Sentencia 21888 de marzo 7 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 21.888 (R-3179)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actores: Sociedad Servicios Mutuos y Representaciones Ltda.

Demandado: Establecimiento Público de Valorización Departamental del Valle

Bogotá, siete de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1 Competencia de la Sala

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 26 de junio de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negó la responsabilidad de la entidad demandada por los hechos imputados, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor de la demanda fue establecida por la actora en $542.340.000, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, y la cuantía mínima exigida por la ley, en el año 1996(1), para que un proceso fuese de doble instancia, en acción de reparación directa, era de $13.460.000(2).

2.2 Caducidad de la acción

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En relación con el término de caducidad que debe operar cuando se trata de la ocupación temporal o permanente de inmuebles, la Sección Tercera de esta Corporación ha dejado claro que “el término para accionar empieza a correr a partir del día siguiente de su ocurrencia, es decir desde cuando cesó la ocupación temporal porque en ese momento se consolida el perjuicio, o desde cuando se termine la obra en relación con la ocupación permanente”(3).

En el presente asunto, se alega que el predio de la actora fue ocupado permanentemente por la demandada, a raíz de la construcción de las obras públicas relacionadas con el plan de desarrollo integrado del sector Cali-Yumbo, en cumplimiento de la Ordenanza 007 de 1997, modificada por la 013 de 1984 y 035 de 1994.

Según lo manifestado por la actora, para la época en que formuló la demanda la obra pública mencionada aún estaba en ejecución (fls. 26, 27, cdno. 1), afirmación que fue aceptada expresamente por la enjuiciada en la contestación de la misma y que aparece corroborada con el dictamen pericial practicado en el proceso (fl. 49, cdno 1; fols. 18 a 49, cdno. 3)), de lo cual se infiere que la acción de reparación directa instaurada por la actora, a fin de reclamar los perjuicios causados como consecuencia de la ocupación permanente del inmueble de su propiedad, ocurrió dentro del término de ley.

2.3 Caso concreto y análisis probatorio

Según la demanda, la Sociedad de Servicios Mutuos y Representaciones Ltda. es la propietaria de un predio urbano, conforme a la escritura pública 3153 de 26 de mayo de 1995, de la Notaría Tercera de Cali, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 370-0336022, escritura por medio de la cual la actora adquirió los derechos del contrato de fiducia mercantil constituido por el señor Helí(sic) Guillermo Franky Rojas, antiguo propietario del inmueble.

Se encuentra acreditada en el proceso la existencia y representación de la Sociedad de Servicios Mutuos y Representaciones Ltda., con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Cali (fls. 23, 24, cdno. 1).

También se encuentra acreditado que, según escritura pública 1417 de 2 de noviembre de 1994, el señor Hely Guillermo Franky Rojas constituyó una fiducia mercantil de garantía irrevocable con la Fiduciaria BCA S.A., mediante la cual le transfirió la propiedad sobre algunos inmuebles, entre ellos el distinguido con la matrícula inmobiliaria 370-0336022, cuyos linderos fueron establecidos así: “NORTE: con Diego Otero y Cía. Ltda. ORIENTE: con lote entregado en dación en pago a Carbones del Valle y del Cauca S.A. en 22 m2. SUR: con Besterio Palomeque y Alfredo Velasco. OCCIDENTE: en 24.00 m2 con la Autopista Cali-Yumbo” (fls. 60 a 64, cdno. 1).

Igualmente, se demostró que, mediante escritura pública 2418 de 25 de abril de 1995, de la Notaría Tercera de Cali, fueron aclarados los linderos del predio, por considerar que se había cometido un error de transcripción en la escritura pública 1417 de 2 de noviembre de 1994; en consecuencia, el inmueble denominado “Lote A”, con matrícula inmobiliaria 370-0336022, está comprendido dentro de los siguientes linderos: “NORTE: en 395.oo metros con predio de Diego Otero y Cía. Ltda.; SUR: en 395.oo metros con predio de Alfredo Velasco y de Besterio Palomeque Balanta y Rosalba Morales de Palomeque; ORIENTE: en 24.oo metros con predio que es o fue de Carbones del Valle y el Cauca S.A., y OCCIDENTE: en 22.oo metros con la autopista de Cali-Yumbo; este inmueble tiene un área aproximada de 9.039 metros cuadrados” (fls. 58, 59, cdno. 1).

Se acreditó, asimismo, que a través de escritura pública 3153 de 30 de mayo de 1995 (fls. 16, 17, cdno. 1) el señor Hely Guillermo Franky Rojas y la Fiduciaria BCA S.A. cedieron a la Sociedad de Servicios Mutuos y Representaciones Ltda. el contrato de fiducia mercantil de garantía constituido sobre unos predios, entre ellos el denominado “Lote A”, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 370-0336022 (fls. 18 a 22, cdno. 1).

Como se sabe, la propiedad de un inmueble se acredita con la escritura pública de compraventa y con la inscripción de esta en la oficina de instrumentos públicos del lugar del inmueble. Faltando cualquiera de estos dos elementos, se entenderá que la propiedad no se encuentra acreditada. Dicho de otro modo, una persona es propietaria de derechos reales cuando tiene título y modo, esto es, cuando acredita, entre otros, la escritura pública de compra venta y su inscripción en el registro inmobiliario. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido:

“En este orden de ideas, se tiene que el título de propiedad sobre un bien inmueble se entiende acreditado con la escritura pública de compraventa, sin perjuicio de que se cuente con otra fuente de obligaciones para efectos de probar ese derecho, más el modo correspondiente que en este caso se materializa con la inscripción de aquélla en la oficina de instrumentos públicos, para lo cual es aceptable aportar, entre otros, el certificado del inmueble expedido por la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad, en el cual consten las inscripciones de los títulos que hubieren servido de fundamento para enajenar, gravar o afectar de cualquier manera esa propiedad(4).

Así, teniendo en cuenta el material probatorio referenciado, no hay duda que la Sociedad de Servicios Mutuos y Representaciones Ltda. es la propietaria del predio denominado “Lote A”, ubicado sobre la margen derecha de la autopista que de Cali conduce al municipio de Yumbo, departamento del Valle del Cauca, en el sitio conocido como “Callejón de Almagran”, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 370-0336022, propiedad que fue ratificada con el dictamen pericial practicado en el proceso (fls. 18 a 49, cdno. 3), al cual se hará mención más adelante.

Dilucidado lo anterior, procederá ahora la Sala ha establecer si dicho predio es el mismo que habría resultado afectado como consecuencia de la ocupación permanente por una obra pública a cargo de la entidad demandada, en cumplimiento del plan de desarrollo integrado del sector Cali-Yumbo.

Mediante despacho comisorio SP-361, el 4 de febrero de 1998 el juzgado primero civil municipal de Yumbo, Valle, practicó una diligencia de inspección judicial en el predio afectado, con la presencia de peritos y de las partes, en la cual se constató que (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“(…) Se trata de un lote de terreno destinado como vía pública ya que en nuestra presencia han entrado y salido varios vehículos sin obstáculo alguno, determinado por los siguientes linderos y dimensiones según la escritura en mención, datos que serán corroborados por los señores peritos con los instrumentos idóneos: por el NORTE en 395 m en parte con predio de Diego Otero y Cía. Ltda., en parte con unas bodegas de Suizo y en parte con otro lote; SUR en 395 m con predio de Alfredo Besterio Palomeque Balanta y Rosalba Morales de Palomeque; ORIENTE en 24 m con predio que es o fue de Carbones del Valle y el Cauca S.A. y OCCIDENTE en 22 m con la Autopista Cali-Yumbo o calle 15. Este inmueble tiene un área aproximada de 9039 m2 (…) (fls. 2, 3, cdno. 3).

El 27 de agosto de 1998, los peritos rindieron el siguiente dictamen pericial (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“Se tomaron como bases en este dictamen pericial además de las visitas de reconocimiento al lugar las consultas y documentación emitidas por las siguientes entidades:

“Planeación de yumbo

“Valorización departamental del Valle del Cauca

“Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

“Cámara de Comercio de Cali

“Enercali, S.A. ESP Emcali

“Instituto Geográfico Agustín Codazzi —fichas catastrales.

“Oficina de Registro de Instrumentos Públicos —certificados de tradición.

“Notarías del Círculo de Cali —escrituras.

“Archivos de la asamblea departamental.

“Conalvías –Código Nacional de Transporte Terrestre.

“DANE —Departamento Nacional de Estadística.

“El País, mayo a junio de 1998 —ofertas lotes en acopi—.

“Banco de la República —Superintendencia Bancaria—.

“Plano del municipio de Yumbo.

“Este predio está ubicado al sur del municipio de Yumbo, en el departamento del Valle del Cauca, corregimiento Arroyo-Hondo, zona industrial. Se halla a una distancia aproximada de 2.450 m de la glorieta (puente elevado) de Sameco, hacia el norte y límite con el municipio de Cali, sobre la autopista Cali-Yumbo o calle 15 de la nomenclatura de Yumbo, carretera que de Cali conduce a Palmaseca y en la margen derecha, hacia el río Cauca, denominado Callejón Almagrán, se ubica lateralmente al puente elevado que atraviesa la intersección de la carrera 32 y la misma autopista Cali-Yumbo.

(...).

“Este predio viene del predio matriz que la sociedad Carbones del Valle S.A. recibe como aporte social del Instituto de Fomento Industrial por escritura pública 1548 de abril 6 de 1958 de la Notaría Segunda de Cali, con matrícula matriz 370-0087293 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.

“La Sociedad Carbones del Valle y del Cauca S.A. vende a Hely Guillermo Franky Rojas una parte por medio de escritura pública 403 de marzo 4 de 1982 de la Notaría Séptima con matrícula inmobiliaria 370-0125075 de la oficina de registro de Cali.

“Hely Guillermo Franky Rojas divide materialmente el lote adquirido en dos predios por medio de escritura pública 2832 del 26 de abril de 1988 de la Notaría Décima de Cali, siendo uno de ellos el lote materia de este dictamen, al cual la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali le asignó la matrícula inmobiliaria 370-0336022.

“La Sociedad de Servicios Mutuos y Representaciones Ltda. recibió este predio por cesión de Guillermo Franky Rojas por medio de escritura 3153 del 30 de junio de 1996 de la Notaría Tercera de Cali, con número de matrícula inmobiliaria 370-0336022 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali.

(...).

“Encontramos obras dentro del predio y adyacentes a su lindero:

“Red de alta tensión: sobre posteadura en concreto con rumbo N 89-40”-43E”, la cual se halla casi paralela al lindero norte del predio a una distancia exterior variable entre 3.00 y 5.00 m. Sostiene tendido primario de 34.5 kv del circuito La Sonora.

(...).

“Canal de riego: irriga los predios vecinos, localizado en el lindero sur, va en dirección occidente oriente; su recorrido va por fuera de la línea del lindero al sur a una distancia de 1.00 m, hecho en ladrillo y repellado, hace parte de la ramificación cuarta izquierda 3-11-D que asigna caudal de agua a diferentes predios en su recorrido hasta el río Cauca, llevando agua del río Arroyohondo, según planos observados en las oficinas de la CVC; dichas canalizaciones aparecen en planos desde 1972.

“Red de teléfonos: sobre posteadura de concreto, atraviesa por el centro y en dirección occidente-oriente con rumbo N 89-39”-20”W.

“Su época de construcción es reciente y de aproximadamente un año según consulta efectuada de Enercali, subgerencia de la zona industrial de Yumbo.

“Tuberías subterráneas: se encuentran tuberías en el área occidental del predio en extensión de 40 m y con diámetro de 2.0 m y 36”, según plano de la oficina de valorización departamental (adjunto al dictamen) correspondiente a la intersección a desnivel del callejón de Almagrán, fechado junio de 1994, tuberías éstas para aguas negras y aguas lluvias que proceden del sector occidental de la autopista Cali-Yumbo.

“Estas obras fueron ejecutadas como parte del programa de obras que incluyó la ampliación de la autopista y construcción del paso elevado en 1996.

(...).

“Área asfaltada: de aproximadamente 486,86 m2 en la parte occidental del predio, da acceso a la continuación del Callejón de Almagrán, a la margen derecha, hacia el río Cauca.

“Obras ejecutadas igualmente en 1996 como parte del programa de obras que incluyó la ampliación de la autopista y construcción del paso elevado.

“En el centro del predio al oriente del colindante centro industrial se halla un área de 115 m2 asfaltada, ejecutada en 1997.

“Caseta control: edificación levantada sobre columnas de concreto, cerramiento parcial en muros de ladrillo a la vista y cubierta en teja de barro sobre estructura de madera, ejecutada para ejercer control de acceso a las instalaciones del Club de Seres S.A., construido recientemente; la caseta fue construida en los dos últimos años.

“Preguntas realizadas en la diligencia de inspección

“1. Determinen los peritos si las obras construidas sobre el lote de terreno objeto de la diligencia corresponden al proyecto Cali-Yumbo acorde con las ordenanzas que se encuentran en el expediente.

“R. El proyecto Cali-Yumbo contempla el Callejón Almagrán o carrera 32 del municipio de Yumbo como una vía de doble calzada, la cual inicialmente se proyectó con una sección de vía de 35.50 m (…) y posteriormente se rediseñó con sección de 20.20 m según se observa en copias y planos obtenidos a través de la oficina de valorización departamental; ella se extenderá desde la Calle 10 hasta la margen del río Cauca a través del Callejón de Almagrán. Vistos los planos 06 de junio de 1994 y 11-12 de julio de 1997 a escala 1:1000 de valorización departamental correspondientes al alcantarillado pluvial-Callejón Almagrán, consultor ingeniero Hugo Grisales, las obras de tubería de 2.00 m instalada y la pavimentación de terreno en el área de acceso y salida sobre el costado occidental del lote son las que se incluyen y corresponden a dicho proyecto, determinado en la segunda etapa del artículo segundo de la ordenanza 035 como pavimentación del Callejón Almagrán.

“2. Determinen los peritos si el lote objeto de la diligencia es la continuación de la vía pública Callejón Almagrán.

“R. Si es la continuación de la vía pública Callejón Almagrán extendiéndose hasta el río Cauca, la cual en su proyecto inicial absorbía no solo este predio sino también parte de los predios colindantes por su sección de 35.50 m que posteriormente se rediseñó en 20.20 m de acuerdo con las secciones y planos anexos citados (…).

“3. Determinen los peritos si el lote objeto de esta diligencia es vía carreteable, la extensión de dicha vía y si la misma es vía pública.

“R. El lote de la diligencia tiene libre tránsito de vehículos en su ancho como en toda su extensión. Por medio de este predio, carros particulares acceden a otros ubicados hacia la margen del río Cauca lo cual le da carácter de carreteable.

“Desde la autopista hasta el margen del río Cauca se transitan aproximadamente 750 m que dan acceso a otros predios (ver fotografía del centro recreativo); sobre el final de este tramo y hacia el sur se desprende otro recorrido de vía de aproximadamente 100 m por el que se accede a una industria de plásticos.

“El carácter de vía pública o pertenencia pública estaría dado por escritura pública de cesión, venta o negociación con entidad oficial y con relación a este particular no encontramos evidencia en los certificados de tradición que tienen registrada la matrícula del predio. Por tanto este predio tiene un uso público siendo un predio privado.

“4. Dictaminen los peritos cómo está el estado actual de los colectores de aguas residuales y por su estado actual cómo se desarrolla la función para la que fueron construidos.

“Al efectuar la diligencia el canal abierto que recoge aguas residuales al frente del centro industrial Palmaseca presentaba estado de enmalezamiento como se aprecia en la fotografía correspondiente. Se evidenció que limpio y libre de obstáculos ejerce apropiadamente la función de evacuar las aguas residuales, pero cuando no tiene mantenimiento se presenta represamiento de aguas y residuos que en época de lluvias agravan la situación generando rebosamiento e inundación del predio que dificultan el acceso y libre tránsito de personas y vehículos (…)” (fls. 18 a 49, cdno. 3).

Mediante auto de 10 de septiembre de 1998, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca corrió traslado del dictamen a las partes, de conformidad con el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil (fl. 52, cdno. 3), oportunidad dentro de la cual el apoderado de la entidad demandada solicitó aclaración (fls. 53, 54, cdno. 3).

El 30 de noviembre de 1998, el dictamen fue aclarado por los peritos en los siguientes aspectos (se transcribe tal cual obra en el expediente):

“(…) Al estudiar el predio materia del dictamen, entre los diferentes documentos e información pertinente tuvimos en cuenta no solo las escrituras citadas en la aclaración solicitada sino también con qué numero predial estaban inscritos los predios colindantes al predio materia del dictamen.

“El predio propiedad de Servicios Mutuos y Representaciones Ltda. colinda por el norte con 3 (tres) predios así:

“— Predio con matrícula inmobiliaria 370-00027293 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali y número predial 001003-0185-000 de Yumbo, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

“— Predio con matrícula inmobiliaria 370-0063514 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali y número predial 04-01-003-0184-000 de Yumbo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

“— Predio con ficha predial número 04-01-003-0183-000 de Yumbo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

“El mismo predio de la Sociedad de Servicios Mutuos y Representaciones Ltda. tiene como predio colindante sur:

“Predio con matrícula 370-0082390 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cali y número predial 04-01-003-0187-000 de Yumbo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Se revisaron diversos documentos, escrituras incluidas, certificados de tradición y fichas prediales que no se citaron por no ser ello el objeto de nuestro dictamen, pero que todos en su conjunto aportaron los elementos para identificar el predio objeto del dictamen como una propiedad privada con tránsito libre de vehículos que está afectada en su totalidad por el trazado del callejón de Almagrán o Carrera 32 del municipio de Yumbo de acuerdo al plan de desarrollo integrado del sector Cali-Yumbo con obras realizadas en el período comprendido entre mayo 10 de 1995 y junio de 1996. El segundo tramo de la proyectada carrera 32 comprendido entre la autopista y el río Cauca tiene sección con anchura igual a la del primer tramo, proyectada con dos calzadas y un separador central bajo el cual irá el emisor final pluvial hasta entregar al río Cauca, proyecto este del establecimiento público de valorización departamental del Valle del Cauca ordenado en el artículo segundo de la Ordenanza 035 de 1994 (diciembre 15) la cual prorroga hasta 1999 inclusive el plazo fijado por la ordenanza 7 de 1977, por medio de la cual se estableció el plan de desarrollo integrado del sector Cali-Yumbo (anotaciones del oficio de fecha 30 de junio de 1998, firmado por el jefe de la unidad de ingeniería de valorización departamental, ingeniero Jaime Cifuentes Ramírez, copia aportada en el dictamen presentado, acompañado de los planos de valorización departamental con trazado y diseño del colector pluvial que va hasta el río Cauca absorbiendo por completo el predio objeto del dictamen.

“(...).

“El callejón de Almagrán o carrera 32 está proyectado como una vía de doble calzada que une la zona industrial de Yumbo, sector Arroyohondo con la zona industrial de Palmira, sector Dolores, de acuerdo a lo expresado en diferentes reuniones que se tuvieron con el ingeniero Jaime Cifuentes Ramírez, jefe de la unidad de ingeniería de valorización departamental.

“Dicho callejón se unirá con el sector industrial de Palmira mediante un puente sobre el río Cauca. Esta vía tenía una sección original de acuerdo a planos aportados por valorización y consultas hechas a planeación municipal de Yumbo (…) un ancho que medía 35.50 m y que fue ajustado a 20.20 m como se observa en los planos aportados por valorización con fechas diciembre de 1996 y julio de 1997, esto es parte de las obras determinadas en cumplimiento del proyecto de ampliación de la autopista y trazado y pavimentación de la carrera 32 obras ordenadas en el artículo segundo de la ordenanza 035 de diciembre 15 de 1994, citada con su prórroga en la respuesta anterior. El callejón o carrera 32 tiene dos tramos, uno que va de la calle 10 o antigua carretera Cali-yumbo pasando por la línea férrea hasta la actual autopista Cali-Yumbo o calle 15 de la nomenclatura de Yumbo; presenta actualmente una calzada pavimentada y un canal de drenaje de aguas lluvias. Este tramo se va a ampliar con una segunda calzada hacia el costado sur, la recuperación de la calzada actual y la construcción de un colector pluvial por el separador central y de colectores sanitarios laterales.

“El segundo tramo entre la autopista y el río Cauca aprovecha una antigua servidumbre de paso, propiedad en parte de la sociedad demandante, Servicios Mutuos y Representaciones Ltda. que tiene la matrícula inmóvil número 370-0336022 y viene de la matrícula número 370-0125075 y número 3700087293 de la oficina de registro de instrumentos públicos (ver copia de certificados de tradición aportados por nosotros al dictamen). La longitud de este tramo es de 1.300 m aproximadamente con un ancho de 20.20 m. La sociedad demandante abarca aproximadamente los primeros 400 metros de los 1.300 m con ancho de 22.00 m que presenta el trazado del callejón de Almagrán o carrera 32 de la nomenclatura del municipio de Yumbo.

“El trazado de la vía y diseño de los colectores absorben por completo el lote objeto de la demanda y lo ratifican las obras citadas en el informe como parte integral del diseño de valorización departamental, ejecutados entre marzo de 1995 y junio de 1996, ejecutados en cumplimiento a la ordenanza previamente citada. Es este proyecto el que limita la utilización, usufructo, comercialización y goce del predio con matrícula inmobiliaria 370-0336022 como lo menciona nuestro dictamen presentado” (se subraya) (fls. 56 a 69, cdno. 3).

El anterior dictamen pericial no solo ratifica la propiedad de la sociedad demandante sobre el predio objeto de debate, ubicado en la margen derecha de la autopista que conduce de Cali a Yumbo, departamento del Valle del Cauca, en el sector conocido como “Callejón Almagrán”, identificado con la matrícula inmobiliaria 370-0336022, sino que, además, demuestra que el citado inmueble fue ocupado permanentemente como consecuencia de la ejecución de las obras públicas a cargo del establecimiento público de valorización departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento del plan de desarrollo integrado del sector Cali-Yumbo, contemplado en la Ordenanza 007 de 1977, modificada por la 013 de 1984 y 035 de 1994.

La Sala acogerá plenamente el anterior dictamen pericial, en la medida en que el mismo cumple fielmente las exigencias dispuestas por el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil(5), pues se encuentra debidamente fundamentado y razonado; los peritos, arquitectos de profesión, son idóneos, dada su especialidad en la materia, y las conclusiones del dictamen son claras, precisas, lógicas y convincentes; además, no obra prueba alguna en el plenario que indique o advierta una conclusión distinta a la establecida por los peritos, aunado al hecho de que el dictamen no fue objetado por las partes.

Lo visto deja sin fundamento alguno lo manifestado en sus respectivos testimonios por Jorge Eliécer Ruiz Correa y Judith Rendón García (fls. 95 a 101, cdno. 1), quienes para la época de los hechos laboraban en el establecimiento público de valorización departamental del Valle del Cauca, en cuanto aseguraron que el bien ocupado no tenía dueño, ya que se trata de una vía pública que existe mucho antes de que se ejecutara la obra, lo cual se demostró que no era cierto, pues, como se anotó, el predio mencionado, antes de la ejecución del plan de desarrollo integrado del Sector Cali-Yumbo, era de propiedad de la sociedad de Servicios Mutuos y Representaciones Ltda.

Adicionalmente, se evidencian serias contradicciones en sus declaraciones, que le restan credibilidad a su dicho, si se tiene en cuenta que el señor Ruiz Correa aseguró conocer muy bien a los miembros de la sociedad de Servicios Mutuos y Representaciones Ltda., quienes, según dijo, no formularon reclamación alguna durante ni después de la ejecución de la obra; por el contrario, la señora Rendón García manifestó que después de la ejecución de la obra pública hizo presencia el representante legal de la entidad demandante “reclamando el hecho de no habérsele comprado dicha zona” (fl. 100, cdno. 1).

En asuntos como éste, en los que el origen o la causa del daño deviene como consecuencia de la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos, la jurisprudencia de esta Corporación ha sentado el criterio según el cual el régimen de responsabilidad aplicable es objetivo, lo que conlleva la declaratoria de responsabilidad cuando se acredite en el proceso que una parte o la totalidad de un inmueble fue ocupada permanentemente por la administración o por particulares que actúan autorizados por ella, pues tal situación denota un rompimiento en el equilibrio de las cargas públicas que no tienen por qué asumir los afectados.

Al respecto, la Sala, mediante providencia de 4 de diciembre de 2006, expediente 15.351, hizo las siguientes reflexiones, en torno a la responsabilidad surgida como consecuencia de la ocupación temporal o permanente de un bien inmueble con ocasión de trabajos públicos y a la necesidad de la administración de concurrir al restablecimiento de los perjuicios que actuaciones de esa naturaleza causan a los coasociados, en el marco de un Estado social de derecho:

“La imposición de la obligación resarcitoria a cargo del Estado en este tipo de casos se justifica por la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas en que la ocupación se traduce, pues no existe para el particular afectado el deber jurídico de soportar, sin compensación alguna, el detrimento que a su patrimonio material o inmaterial se ocasiona a causa de la realización de unas obras o trabajos públicos que bien pueden reportar beneficio para la colectividad entera, pero lesionan desproporcionadamente los derechos de un coasociado. La concreción y prevalencia del interés general

—artículo 1º de la Constitución Política—, si bien respalda y orienta teleológicamente la actividad administrativa, no justifica el desproporcionado sacrificio de la esfera de derechos e intereses del individuo, cuya salvaguarda también constituye fin esencial del Estado a tenor de lo normado por el artículo 2º de la Carta. De ahí que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de los artículos 219 —inciso 2°— y 220 del Código Contencioso Administrativo, razonara de la siguiente manera en relación con la responsabilidad del Estado frente a eventos como el que, en el sub júdice, ocupa la atención de la Sala:

“Las autoridades públicas tienen el deber constitucional de respetar el derecho de propiedad privada sobre toda clase de bienes y, por consiguiente, cuando requieran bienes inmuebles para cumplir los fines del Estado consagrados en el artículo 2º de la Constitución deben obrar con sujeción al principio de legalidad y garantizando el derecho al debido proceso contemplado en el artículo 29 ibídem, o sea, deben adquirir el derecho de propiedad sobre ellos en virtud de enajenación voluntaria o de expropiación si aquella no es posible, en las condiciones contempladas en la ley, y no pueden obtenerlos mediante su ocupación por la vía de los hechos.

“No obstante, cuando el Estado ha ocupado de hecho los inmuebles, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución debe responder patrimonialmente e indemnizar en forma plena y completa al titular del derecho de propiedad privada, por el daño antijurídico causado, es decir, por el daño que no tenía el deber de soportar.

“Por tanto, en cuanto el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998, y el artículo 136 del mismo código, modificado por el artículo 44 de dicha ley, contemplan la vía para obtener la reparación de los perjuicios causados con la ocupación permanente de los inmuebles, tales disposiciones no son contrarias al artículo 58 de la Constitución, ya que protegen el derecho de propiedad privada, en vez de vulnerarlo, al asegurar a su titular el reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente.

“Debe observarse que dichas normas no autorizan al Estado para que ocupe de hecho los inmuebles, pretermitiendo los procedimientos legales para la adquisición del derecho de propiedad privada, sino que buscan remediar por el cauce jurídico la situación irregular generada con dicho proceder de las autoridades públicas.

“Así mismo, si en tales circunstancias la entidad pública es condenada a pagar la indemnización, es razonable que se ajuste a derecho, así sea a posteriori, la adquisición del vulnerado derecho de propiedad privada por parte de aquella, pues como efecto del pago ulterior y cierto de la condena por parte del Estado no existe jurídicamente ninguna justificación para que el titular de dicho derecho continúe siéndolo. Si así fuera, se configuraría un enriquecimiento sin causa de este último a costa del Estado, pues aunque en virtud de la ocupación aquella adquirió la posesión del inmueble, la misma no tendría el poder jurídico de disposición del bien, a pesar de haberle sido impuesta la obligación de reparar todo el derecho”(6).

Hechas las anteriores reflexiones y con fundamento en los criterios trazados por la jurisprudencia de esta Corporación y el material probatorio valorado en el plenario, la Sala revocará la sentencia de 26 de junio de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por estimar que se encuentra acreditado el daño sufrido por la sociedad demandante como consecuencia de la ocupación permanente de un predio suyo por causa de trabajos públicos a cargo del establecimiento público de valorización departamental del Valle, el cual debe indemnizar los perjuicios que ello le produjo a la actora.

II. Indemnización de perjuicios

La sociedad demandante solicitó la suma de $542.340.000, por concepto daño emergente y la suma de $300.000.000, por lucro cesante.

Según el dictamen pericial practicado en el proceso al que se hizo referencia anteriormente (se transcribe tal cual obra en el expediente), se tiene que:

“El hecho de contemplar el predio como vía pública dentro del proyecto del Callejón Almagrán y de negar cualquier otra alternativa de uso por parte del poseedor le resta al predio todo valor comercial, haciendo nulas las posibilidades de renta o transformación en construcción (…) Son estas razones sumadas a las obras previamente ejecutadas y que hacen parte del proyecto Callejón Almagrán comprendido dentro del plan de desarrollo que fijan las ordenanzas las que inciden en su conjunto sobre el predio en cuestión.

“(…) Para calcular el daño emergente se consideraron las obras de infraestructura realizadas por valorización departamental, que son parte integral del plan de desarrollo integrado del sector Cali-Yumbo y que junto al futuro desarrollo del plan prevé la continuidad de la carrera 32, hoy Callejón Almagrán hasta el río Cauca inutilizando el predio para efectos de comercialización, explotación o usufructo, ya que dicha proyección vial le niega su valor comercial.

“Por lo anteriormente expuesto se equipara el daño emergente al valor comercial del predio.

“Para valorar el predio se tiene en cuenta su geometría la cual presenta frente pequeño comparado con los lotes adyacentes y profundidad considerablemente mayor.

“Se toma .95 como factor de fondo por la distancia de alejamiento desde la vía hasta su punto más oriental. Considerando estos dos factores .90 x .95 se determina 0.855 como factor de depreciación del valor comercial.

“Tomando en cuenta que a este lote se accede directamente a través de la autopista Cali-Yumbo, vía principal regional, que está en área de uso industrial con ubicación de grandes industrias a nivel regional y nacional y que cuenta con una infraestructura de servicios, su valor comercial por m2 de acuerdo a la oferta de los meses de mayo y junio del año en curso corresponde a $39.000 m2.

“Por tanto para un área de 8.716,30 m2 a un precio de $39.000 m2 y aplicando el factor de 0.855 tenemos un valor comercial para el terreno de $290.645.023. Doscientos noventa millones seiscientos cuarenta y cinco mil veintitrés pesos m/cte.

“La proyección de valorización departamental de tiempo atrás de considerar una vía de doble calzada que une la calle 10 con el río Cauca por medio del Callejón Almagrán (carrera 32), absorbe por completo el terreno objeto del dictamen en todo su ancho y extensión, por tanto se equipara el valor comercial con el daño emergente correspondiendo así el daño emergente al valor de doscientos noventa millones seiscientos cuarenta y cinco mil veintitrés m/cte. $290.645.023 m/cte.

“Lucro cesante: teniendo en cuenta el objeto social de la empresa Servicios Mutuos y Representaciones Ltda., expuesto en el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio de Cali (ver anexo) y las actividades comerciales para las que dicho objeto social la faculta, se calcula la cantidad de dinero que la sociedad ha dejado de percibir en ganancia por el efecto de no poder explotar comercialmente el valor del predio.

“Estimando este valor a partir de febrero 3 de 1997, fecha de aceptación de la demanda y hasta la fecha actual, agosto 3 de 1998 tenemos 18 meses.

“El valor del capital hoy es de $290.645.023. Los índices de inflación que presenta el DANE para los meses de los años 1997 y 1998 se expresan en el siguiente cuadro:

(…).

“Considerando estos incrementos tenemos un indicador de marzo de 1997 a julio de 1998 de 1,326398004.

“El valor del capital a febrero 3 de 1997 es:

“$290.645.023/1,326398004 = 219.123.538

“De acuerdo a la información de la Superintendencia Bancaria la tasa de interés determinada al 1º de julio de 1998 para créditos ordinarios corresponde a 47,98% (ver tabla anexa).

“La pérdida de ganancia dejada de percibir es de:

“$29.123.538 x 0.4798 x 18/12 = $157.703.210

“Ciento cincuenta y siete millones setecientos tres mil doscientos diez pesos m/cte. Este valor corresponde al lucro cesante dejado de percibir durante los 18 meses anotados. Entonces el valor de los perjuicios es:

“Daño emergente $290.645.023
“Lucro cesante$157.703.210
“Valor total del perjuicio$448.348.233

“El valor total del perjuicio es de cuatrocientos cuarenta y ocho millones trescientos cuarenta y ocho mil doscientos treinta y tres p/cte (fls. 18 a 49, cdno. 3).

2.1. Daño emergente

Puesto que se evidenció, en este caso, que el predio de la sociedad demandante fue ocupado permanentemente con ocasión de las obras públicas a cargo de la demandada, en cumplimiento del plan de desarrollo integrado del sector Cali-Yumbo, lo que dejó inutilizado el inmueble, la demandada deberá indemnizar a la actora el valor comercial del predio afectado, esto es, la suma $290.645.023, según el dictamen pericial practicado en el proceso, aspecto éste que no fue cuestionado por la entidad demandada, aclarando que dicha indemnización comporta la obligación en cabeza de la sociedad actora de transferir a la entidad demandada la propiedad del inmueble(7).

Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($290.645.023) multiplicada por la cifra que arroja dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta la sentencia por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el cual los peritos presentaron el dictamen pericial, esto es, 27 de agosto 1998:

 

s21888 imagen.JPG
 

 

2.2 Lucro cesante

En el evento de la ocupación de inmuebles por trabajos públicos, si se solicita el pago del daño emergente al momento de producirse la ocupación, debidamente indexado, la indemnización es compensatoria y comporta legalmente la transferencia de la propiedad ocupada a la entidad condenada, luego el único lucro cesante susceptible de reconocerse será la rentabilidad del dinero. No es posible, entonces, solicitar al mismo tiempo, además de la compensación indemnizatoria (daño emergente) y su rentabilidad (lucro cesante), el pago de lo que el terreno hubiere dejado de producir(8).

Así, y dado que el actor solicitó, en este caso, el pago de lucro cesante, a título de indemnización de perjuicios materiales, hay lugar a que se le reconozca, por dicho concepto, el pago del interés técnico que dejó de producir el valor histórico del terreno ocupado. El lucro cesante generado desde mayo de 1995, época en la que la demandada habría ocupado el terreno de propiedad de la actora, según se infiere del dictamen pericial practicado en el proceso, hasta la fecha de esta sentencia, a una tasa del 6% anual, asciende a la suma de:

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Donde:

i = interés técnico

Valor histórico = $290.645.023

Número de meses = 201,63 (de mayo/1995 a febrero/ 2012)

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i = 293.013.779

Sumados el valor del daño emergente más el lucro cesante, se obtiene la suma de $916.067.401

2.3 Condena en costas

Toda vez que, para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 26 de junio de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. En su lugar, se dispone:

a) DECLÁRASE responsable al establecimiento público de valorización departamental del Valle del Cauca por los daños causados a la sociedad demandante como consecuencia de la ocupación permanente de un predio de su propiedad, debido a la construcción de una obra pública, realizada en cumplimiento del plan de desarrollo integrado del sector Cali-Yumbo.

b) CONDÉNASE al establecimiento público de valorización departamental del Valle del Cauca a pagar, por concepto de perjuicios materiales, la suma de novecientos dieciséis millones sesenta y siete mil cuatrocientos un pesos ($916.067.401) m/cte.

c) NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

d) ABSTIÉNESE de condenar en costas.

2. Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

3. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese».

(1) La demanda fue instaurada el 3 de diciembre de 1996.

(2) Decreto 597 de 1988.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 25 de agosto del 2005, expediente 26.721.

(4) Sección tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, expediente 16.980

(5) ART. 241.—Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

(…).

(6) Cita original de la sentencia citada: Corte Constitucional, sentencia C-864 del 7 de septiembre de 2004; magistrado ponente Jaime Araújo Rentería.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 3 de abril de 1997, expediente 9718.

(8) Ibídem.