Sentencia 21901 de julio 13 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta número 55

Magistrado Ponente

Dr. Mauro Solarte Portilla

Bogotá, D.C., trece de julio de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Interés de la parte civil

Como quiera que la procuradora delegada advierte que el recurrente no estaba en capacidad de acceder al recuso de casación por la cuantía del agravio, la Corte debe indicar el por qué le asiste la razón al Ministerio Público.

En ese orden es necesario resolver, con miras a lo que se habrá de decidir, tres aspectos: (i) cuál es la ley que regula la interposición del recurso de casación en materia penal cuando se discute exclusivamente temas relacionados con la indemnización de perjuicios, (ii) cuál es la ley aplicable teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia de los hechos y la sucesión de leyes civiles, y (iii) si de acuerdo a la opción que se prefiera, el procesado estaba habilitado para recurrir la decisión atendiendo la cuantía del agravio.

Es preciso recordar, como lo ha dicho la Corte en reciente pronunciamiento, que en materia penal la ley que rige la interposición y trámite del recurso de casación es la vigente para el momento cuando se suscitan los hechos que se juzgan, salvo que una norma favorable disponga una situación mejor (1) .

De acuerdo con esa hermenéutica, si los hechos ocurrieron bajo la vigencia del Decreto 2700 de 1991 —como ocurre ahora—, la ley que rige el recurso es aquella, siempre y cuando, se reitera, se trate de materias penales, y las condiciones de acceso al recurso sean más favorables que las nuevas disposiciones que actualmente gobiernan la impugnación extraordinaria.

Ese es el esquema que se sigue cuando se trata de problemas penales. Mas cuando se discute únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios, tanto el artículo 221 del Decreto 2700 de 1991, como el 208 de la Ley 600 de 2000, disponen que en ese caso la demanda deberá fundamentarse en “las causales y la cuantía establecidas en las normas que regulan la casación civil, sin consideración a la pena señalada para el delito o delitos” (2) .

De modo que, como el recurso de casación, cuando se trata exclusivamente de asuntos civiles, no se halla expresamente regulado en el procedimiento penal, con base en los principios de remisión e integración se debe acudir a las normas del Código de Procedimiento Civil que sistematizan la materia. De acuerdo con ello, véase que el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º de la Ley 592 de 2000, dispone lo siguiente:

“El recurso de casación procede contra las siguientes sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores, cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de 425 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así:

PAR. 1º—Estas reglas se aplicarán a aquellos recursos interpuestos a partir de la vigencia de la presente ley”.

La Sala de Casación Civil al interpretar esa disposición ha señalado al respecto lo siguiente:

“Esta corporación, en aplicación del artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, tiene definido que la cuantía del interés para recurrir en casación depende del valor económico del agravio inferido por la sentencia al recurrente, precisando que ese interés solo debe apreciarse para la fecha en que se profirió la sentencia de segunda instancia, pues ese día es cuando se produce el mentado agravio o lesión patrimonial, sin que por lo tanto pueda válidamente inferirse su valor para antes o después de la fecha de la decisión” (3) .

Y la Sala Penal ha dicho frente a ese tema lo que sigue:

“De acuerdo con el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, la cuantía del interés jurídico para recurrir en casación, cuando se demanda por perjuicios, está determinada por el monto económico actual del agravio causado al recurrente. Esto significa que la apreciación de la actualidad del interés para impugnar a nivel de este recurso extraordinario, no está dada por el valor de la lesión patrimonial que se fije antes o después de la sentencia, sino en el momento mismo en que se profirió la decisión”.

Como se comprende, la tesis del hecho procesal relevante, que incluso la Sala defendió hasta fechas recientes en materia penal, no tiene fisuras en materia civil, pues ello obedece a que es en la decisión de segunda instancia en donde se configura y se justiprecia el agravio, y a que en la legislación civil, tratándose de tránsito de legislaciones, las limitaciones para acceder al recurso están cifradas en el respeto por los derechos adquiridos, es decir, frente a “situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud pertenecen al patrimonio de una persona” (4) . En lo demás, el legislador tiene libertad de configuración. En conclusión: si en materia penal la libertad de configuración está limitada por los principios de legalidad y favorabilidad, en civil lo es por la teoría de los derechos adquiridos.

Sirve lo anterior para decir que aun cuando los hechos penalmente relevantes se ejecutaron antes de haberse expedido la Ley 592 de 2000, que elevó a 425 salarios la cuantía mínima para recurrir en casación en materia civil, derogando la manera como se estimaba la cuantía en el Decreto 2289 de 1989 (5) no se puede acudir a este último sistema, en teoría más favorable, para estimar la cuantía que permite acceder al recurso, sino al vigente para cuando se profirió la sentencia de segunda instancia que es en la cual se causa el agravio que se denuncia.

Lo anteriormente dicho demuestra la autonomía de esos institutos, como ha sido reconocido de vieja data por la Sala, pese a que los asuntos civiles de los cuales se ocupa el proceso penal se definen a la par con la responsabilidad del sindicado. No por otra razón, por ejemplo, se ha considerado que tratándose de asuntos relacionados con la indemnización de perjuicios, la casación discrecional es improcedente, lo cual demuestra la independencia de las acciones civil y penal, los conflictos que de ellas surgen y la forma de decidirlos y recurrirlos (6) .

Vistas así las cosas la conclusión se ofrece clara: el demandante carece de interés y por tanto de legitimidad para acceder al recurso. En efecto, el sindicado fue condenado a cancelar la suma de 2.000 gramos oro, que corresponden, para la fecha en la cual se dictó la sentencia de primera instancia, con la cual estuvo conforme, a 62.632.180 pesos. Teniendo en cuenta lo anterior y si por virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte civil, ese valor lo estimó el tribunal en 526.4 salarios mínimos legales, equivalentes a 174.764.800 pesos (7) , ello quiere decir que el agravio inferido es de 112.132.620 pesos, o lo que es igual, a 337.76 salarios mínimos. Por lo tanto, como la cuantía mínima para recurrir es de 425 salarios mínimos legales, el recurrente carece de interés para acudir en sede de casación (8) .

A tono con esa conclusión y teniendo en cuenta que es el momento cuando se interpone el recurso y se decide sobre su concesión que se debe analizar esa exigencia que constituye un presupuesto procesal para decidir de fondo, podría pensarse que la única salida formalmente posible, ya que se le dio trámite al recurso, es la de decretar la nulidad del proceso a partir del auto admisorio del recurso de casación.

Mas ocurre que, cuando el vicio no es detectado, lo que procede no es la declaratoria de nulidad, pues que ese es un remedio extremo, sino la desestimación de la demanda, que es la manera como debe corregirse el acto irregular (CPP, art. 310 numeral 5º ) (9) , tal y como la Sala lo hará.

Decisión

Por lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Desestimar la demanda de casación presentada por el defensor de Miguel Ángel Salgado Burgos.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Corte Suprema de Justicia, auto del 16 de febrero de 2005, radicado 23006, M.P. Alfredo Gómez Quintero. Se asume que en materia penal no es la ley vigente cuando se profiere la sentencia de segunda instancia (hecho procesal relevante), sino la vigente al momento de los hechos, la que rige la interposición y trámite del recurso.

(2) Esta disposición reproduce básicamente lo que al respecto disponían el original artículo 221 del Decreto 2700 de 1991, que luego fue modificado por la Ley 553 de 2000.

(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, autos del 23 de noviembre de 1990 y de septiembre de 1993, y 8 de marzo de 1999.

(4) Corte Constitucional. Sentencia C-147 de 1997.

(5) Según el Decreto 2282 de 1989, la cuantía para recurrir era de 10 millones de pesos, que según el Decreto 522 de 1988, debía incrementarse en 40%, cada dos años, a partir del 1º de enero de 1990.

(6) Cfr., auto del 22 de septiembre de 2004, radicación 22277, M.P. Mauro Solarte Portilla.

(7) El valor del salario mínimo para el año 2003, fecha en la cual se dictó la sentencia de segunda instancia, correspondía a $ 331.982.010 (sic) pesos.

(8) Cfr., Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Auto del 15 de mayo de 1991, en el cual se indicó: “viene de lo dicho que, si la sentencia de segundo grado revocó la determinación del a quo el agravio que de dicho pronunciamiento deriva la recurrente está constituido por aquello que, reconocido en la sentencia del a quo, con la aquiescencia de la interesada, se le desconoció en la del ad quem...”.

(9) Cfr., por todas, casación 13518, enero 30 de 2003, M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll.

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