Sentencia 2199 de agosto 14 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

PENSIÓN DE INVALIDEZ DE SERVIDORES DE FUERZAS MILITARES Y DE POLICÍA

NO ES POSIBLE APLICARLES ASPECTOS FAVORABLES DE LA LEY 100

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante Fidel Morales Sánchez contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca el 15 de marzo de 2001, que le denegó sus pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del oficio 438820 CESEM-DIPSO 177 del director de prestaciones del Ejército del 4 de octubre de 1999, que no accedió a reconocerle pensión de invalidez.

(...).

Para resolver se considera:

1. Está demostrado que la junta médica laboral evaluó la incapacidad del demandante en un 50.01% (fl. 47).

2. Como la invalidez que genera derecho a pensión es la que se presenta en el momento de la desvinculación del servicio, para un ex soldado como el actor, en el año 1998 en que fue desvinculado, la norma que gobierna la pensión de invalidez, es el artículo 90 del Decreto-Ley 94 de 1989, que exige como mínimo una incapacidad del 75% o más, para tener derecho a ella.

3. El actor invocó a su favor la aplicación del artículo 38 de la Ley 100 de 1993 que dispuso:

“Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral” (segundas negrillas de la Sala).

4. La Sala no puede aplicar a este asunto el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, porque no se lo permite el artículo 279 ibídem, que excluyó expresamente, entre otros, a los servidores militares y de policía, del sistema integral de seguridad social contenido en ese estatuto.

5. De otro lado, si como es evidente, el estatuto de invalideces e indemnizaciones de las Fuerzas Armadas, contenido en el Decreto-Ley 94 de 1989, es de carácter especial, no podía el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, que es norma general derogarlo, pues solo otra norma especial y posterior podría hacerlo (L. 153/1887, art. 3º).

6. Igualmente concluye la Sala que no transgrede el principio de la igualdad frente a la ley, la circunstancia de que al demandante le sea aplicable un estatuto especial y no el general aparentemente más favorable, según los términos de la Corte Constitucional que la sentencia de primera instancia reprodujo (C-890 del 10 de noviembre de 1999).

7. Los artículos 39 y 40 de la misma Ley 100 de 1993, son del siguiente tenor:

“ART. 39.—Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos:

a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas. al momento de producirse el estado de invalidez.

b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.

PAR.—Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley.

ART. 40.—Monto de la pensión de invalidez. El monto mensual de la pensión de invalidez será equivalente a:

a) El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%.

b) El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%.

La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación.

En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual.

La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado”.

En gracia a la discusión, en la hipótesis de que al presente caso fuera pertinente la Ley 100 de 1993, no podría escindirse la aplicación de su capítulo lIl al que pertenece el transcrito artículo 38, para tomar solo esta norma, porque precisamente ella define el estado de invalidez para los efectos de ese capítulo, del cual forma parte igualmente el artículo 39 transcrito, que establece los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, en razón de que hacerle producir efectos al artículo 38 obligaría a tener que hacer lo propio con las dos normas siguientes, arriba transcritas, lo cual en el presente caso es un imposible jurídico, debido a que el demandante no demostró cumplir los requisitos establecidos en el artículo 39 ibídem, que ni siquiera mencionó en su demanda.

Y es que, a juicio de la Sala, no sería procedente la aplicación parcial del capítulo lIl al que pertenece el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, para obtener de él solo la condición de pérdida de la capacidad laboral para reputarse inválido, y la aplicación igualmente parcial del Decreto 94 de 1989, respecto de la cuantía de la pensión, que sería equivalente al 100% de la asignación básica de un cabo segundo del Ejército, porque se debería tener en cuenta en su totalidad el primer estatuto o el segundo, para hacer efectivo el principio de inescindibilidad de la ley laboral, derivado de los mandatos del artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, que al establecer la aplicación de las normas más favorables, en caso de conflicto o duda obliga a que “La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad”.

7. Además, tampoco sería aplicable el referido artículo 38, en los términos del 53 de la Constitución Política, porque este condiciona la aplicación de la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la interpretación o aplicación de las fuentes formales de derecho, que en el presente asunto no se ha presentado, como se vio anteriormente.

Al respecto de la aplicación de la norma más favorable, ha sido frecuente olvidar la condición que establece el artículo 53 constitucional, y de ahí que el actor invoque jurisprudencias del Consejo de Estado, sin parar mientes en que solo en caso de duda es viable la aplicación del estatuto más favorable, que no es el presente, porque sin hesitación alguna la Sala aplica el artículo 279 de la Ley 100 que excluye de sus mandatos a los servidores de las Fuerzas Militares y de Policía, entre otros.

8. Finalmente, en relación con el antecedente jurisprudencial de la Subsección “B” que invocó el actor, la Sala recuerda que a ella solo la obliga el imperio de la ley y que la jurisprudencia solo es criterio auxiliar en la actividad judicial, como lo dispuso el artículo 230 de la Constitución Política. Además, por medio de esta providencia la Sección unifica su jurisprudencia y rectifica la contenida en la sentencia del 13 de febrero de 2003, en el expediente radicado bajo el número 73001-23-31-000-1998-2006-01, número interno 1251/02, cuyo actor fue Haepvey Osorio Vargas, proferida por la Subsección “A”.

Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia apelada».

(Sentencia de 14 de agosto de 2003. Expediente 2199-01. Consejero Ponente: Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto me aparté de la decisión mayoritaria, por cuanto considero que la Sala, para negar la pensión de invalidez del demandante, partió de una interpretación teleológica errada de las disposiciones que regulan el sistema de seguridad social, pues en el caso objeto de examen su situación debía juzgarse no por el régimen especial al que se acudió, sino por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993.

Tal como se dijo en la providencia del 13 de febrero de 2003 proferida por la Subsección “A” dentro del proceso Nº 1251, que desafortunadamente queda rectificada mediante esta sentencia, si el demandante cumple con los requisitos para ser acreedor a la pensión de invalidez contemplada en el régimen general y no a las previstas en el régimen especial, debe concederse tal prestación, en aras del principio de favorabilidad y en desarrollo del principio de igualdad.

Y el otrora razonamiento es valedero, por cuanto no puede resultar admisible que se excluya a un grupo de pensionados de un beneficio que se otorga a la generalidad del sector, pretextando la aplicación del régimen especial, cuando tal es restrictivo y menos favorable, habida cuenta que tal interpretación lleva a un tratamiento inequitativo no querido por la Constitución Política, máxime si las nuevas normas que rigen el sistema de seguridad social propugnan por la universalidad como principio que busca la protección para todas las personas sin ninguna discriminación.

Es más, el legislador, consciente de dicho tratamiento inequitativo, mediante Decreto-Ley 2070 de 2003, enmendó la injusticia que se venta presentando frente a los dos regímenes, por ello, señaló el reconocimiento de la pensión de invalidez cuando se adquiera una incapacidad permanente parcial igual o superior al 50% e inferior al 75%, en los términos del artículo 32, por lo que quedó modificado así el Decreto 94 de 1989.

Bien hubiera podido entonces la Sala juzgar la situación bajo el precitado decreto-ley, dándole un alcance retrospectivo o a la luz de la Ley 100 de 1993, norma general, aplicándola, claro está, en toda su integridad, como se hizo en el proceso Nº 1251 de 2002, para no atentar con el principio de inescindibilidad.

En mi sentir, no existían razones para rectificar la jurisprudencia; por ello, fue mi disentimiento con el voto de la mayoría.

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil cuatro (2004).

Ana Margarita Olaya Forero 

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