Sentencia 2182 de febrero 7 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA

REGLAMENTACIÓN DE LAS PROFESIONES

DIFERENCIA CON LOS OFICIOS

EXTRACTOS: «En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 214 de la Constitución Nacional, el ciudadano Juan Manuel Arboleda Perdomo solicita a la Corte declarar inexequibles los artículos 1 a 16 de la Ley 21 de 1990 “Por la cual se profesionaliza la actuación, dirección escénica y el doblaje en radio y televisión”, por contrariar varias disposiciones del Estatuto Fundamental.

b) La acusación.

Como se dejó anotado en el punto III de esta providencia, el demandante acusa en primer término toda la ley por considerar que la actividad que desarrollan los actores y directores escénicos de radio y televisión es un oficio y por tanto no podía exigirse título de idoneidad ni reglamentarse por el legislador pues sobre él sólo procede la inspección por parte de las autoridades en cuanto a su moralidad, salubridad y seguridad. En consecuencia, considera la Corte que es necesario entrar a analizar lo que se ha entendido como profesión y oficio para determinar en cuál de las dos categorías encajan tales labores.

c) El artículo 39 de la Constitución Nacional.

Este mandato constitucional que ha sido analizado en múltiples fallos por la Corte, consagra en sus dos primeros incisos tres aspectos fundamentales, a saber: 1) Garantiza la libertad que tiene toda persona de escoger profesión u oficio; 2) faculta al legislador para exigir títulos de idoneidad y reglamentar las profesiones y 3) estatuye como deber de las autoridades inspeccionar tanto las profesiones como los oficios en lo que respecta a la moralidad, seguridad y salubridad pública.

Como se puede apreciar, dicho precepto asigna al legislador la facultad de reglamentar las profesiones, atribución que como lo ha sostenido esta corporación “es consecuencia del principio constitucional según el cual es la ley y no el acto de la administración, la expresión jurídica exclusiva, legítima y superior de garantía y regulación de las libertades de los gobernados, entre las que se encuentran la de escoger profesión y la de poder acreditar con respaldo en ella, idoneidad o capacidad para desempeñarla. La regulación de esa libertad es la que hace posible su ejercicio y tiene como única fuente válida la ley, por ser el acto jurídico supremo de la expresión soberana” (Sent. 40, jul. 23/81).

Por tanto, corresponde exclusivamente al legislador ya sea ordinario o extraordinario debidamente facultado para ello, reglamentar el ejercicio de las profesiones, definiendo en cada caso qué debe entenderse por la profesión a que se refiere, señalar el título de idoneidad que se exige, forma de acreditarlo, entidad a la que corresponde confrontar su cumplimiento, etc.

Ahora bien, la facultad de reglamentación de las profesiones tanto como la de exigir títulos de idoneidad tienen varias finalidades:

a) Proteger a las personas que se han capacitado para desarrollar determinada actividad, de las personas que quieren desempeñarse como tales sin haber obtenido los méritos para hacerlo. Capacidad que es más de conocimientos, como los que se transmiten en universidades, colegios o centros especializados, que de talento natural.

b) Proteger a la colectividad en general para que no resulte afectada por el inadecuado ejercicio de estas profesiones, asegurando que las personas que se anuncian para ello están en la capacidad suficiente para desempeñarse en ese campo, es decir son idóneas y proteger así a toda la sociedad controlando las profesiones para que con esas labores o actividades no se cause daño o perjuicio a terceros y no se atente contra las buenas costumbres, la salud o la integridad física de las personas.

Por su parte esta corporación ha dicho:

“La diferencia entre profesión y oficio se encuentra en el hecho de exigir la profesión toda una reglamentación legal y que para obtener el título correspondiente, la ley exige el lleno de requisitos académicos cursados en universidades, institutos, escuelas, colegios o establecimientos similares, autorizados para impartir esa clase de instrucción. Por el contrario, los oficios no requieren la acreditación de títulos de idoneidad, ni licenciaturas académicas porque se trata de aptitudes adquiridas por la praxis de la vida. Por ello, le corresponde a la ley la reglamentación y exigencia de las profesiones, mas no para los oficios que sólo podrían ser inspeccionados por las autoridades” (sent. 88 de octubre 9 de 1986)

Expresó con anterioridad la Corte:

“Las profesiones requieren un conjunto de conocimientos cuyo desarrollo tiene como campo de acción la sociedad, no son simplemente una actividad privada que se desenvuelva dentro del interés particular del profesional sino una actividad de orden social; en esto radica el derecho del Estado de reglamentar su ejercicio para proteger preferencialmente los intereses de los asociados, es pues un imperativo de la seguridad colectiva, función que el constituyente atribuye al legislador” (Sent. feb. 24/77).

La profesión se ha caracterizado siempre por requerir de formación o capacitación académica, técnica o científica que se obtiene en establecimientos educativos como universidades, colegios, centros especializados, etc., criterio que viene desde tiempo atrás pues, como se recordará, en los antecedentes del artículo 39 de la Constitución vigente, la reglamentación se refería solamente a profesiones de tipo universitario o académico.

“En efecto: el artículo 44 de la Constitución de 1886 hacía referencia al “ejercicio de las profesiones médicas y sus auxiliares”, el acto legislativo número 1 de 1918 artículo 1 extendía la modalidad a la profesión de abogado; el acto legislativo número 1 de 1921, artículo único, confirmaba esta situación; el acto legislativo número 1 de 1932 artículo único, agregaba a las profesiones de médico y abogado las profesiones de ingeniero en sus distintos ramos” (sent. agosto 5 de 1970).

En cambio los oficios, según se ha aceptado, no requieren de largos años de estudios de conocimientos científicos o humanísticos puesto que se trata de actividades producto del talento natural de cada individuo, que sólo requieren de perfeccionamiento, así sea éste tan exigente como el de una “ballerina” o de una “prima donna”.

Considera la Corte hoy que tanto en las profesiones como en los oficios juega papel importante no sólo el requisito de los conocimientos, pues es innegable que tanto en las unas como en los otros se requiere del saber que conduzca a nuevos perfeccionamientos, ya sea mediante la capacitación o preparación adquirida en establecimientos educativos o por el conocimiento personal o particular que cada individuo obtenga a través de sus propias experiencias y prácticas, así como en libros, revistas, la radio, la televisión o cualquiera otra manera de información, por cuanto el medio mismo en que vive exige la aplicación de nuevas técnicas, métodos, etc., que permitan desempeñarse dentro de un oficio o profesión, sino que también es necesario tener inclinación, aptitud o talento para cumplir adecuadamente en cualquiera de estos campos, esto es, un cierto nivel de capacidad personal.

Pero, para poder catalogar una labor o actividad específica como profesión u oficio conviene precisar la prevalencia o predominio que tiene el concurso de los conocimientos sobre los dones naturales o innatos de cada persona que le permitan ejercerla. De manera que si lo que tiene mayor significación son los conocimientos adquiridos en los campos científicos y de las humanidades mediante estudios en institutos educativos no cabe duda que se trata de una profesión y si lo que prevalece es el talento natural de la persona se está frente a un oficio para efectos constitucionales como los vistos y sin que la clasificación tenga ningún alcance de valoración de su importancia.

Además, para efectos de darle operancia a la regla constitucional que se estudia, es necesario tener en cuenta la trascendencia social de la actividad y su capacidad de daño, pues la exigencia del título y la reglamentación pueden referirse a labores que no demanden tales estudios y conocimientos pero entrañen peligro, como es el caso de los conductores de automotores.

En el caso de estudio se tiene que son actores profesionales según la ley acusada quienes “se dedican en forma permanente a la labor de representar personajes ficticios o reales en dramatizaciones a través de los medios de radio y televisión”, previo el lleno de los requisitos exigidos en la misma ley, y directores escénicos son aquellas personas que en las mismas condiciones “se dedican a la creación de montajes, indicación a actores y todas las actividades necesarias para la realización escénica de un dramatizado a través de los medios de radio y televisión”.

Pues bien, en la actividad que desarrollan los actores en general y los directores escénicos prima necesariamente el talento natural o don innato de cada persona sobre los conocimientos que se pueden adquirir en centros de estudios especializados, porque la capacidad creadora de cada ser humano, su ingenio, sus habilidades, son innatas y no permiten sino perfeccionamiento por medio de estudio y práctica.

Así las cosas carece de razón exigir título de idoneidad a un escritor, pintor, músico, cantante, bailarín y, para el evento que se estudia, a un actor o director escénico, con el fin de que pueda serlo porque, como bien lo afirman el Ministerio Público y el demandante, estas actividades dependen más del talento natural o don de la naturaleza que posee cada persona que de los estudios que pueda cursar, pese a que existan escuelas de bellas artes que puedan expedir títulos con valor académico y a que la aptitud, como se dijo, sea susceptible de perfeccionamiento y mayores logros. Se nota, de otro lado, que en parte considerable la actividad de estas personas está regida más por los principios de la libertad de expresión y de conciencia que por los de profesión u oficio.

Por estas razones considera la Corte que la actividad que desarrollan los actores y directores escénicos de radio y televisión a que se refiere la Ley 21 de 1990 no encaja dentro de aquéllas en que quepa la exigencia de un titulo de idoneidad oficial ni tampoco ser reglamentada por el legislador de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Nacional, motivo por el cual serán declarados inexequibles los artículos 1 a 4 y 6 a 13 de la Ley 21 de 1990 por lesionar el mandato superior citado.

No sin antes aclarar que sobre las labores que cumplen tales actores y directores escénicos procede únicamente la inspección por parte de las autoridades, inspección que entraña la capacidad del legislador para expedir reglamentaciones con miras a preservar o garantizar la moralidad, seguridad y salubridad públicas, de conformidad con el mismo precepto constitucional mencionado.

d) Los artículos 5 y 14 de la Ley 21 de 1990.

Sobre estas dos disposiciones la Corte hará un análisis distinto, pues considera que también resultan contrarias a la Carta Política, pero por motivos diferentes a los hasta aquí expuestos.

En efecto, la Ley 21 de 1990 cuyo título es “Por la cual se profesionaliza la actuación, dirección escénica y el doblaje en radio y televisión”, está encaminada exclusivamente a reglamentar como profesiones tales actividades y es así como en ella se consagran preceptos que definen lo que debe entenderse por actor y director escénico de radio y televisión, establecen los requisitos para obtener título de idoneidad, crean la tarjeta profesional de actor o director, señalan la entidad encargada de expedirla y ante la cual se deben acreditar los requisitos o calidades que se exigen para ser profesional en esa área, etc.

Sin embargo, en el artículo 5º de la misma se consagra:

“Es el Ministerio de Comunicaciones la entidad encargada de adoptar la política de comunicaciones del país, en materia de radiodifusión y televisión, así como de garantizar y controlar el cumplimiento de los principios básicos de las emisiones que se efectúen a través de los medios de radiodifusión sonora y televisión“.

Por su parte el artículo 14 ibídem expresa:

“El 20% de los programas dramatizados extranjeros que se transmitan por televisión, deberán ser doblados en el país, en estudios nacionales y por actores profesionales, de los que hablan los artículos anteriores”.

Estas normas son ajenas al contenido general de la ley, la que como se vio tiene un mismo propósito o finalidad que es la de reglamentar la profesión de actor, director escénico y el doblaje en radio y televisión, con lo cual se infringe el artículo 77 de la Carta Política, cuyo alcance ha sido analizado por esta corporación en varias ocasiones dentro de las cuales cabe destacar la contenida en sentencia de 27 de mayo de 1980 en la que afirmó:

“El Constituyente de 1968 buscó, al incluir en la reforma los artículos 77 y 92, tecnificar la expedición de las leyes y hacer más expedito su conocimiento y consulta, lo que contribuye al orden, buen entendimiento y racionalización de las mismas. Al decir que “todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia” aludió a asuntos afines por su naturaleza que conduzcan a una finalidad común. Al respecto se dijo en la exposición de motivos: “Esto significa que los puntos vertidos en un proyecto de ley deben ir encaminados a una misma finalidad, y aunque, al ser considerados separadamente, puedan parecer distintos, están todos ordenados en una misma dirección de tratamiento de un tema, y para señalar su alcance se anotó también que por materia ha de entenderse el área general de un tema tomado en su conjunto, y no las piezas separables del mismo””.

Así las cosas se procederá a declarar inexequibles también los artículos 5 y 14 de la Ley 21 de 1990 por cuanto de su contenido se desprende la falta de conexión o unidad de materia con las demás disposiciones que conforman dicho ordenamiento.

Se viola además, como se vio, el artículo 92 constitucional ya que el título de la ley no corresponde ni autoriza la inclusión de esos preceptos.

e) Los artículos 15 y 16 de la Ley 21 de 1990.

El artículo 15 confiere al Ministerio de Comunicaciones la competencia para vigilar el cumplimiento de los artículos 13 y 14 que ya se analizaron y la de imponer las sanciones resultantes. El artículo 16, a su turno, autoriza al Gobierno Nacional para dictar el régimen de sanciones.

Aparte de otros posibles vicios de inconstitucionalidad, se ve sin dudas que ambas normas están inescindiblemente unidas a las que se estudiaron y encontraron inexequibles, por lo cual han de correr la misma suerte.

Finalmente debe agregarse que como la Ley 21 de 1990 es inexequible por los motivos que se dejaron señalados no hay lugar a estudiar las demás acusaciones que plantea el actor contra algunos artículos del mismo ordenamiento por contrariar otros mandatos constitucionales.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previa ponencia de la Sala Constitucional y oído el parecer fiscal,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE la Ley 21 de 1990 “Por la cual se profesionaliza la actuación, dirección escénica y el doblaje en radio y televisión”.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente».

(Sentencia Nº 16, febrero 7 de 1991. Expediente 2182. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Sanín Greiffenstein).

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