresión del cargo.

Dar por demostrado, no estándolo, que la caja está obligada a reconocer y pagar al demandante la pensión restringida de jubilación, o pensión-sanción.

No dar por demostrado, estándolo que en proceso laboral anterior y según sentencia de segunda instancia del honorable Tribunal Superior de Bogotá de fecha 25 de septiembre de 1998, reconoció al actor una indemnización de $ 9.184.510.80 indexada, al confirmar el fallo del Juzgado 10 Laboral del Circuito de Bogotá que aparece a folios 66 a 70”.

Yerros derivados de la apreciación equivocada de la contestación de la demanda, de la carta de terminación del contrato de trabajo, del registro civil del actor y de la liquidación de prestaciones sociales (fl. 64).

Para demostrar el cargo sostiene el impugnante que el tribunal apreció equivocadamente la contestación de la demanda, donde se precisa que el contrato del demandante fue terminado por supresión del cargo de conformidad con lo señalado en los artículos 7º, 8º y 9º del Decreto 2138 de 1992, que a su turno ejecutaba el mandato del artículo 20 transitorio de la Constitución Política y en el Decreto 619 de 1993, que adoptó la nueva planta de personal de la caja. También estimó erradamente, prosigue, la carta de terminación del contrato y dejó de apreciar las disposiciones que reestructuraron la entidad demandada (fls. 84 a 106), documentos de los que se deducen los criterios expuestos por la caja para justificar la terminación del contrato de trabajo. En la primera pieza citada aparece que la demandada utilizó la supresión del cargo jurídicamente válida para terminar el contrato, sujetándose, para el ejercicio de esta facultad, a las previsiones sobre la materia señaladas en el Decreto 2138 de 1992.

Destaca que al estar probado que el cargo de celador que desempeñaba el actor fue real y definitivamente suprimido y que tal eliminación se fundó en el cumplimiento del mandato constitucional, la conclusión del ad quem en el sentido de que el despido fue injusto resulta inexplicable y, demuestra los errores evidentes de hecho.

En cuanto al alcance subsidiario de la impugnación aduce el censor que el artículo 12 del Decreto-Ley 2138 de 1992 prevé la incompatibilidad de las pensiones con la indemnización que se reconozca a los trabajadores por supresión de cargo, de suerte que quienes tengan derecho a aquella no podrá pagárseles la indemnización respectiva, y si llegare a reconocerse se descontará dicha suma de la pensión, junto con los intereses corrientes. Señala que como el Tribunal Superior en fallo anterior ordenó cancelar al demandante la indemnización por despido indexada, las sumas reconocidas en el fallo del ad quem a título de pensión sanción deben ser descontadas. Advierte que ese punto no constituye un medio nuevo, porque fue planteado en la contestación de la demanda.

La réplica arguye que el cargo no ataca el sustento vertebral del fallo relacionado con las circunstancias cobijadas con el manto de la cosa juzgada.

Respecto del alcance subsidiario de la impugnación, dice que el mismo no fue ventilado por la demandada al interponer recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, perdiendo interés jurídico para cuestionarlo ahora en casación.

Se considera

El tribunal concluyó que en el presente caso estaban configurados los requisitos para que el demandante accediera a la pensión restringida de jubilación, conocida como pensión sanción, desde el momento en que cumpliera cincuenta (50) años de edad, toda vez que encontró acreditado que prestó sus servicios a la accionada durante más de quince (15) y menos de veinte (20) años y fue despedido sin justa causa.

Este último hecho lo extrajo de lo resuelto en fallo anterior proferido en primera instancia por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, parcialmente modificado por el Tribunal Superior en sentencia dictada el 25 de septiembre de 1998 (fls. 66 a 80) donde se estableció la injusticia del despido. Dijo así el fallo acusado aludiendo a las reseñadas decisiones anteriores: “... la terminación del contrato del actor se realizó sin justa causa, por lo que en esa oportunidad se dispuso el reajuste de la indemnización por despido injusto en los términos que concluyó el a quo existiendo en consecuencia cosa juzgada sobre tales aspectos, no puede la Sala entrar a cuestionar los hechos anteriores que fueron definidos mediante sentencia que se encuentra en firme y, por lo tanto, para el estudio de las súplicas de la demanda, se parte de la demostración de supuestos antes indicados, careciendo de sustento legal, lo invocado por la demandada en su recurso, cuando con desconocimiento de la cosa juzgada, pretendió en este nuevo proceso, debatir la forma de terminación, del contrato”.

Quiere decir lo precedente que la conclusión del tribunal en torno al indicado tópico en ningún momento se derivó del examen de la pruebas que el censor denuncia como mal apreciadas, ni de su análisis sobre los motivos invocados para el despido, sino que se limitó a retomar lo ya decidido en los fallos pasados, sin ahondar ni mencionar las razones que condujeron en tal oportunidad a esa inferencia.

El recurrente no se ocupa de fustigar ese soporte esencial del fallo acusado, siendo ello razón suficiente, para desestimar el ataque.

Una adecuada confrontación habría tenido que criticar necesariamente la apreciación del tribunal de los mencionados fallos anteriores en aras a demostrar que allí no se había definido el punto del despido injusto o tratar de socavar el alcance dado al instituto de la cosa juzgada, pero el recurrente no encara ninguno de esos planteamientos. Es más, ni siquiera denuncia las sentencias iniciales dentro de las pruebas mal apreciadas o ignoradas, constituyendo todo ello graves defectos técnicos que afectan la demanda de casación y hacen imposible su estudio de fondo.

En todo caso, si por amplitud se asumiera que el tribunal dio por establecido que el motivo para dar por terminado el contrato del trabajo del demandante fue la supresión del cargo del que era titular, originado tal hecho en la reestructuración de las entidades públicas dispuesta por el artículo 20 transitorio de la Carta Política y que dicha situación equivale a un despido injusto, ese planteamiento no puede ser controvertido por la vía fáctica como en esta ocasión lo ensaya el recurrente, sino por la directa en tanto lo que estaría en discusión es el alcance de las disposiciones legales y la solución de conflictos normativos.

Y respecto del alcance subsidiario de la impugnación debe decirse que aunque en rigor no se trata de un medio nuevo ya que ciertamente fue tocado en la contestación de la demanda, sin embargo no es posible considerarlo en casación porque habiendo guardado la sentencia de segunda instancia silencio sobre el mismo, la demandada ha debido solicitar la adición respectiva, que era el remedio procesal adecuado para subsanar tal omisión. El artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a lo laboral de conformidad con el principio de integración contemplado en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la SS, estatuye: “Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria ...”.

Debe destacarse además que en el presente caso el punto de marras tampoco fue mencionado ni resuelto en la sentencia de primera instancia, sin que la demandada al recurrir en apelación haya objetado la omisión, o sea que desde ese instante perdió interés en el mismo, el cual no puede ser retomado ahora.

Por lo dicho, se desestima el cargo.

Segundo cargo

Acusa a la sentencia de violar directamente la ley a causa de la infracción directa de los artículos 12 del Decreto 2138 de 1992; 11, 17 y 49 de la Ley 6ª de 1945; 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945; 8º de la Ley 171 de 1961; 74 del Decreto 1848 de 1969; 1º y 4º de la Ley 33 de 1985, en relación con los artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 13, 25, 53, 58, 125, 150. numeral 7º, 209 y 20 transitorio de la Carta Política; 8º de la Ley 153 de 1887; 4º, 9º, 25, 26, 27, 31 y 32 del Código Civil; 145 del Código Procesal del Trabajo; 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del Decreto 2138 de 1992, en relación con los artículos 1º, 2º, 5º y 6º del Decreto 619 de 1993; 3º, 4º, 19, 21 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo.

Para sustentar la acusación dice el recurrente que la discrepancia radica en que el fallo atacado desconoce el alcance jurídico de disposiciones como el Decreto 2138 de 1992, norma que tiene el carácter de ley por cuanto fue dictado con base en las facultades otorgadas al gobierno por la Asamblea Nacional Constituyente y que por ser posterior y especial modifica y sustituye las causas justas de despido.

Manifiesta que la justa causa está implícita en el mandato constitucional, por lo tanto, pretender darle el significado de despido injusto a la supresión del empleo es tanto como subordinar la eficacia de mandatos constitucionales a la ley, lo que jurídicamente resulta reprobable, por cuanto implica desconocer la primacía de las normas superiores.

Explica que el Consejo de Estado en fallo del 17 de marzo de 1994 consideró que el artículo 20 transitorio de la Constitución Nacional otorga facultades al Gobierno Nacional para abolir cargos y empleos, para lo cual puede apartarse de regulaciones laborales contempladas en otros preceptos de igual jerarquía o en las convenciones colectivas de trabajo, por prevalencia del interés general sobre el particular.

Anota que las causales de terminación del contrato con justa causa que contempla el Decreto 2127 de 1945 tienen relación con el desempeño o comportamiento del trabajador en la empresa frente a sus obligaciones contractuales, convencionales o reglamentarias y por lo mismo no resultan equiparables con la causal de supresión de cargos a que conlleva la aplicación del artículo 20 transitorio de la Constitución, porque aquí la justificación se encuentra en la realización de los fines del Estado, la primacía del interés general sobre el particular y la prevalencia de lo público sobre lo privado.

Insiste en que de no prosperar las pretensiones principales de la demanda de casación, se acoja la petición subsidiaria.

La réplica sostiene que el cargo está mal enfocado, pues el mismo debió orientarse por la modalidad de interpretación errónea. Agrega que de nuevo el recurrente se abstiene de refutar el sustento del fallo acusado, que fue el de encontrar configurado el fenómeno de la cosa juzgada.

Se considera

De nuevo pretende el recurrente centrar la discusión en que el despido del trabajador en ningún caso fue injusto puesto que se fincó en la autorización dada por el Constituyente para suprimir empleos y reorganizar el Estado tratando de adecuarlo al interés general, luego, conforme se explicó en el cargo anterior, habiendo sido ese punto definido en una decisión judicial pasada, ello resulta intangible e intocable en tanto está cubierta por el instituto de la cosa juzgada.

Con todo, es menester poner de presente que el punto subyacente en la acusación ha sido objeto de múltiples pronunciamientos de parte de la Sala, siendo suficiente para demostrarlo traer a colación uno de ellos.

Así, en sentencia del 29 de marzo de 1996 (Exp. 8247) se dijo:

“Sobre esta forma de finalización del vínculo contractual laboral, ya ha tenido oportunidad la Corte de manifestarse al examinar otros casos análogos, para cuya definición ha memorado innumerables pronunciamientos en los cuales ha hecho clara diferenciación entre el despido autorizado legalmente y el despido con justa causa, haciendo ver que no siempre el primero obedece a uno de esos determinados motivos específicos que, en el orden de la justicia, sirven de fundamento a la extinción unilateral del contrato y que se denominan “justas causas”, como son, en tratándose del trabajador oficial, las que establecen los artículos 16, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 y no otras, porque a los demás modos de terminación del contrato de trabajo no les da la ley esa forma de denominación.

“Como en los casos anteriores debe la Sala advertir, según lo que viene de expresarse, que cuando se hace referencia al despido sin causa justa, no se excluye al que opera por decisión unilateral del empleador con autorización legal, distinto al previsto por una de las justas causas de despido, porque no se puede equiparar la legalidad de la terminación del vínculo con el despido precedido de justa causa. De tal suerte que aun cuando, para el sector oficial, el artículo 47 del Decreto 2127 de 1945 establece los modos de finalización del vínculo laboral, y para el sub examine los decretos 2138 de 1992 y 619 de 1993 permitieron la supresión del cargo y consiguiente desvinculación, únicamente constituyen justa causa, como ya se expresó, las consagradas en los artículos 16, 48 y 49 del mismo Decreto 2127, aludidas también en el literal g) del citado artículo 47.

Ya la Corte, en procesos similares, ha interpretado que el propósito, entre otros, del artículo transitorio 20 de la Constitución Nacional, es el de reestructurar las entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de economía mixta del orden nacional, pero ello no significa que la normatividad producida para ese efecto haya derogado, para los trabajadores vinculados a la correspondiente actividad económica, el régimen común de indemnizaciones laborales dentro del cual se encuentra, incluso, la pensión proporcional de jubilación. Vale decir que, en cuanto hace con la Caja Agraria, los decretos ejecutivos 2138 del 30 de diciembre de 1992 y 619 del 30 de marzo de 1993, este último aprobatorio de los acuerdos 895 y 896 del 29 de diciembre de 1992 y 10 de febrero de 1993, respectivamente, emanados de la asamblea general de accionistas de la mencionada entidad, no obstan para que se apliquen la indemnización convencional prevista para el caso de terminación del contrato de trabajo por decisión unilateral de la empleadora, sin justa causa, ni la pensión sanción también consagrada legalmente para la misma eventualidad, con más de diez años de servicio.

Advierte también la Corte, que sería inaceptable que para la reorganización de una empresa oficial, en hipótesis semejante a la de autos, como es la prevista por el literal f), del artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, el Estado, a quien corresponde dar especial protección al trabajo por mandato de los artículos 25, 53 y 54 de la Carta Política, actuando como tal y al mismo tiempo como empleador pudiera arrogarse la facultad de disponer, no ya de manera general sino para el caso específico y en su propio provecho, que la terminación de los contratos de determinados trabajadores, provocada por su iniciativa y producida por su voluntad, quedase excluida de las reglas generales sobre indemnización de perjuicios y de pagar la pensión sanción al trabajador desvinculado con más de diez años de servicio, consagrada en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y en el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, la que sólo se pierde cuando el despido se funda en justa causa y no cuando la terminación unilateral tiene su basamento en esta causa legal.

“Fluye de lo precedente que en efecto, el sentenciador colegiado incurrió en las infracciones que señala la censura, abriéndose paso el desquiciamiento del fallo acusado”.

Respecto a la pretensión subsidiaria de la demanda de casación, la Sala se remite a lo dicho al resolver el cargo precedente.

Por lo tanto, el cargo no prospera.

Costas en casación, se imponen a la parte que pierde el recurso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 28 de febrero de 2003, en el proceso ordinario laboral seguido por Marino González Martínez contra la Caja Agraria en liquidación.

Costas, a cargo de la demandada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Carlos Isaac Nader—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez BoteroMaría Ismenia García Mendoza, S ecretaria.

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