Sentencia 2182 de febrero 10 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Subsección “B”

Ref.: Expediente 110010325000200400136 01

Nº Interno: 2182-04

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Lemos Bustamante

Autoridades nacionales

Actor: Audrin Bermúdez Zea

Bogotá, D.C., diez de febrero de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «CONSIDERA:

1) La demanda.

Como la demanda reúne los requisitos formales es del caso ordenar su admisión y trámite.

2) Solicitud de suspensión provisional.

2.1. Solicitud de suspensión provisional del artículo 2º, numeral 4.2, del Acuerdo 1550 del 17 de septiembre de 2002, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.

Las disposiciones invocadas como violadas y las acusadas, en su parte pertinente, preceptúan:

Ley 270 de 1996
“ART. 164.—Concurso de méritos. El concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina su inclusión en el registro de legibles y se fija su ubicación en el mismo.
(...).
4. Todo concurso de méritos comprenderá dos etapas sucesivas de selección y de clasificación.
La etapa de selección tiene por objeto la escogencia de los aspirantes que harán parte del correspondiente registro de elegibles y estará integrada por el conjunto de pruebas que, con sentido eliminatorio, señale y reglamente la Sala Administrativa del Consejo Superior de Judicatura.
La etapa de clasificación tiene por objetivo establecer el orden de registro según el mérito de cada concursante elegible, asignándosele a cada uno un ligar dentro del registro para cada clase de cargo y de especialidad.
(...)”.
ART. 165.—Registro de elegibles. La Sala Administrativa de los consejos superior o seccional de la Judicatura conformará con quienes hayan superado las etapas anteriores, el correspondiente registro de elegibles para cargos de funcionarios y empleados de carrera de la rama judicial, teniendo en cuenta las diferentes categorías de empleos y los siguientes principios:
La inscripción en el registro se hará en orden descendente, de conformidad con los puntajes que para cada etapa del proceso de selección determine el reglamento.
La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro años. Durante los meses de enero y febrero de cada año, cualquier interesado podrá actualizar su inscripción con datos que estime necesarios y con estos se reclasificará el registro, si a ello hubiere lugar.
(...)”.
ART. 168.—Curso de información judicial. El curso tiene por objeto formar profesional y científicamente al aspirante para el adecuado desempeño de la función judicial. Puede realizarse como parte del proceso de selección, caso en el cual revestirá, con efecto eliminatorio, la modalidad del curso - concurso, o contemplarse como requisito previo para el ingreso a la función judicial. En este último caso, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los contenidos del curso y las condiciones y modalidades en las que el mismo podrá ser ofrecido por las instituciones de educación superior. (...)”.
Acuerdo 1550 de 2002
ART. 2º—El concurso será abierto mediante convocatoria pública a los interesados, la cual es norma obligatoria y reguladora este proceso de selección y se ceñirá a las condiciones y términos que se relacionan a continuación:
[...].
4. Etapas del concurso.
El concurso de méritos comprende dos (2) etapas:
4.1. Etapa de selección.
Esta etapa es de carácter eliminatorio y tiene por objeto escoger, entre los aspirantes admitidos al concurso, a los mejores profesionales, quienes harán parte del correspondiente registro nacional de elegibles. Está conformada por las siguientes fases:
[...].
4.2. Etapa clasificatoria.
Fase III. Clasificación.
Esta etapa tiene por objeto establecer el orden de clasificación en el registro nacional de elegibles, de conformidad con los resultados del curso de formación judicial, asignándole a cada una de las personas que hayan aprobado el curso, un lugar dentro del grupo de personas que concursaron para el mismo cargo.

De conformidad con el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo para que proceda la suspensión provisional de actos administrativos es menester que la transgresión de las normas superiores invocadas surja de manera ostensible, es decir, de la simple comparación entre estas y el acto acusado, sin necesidad de profundos razonamientos.

En el presente asunto, respecto de una norma idéntica en los sustancial, esta corporación, en lo pertinente, sostuvo:

“Con los anteriores criterios formativos y jurisprudenciales, encuentra la Sala que el numeral demandado del Acuerdo 1548 que convocó a concurso de carrera judicial, infringió los artículos 164, 165 y 168 de la LEAJ por dos razones fundamentales: 1. Porque redujo los criterios que la norma legal estipula para definir la ubicación del aspirante en la lista de elegibles; y 2. Porque le asignó al “curso de formación judicial” un efecto clasificatorio único que las normas no permiten.

En efecto, el acuerdo demandado ubica al curso de formación judicial en la etapa de selección del concurso, lo que resulta adecuado al ordenamiento jurídico; no obstante, la estipular el criterio que define la clasificación de los concursantes en el registro de elegibles, solo tiene en cuenta los resultados obtenidos en el curso de formación judicial.

Ello se contempla en el aparte destacado y subrayado, del numeral 4.2 del Acuerdo 1548, etapa clasificatoria: “Esta etapa tiene por objeto establecer el orden de clasificación en el registro nacional de elegibles, de conformidad con los resultados del curso de formación judicial, asignándole a cada una de las personas que hayan aprobado el curso, un lugar dentro del grupo de personas que concursaron para el mismo cargo”.

En la condición que define el acuerdo, se excluyen tres de los seis factores, que la ley estatutaria menciona para fijar la ubicación de los aspirantes dentro del registro nacional de elegibles, a saber: la experiencia, la idoneidad moral y las condiciones de personalidad del aspirante.

Si bien dichos factores fueron evaluados en la etapa de selección, mediante la observación y validación de la experiencia adicional y docencia (num. 4.1 b) y la entrevista (num. 4.1 d); al aparte destacado del acuerdo los elimina como factores para definir la clasificación en el registro de elegibles, lo que resulta inadecuado.

En tal circunstancia y con el soporte jurisprudencial que se ha citado en esta providencia, la Sala encuentra en el Acuerdo 1548 de 2002, una paradoja que resulta contraria a la coherencia que debe caracterizar al ordenamiento jurídico: Si el nominador no puede desconocer la ubicación u orden de los aspirantes en el registro de elegibles, aduciendo razones relativas a la experiencia, a la idoneidad moral, o a las condiciones de personalidad del aspirante, porque estas circunstancias ya fueron evaluadas en el proceso selectivo; ¿sería válido como lo pretende el acuerdo, excluir dichos factores como criterio clasificatorio para definir tal orden en el registro o lista de elegiles?

Como dicho escollo debe ser superado para preservar la armonía de las normas que integran el sistema jurídico, esta Sala declarará la nulidad de la frase: “de conformidad con los resultados del curso de formación judicial” contenida en el aparte demandado del Acuerdo 1548 de 2002.

En consecuencia, se debe entender que el curso de formación judicial, forma parte de la etapa de selección del concurso, con efectos exclusivamente eliminatorios.

Ello significa, que el aspirante que habiendo sido convocado a tal curso, no obtenga la calificación que el reglamento señala como aprobatoria, será excluido de la lista o registro de elegibles.

Pero la ubicación u orden en el registro de elegibles, de los concursantes que obtengan calificación aprobatoria en el curso de formación judicial, se define exclusivamente, con los resultados obtenidos en la fase que el acuerdo demandado denomina “de oposición” y que comprende la prueba de conocimientos y aptitudes, la evaluación de la experiencia adicional y docencia, la evaluación de la capacitación adicional y publicaciones y la entrevista.

Estos son los únicos instrumentos, a los que el Acuerdo 1548 de 2002 asignó un puntaje específico, para evaluar los seis (6) criterios que el inciso primero del artículo 164 de la Ley 270 de 1996 estipula, para los dos efectos sustanciales que tal norma asigna: la inclusión del concursante en el registro de legibles y “... su ubicación en el mismo ...”.

Basta con recordar la jerarquía normativa de Ley 270 de 1996, que es ley estatutaria, para entender que los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de una función reglamentaria, deben respetar el verdadero sentido que dicha norma expresa” (1) .

Conforme a los anteriores planteamiento es claro que el Acuerdo 1550 de 2002, como lo afirma la demandante, en principio, desconoció las normas superiores invocadas, por ello resulta procedente la suspensión provisional de la expresión “de conformidad con los resultados del curso de formación judicial”, la que, se insiste, conforme a la sentencia de anulación resulta evidente.

2.1. Solicitud de suspensión provisional del artículo 2º, numeral 8º, del Acuerdo 1550 del 17 de septiembre de 2002, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.

Ley 270 de 1996
ART. 131.—Autoridades nominadoras de la rama judicial. Las autoridades nominadoras de la rama judicial, son:
[...].
5. Para los cargos de magistrados de tribunales: La Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, según el caso.
[...].
7. Para los cargos de jueces de la República: El respectivo tribunal.
[...].
ART. 133.—término para la aceptación, confirmación y posesión en el cargo. El nombramiento deberá ser comunicado al interesado dentro de los ochos días siguientes y este deberá aceptarlo o rehusarlo dentro de un término igual.
Quien sea designado como titular en un empleo para cuyo ejercicio se exijan requisitos y calidades, deberá obtener su confirmación de la autoridad nominadora, mediante la presentación de las pruebas que acrediten la vigencia de su cumplimiento. Al efecto, el interesado dispondrá de veinte (20) días contados desde la comunicación si reside en el país o de dos meses si se halla en el exterior.
La autoridad competente para hacer la confirmación sólo podrá negarla cuando no se alleguen oportunamente las pruebas mencionadas o se establezca que el nombrado se encuentra inhabilitado o impedido moral o legalmente para el ejercicio del cargo.
[...].
ART. 166.—Lista de candidatos. La provisión de cargos se hará de listas superiores a cinco (5) candidatos con inscripción vigente en el registro de elegibles y que para cada caso envíen las Salas Administrativas del Consejo Superior o seccionales de la Judicatura.
ART. 167.—Nombramiento. Cada vez que se presente una vacante en cargo de funcionario, la entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según el caso. Reciba la lista de candidatos, procederá al nombramiento dentro de los diez días siguientes.
Tratándose de vacantes de empleados, el nominador, a más tardar dentro de los tres días siguientes, solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional que corresponda, el envío de la lista de elegibles que se integrará con quienes ocupen los primeros cinco lugares en el correspondiente registro de elegibles, previa verificación de su disponibilidad. La Sala remitirá la lista dentro de los tres (3) días siguientes y el nombramiento se hará a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes.
Acuerdo 1550 de 2002
ART. 2º—El concurso será abierto mediante convocatoria pública a los interesados, la cual es norma obligatoria y reguladora de este proceso de selección y se ceñirá a las condiciones y términos que se relacionan a continuación:
[...].
8. Opción de sedes.
El concursante que obtenga el mayor puntaje tendrá la primera opción para elegir entre las vacantes existentes o que se presenten, lo cual deberá informar a la unidad de administración de la carrera judicial, dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación de la existencia de las mismas por parte de dicha Unidad. Si no se produce la respuesta en tiempo indicado se entenderá declinado el turno.
Comunicada la sede de interés o declinado el turno, se dará la oportunidad de escogencia al segundo de la lista y así sucesivamente.
Quien no acepte el nombramiento en una sede para la cual haya manifestado su interés, será excluido del registro nacional de elegibles correspondiente, salvo que demuestre la existencia de una causa que, a juicio de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, constituya fuerza mayor.
Cuando se produzcan nuevas vacantes se repetirá el procedimiento iniciando con el primero de la lista”.

Del cotejo normativo entre la norma acusada con las normas consideradas como vulneradas no se colige, prima facie, su vulneración pues de la primera no se deduce que se hubiese desconocido la facultad del nominador para designar magistrados y jueces.

En efecto, el acuerdo acusado, artículo 2º, numeral 8º, se refiere únicamente a la opción de sedes para la conformación del listado para ocupar una vacante con las personas que hubieren obtenido los mejores puntajes, dando a los primeros la posibilidad de optar o no para su inclusión.

A primera vista, la opción de escogencia de sede no deroga ni expresa ni tácitamente las normas citadas como vulneradas. No existe unidad de materia, la ley estatutaria se refiere a la facultad del nominador de designar de la lista de elegibles y el acuerdo a la conformación de listas, para permitirle a los que obtuvieron los mejores puntajes optar por una vacante, situación que busca facilitar el nombramiento más expedito de quienes alcanzaron los mejores puntajes.

En conclusión, del cotejo normativo entre el acto parcialmente acusado y las normas citadas como infringidas en el concepto de violación, no aparece la flagrante vulneración que exige el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

RESUELVE:

1) Admítese la demanda instaurada por la ciudadana Audrin Bermúdez Zea contra el artículo 2º, numerales 4.2 y 8º del Acuerdo 1550 del 17 de septiembre de 2002, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, “Por medio del cual se convoca al XIII Concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera de la rama judicial”.

1.1. Notifíquese personalmente al agente del Ministerio Público.

1.2. Notifíquese personalmente la admisión de esta demanda al director ejecutivo de administración judicial o a quien haga sus veces.

1.3. Fíjese el asunto en lista por el término de diez (10) días para los efectos previstos en el artículo 207-5 del Código Contencioso Administrativo.

1.4. No hay lugar a señalar suma alguna por concepto de gastos ordinarios del proceso.

2) Decrétase la suspensión provisional de la expresión “de conformidad con los resultados del curso de formación judicial” contenida en el artículo 2º, numeral 4.2 del Acuerdo 1550 del 17 de septiembre de 2002, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

3) Niégase la suspensión provisional del artículo 2º, numeral 8º, del Acuerdo 1550 del 17 de septiembre de 2002, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia la estudió y aprobó la Sala en sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, expediente 11001 03 25 000 2004 00137 01 (2183-04), actor: Audrin Bermúdez Zea. Magistrada Ponente Dra. Ana Margarita Olaya Forero.

_____________________________________