Sentencia 2187 de febrero 7 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PLENA

PAGO DE IMPUESTOS

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

EXTRACTOS: «Norma acusada. Su tenor literal es el siguiente:

“Decreto Nº 624 de 1989

(Marzo 30)

Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

ART. 794.—Responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad. Los socios, copartícipes, asociados cooperadores, accionistas y comuneros, responden solidariamente por los impuestos de la sociedad correspondientes a los años 1987 y siguientes a prorrata de sus aportes o acciones en la misma y del tiempo durante el cual lo hubieren poseído en el respectivo período gravable.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los accionistas de sociedades anónimas inscritas en la bolsa de valores, a los miembros de los fondos de empleados, a los miembros de los fondos de pensionados de jubilación e invalidez y a los suscriptores de los fondos de inversión y de los fondos mutuos de inversión”.

b) Antecedentes de la norma acusada.

Como lo advierte con razón la Procuraduría, el artículo acusado tuvo su origen en la Ley 75 de 1986, la cual consagró en su artículo 26 la previsión legal que fue reproducida textualmente en el artículo 794 del estatuto tributario, el cual es objeto de acusación en este proceso.

En efecto, el Gobierno recibió facultades extraordinarias por virtud del numeral 5º del artículo 90 de la Ley 75 de 1986 para expedir el estatuto tributario, a fin de armonizar en un solo cuerpo jurídico las diferentes normas que regulan los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, con habilitación expresa para reordenar su numeración eliminar las que estuviesen repetidas o derogadas, sin alterar su contenido, y en desarrollo de ellas incorporó al estatuto tributario, en el Capítulo I del Título VII, artículo 794, sin modificación alguna, el artículo 26 de la Ley 75 de 1986.

Antes de la expedición del estatuto tributario es decir, cuando la disposición acusada correspondía al artículo 26 de la Ley 75 de 1986, fue demandada, junto con otras disposiciones de la misma ley, ante la Corte, dentro del Proceso Nº 1641, tal como lo recuerda el actor. El proceso citado, culminó con la sentencia Nº 123 de 1987, mediante la cual la Corte declaró su exequibilidad por considerar que dicho precepto no violaba los cánones superiores que estimó infringidos el actor, “ni ningún otro precepto constitucional”.

Ha señalado la Corte con insistencia y ahora lo reitera, que en casos como éste resulta impropio hablar del fenómeno procesal de cosa juzgada, pues falta un supuesto imprescindible para que se configure dicho instituto, cual es la identidad del precepto acusado con el que ya fue objeto de decisión, para lo cual no basta que su contenido normativo sea el mismo en los dos casos, sino que requiere la exacta correspondencia formal y material entre los dos preceptos, para que el juez de constitucionalidad pueda fallar estando a lo decidido en la primera sentencia.

En este caso como es obvio, la coincidencia es apenas material, pues si bien se observa que la preceptiva de la norma acusada es la misma que ya fue objeto de examen y decisión por la Corte, es formalmente una disposición nueva que pertenece a un ordenamiento jurídico distinto, por ello la demanda exige revisar y fallar en el fondo la cuestión sometida a juicio.

Lo anterior no significa, sin embargo, que la Corte no pueda apoyar su decisión en los criterios jurisprudenciales plasmados en el primer fallo si considera que ellos mantienen su vigencia, validez y merecen tenerse en cuenta y reiterarse como fundamento de la nueva sentencia que profiera, tanto más si los argumentos de la acusación son análogos en uno y otro proceso.

c) Constitucionalidad del precepto impugnado.

El precepto impugnado consagra la responsabilidad solidaria de los socios para el pago de impuestos de la sociedad, definida en forma que no corresponde al estricto concepto doctrinario y legal de la obligación in solidum conforme al cual la intervención de este fenómeno por hallarse expresamente pactado o establecido en la ley para la especie creditoria específica faculta a cualquiera de varios acreedores para exigir la totalidad del crédito (solidaridad activa) o coloca a cada uno de los deudores en la obligación de pagar el total de la deuda contraída (solidaridad pasiva), con la consecuencia de que el pago así efectuado extingue la obligación respecto de los demás sujetos pasivos o activos de la obligación.

Según se advierte de la lectura atenta de la previsión legal cuestionada, la responsabilidad solidaria por las obligaciones tributarias de la sociedad a partir del año gravable de 1987, se deduce para los socios sólo en la prorrata que corresponda al monto de sus aportes o acciones en la misma y al tiempo durante el cual los hubieren poseído y por tanto, sólo en esta medida los hace responsables del pago de los tributos.

Al respecto, la Corte en la sentencia Nº 123 de septiembre 3 de 1987 con ponencia del H. Magistrado Hernando Gómez Otálora, en torno a la competencia del Congreso para dictar el precepto acusado, dijo lo siguiente:

“Considera la Corte que, a la luz de la Constitución, son de competencia del legislador tanto la determinación del régimen jurídico de las sociedades y demás personas jurídicas (art. 12 C.N.) como la expedición, adición y modificación de las leyes relativas a impuestos (art. 76, 1º C. N.).

Por otra parte, la figura de la solidaridad es de creación legal y también el establecimiento de las excepciones a ella.

Por tanto, bien podía el Congreso, como lo hizo en las disposiciones demandadas, introducir la responsabilidad solidaria como mecanismo tendiente a impedir las prácticas de evasión tributaria, sin que ello signifique desconocimiento de los principios y normas constitucionales.

En efecto, no encuentra la Corte que la previsión de la expresada forma de responsabilidad vulnere el artículo 20 de la Constitución, pues todo lo que en él se afirma es que los particulares responderán ante las autoridades sólo por infracción de la Constitución y las leyes, al paso que los funcionarios públicos lo harán por las mismas causas y, además, por extralimitación o negligencia en el ejercicio de sus funciones.

En cuestiones punitivas esa responsabilidad es personal e intransferible, pues ninguno está llamado a responder penalmente por el hecho de otro. Pero en el caso específico de los impuestos a cargo de compañías, al cual se refiere parcialmente la demanda, no se ve obstáculo constitucional para consagrar la solidaridad porque, al fin y al cabo, hay un interés patrimonial del socio en los resultados de las actividades que cumple la sociedad, de tal modo que la suerte de ésta y las obligaciones que se causen por razón de la misma no son enteramente ajenas al asociado, que precisamente por ello asume los riesgos inherentes al contrato.

Por otro lado, conviene precisar cómo, en las normas cuya constitucionalidad se estudia, la responsabilidad solidaria de los socios es por los impuestos a cargo de la compañía, no por las sanciones, según texto del artículo 20 acusado”.

Y agregó:

“Ninguna de las normas objeto de la demanda puede resultar lesiva del principio de tipicidad, como lo manifiesta el actor, pues la previsión sobre responsabilidades solidarias no implica el señalamiento de una pena o sanción. A este fin se dedican otras normas de la ley tributaria, que sí describen las infracciones a su régimen y señalan las consecuencias punitivas de las mismas, mientras que los preceptos impugnados se limitan a indicar quiénes responderán por los tributos y las sanciones, según el sistema tributario general”.

No existe desviación alguna de la competencia del legislador que pueda implicar la inexequibilidad de la disposición acusada por el hecho de establecer la responsabilidad solidaria de los socios, en la modalidad señalada, para el pago de los tributos de la sociedad, pues ella se deriva de haber realizado, en ejercicio de su objeto social, el hecho generador de la obligación tributaria sustancial, por la cual debe responder en los términos que señale la ley.

Obsérvese que las apreciaciones del actor surgen de considerar que la norma establece sanciones por las cuales debe responder el socio “pese a la actitud prudente y diligente” que haya observado, desnaturalizando el concepto de impuesto y aplicando una interpretación que excede las estrictas pautas del texto legal, pues éste como lo señaló la Corte en la sentencia citada, nada dice en relación con las sanciones que puedan imponerse por mora, cuando la consignación o el pago se efectúe por fuera de término, ni por la evasión de una obligación tributaria específica.

En este orden de ideas, resulta totalmente ajeno a la previsión legal señalar que vulnera el derecho de defensa, pues no se trata del juzgamiento de una conducta punible, sino simplemente de definir el alcance de la obligación de los socios en materia tributaria; dado que es inherente a toda organización política que las personas (naturales o jurídicas) deban aportar para los gastos que demanda la administración pública y la prestación de los servicios públicos que asume el Estado.

De otra parte, es claro que cuando el legislado quiso establecer la solidaridad tanto para el pago de los impuestos como para el de las sanciones correspondientes, así lo señaló expresamente, como ocurre en los casos de las entidades no contribuyentes que sirvan de elemento de evasión o la de los representantes legales de las entidades del sector público con la entidad por el impuesto a las ventas no consignado oportunamente (E.T, arts. 795 y 796).

Considera el actor que la norma acusada vulnera el derecho adquirido a “la insolidaridad y a la responsabilidad limitada” de quienes se asociaron antes de 1987, apreciación que corresponde a un enfoque de los derechos frente a los conflictos que genera la aplicación de la ley en el tiempo por tránsito de legislación, puesto que, el artículo 30 superior, en disposición vigente desde la Constitución de 1886 garantiza los derechos adquiridos con justo título con arreglo a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, y dispone que no pueden ser desconocidos por leyes posteriores.

Frente al citado precepto de la Ley Fundamental, la jurisprudencia de la corporación ha sido clara en reconocer que los derechos adquiridos son aquellas situaciones individuales y subjetivas creadas y definidas bajo el imperio de una ley, y en virtud de la cual se ha constituido el derecho en favor del titular, distinguiéndolos de las meras expectativas, respecto de las cuales la ley no ha obrado aún para concretar el derecho. Entendiendo que sólo de los primeros es predicable el principio que ordena su respeto por las leyes posteriores.

Por las razones expuestas a este tema se vincula también la idea de la irretroactiviad de la ley, para señalar que la ley nueva debe tener siempre vigencia hacia el futuro y respetar las situaciones subjetivas concretadas durante la vigencia de la ley anterior.

Aplicadas las nociones anteriores al caso subexamine cabe señalar en primer término que la norma acusada gobierna relaciones entre el Estado y los particulares, y en nada modifica los contratos sociales respectivos, ni las normas que regulan las relaciones de los socios entre sí, ni introduce cambios sobre la forma de responsabilidad de éstos frente a las actividades que realicen en orden al cumplimiento de los objetivos sociales.

De otra parte, emerge la evolución legislativa del precepto que éste no tiene carácter retroactivo, pues si bien se refiere a los impuestos de la sociedad correspondientes al año gravable de 1987 y hace parte del estatuto tributario expedido por Decreto 624 de marzo 30 de 1989, no puede perderse de vista que este decreto sólo vino a codificar las disposiciones tributarias existentes y la acusada pertenecía, como ya se dijo, a la Ley 75 de 1986. De tal manera que no es aplicable a la situación tributaria de la sociedad consolidada en años anteriores a su vigencia y sólo estatuye la responsabilidad solidaria hacia el futuro, para mayor garantía del recaudo de los tributos.

Lo razonado es suficiente para declarar avenido a la Constitución el precepto impugnado y así se decidirá.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE, el artículo 794 del estatuto tributario, expedido por el Decreto 624 de 1989.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente».

(Sentencia Nº 15, febrero 7 de 1991. Expediente 2187. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Méndez Arango).

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