Sentencia 2194 de febrero 28 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA

EMBARGO Y SECUESTRO DE AUTOMOTORES

EN PROCESOS ORDINARIOS DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Sanín Greiffenstein

Ref.: Expediente 2194

Sentencia Nº 22. Acción de inexequibilidad contra el numeral 346-6 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989.

Bogotá, D.E., veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y uno.

I.Introducción

Los ciudadanos Germán Sarmiento Apolinar y José Elio Fonseca Melo, piden a la Corte que declare inexequible el ordinal 6 del numeral 346 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 que modificó el artículo 690-6 del Código de Procedimiento Civil, en demanda que se rituó debidamente y debe ahora resolverse.

II. La norma acusada

La transcripción de la norma acusada es como sigue:

“346. El artículo 690. quedará así:

Medidas cautelares en procesos ordinarios. En el proceso ordinario se aplicarán las reglas que a continuación se indican:

6. En el auto admisorio de la demanda que verse sobre indemnización de perjuicios causados en cosas muebles o inmuebles por accidente de tránsito, si el demandante presta caución que garantice el pago de los perjuicios que con la medida puedan causarse, el juez dispondrá el embargo y secuestro del vehículo con el cual se causó el daño. Tal medida se regirá por las normas del presente artículo, y se levantará si el demandado presta caución suficiente, o cuando se ejecutoríe la sentencia absolutoria, o si el demandante no promueve la ejecución en el término señalado en el artículo 335, o si se extingue la obligación” .

III. Fundamentos de la acusación

Dicen los demandantes que el legislador extraordinario excedió los límites que le trazó la ley habilitante, la cual en lo pertinente transcriben, lo que acarrearía violación de los artículos 76-12 y 118-8 constitucionales.

Al efecto entienden que la disposición subrogada solamente comprendía la inscripción de la demanda como medida cautelar por lo que la nueva medida consagratoria del secuestro y embargo del automotor que causó los daños complica el trámite, lejos de simplificarlo como quiso la ley, y hace más gravosa la situación del demandado.

También alegan que no es propio de un juicio de conocimiento, en el que se debaten y van a definirse pretensiones inciertas, la práctica de medidas cautelares de esta naturaleza que por su índole caben solamente en juicios como los ejecutivos que parten del supuesto de una obligación cierta y exigible.

Dicen así:

''''La norma demandada hizo más pesadas las medidas cautelares en este tipo de procesos, y en cambio no simplificó con esta específica reforma el procedimiento que a ellos corresponde según la normatividad. En estrictez, al entronizar el embargo y secuestro de los vehículos vinculados al accidente de tránsito en el proceso pertinente, en nada simplifica o facilita los trámites correspondientes, a menos que se trate de presionar un arreglo rápido y extrajudicial. Empero, en este evento nos hallaríamos en frente a una presión de la ley que vulnera consecuencialmente los derechos que la Carta Magna consagra a los ciudadanos y por esta vía se violarían los textos constitucionales contenidos en los artículos 16, 20, 30 y 32”.

IV. El Ministerio Público

El señor Procurador General de la Nación consideró que la norma es exequible y después de dar una acertada y documentada explicación de la razón que la inspira y hacía necesario su cambio, afirma:

''''Pero aparte de la conveniencia o inconveniencia que pudo encontrar el legislador extraordinario en su tarea de agilizar este trámite, conviene destacar de los alcances del literal e) transcritos parcialmente, lo concerniente a que la habilitación también comprendía la regulación de la materia antes delimitada, con el fin de obtener una justicia que al lado de ser recta y acertada fuera eficaz, expedita y pronta, lo cual resulta de hacer un análisis de lo existente en relación “con el conjunto de la respectiva institución procesal regulada y no de apenas segmentos de una disposición injustificadamente separados”“.

Estima también el Despacho Fiscal que no puede perderse de vista que la disposición es equitativa porque exige al actor garantizar los perjuicios que cause y autoriza al opositor para evitar la medida cautelar mediante las debidas seguridades.

V. Consideraciones de la Corte

La Corte es competente conforme a lo reglado por el artículo 214 constitucional, pues se trata de un decreto ley que ha sido objeto de acción ciudadana de inexequibilidad.

El precepto acusado permite que el automotor que ha ocasionado daños a cosas muebles o inmuebles sea secuestrado y embargado por orden judicial que se emitirá al admitirse la demanda con la cual se persigue el pronunciamiento de responsabilidad correspondiente.

En este tipo de procedimientos, la norma original del Código de Procedimiento Civil (art. 690-6) solamente autorizaba la inscripción de la demanda, que se conserva para otros juicios (art. 690-1 ) que implican, directa o subsidiariamente, un debate sobre el dominio u otro derecho real principal sobre bien mueble o inmueble o una universalidad de bienes, de hecho o de derecho, y que se extendió a “los procesos ordinarios donde se solicita el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual, si el demandante hubiere obtenido sentencia favorable de primera instancia y ésta fuere apelada o consultada” (690-8).

Al paso que la inscripción de la demanda surte el efecto de vincular a los adquirientes de derechos principales o accesorios sobre el bien trabado a los efectos de la sentencia que en el ínterin se dicte, de manera que la fuerza de la cosa juzgada los cobija —pero sin sacar el bien del comercio— el secuestro y embargo que se practiquen sí cumplen tal fin y, por tanto, la enajenación posterior queda afectada de nulidad absoluta por objeto ilícito (arts. 1521-3 y 1741, C.C.).

Ahora bien; ¿por qué la disposición acusada abandonó el primer sistema y se acogió al segundo que implica el apoderamiento físico del vehículo?

El Decreto 1255 de 1970 contempló para estos bienes el mismo sistema de traspaso de la propiedad y constitución de limitaciones y gravámenes que regía para los inmuebles, pues mandó que los actos jurídicos respectivos constaran en escritura pública y, para efectos de la tradición fuesen inscritos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Esta normatividad nunca rigió, ya que fue suspendida por el Decreto 2059 del mismo año y luego derogada por el Decreto 2157 de tal anualidad, que creó el Inventario Nacional Automotor a cargo del Instituto Nacional del Transporte y exigió el registro de todo acto o contrato relativo a la propiedad de estos bienes en la oficina de tránsito departamental o distrital “para que surta efectos ante las autoridades de tránsito”. Esta preceptiva tampoco tuvo aplicación y por virtud del Decreto 1344 de igual año se ordenaron algunos trámites administrativos, como el memorial de traspaso firmado por el vendedor, para efectos de control policivo y fiscal a través de la exigencia de la licencia de tránsito, documento público en el cual consta el nombre del propietario, entre otras cosas.

Después el Código de Comercio Decreto 410 de 1971, que empezó a regir el 1º de enero de 1972, a más del respectivo título y de la entrega material, exigió el registro del acto correspondiente “ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes” (art. 922) para que operase la tradición.

Esta confusa situación legislativa dio lugar a variadas interpretaciones doctrinales y algunos aceptaban que el registro así cumplido conformaba tradición jurídica y era insustituible (Nelson R. Mora G., Procesos de Ejecución, Ed. Temis, 3a Edición, págs. 158 y s.s), mientras que otros no encontraban en estas diligencias la figura de tal tradición y daban al registro otros fines: “es verdad que reglas administrativas con fines primordialmente de control y fiscalización imponen la inscripción de los negocios jurídicos de adquisición sobre vehículos automotores en oficinas determinadas del Estado. Pero dicha inscripción no desempeña ciertamente las funciones de tradición...” (Eduardo García Sarmiento, Medidas Cautelares, 1981 pág. 137).

La jurisprudencia, por otra parte, sostuvo a través de la Sala de Casación Civil de esta corporación que en principio y para ciertos fines los actos registrados, que bien podían llegar al proceso a través de certificación del funcionario competente, tenían un cierto valor probatorio hasta el punto de que la matrícula y el respectivo certificado “ha venido a constituir en la práctica un título de propiedad” que, eso sí, admite prueba en contrario (sent. sept. 23; 76, Alberto Ospina Botero, ponente). Esta jurisprudencia aún se mantiene y viene por lo menos del fallo de septiembre 24 de 1957 en el que se dijo:

“Así las tarjetas que expiden las autoridades encargadas del control de los vehículos, sobre matrícula de éstos y licencias de circulación, han venido a constituir en la práctica un título de propiedad, pues indican que este derecho sobre el vehículo ha sido comprobado ante las respectivas autoridades” (GJ T. LXXXVI, Nº 2186 y 2187).

Posteriormente, en sentencias como las del 10 de noviembre de 1976, 12 de febrero de 1977 y 22 de septiembre de 1981, la Corte afirmó que el registro era constitutivo de la tradición y requisito ineludible, tesis que fue recientemente revaluada mediante auto de abril 30 de 1990 (M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss)(1) en el que se dijo que ''''lo cierto es que esta clase de bienes, en el ámbito civil, no están sujetos a registro” y que “las oficinas de tránsito no cumplen, en materia civil, por lo menos, sino funciones de reglamentación y dirección del tránsito de los automotores”.

Obviamente, ante esta situación y como lo demostró la práctica, las inscripciones de la demanda venían a ser ineficaces y perdían toda su fuerza garantizadora, por donde se ve que esta fue la razón que movió al legislador extraordinario a variar el sistema, como lo explica un autor en cita que trae el parecer fiscal:

“El numeral 6º del artículo 690 que ha dado lugar a tantos problemas con la inscripción de la demanda en el folio de la matrícula de vehículos automotores que ha generado toda una multitud de controversias, empezando porque no se sabe si realmente respecto de esos vehículos opera el artículo 922 del Código de Comercio en el sentido de que la tradición está sometida a una serie de formalidades o se rigen por la entrega con el ánimo de transferir como sucede con todos los bienes muebles; con la opinión mayoritaria inclinada por este segundo aspecto, ese registro de la demanda en el folio de vehículos automotores no ha tenido ninguna consecuencia práctica, entonces se cambió y creo yo con muy buen criterio porque aquí ya no se va a discutir nada acerca del registro nacional automotor y demás cuestiones referentes a ese tema, sencillamente se dice que cuando un automotor, ocasione un accidente de tránsito donde no haya lesionados, se podrá embargar y secuestrar el mismo; para garantizar el pago de los perjuicios; ya con eso queda eliminada cualquier duda, mucho más efectiva la medida como garantía además”. (Hernán Fabio López, Código de Procedimiento Civil actualizado y concordado, pág. 575 Universidad Externado de Colombia).

Si una diligencia de tanta importancia como ésta no podía cumplirse con toda su virtualidad y efectos como se pretendía con la inscripción de la demanda y resultaba así un trámite fallido e ineficaz, no puede en buena lógica decirse que su reemplazo mediante subrogación por un trámite pronto y efectivo pueda estar por fuera de la ley habilitante que quiso ante todo lograr “que se obtenga una administración de justicia que al lado de ser recta y acertada, sea eficaz, expedita y pronta” (sent. de febrero 1º, 1990). Lejos de haber entorpecimiento, complicación, dilatación o inutilidad del nuevo trámite, son notorias su conducencia, su necesidad y su claridad, además de su simpleza, como que se trata de una diligencia ampliamente conocida y regulada por el Código de Procedimiento Civil.

Es de añadir, como lo hace el señor Procurador, que el actor deberá caucionar el pago de los perjuicios que la medida pueda causar y que el demandado pueda impedirla mediante la seguridad suficiente, de manera que hay un debido equilibrio de los derechos y protección de ambos patrimonios.

No rebasó el decreto las facultades que le acordó el literal e) del artículo 1º de la Ley 30 de 1987 y por este aspecto es exequible.

VI. Decisión

Por lo dicho, la Corte Suprema de Justicia. Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, oído el parecer fiscal y de acuerdo con él.

RESUELVE:

Es EXEQUIBLE el numeral 6 del apartado 346 del artículo 1º del Decreto Ley 2282 de 1989 que modificó el artículo 690-6 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto no hubo exceso en el ejercicio de las facultades concedidas por la Ley 30 de 1987.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Pablo J. Cáceres Corrales, Presidente —Rafael Baquero Herrera —Jorge Carreno Luengas —Ricardo Calvete Rangel —Manuel Enrique Daza Alvarez —Guillermo Duque Ruiz —Pedro Augusto Escobar Trujillo —Eduardo García Sarmiento —Gustavo Gómez Velásquez —Carlos Esteban Jaramillo Scholss —Ernesto Jiménez Díaz —Pedro Lafont Pianetta —Héctor Marín Naranjo —Rafael Méndez Arango —Fabio Morón Díaz —Alberto Ospina Botero —Dídimo Páez Velandia —Jorge Iván Palacio Palacio —Simón Rodríguez Rodríquez —Rafael Romero Sierra —Edgar Saavedra Rojas —Jaime Sanín Greiffenstein —Hugo Suescún Pujols —Juan Manuel Torres Fresneda —Jorge Enrique Valencia Martínez —Ramón Zúñiga Valverde.

Blanca Trujillo de Sanjuan, secretaria general.

(1) Publicado en J. y D., Tomo XIX, pág. 652. (N del D.).

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