Sentencia 21952 de octubre 13 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 21952

Acta Nº 84

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., trece de octubre de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «VII. Se considera

Se comienza por advertir que este cargo encaminado por la vía directa presenta únicamente la deficiencia técnica relativa al concepto de violación de la ley que se denuncia, al mencionar en la proposición jurídica una modalidad de violación que no está consagrada en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, esto es, la “falta de aplicación”.

Sin embargo, la aludida falencia no impide la estimación del cargo dado que la Corte asemeja la expresión utilizada “falta de aplicación”, cuando el ataque lo es por el sendero directo, a una modalidad de la “infracción directa”, a la cual se llega cuando el sentenciador por ignorancia de la norma o por rebeldía contra ella, no la aplica al asunto sometido a su consideración.

Ahora bien, el impugnante estima que el tribunal en clara rebeldía no aplicó el artículo 1º y siguientes de la Ley 33 de 1985 y por esto acusó su infracción directa.

Sobre este puntual aspecto, observa la Sala que el sentenciador de segundo grado concluyó que el derecho pensional del demandante se debe reconocer conforme a lo regulado por el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, cuando este llegue a la edad de los 60 años, mas no en los términos de la Ley 33 de 1985; pues que en su sentir esta normatividad no gobierna la situación puesta en consideración de esta jurisdicción y si lo hiciera no lo cobija. Para el efecto expuso “... Pero, si en gracia de discusión se aceptara que el régimen prestacional del demandante podrá regularse por las normas de los trabajadores oficiales como lo pretende su vocero judicial, tampoco lo cobijaría lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, en cuanto que los aportes para esta contingencia no estuvieron dirigidos a una caja de previsión social, sino que estuvo cotizando por cuenta de Bancafé al Instituto de los Seguros Sociales, que como es lógico entenderlo se trata de dos entidades completamente diferentes. En tal caso, debe ser esta última institución de seguridad social la llamada a reconocerle su pensión cuando cumpla los 60 años de edad...”.

Y la verdad es que le asiste razón al juez de segunda instancia al deducir que el Instituto de Seguros Sociales por no ser una caja de previsión social no le corresponde en principio el pago de las pensiones de jubilación de los trabajadores oficiales en los términos de las disposiciones a estos aplicables, valga decir, a una edad diferente a la prevista en sus propios reglamentos; habida cuenta que los trabajadores amparados por la Ley 33 de 1985 afiliados al ISS y no a una caja o entidad de previsión, la pensión legal de jubilación consagrada en el artículo 1º de esta ley, debe ser reconocida y pagada en un comienzo por la última entidad empleadora hasta cuando dicho instituto conceda la de vejez al llegar el asegurado a la edad de los 60 años, momento a partir del cual quedará a cargo de aquella el mayor valor si lo hubiere entre las dos pensiones.

Se apunta lo anterior, por cuanto esta Sala en otras ocasiones ha tenido la oportunidad de pronunciarse en torno al tema, como por ejemplo en la sentencia citada por el ad quem, fijando el criterio en que si bien el Instituto de Seguros Sociales no se creó como una caja de previsión social destinada a cubrir pensiones de jubilación de empleados oficiales, es posible que asuma su pago cuando se trata de quienes están amparados por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que habiéndose efectuado la afiliación y los aportes al ISS, tanto por el trabajador como la entidad oficial, pero siempre que se hayan reunido los requisitos de edad y cotizaciones establecidos en sus reglamentos. Lo acotado quedó consolidado en sentencia reciente del 3 de marzo de 2004 radicado 21026, en la cual se puntualizó:

“(...) Al asumir el Instituto de Seguros Sociales la cobertura del riesgo de vejez, en 1967, los empleados oficiales se encontraban regulados por disposiciones propias, que no fueron subrogadas por los acuerdos de dicho instituto y respecto de las cuales se continuó expidiendo normatividad expresa con independencia del régimen del ISS. No obstante lo anterior el Instituto de Seguros Sociales fue autorizado por la Ley 90 de 1946 y el Decreto 433 de 1971, así como por los acuerdos 44 de 1989 y 49 de 1990, para afiliar a empleados oficiales, pero ello se cumplió, conforme a sus propios reglamentos, esto es, que para efectos de la pensión de vejez a su cargo, tales servidores del Estado debían reunir los requisitos de edad y semanas cotizadas para que se configurara a su favor tal derecho, además sin que fuera viable la acumulación del tiempo de servicios con entidades que tuviesen a cargo directo las pensiones de sus servidores o de las cajas de previsión a las que se encontraren afiliados. O sea, que el Instituto de Seguros Sociales no fue creado como una caja de previsión destinada a cubrir las pensiones de jubilación de los empleados oficiales.

Siendo esto así, no incurrió el juzgador de segundo grado en la interpretación errónea del artículo 13 de la Ley 33 de 1985, al determinar que el Instituto de Seguros Sociales no puede ser considerado como una institución de previsión social, primero porque esta ley solamente regula aspectos atinentes a las pensiones de los empleados oficiales y alude concretamente a las cajas de previsión creadas para asumir el cubrimiento de dicha prestación y específicamente por cuanto el precepto citado define qué se entiende por caja de previsión, sin que haga alusión o referencia alguna al ISS. Ciertamente la norma citada dispone textualmente lo siguiente:

“ART. 13.—Para efectos de esta ley, se entiende por cajas de previsión las entidades del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o del Distrito Especial de Bogotá que, por ley, reglamento o estatutos, tengan, entre otras, la función de pagar pensiones a empleados oficiales de cualesquiera de dichos órdenes”.

Por su parte, la Ley 71 de 1988 tampoco asimiló al Instituto de Seguros Sociales a las cajas de previsión sino que, por el contrario, partió del supuesto que se trataba de una entidad distinta, al crear en el artículo 7º, la denominada doctrinalmente pensión por aportes, que permitió la acumulación de cotizaciones sufragadas en cualquier tiempo a las entidades de previsión de los órdenes nacional y territorial del Estado con los efectuados al Instituto de Seguros Sociales, constituyéndose así en novedad esta disposición que autorizaba sumar los aportes efectuados a las cajas de previsión del Estado con las cotizaciones al ISS, pues hasta su expedición no era factible ello, en tanto anteriormente no era posible acumular el tiempo servido a entidades oficiales afiliadas a instituciones de previsión social con el prestado a empleadores particulares afiliados al Seguro Social.

Al respecto, es oportuno anotar que la norma reseñada determinó que tal pensión se causaría con 20 años de servicios, en las condiciones mencionadas, a los 60 años o más para los varones y 55 años o más para las mujeres; luego estableció un requisito de edad distinto al previsto en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, de 55 años, sin distinguir que fuera varón o mujer, para los empleados oficiales que tuvieren 20 años continuos o discontinuos de servicios.

Se desprende igualmente del artículo 11 de la Ley 71 de 1988 que esta normatividad reconoce que existen entidades de previsión social del sector público y del privado, de naturaleza jurídica distinta, reguladas por ordenamientos legales propios, cuando prevé que tanto ella como las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4ª de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen el mínimo de derechos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán a favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas, que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez. Siendo claro que entre las llamadas entidades de previsión social del sector privado se ubica el Instituto de Seguros que para la época de la expedición de la citada ley era la que tenía a su cargo la pensión de vejez.

En este orden de ideas no resulta válida la afirmación de la acusación según la cual a partir del año de 1989 el legislador ya entendía como una caja de previsión al Instituto de Seguros Sociales, al señalar el artículo 19 del Decreto 1160 de 1989 que “... para efectos de la pensión de jubilación por aportes se tendrá como entidad de previsión a cualquiera de las cajas de previsión, fondo de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial o distrital y al Instituto de Seguros Sociales”, pues se infiere sin dificultad alguna que solo se trató de una ficción para dar cumplimiento a la pensión por aportes, pero sin que ello signifique que fuera asimilada a una caja de previsión social.

En relación con el tema tratado la Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse. Así en sentencia del 29 de julio de 1998, radicada con el número 10803, citada por el tribunal, dijo lo siguiente:

“Para los efectos de la ley en comento y de casos como el ahora examinado por la Sala, saber si el ISS puede o no reputarse “caja o entidad de previsión” debe necesariamente acudirse a las voces del artículo 13 de la Ley 33 de 1985 que precisa qué se entiende por entidades de esa clase, para los efectos de su aplicación, así:

“Para efectos de esta ley, se entiende por cajas de previsión las entidades del orden nacional .... que, por ley, reglamento o estatutos tengan, entre otras, la función de pagar pensiones a empleados oficiales de cualesquiera de dichos órdenes”.

Importa rememorar que en la evolución y la doctrina de la seguridad social colombiana, y aun iberoamericana, las “cajas o entidades de previsión” constituyen un estadio anterior al sistema de seguros sociales; tuvieren origen y desarrollo en el sector público para cubrir ciertas prestaciones, principalmente pensiones de empleados oficiales; en principio no siguieron las reglas del sistema contributivo, dado que al menos hasta la Ley 33 de 1985, la fuente del derecho a la jubilación en ese entorno conceptual, no eran los aportes de los trabajadores (que en estricto sentido generalmente no existían para jubilación) sino el tiempo de servicios. De ahí porque la locución contenida en la normativa comentada alusiva a ese tipo de entidades de previsión social, a diferencia de lo que para sus propios efectos dispuso ulteriormente la Ley 71 de 1988, no es comprensiva, para los fines de la Ley 33, del Instituto de los Seguros Sociales, que actúa bajo postulados filosóficos y jurídicos distintos, que por suficientemente conocidos sobra reiterar.

Ya se anotó que el conjunto normativo aplicable al ISS, permite colegir que dicho instituto, creado por la Ley 90 de 1946, está facultado para afiliar empleados oficiales (D. 433/71, D. 1650/77, Ac. 44/89 y Ac. 49/90), en los casos específicos mencionados con antelación. Mas, para los efectos del artículo 1º de la ley últimamente invocada, si bien un trabajador oficial de una empresa, como la aquí demandada, pudo haber estado inscrito en el seguro social, no debe entenderse afiliado a una caja de “previsión social”, con la connotación específica que esta expresión tiene en la seguridad social y en la Ley 33 de 1985 (resaltados fuera del texto).

Adicionalmente, mal podría el Instituto de Seguros Sociales, como lo entendió equivocadamente el tribunal, pagar pensiones a trabajadores oficiales a una edad distinta a la contemplada en sus propios reglamentos (D. 1650/77, art. 8º). Solo a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, es ello posible respecto de quienes estén amparados por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la misma.

En consecuencia, es equivocada la hermenéutica y conclusión del ad quem, pues en casos de trabajadores oficiales amparados por la Ley 33 de 1985, afiliados al ISS, pero no a una caja o entidad de previsión social, la pensión legal de jubilación contemplada en el artículo 1º de esta ley, debe ser reconocida y pagada en principio por la última entidad empleadora, como lo dispone el artículo 75 del Decreto 1848 de 1969; pero como tanto el trabajador como el Estado efectuaron los aportes respectivos al ISS, para el seguro de invalidez, vejez y muerte, una vez reunidos los requisitos de edad y cotizaciones estatuidos en los reglamentos del instituto, debe este organismo otorgar la correspondiente pensión de vejez, y desde ese momento en adelante estará a cargo del empleador oficial solo el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión de jubilación primigenia, con sus reajustes, y el monto de la prestación pagada por el seguro social”...”.

Teniendo en cuenta el anterior antecedente, en el sub lite y como lo analizó el tribunal, para el 1º de abril de 1994 cuando entró en vigor la Ley 100 de 1993, el actor contaba con más de 40 años de edad y un tiempo superior a 15 años de servicios cotizados; por ello reunía los presupuestos del inciso 2º del artículo 36 de Ley 100 de 1993 para que fuera beneficiario del régimen de transición, ostentando el derecho a que se le aplique el régimen anterior, que para este caso no es otro que el regulado por la Ley 33 de 1985 por ser trabajador oficial, que exige para el reconocimiento de la pensión, además de los 20 años de servicios, la edad de los 55 años, siendo este el sustento legal que le permite al beneficiario reclamar a la última empleadora independientemente de su actual naturaleza jurídica, la pensión legal de jubilación conforme al régimen que lo amparaba al momento de entrar en vigencia la nueva ley de seguridad social, y no como equivocadamente lo concluyó el ad quem en cuanto que el derecho estaba regido por el Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990.

En las anteriores circunstancias jurídicas, resulta evidente que el juzgador de alzada incurrió en el yerro jurídico o infracción legal que se le atribuye por la censura, puesto que en puridad de verdad se rebeló contra el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 que prevé la pensión oficial con 20 años de servicio y 55 de edad.

En consecuencia, prospera el cargo y habrá de casarse la sentencia impugnada.

Dado que la prosperidad del segundo cargo cumple lo pretendido en el primero, este último no se estudiará.

VIII. Sentencia de instancia

Como consideraciones de instancia a más de las expresadas al estudiar el cargo, estima la Corte que siendo la fecha de ingreso del actor a la entidad bancaria el 1º de abril de 1976 (fl. 7), hecho indiscutido en la litis, en el año 1996 arribó con el solo Banco Cafetero a los 20 años de servicio exigidos por la prenombrada Ley 33 de 1985, sin necesidad de tomar las vinculaciones que anteceden con otras entidades oficiales, y cuando cumplió el otro requisito concerniente a la edad de los 55 años que aconteció el 27 de septiembre de 1999 por haber nacido el mismo día y mes del año 1944 (fl. 8) conservaba su condición de trabajador oficial.

Es de acotar, que cuando el accionante cumplió el requisito de la edad, aún no se habían emitido los estatutos del banco que consagraron en su artículo 29 que los empleados distintos al presidente y el contralor, se sujetarían al régimen laboral aplicable a los empleados particulares (fl. 276 vto.), pues su expedición fue posterior, esto es, el 18 de octubre de 1999, según escritura pública 3497 de 1999 (fl. 271 vto.).

En estas circunstancias lo reglado en dichos estatutos y lo dispuesto en el Decreto 92 de febrero 2 de 2000 por el cual se modificó la estructura orgánica del Banco Cafetero al constituirse en “(...) una sociedad por acciones, de economía mixta del orden nacional, de la especie de las anónimas, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, excepto en cuanto al régimen de personal que será el previsto en el artículo 29 de sus estatutos y el de las actividades propias del giro ordinario de sus negocios que se sujetaran a las disposiciones del derecho privado” (art. 1º, fls. 281 vto. y 282), no tiene la fuerza suficiente o el mérito de afectar el escenario jurídico en el caso particular, respecto de la pensión del demandante que completó el tiempo de servicios y la edad que le asigna tal derecho, al quedar cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siendo inadmisible desconocerle su condición de trabajador oficial que tuvo durante varios lustros, con el pretexto de que cuando se dio su retiro definitivo ya estaba en vigencia esa nueva reglamentación, que tal como lo expresó esta corporación en la sentencia que indicó el censor calendada 30 de enero de 2003 radicado 19108 en un proceso seguido contra el mismo Banco Cafetero —Bancafé— “... el hecho de que los servidores del Banco Cafetero se rijan por el régimen laboral de los empleados particulares no quiere decir que la entidad deje de ser pública o que sus servidores pierdan la condición de trabajadores oficiales...” y que “... la remisión de los servidores del Banco Cafetero al régimen laboral de los trabajadores particulares no es absoluta e ilimitada...”.

Así las cosas, el demandante tiene derecho a que se le reconozca una pensión legal mensual vitalicia de jubilación a cargo de la demandada Banco Cafetero —Bancafé—, a partir del 25 de agosto de 2000 cuando se hizo efectivo el retiro del servicio, equivalente al 75% del salario promedio del último año de servicios establecido en la suma de $ 1.566.829, cuyo monto fue aceptado por el accionado al dar respuesta al hecho cuarto del libelo inicial (fl. 54), quedando la mesada en la suma de $ 1.175.121.75, más las mesadas adicionales y los reajustes de ley. Pensión que será compartida en su momento, con, la que reconozca el Instituto de Seguros Sociales, quedando obligado el empleador oficial a reconocer desde ese momento, únicamente el mayor valor si lo hubiere, entre la pensión de jubilación primigenia y la de vejez del ISS.

Por lo dicho, se condenará en este sentido al Banco Cafetero y se absolverá al Instituto de Seguros Sociales del pago de la pensión legal de la Ley 33 de 1985.

En lo concerniente a los intereses moratorios, no hay lugar a ellos, habida consideración que la pensión que se está reconociendo no se trata de aquellas que se conceden con sujeción a la normatividad integral de la Ley 100 de 1993, sino que proviene de la aplicación del régimen anterior para los trabajadores oficiales conforme a la Ley 33 de 1985. Sobre este derecho la corporación ya fijó su criterio y en la sentencia del 28 de noviembre de 2002, radicado 18.273 se dijo:

“(...) Empero, el aludido desacierto únicamente es suficiente para tener como fundado el cargo y no para quebrar el fallo recurrido, ya que para la mayoría de la Sala, en esta oportunidad, contrario a lo que se venía sosteniendo, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se imponen cuando se trata de una pensión que debía reconocerse con sujeción a su normatividad integral.

Y es que no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, para la Corte esa disposición solamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de seguridad social y que sean reconocidas con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensión que no se ajusta a los citados presupuestos.

Lo anterior conlleva, entonces, que como la pensión que se le concedió al demandante Hernando Francisco Olaya Román, no es con sujeción integral a la Ley 100 de 1993, no había lugar a condenar al pago de los intereses moratorios que consagra tal ley en su artículo 141 que claramente dispone: “(...) en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley (...)”.

Además, en este asunto tampoco se presenta la situación prevista por el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 para que se pudiera dar aplicación a su artículo 141, pues la primera norma dispone: “Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma de ella contenida que estime favorable ante el cotejo por lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley”.

Finalmente las costas de la primera y segunda instancia serán a cargo de la demandada Banco Cafetero y por la prosperidad de la acusación, no hay costas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, el 4 de abril de 2003, en el proceso adelantado por Heriberto Gutiérrez Correal contra el Banco Cafetero, Bancafé e Instituto de Seguros Sociales y en sede de instancia.

FALLA:

1. SE REVOCA la sentencia de primer grado en cuanto negó las pretensiones de la demanda en contra del Banco Cafetero —Bancafé— y dispuso declarar probadas las excepciones de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y FALTA DE REQUISITOS LEGALES PARA OBTENER LA PENSIÓN, excepto en lo atinente a los intereses moratorios cuya absolución se confirma.

2. SE CONDENA al Banco Cafetero, Bancafé a pagar a favor del demandante Heriberto Gutiérrez Correal la pensión legal de jubilación, a partir del 25 de agosto de 2000 cuando se hizo efectivo el retiro del servicio, equivalente al 75% del salario promedio del último año de servicios, esto es, la suma mensual de un millón ciento setenta y cinco mil ciento veintiún pesos con setenta y cinco centavos mcte. ($ 1.175.121.75), más las mesadas adicionales y los reajustes de ley, pensión que será compartida con la que reconozca en su debida oportunidad el Instituto de Seguros Sociales, quedando obligada la entidad bancaria a reconocer desde ese momento únicamente el mayor valor si lo hubiere entre la pensión de jubilación primigenia y la de vejez del ISS.

3. SE CONFIRMA la absolución impartida al Instituto de Seguros Sociales.

Se condena en costas de las dos instancias a la parte vencida Banco Cafetero —Bancafé—, tal como se indicó en la parte motiva, sin que haya lugar a ellas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL

Con nuestro acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, nos permitimos expresar nuestra discrepancia parcial frente a la sentencia proferida en este proceso, pues consideramos viable el reconocimiento de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, como antes se admitía por la mayoría de los integrantes de la Sala.

Por eso, estimamos de recibo el criterio plasmado, entre otras, en la sentencia del 27 de septiembre de 2001, radicado 15689, a cuyas consideraciones nos remitimos en su textual contenido:

“... El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 estableció: “A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés, moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”.

“Del texto reproducido, se advierte que el legislador previó el pago de intereses moratorios en caso de retardo en el pago de las mesadas pensionales, refiriéndose a estas como las que trata dicha ley. Sin embargo en el inciso segundo del artículo 36 de la misma normatividad fue explícito en establecer un régimen de transición a favor de algunos trabajadores que al momento de entrar en vigencia el sistema de pensiones tuvieran quince o más años de servicios cotizados, o cuarenta o más años de edad en el caso de los hombres, o treinta y cinco o más años de edad si son mujeres. Dicha disposición es del siguiente tenor:

“La edad, para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley”, resalta la Corte.

De suerte que al acoger el tribunal la sentencia del a quo, en cuanto condenó a cancelar dichos intereses con base en el artículo 141 de esa normatividad, lejos de aplicarlo en forma indebida, lo hizo correctamente, según se deduce de su tenor literal, que conforme se vio, ordenó tomar en cuenta “las disposiciones contenidas en la presente ley”, respecto de “las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez”; o sea, que con prescindencia de la edad, tiempo de servicio y número de semanas cotizadas que de acuerdo a los parámetros del artículo 36 que contiene ese régimen de transición se rigen por la normatividad anterior a la cual se encuentren afiliados, toda otra cuestión se gobierna, repite la Corte, “por las disposiciones contenidas en la presente ley”, entre ellas, los intereses por mora, aunque la pensión concedida tenga su fuente en una normatividad anterior a la vigencia de esta última reglamentación. Obviamente con la condición, como aquí sucede, de que el demandante se encuentre en una de esas dos hipótesis a que se refiere la norma. Para el caso más de 40 años al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social.

Realmente el querer del legislador con la expedición del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no fue otro que el de hacer justicia a aquellos trabajadores que alcanzada determinada edad de su vida para acceder a la pensión, luego de haber aportado a la seguridad social, frente a la morosidad del pago de las mesadas, se vieran resarcidos económicamente mediante el reconocimiento de intereses moratorios.

Al respecto es pertinente traer a colación los considerados de la Corte Constitucional expresados en la Sentencia D-2663 del 24 de mayo de 2000, que al declarar exequibles las expresiones “a partir del 1º de enero de 1994” y “de que trata esta ley”, del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sostuvo lo siguiente:

“Así las cosas, no observa la Corte que la disposición cuestionada parcialmente, cree privilegios entre grupos de pensionados que han adquirido su estatus bajo diferentes regímenes jurídicos, como lo aduce el demandante, pues la correcta interpretación de la norma demandada indica que a partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las pensiones a que se refiere la ley, esto es, las pensiones que tienen como origen el fenómeno laboral de la jubilación, la vejez, la enfermedad o la sustitución por causa de muerte, que se presente después de esa fecha, el pensionado afectado, sin importar bajo la vigencia de qué normatividad se le reconoce su condición de pensionado, tendrá derecho al pago de su mesada y sobre el importe de ella la tasa máxima del interés moratorio vigente. Es decir, la disposición acusada no distingue entre pensionados, pues, solo alude al momento en el cual se produce la mora para efectos de su cálculo, de suerte que si esta se produjo con anterioridad al 1º de enero de 1994, esta se deberá calcular de conformidad con la normativa vigente hasta ese momento, esto es, el artículo 8º de la Ley 10 de 1972, reglamentada por el artículo 6º del Decreto 1672 de 1973, y eventualmente, por aplicación analógica de algunos criterios plasmados en el Código Civil colombiano, diferentes al artículo 1617 de la misma obra, y si la mora se produjo después de esa fecha su valor se deberá calcular con base en los lineamientos contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, comoquiera que la disposición acusada no diferencia, como parece suponerlo el demandante, entre quienes adquirieron el derecho pensional antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y quienes lo adquieren con posterioridad a la misma, es decir, después de la vigencia de la ley de seguridad social, esta Corte en la parte resolutiva de su providencia la declarará exequible.

En este sentido también es oportuno precisar que tal indemnización a los titulares de las pensiones por la cancelación tardía de las mesadas pensionales atrasadas debe aplicárseles a los regímenes especiales anteriores y subsistentes con la Ley 100 de 1993, esto es, los que se encuentren en las excepciones previstas en el artículo 279 de la referida ley.

Finalmente, en cuanto a la acusación dirigida contra el segmento normativo “de que trata esta ley”, contenido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tampoco comparte la Corte el cargo formulado por el demandante, pues la disposición no se refiere a las personas que hayan adquirido el derecho al pago de su pensión con anterioridad al 1º de enero de 1994, sino que alude al hecho de que la Ley 100 de 1993 se refiere a las mesadas pensionales que se pagan con ocasión del reconocimiento de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, pues, repárese, que con la expedición de la Ley 100 de 1993, se creó un nuevo régimen de pensiones y de salud, que entró a regir el 1º de abril de 1994. Es decir, en principio esta norma derogó los regímenes especiales anteriores a su vigencia, pero sin duda subsisten algunos regímenes particulares y hay que precisar que la norma acusada tiene un carácter general, aplicable inclusive, para todo tipo de pensiones. Las excepciones expresamente contempladas en el estatuto de seguridad social, tal como lo dispone el artículo 11 de la Ley 100, conforme lo consagra la Sentencia C-408 de 1994. Dicha disposición establece:

‘ART. 11.—Campo de aplicación. El sistema general de pensiones, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general.

Para efectos de este artículo se respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de trabajo’”.

“Y en este mismo sentido el artículo 146 de la referida ley señaló:

‘ART. 146.—Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales a favor de empleados o servidos(sic) públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.

También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones.

Lo dispuesto en la presente ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que se refiere este artículo.

Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente ley’.

Esta última disposición fue declarada exequible mediante sentencias C-410 de 1997 y C-590 de 1997, salvo la expresión “... quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido o cumplan dentro de los dos años siguientes los requisitos exigidos en dichas normas”; del inciso segundo del artículo 146 de la ley de seguridad social.

En consecuencia de lo anterior, para la corporación, el artículo 141 parcialmente cuestionado, si bien es cierto, únicamente se limitó a regular los intereses de mora hacia el futuro en materia pensional, sin que distinguiera a los pensionados, de acuerdo con una fecha o con la obtención de sus derechos pensionales bajo una legislación vigente, y por ello no desconoce normas constitucionales, dicha disposición se debe aplicar para todo tipo de pensiones”.

Por último, estimamos que si se entendiera que los aludidos intereses solo operan frente a pensiones reconocidas “con sujeción íntegra” a la Ley 100 de 1993, como lo dispone la mayoría de la Sala, equivaldría a tener por tales solo las que se otorguen con fundamento en las cotizaciones sufragadas en vigencia de esa preceptiva y en esa medida, únicamente para las pensiones que eventualmente se otorguen a partir del año 2014, cuando se cumpla el requisito de la edad por quienes se hallaren en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la referida Ley 100.

Con todo respeto.

Fecha ut supra. 

Isaura Vargas Díaz—Camilo Tarquino Gallego. 

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