Sentencia de enero 22 de 1976

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PERTENENCIA

ERROR DE HECHO

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA: SUS PRESUPUESTOS

Magistrado Ponente:

Dr. Humberto Murcia Ballén

Bogotá, D.E., veintidós de enero de mil novecientos setenta y seis.

Se decide el recurso de casación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 4 de febrero de 1975, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en este proceso ordinario instaurado por María Torres viuda de Franc''s frente a los herederos de Jorge Silva Wilches.

I. Antecedentes

1. Mediante la Escritura pública 2757 de 30 de septiembre de 1949, otorgada en la Notaría 3ª de Bogotá, Gregoria, Irene Aracely e Isabel Julia Rodríguez Vargas enajenaron a favor del presbítero Jorge Silva Wilches, a título de compraventa el siguiente inmueble:

“Un lote de terreno que hace parte de mayor extensión situado en el área del municipio de Fontibón, distinguido con los números siete cincuenta (7-50) y siete cincuenta y dos (7-52) de la calle doce (12) de dicho municipio, teniendo el lote que venden una extensión de quince metros (15 m) con frente a la carrilera del ferrocarril de Cundinamarca por trece (13 m) de fondo, con una extensión aproximadamente de cuatrocientos treinta y una varas cuadradas con veinticinco centésimos de vara cuadrada (431.25 V2), al cual corresponderá en la nomenclatura el número siete cero cero (7-00) y queda alinderado así: Por el norte, con propiedad de Adolfo Vargas y Humberto Hernández; por el sur, con línea del ferrocarril de Cundinamarca; por el oriente, con propiedad del señor Arcadio Burgos; y por el occidente, con propiedad de las vendedoras”.

Según certificados de la Tesorería de Fontibón que aparecen insertos en el texto de dicha escritura, la finca a que ésta se refiere estaba inscrita allá con el número “dos, cero, cuatro, seis y dos (20462), denominada casa y lote calle doce número siete veinte (12 Nº 7-20)” y a ella correspondería “en la nomenclatura de este municipio el número siete cero cero (7-00)”.

La sobredicha escritura fue inscrita el 26 de octubre del mismo año “en el libro 1º, página 392, número 14.733” de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados del Círculo de Bogotá.

2. Ocurrido el óbito del presbítero Silva Wilches, mediante auto de 9 de julio de 1955 el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esta ciudad abrió el correspondiente proceso sucesorio, en el cual se han reconocido como interesados en la mortuoria a Darío Jordán Silva, Evangelina Silva y José Hilario Martínez.

Prosiguiendo el trámite de dicho sucesorio, el juzgado del conocimiento practicó, el 27 de septiembre siguiente, la diligencia de inventario y avalúo de bienes en la cual se enlistó, como activo del causante, entre otros, el inmueble descrito en el numeral anterior, haciéndolo figurar allí con las mismas nomenclatura, extensión, alindación y demás especificaciones que consigna la precitada Escritura 2757 de 30 de septiembre de 1949. Agregose, sin embargo, que para entonces dentro del inmueble estaba construida “una casita de dos pisos de ladrillo y cemento”, y se dijo, además, que “esta finca fue adquirida por el causante es decir el lote alinderado, por compra que de él hizo a las señoritas Gregoria, Irene Aracely e Isabel Julia Rodríguez Vargas, según consta en la Escritura pública 2757 de fecha 30 de septiembre de 1949, otorgada ante el Notario Tercero de Bogotá”.

3. Dentro del mismo proceso de sucesión se procedió a practicar, el 15 de julio de 1955, el secuestro provisional de bienes, y entre estos el inmueble comprendido dentro de los siguientes linderos: “Por el norte, con propiedad de Adolfo Vargas y Humberto Hernández; por el sur, con la línea del ferrocarril de Cundinamarca; por el oriente, con la carrera 7ª de Fontibón; y por el occidente, con propiedad de las señoritas Gregoria, Irene Aracely e Isabel Julia Rodríguez Vargas”.

El juzgado que practicó este secuestro observó, y de ello dejó constancia en el acta correspondiente, que “en el lote mencionado existe una casita en construcción de ladrillo y teja metálica y un caedizo cubierto con teja de zinc”; y sin embargo de que el lindero oriental no concuerda con el descrito en la escritura de venta y en la diligencia de inventario, su depósito se buscó por considerar que era el mismo.

Al secuestro de dicho bien se opuso entonces la aquí demandante, quien manifestó a la justicia “el doctor Jorge Silva la posesionó por un dinero que él le debía y que invirtió en la compra de este lote y que las mejoras son de ella y que el lote es de ella porque fue comprado con dineros de ella y que él le había asegurado que en agosto le haría la escritura”. Su oposición fue aceptada en principio y por tanto le dejaron “en su poder el inmueble en calidad de secuestro”.

4. La anterior decisión fue infirmada luego por el Tribunal Superior de Bogotá, el que, mediante auto de 25 de julio de 1959, dispuso practicar el secuestro del inmueble “en la forma prevista por el artículo 1020 del Código Judicial”, para lo cual comisionó al Juzgado Municipal de Fontibón.

Este, en cumplimiento de la comisión así conferida, procedió a practicar el depósito judicial el 8 de marzo de 1960, diligencia en la cual dejó constancia que el inmueble estaba ubicado en la calle 12 de allí, “sin nomenclatura”, y comprendido dentro de estos linderos: “Sur, en quince metros, con frente a la carrilera del ferrocarril de Cundinamarca; Oriente, en trece metros, con la carrera 6ª de Fontibón; Occidente, en trece metros, con propiedad de Gregoria Vargas y Aracely Vargas; Norte, en quince metros, con propiedad de Enrique Alonso” y que en él se encontró a María de Franc''s.

II. El litigio

Mediante libelo de 9 de diciembre de 1971 y que en repartimiento correspondió al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, la citada María Torres viuda de Franc''s demandó a Darío Jordán Silva, a Evangelina Silva y a José Hilario Martínez, señalándolos como herederos de Jorge Silva Wilches, y “a todas las demás personas que se crean con derecho al inmueble”, para que con su citación y audiencia se hicieran los siguientes pronunciamientos:

a) Que pertenece a la demandante, por haberlo adquirido por el modo de la prescripción extraordinaria, el dominio del inmueble “distinguido actualmente en la nomenclatura urbana” con el número 7-10 de la calle 12 de Fontibón, y comprendido “en la actualidad por estos linderos: Por el norte, en quince metros y cuarenta y cinco centímetros aproximadamente con propiedad de Enrique Alonso; por el sur, aproximadamente en la misma longitud, con zona de ferrocarril; por el oriente, en diez y nueve metros con cuarenta y tres centímetros aproximadamente con la carrera séptima de Fontibón; y por el occidente, en diez y nueve metros y cuarenta y tres centímetros con propiedades de Rubén Prieto, tapias por medio”, y

b) Que se ordene la inscripción de la sentencia en el libro correspondiente de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de esta ciudad.

2. Además de los que fluyen algunos de los antecedentes relatados, la demandante invocó como hechos constitutivos de la causa petendi los que sustancialmente queden sintetizados así:

a) Que desde el año de 1948 sus antiguos dueños entregaron a ella la posesión material del terreno atrás especificado, como consecuencia de una promesa de compraventa que se acordó entre aquéllos y el presbítero Silva Wilches, a quien la demandante le había conferido poder al efecto;

b) Dada la confianza que existió siempre entre mi mandante y el padre Jorge Silva Wilches —dice el hecho 3º de la demanda— la escritura de compraventa que se hizo por los antiguos dueños, se otorgó en cabeza de dicho sacerdote que, al aceptarla actuó como mandatario oculto o sin representación de la verdadera adquirente del inmueble; pero como éste falleció sin haberle traspasado el dominio que adquirió para ella por escritura 2757 de 30 de septiembre de 1949, en el registro aparece como poseedor inscrito del inmueble no su verdadera dueña y poseedora material de más de 20 años sino dicho sacerdote;

c) Que desde entonces y sin reconocer dominio ajeno la demandante ha detentado materialmente, por un período superior a veinte años y sin oposición de persona alguna, el fundo atrás referido, “sembrándolo con cultivos de maíz; lo cercó de ladrillo en todo su perímetro”;

d) Que a partir del año de 1950 comenzó a edificar, con dineros de su propiedad, una construcción ”consistente en una casucha de tres piezas y un patio con corredor”, y

e) Que la posesión por ella invocada ha sido pública, pacífica, continua e ininterrumpida.

3. Por cuanto en su demanda la demandante afirmó bajo juramento que desconocía el domicilio y la residencia de sus demandados, en el auto admisorio del libelo el juzgado dispuso el emplazamiento de estos y de “todas las demás personas indeterminadas con (sic) se consideren con algún derecho” sobre el respectivo bien, en la forma que lo establecen los artículos 318 y 413, numeral 6º del Código de Procedimiento Civil.

No se presentó al proceso dentro del término de los emplazamientos ordenados, ni posteriormente, persona alguna, consiguientemente el juzgado designó, tanto a los demandados concretos como a los indeterminados, curador ad litem, quien, una vez posesionado del cargo, recibió notificación personal del auto admisorio de la demanda habiendo guardado entonces y durante todo el trámite absoluto silencio.

4. Con aducción de pruebas de la demandante y sin oposición alguna se surtió la primera instancia del proceso, a la que el juzgado del conocimiento le puso fin con su sentencia de 20 de agosto de 1973, mediante la cual despachó favorablemente a aquélla las súplicas de la demanda e impuso a los demandados las costas procesales.

5. Como efecto de la consulta que el a quo ordenó para su fallo, el proceso subió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el que, después de haber practicado oficiosamente algunas pruebas, pronunció su sentencia de 4 de febrero de 1975 mediante la cual, luego de haber infirmado en todas sus partes la consultada, decidió denegar las peticiones deducidas en su demanda por María Torres viuda de Franc''s.

III. Motivación del fallo impugnado

1. En el inicio de su proveído el tribunal se refiere a los antecedentes de la cuestión litigada y relata todo el desarrollo del proceso; enumera, discriminándolas, las pruebas aducidas por la demandante para extractar, con base en ellas, los hechos que estima demostrados.

Y dice que como en la demanda se solicita la declaración de pertenencia “respecto del inmueble número 7-10 de la calle 12 de Fontibón”, al paso que el certificado del registrador acompañado a ella alude al predio “7-50 y 7-52 de la calle 12” de la misma ciudad, para despejar la duda que en torno a su nomenclatura encontró el tribunal ordenó la práctica oficiosa de estas pruebas: a) copias de la diligencia de secuestro practicado en la sucesión de Silva Wilches, las cuales acreditan, dice el ad quem, que el inmueble depositado y al cual se opuso la aquí demandante es “el distinguido con los números 7-50 y 7-52 de la calle 12 de Fontibón, que es el que menciona el certificado del registrador”; y b) el certificado de la sección de nomenclatura del catastro de Bogotá, “según el cual el inmueble distinguido con los números 7-50 y 7-52 de la calle 12 de Fontibón no es el mismo distinguido con el número 7-10 de la calle 12” de esa ciudad.

2. Hecha pues por él dicha labor de parangón, el sentenciador de segundo grado deduce que “no hay coincidencia en el objeto” descrito en la demanda introductoria del proceso, y el referido en el certificado del registrador que a ella se acompañó.

“Si se comparan —dice— los linderos del bien descrito en dicho certificado se encuentra que no coinciden con los relacionados en la demanda. El visto en la inspección judicial —agrega— puede coincidir con el que cita la demanda. Pero ninguna prueba hay de que aún discrepando los linderos la cosa sea una misma; por el contrario, del informe del catastro aparece que son diferentes”.

Para reforzar su conclusión, asevera el tribunal que según las copias respectivas en el sucesorio de Silva Wilches se secuestró, el inmueble “descrito en el certificado del registrador y al denunciado en ese proceso es al que pretende la demandante, sin que haya identidad entre el secuestrado y el que se vio en la inspección judicial”.

3. Conclusión de su análisis probatorio es, para el tribunal, la de que “si la función del ad quem en virtud del grado de consulta es primordialmente velar por el imperio de las normas, en este caso se encuentra que no se demostraron todos los elementos de la prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio que intentó la demandante y, como consecuencia, que no se habrían observado las reglas que garantizan el derecho de defensa, ya que los citados como interesados no lo fueron con relación al inmueble que debía ser”.

IV. El recurso extraordinario

Contra la sentencia de segundo grado interpuso casación la demandante. En la demanda respectiva y con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil le formula cinco cargos, de los cuales se despacha el primero que a juicio de la Corte viene fundado en razones suficientes para casar el fallo impugnado.

1. Mediante éste se acusa la sentencia de quebrantar indirectamente, por falta de aplicación, los artículos 413 del Código de Procedimiento Civil; 762, 981, 2512, 2518, 2517, 2531 y 2532 del Código Civil a causa del error de hecho en que habría incurrido el tribunal por la errónea apreciación de algunas pruebas y por la falta de apreciación de otras.

2. Concretando el acusador el yerro que le enrostra al ad quem, dice que consistió en que éste no tuvo por “demostrada, estándolo, como lo está del haz probatorio que el proceso trae, la identidad del inmueble cuya declaración de pertenencia se solicita”.

Como pruebas que a juicio del censor fueron indebidamente apreciadas por el tribunal, aquél indica las siguientes: a) el certificado expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de Bogotá, que se acompañó a la demanda; b) la certificación de la sección de nomenclatura de la división de catastro de este distrito; c) las actas contentivas de los secuestros practicados en el proceso sucesorio de Silva Wilches; y d) la diligencia del inventario practicado en éste.

Y como pruebas no apreciadas, el impugnador singulariza éstas: a) la copia de la Escritura 2757 de 30 de septiembre de 1949, otorgada en la notaría 3ª de esta ciudad; b) la inspección judicial que sobre el predio materia de la litis se practicó en la primera instancia del proceso; y c) las declaraciones testimoniales recibidas.

3. En desenvolvimiento del cargo, refiriéndose al certificado del registrador y a las actas de secuestro, asevera el impugnador que leyéndolas detenidamente para cotejar su contenido con el de la precitada escritura y el de la demanda, “resulta que es una y la misma cosa lo que en la demanda se señala como distinguido con el número 7-10; en la escritura de adquisición se dice vender con los números provisionales 7-50 y 7-52 pero que le “corresponderá en la nomenclatura el número 7-00”; en la diligencia de inventarios con los números 7-50 y 7-52”.

Añade el impugnador que en la diligencia de secuestro practicado en julio de 1955, al inmueble “sólo se lo alinderó sin citarse qué número tiene”; que en la de marzo de 1960 se dijo, “expresamente que es un lote sin nomenclatura de la calle 12”; que el certificado del registrador expresa que el inmueble fue inscrito como adquirido por Silva Wilches “según Escritura 2757, con la nomenclatura 7-50 y 7-52 “que le corresponderá en la nomenclatura el número 7-00”; que el jefe de la sección de nomenclatura”, si bien certifica que el inmueble 7-50 y 7-52 no es el mismo distinguido con el número 7-10 de la misma calle de Fontibón, agrega sin embargo que la primera numeración “no figura en los planos ni cédulas catastrales de la división de catastro”; que en la escritura de adquisición del inmueble se aseveró que “era parte de una propiedad de mayor extensión, parte que no tenía edificación alguna”; y, finalmente, que la identidad del fundo a que alude el certificado del registrador y el referido en la demanda la establecen la inspección judicial practicada en el proceso y los testimonios en él recibidos a petición de la demandante.

4. Rematando la formulación de la censura para relevar la trascendencia que le atribuye al yerro fáctico que denuncia, asevera el casacionista que si en él no hubiera incurrido el fallador de segundo grado “habría confirmado la sentencia del a quo; se habrían aplicado las disposiciones sustanciales transcritas, aceptándose por el honorable tribunal, como lo aceptó el a quo, la identidad de lo que es objeto de la demanda de pertenencia con lo que es materia de la posesión inscrita de que da razón el certificado del registrador, materia de las diligencias de secuestro y la nomenclatura en el catastro”.

V. Consideraciones de la Corte

1. El error hecho en casación, lo tiene dicho la doctrina de la Corte en sentencias que son muchedumbre, se configura cuando el sentenciador supone una prueba que no obra en los autos o ignora la presencia de la que sí está en ellos, hipótesis éstas que comprenden la desfiguración del medio probatorio, bien sea por adición de su contenido (suposición), o por cercenamiento del mismo (preterición); y que es preciso que la conclusión sobre la cuestión de hecho a que llegó el fallador por causa de dicho yerro en la apreciación probatoria sea contraevidente, esto es, contraria a la realidad fáctica establecida por la prueba.

Se ha dicho igualmente que dicho error sólo tiene virtualidad para quebrar una sentencia cuando, a más de ser ostensible, resulta trascendente en casación, es decir, que haya sido la causa determinante de tomar en el fallo decisiones contrarias a la legal.

2. En el caso de este negocio el Tribunal de Bogotá, tomando apoyo en el certificado del registrador de esta ciudad, expedido en noviembre de 1971 y que se acompañó a la demanda incoactiva del proceso; en las actas de los secuestros practicados en el sucesorio de Jorge Silva Wilches; y en la certificación del jefe de la sección de nomenclatura del Distrito de Bogotá, dedujo, y es ésta la conclusión que sustenta su fallo desestimatorio, que no hay identidad entre el inmueble a que dichos medios se refieren y el descrito en la demanda introductoria del proceso, pues que, dijo, ésta se refiere al demarcado con el número 7-10 de la calle 12 de Fontibón, y aquéllos al 7-50/52 de las mismas calle y ciudad.

La acusación se presenta por razón de que el sentenciador ad quem habría incurrido en su sentencia en manifiesto error de hecho por haber apreciado erróneamente las mencionadas pruebas, y no haber estimado otras, todas las cuales conducen a demostrar inequívocamente la identidad que el tribunal echó de menos.

3. La Corte, luego de considerar en toda la realidad objetiva que ostentan las pruebas analizadas por el tribunal en su fallo, y de apreciar también el contenido de las que éste no estimó, sin hesitación alguna llega a la conclusión de que el fundo a que se contrae la demanda es el mismo a que alude el haz probatorio practicado en el proceso. En efecto:

a) La Escritura pública 2757 de 30 de septiembre de 1949, contentiva del contrato de compraventa ajustado entonces entre Jorge Silva Wilches y las hermanas Rodríguez Vargas, dice que éstas enajenaron a aquél un lote de terreno de 431.25 varas cuadradas, comprendido dentro de los linderos que allí se consignan, predio “que hace parte de mayor extensión situado en el área del municipio de Fontibón, distinguido con los números siete cincuenta (7-50) y siete cincuenta y dos (7-52) de la calle 12 de dicho municipio... al cual corresponderá en la nomenclatura el número siete cero cero (7-00)”.

Los claros términos contenidos en dicho documento escriturario permiten afirmar que el fundo adquirido en 1949 por Silva Wilches, no fue el demarcado con los números 7-50 y 7-52 de la calle 12 de Fontibón sino una parte de éste; porción a la cual le correspondería, en la nomenclatura de allí, el número 7-00. Deducción ésta que la confirman los certificados de la tesorería de dicho municipio, insertos en el cuerpo de la escritura, según los cuales el predio materia de la enajenación se le puso la demarcación provisional de “calle 12 número 7-20” aclarándose que “le correspondería el número siete cero cero”.

Y si la sobredicha escritura fue inscrita en el Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá el 26 de octubre siguiente, con anotación de los términos en que ella fue concebida, como se infiere del respectivo certificado expedido el 9 de noviembre de 1971, no hay lugar a vacilación alguna en punto a la identidad del objeto especificado en los dichos escritura y certificado;

b) En el inventario de bienes hecho en el proceso sucesorio del mentado Silva Wilches el 27 de septiembre de 1955 se enlistó, como activo herencial, el inmueble que, por coincidir exactamente con los linderos, cabida y demás especificaciones y aclaraciones que allí se consignaron, corresponde con estrictez al relacionado en la escritura pública y certificado atrás mencionados.

Y si bien para entonces se denunció, además del lote, “una casita de dos piezas de ladrillo y cemento, edificadas dentro de él”, la advertida identidad no puede ponerse en duda, desde luego que allí se expresó que el predio inventariado “fue adquirido por el causante, por compra que de él hizo a las señoritas Gregoria, Irene Aracely e Isabel Julia Rodríguez Vargas”.

Es pues de toda evidencia que el fundo adquirido por Silva Wilches en 1949, es el mismo que se enlistó en la partida primera del activo de su mortuoria;

c) Según lo dice el acta correspondiente, en dicho sucesorio se secuestró el 15 de julio de 1955 el inmueble consistente en un lote de terreno y “una casita de ladrillo construida” en él, al cual no se le encontró entonces nomenclatura alguna, y que sin embargo de que su lindero oriental no coincidió por esa época con el que se relaciona el acta del inventario, la consonancia reinante en los demás permite identificarlos, si además se considera que fue ese el que por pertenecer a la sucesión se secuestró, no obstante la oposición que a la medida cautelar formuló la aquí demandante, alegando ser dueña y poseedora material.

Y luego, en diligencia de 8 de marzo de 1960, para consumar el secuestro iniciado cinco años atrás, se depositó judicialmente el predio ubicado en la calle 12 de Fontibón, “sin nomenclatura”, que ocupado por aquella opositora, se identificó por los linderos que por su extensión coinciden con los de la escritura de adquisición, si bien para entonces ya dos de sus colindantes no eran los mismos.

No parece evidente, por las razones dichas, que el fundo secuestrado en el referido sucesorio el inventariado en él y el adquirido por Silva Wilches sean distintos; contrariamente es palmar la identidad de ellos;

d) Ciertamente, en la demanda con la cual se inició el proceso se determina el predio como ubicado en la calle 12 de Fontibón, “distinguido actualmente en la nomenclatura urbana con el número 7-10”, y comprendido “en la actualidad” por los linderos que en parte discrepan con los de la tantas veces citada escritura 2757 de septiembre de 1949 (se resalta).

Si se repara, empero, que a más de que por la dicha escritura se enajenó solamente una parte del lote número 7-50/52; y que en la demanda se determina el fundo por su nomenclatura y linderos “actuales”, no es acertado pretender encontrar diferencia entre el adquirido por Silva Wilches en 1949 y el que es objeto de la pretensión de pertenencia deprecada.

Corroboran este aserto, en primer lugar, los testimonios de Alberto Ruiz Domínguez, Leoncio Díaz Perdomo, Laura Ruiz viuda de Zubieta y Bertha Rubiano, quienes concorde y razonadamente aseveran que conocen el inmueble de la calle 12 número 7-10 de Fontibón, comprendido dentro de los linderos descritos en la demanda (los que se leyeron), que es el poseído por la demandante; y que es el mismo que a nombre de ésta compró el presbítero Silva Wilches en 1949. Y en segundo lugar, la inspección judicial practicada el 23 de mayo de 1973 en el predio de la litis, marcado entonces con el número 7-10 de la calle 12 de Fontibón, diligencia con la cual el juzgado que la practicó, después de haber constatado sus alindaciones de entonces, expresó que “en cuanto a los linderos se puede percibir que ellos en el curso de los años, y con relación a la escritura primitiva han sufrido una variación entre otras cosas, por la existencia de vías de comunicación nuevas en el municipio anexado, y por otra parte, por el cambio natural y obvio de las personas que poseyeron los predios circundantes”. Además, en esa misma diligencia la demandante hizo dejar constancia ”de que el predio identificado es el mismo que se alindó en la demanda”, y

e) Ciertamente, como lo nota la sentencia recurrida, el jefe de la sección de nomenclatura de la división de catastro del Distrito Especial de Bogotá, en certificación expedida el 8 de abril de 1974, dice que “la nomenclatura de la calle 12 número 7-50 y 7-52 no es el mismo predio distinguido con la nomenclatura calle 12 número 7-10 de Fontibón”; pero omitió ver el tribunal que el certificado añade que el inmueble últimamente descrito, es decir el número 7-10, figura en la cuenta catastral correspondiente “inscrito a nombre de Jorge Silva”, lo que evidencia que dicho fundo es el adquirido por éste, o sea, el que la demandante pretende haber usucapido.

Y omitió ver también el ad quem que en ese mismo certificado, el funcionario que lo expidió agrega que “los números 7-50 y 7-52 no figuran en los planos ni cédulas catastrales de la división de catastro”, expresión ésta que de suyo impide afirmar que se trata de la existencia de dos predios distintos: si los números 7-50 y 7-52 de la calle 12 de Fontibón no figuran en las cédulas catastrales de allí, y en cambio sí aparece el inmueble 7-10 de la misma calle “inscrito a nombre de Jorge Silva”, fuerza es aceptar que este fundo corresponde al adquirido por él en 1949.

4. De todo lo anterior se concluye que el tribunal sentenciador apreció erróneamente algunas de las pruebas practicadas en el proceso, dejó de apreciar otras, incurriendo con ello en manifiesto error de hecho que lo condujo a no dar por establecida la identidad del bien materia del litigio.

Y como este yerro fue la determinante de su fallo desestimatorio de la pretensión de la demandante, tal decisión debe casarse por quebrantar, por inaplicación, las normas de derecho sustancial que la censura señala.

VI. Sentencia sustitutiva

1. Presupuestos del proceso.

En el caso sub júdice los presupuestos del proceso, es decir, los requisitos legalmente necesarios para la regular formación y el perfecto desarrollo de la relación jurídicoprocesal, se encuentran presentes. No encuentra entonces la Corte, por este aspecto, impedimento que la inhiba para decidir en el fondo la cuestión controvertida. En efecto:

El Juez Civil del Circuito de Bogotá, ante el cual se formuló la demanda, era el legalmente competente para la tramitación y decisión, en primera instancia, del conflicto de intereses de mayor cuantía a él presentado para su composición, por tratarse de una cuestión de jurisdicción contenciosa entre particulares domiciliados en uno de los municipios integrantes de este circuito judicial, en donde además se halla ubicado el bien materia del litigio; el escrito mediante el cual la demandante suplica otorgamiento de tutela para un derecho suyo, observó en su estructuración las formalidades establecidas por los artículos 75, 76 y 77 del Código de Procedimiento Civil para toda demanda, a más de que se le imprimió el trámite legalmente indicado para la pretensión en ella deducida; así mismo la capacidad para ser parte de un proceso está también presente, desde luego que las personas naturales que figuran en éste como demandante y demandados tienen existencia jurídica; y, finalmente, la capacidad procesal de estos sujetos emana de su mayor edad a más de que han estado asistidos por abogados inscritos.

2. La pretensión deducida y las pruebas practicadas.

1. En el presente caso según se infiere claramente tanto el petitum de la demanda como de la causa petendi en ella invocada se deduce la acción de declaración de pertenencia o petitoria de dominio, que consagra el artículo 413 del Código de Procedimiento Civil.

2. Según dicha norma y según también los preceptos que en el Código Civil regulan la prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio, ésta requiere para su prosperidad de la confluencia de los siguientes tres presupuestos a saber: a) Que verse sobre una cosa prescriptible legalmente; b) Que sobre dicho bien se ejerza por quien pretende haber adquirido su dominio una posesión pacífica, pública e ininterrumpida; y c) Que dicha posesión haya durado un tiempo no inferior a 20 años (C.C., arts. 2512, 2518, 2531; L. 50/36, art. 1º).

En el caso que aquí se estudia se trata de la posesión de un bien inmueble, cuyo dominio constituye un derecho esencialmente patrimonial y como tal objeto de actos jurídicos, susceptible por lo mismo de adquirirse por usucapión, por lo cual se presenta el primero de los requisitos indicados. Y como de otra parte María Torres vda. de Franc''s ha demostrado haber poseído materialmente el predio objeto de esta querella, en forma pública, pacífica e ininterrumpida desde el año de 1948, debe aceptarse que los otros dos elementos también se encuentran presentes; y que, por consiguiente, la prescripción por ella invocada está llamada a prosperar.

3. Esta conclusión la saca la Corte con fundamento en lo que fluye de los siguientes medios de prueba, aducidos todos al proceso oportuna y legalmente:

a) Las actas de las diligencias de secuestro practicadas en el proceso sucesorio de Silva Wilches, la primera en julio de 1955 y la segunda en marzo de 1960, en las cuales se comprobó que la citada Torres vda. de Franc''s ocupaba, sin reconocer dominio ajeno, el inmueble referido; que vivía en él junto con su familia; y que se opuso al depósito alegando desde entonces ser dueña y poseedora del fundo;

b) La inspección judicial que en la primera instancia del presente proceso practicó el 23 de mayo de 1973 el juzgado de la causa, diligencia en la cual se comprobó que el predio inspeccionado, sin embargo de que sus linderos actuales no coinciden exactamente con los descritos en la Escritura 2757 de 1949, es el que describe y específica la demanda; que en él existen construidas “tres alcobas en ladrillo y teja de zinc situadas en su costado noroccidental ... y una enramada en madera y teja de zinc, en donde funciona la cocina... Se encuentran algunas plantaciones silvestres y algo en vegetales caseros como tallos, moras, duraznos. El lote en toda su extensión se encuentra cercado por una pared de ladrillo, con una altura aproximada de 3,50 m”. Se comprobó, además, que en el inmueble inspeccionado “viven cuatro personas: la peticionaria en el proceso, María Torres de Franc''s, su hija Mercedes Franc''s, y los dos hijos de esta última, Rafael Franc''s y María Eugenia Franc''s”; y que “en el sitio de la diligencia no se hizo presente ninguna persona que pretendiera por algún concepto discutir el hecho de la posesión material que la peticionaria ha ejercido sobre el bien objeto del proceso”;

c) Los testigos Bertha Rubiano de Moreno, Leoncio Díaz Perdomo, Laura Ruiz vda. de Zubieta y Alberto Ruiz Domínguez, personas todas éstas mayores de 50 años, residentes en dicho municipio de Fontibón y vecinas del sitio donde se encuentra el inmueble materia de este proceso, dando diferentes razones, concordemente expresan que el referido fundo es el mismo que en 1949 adquirió el presbítero Jorge Silva Wilches por cuenta de María Torres vda. de Franc''s; que desde entonces ésta lo ha ocupado “sin pedir consentimiento a nadie”; que primero lo explotó con cultivos de diferentes clases y que luego, a partir del año de 1950, con dineros de su propiedad y por su cuenta construyó la edificación allí existente, la cual ha ocupado siempre e ininterrumpidamente para su vivienda personal y familiar.

4. Si, como reiteradamente lo ha dicho la doctrina, la posesión se integra por un elemento objetivo, que consiste en la tenencia de la cosa, y otro subjetivo traducido en la pretensión de ser dueño del bien que se detenta, con fundamento en los medios de prueba referidos debe la Corte aceptar que en este caso se ha demostrado la existencia de aquélla, puesto que todos ellos conducen a justificar que entre la demandante y el predio a que se contrae la demanda se ha establecido una relación de hecho, por virtud de la cual aquélla ha ejercido sobre éste actos materiales de uso, conservación y transformación, sometiéndolo al ejercicio del derecho real de propiedad, que es al que ordinaria y normalmente corresponden dichos actos.

Los testimonios atrás referidos, que reúnen los requisitos de forma y de fondo exigidos legalmente para apreciarlos como prueba, adicionados con lo advertido en la inspección judicial, constituyen elementos de demostración que analizados en conjunto y según las reglas de la sana crítica, son suficientes para llevar a la Sala el convencimiento de que la demandante María Torres vda. de Franc''s ha detentado el bien materia de la controversia, sin reconocer dominio ajeno, ejecutando públicamente en él diferentes actos posesorios, a tal punto que sus vecinos y relacionados la han considerado como dueña.

Y como además la realización de dichos actos posesorios ha sido, según se infiere de las mismas pruebas, pública, pacífica e ininterrumpida durante un período de tiempo superior a los veinte años, debe concluirse afirmando, como lo dedujo el juez de la primera instancia, que la prescripción adquisitiva extraordinaria invocada por la demandante ha quedado suficientemente justificada; y que por lo consiguiente procede su reconocimiento.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de fecha cuatro (4) de febrero de mil novecientos setenta y cinco (1975), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en este proceso ordinario instaurado por María Torres vda. de Franc''s frente a los herederos de Jorge Silva Wilches, y actuando en sede de instancia

RESUELVE:

1. Confírmase la sentencia de veinte (20) de agosto de mil novecientos setenta y tres (1973), proferida en este mismo proceso por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá y que ha sido materia de consulta.

2. Declárase que no hay lugar a condenación en costas en la consulta ni en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase al tribunal de origen.

Humberto Murcia Ballén—Aurelio Camacho Rueda—Ernesto Escallón Vargas—José María Esguerra Samper—Germán Giraldo Zuluaga—Alfonso Peláez Ocampo. 

Alfonso Guarín Ariza, Secretario general.

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