Sentencia 220-04 de febrero 3 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Ref.: Expediente 250002325000199803920-01(0220-04)

Consejera Ponente:

Dra. Ana Margarita Olaya Forero

Actor: Jorge Emiro Cárdenas Gallo

Bogotá, D.C., a tres de febrero de dos mil cinco.

Autoridades nacionales

Apelación sentencia

EXTRACTOS: «Consideraciones

El asunto se centra en dilucidar si el acto de aceptación de renuncia está viciado, por cuanto la dimisoria que presentó el demandante no fue libre y espontánea, sino producto de la coacción que ejerció el juez 32 Civil del Circuito de Bogotá.

Da cuenta el plenario a folio 2 la carta que le dirigió el actor al juez, mediante la cual manifiesta su voluntad de presentar renuncia de su empleo, la cual fue recibida el 1º de junio de 1998, según sello de radicación del juzgado.

El actor como da cuenta su renuencia fue enfático en afirmar que presentaba dimisión del cargo, sin más señalamiento, decisión que fue atendida por la entidad demandada mediante el acto acusado.

El demandante censura la dimisión, porque no señaló la fecha a partir de la cual surtiría efectos, planteamiento que resulta a todas luces equivocado, pues debe entenderse que presentaba renuncia a partir de la fecha en que entregó la misiva, sin que sea dable aceptarse, como pretende en su demanda, que su renuncia se presentó en blanco o que hubiera puesto en manos del nominador la suerte de su permanencia al ingresar la institución, con carta de renuncia sin fecha, que es lo que pretenden evitar las normas que gobiernan esta clase de actuaciones.

Y mal puede prohijar la Sala actuaciones como la que alega la parte actora en este cargo, pues ello conduciría a aprobar conductas maliciosas de los empleados que so pretexto de no incluir la fecha de su dimisoria, no obstante que ella contiene la voluntad inequívoca de retirarse del cargo y abusando de la buena fe de la administración, intencionalmente dejan de anotar en sede gubernativa la fecha determinada para luego alegar en lo contencioso la nulidad, con base en la prohibición de renuncias en blanco, pues, se repite, el fin a que apunta esta prescripción, es la de evitar que el empleado al ingresar a la entidad ponga de antemano en el nominador la permanencia en el empleo.

Ahora bien, la renuncia siempre va precedida de un motivo, expreso o no y bien puede ser dicho pedimento la causa de la dimisión, hecho que no vicia de nulidad el acto de aceptación, ya que lo que lleva a anular la actuación es la evidencia de un componente coercitivo que permita concluir que el fuero interno del empleado fue invadido de tal manera que su capacidad de decisión quedó truncada, al punto que indefectiblemente se vio compelido a renunciar.

En el presente caso desacertado resulta la censura que finca el actor sobre la coacción de que fue objeto, ya que se trata de una persona consciente de su actuación y que, por demás estudió 4 semestres de universidad, como da cuenta la hoja de vida.

Como bien lo prescribe nuestro Código Civil en el artículo 1513 la fuerza no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Hay que mirar pues, de acuerdo con esta disposición, la fuerza o coacción en sí misma y en relación con la persona sobre la cual se ejerce.

En esa medida mal puede predicarse de un empleado de carrera, como era el actor, que tenía a su favor la estabilidad que le otorga el fuero del escalafón, que la presión para presentar la renuncia fue de tal grado que vició su consentimiento y, peor aún, que no pudo resistir tal tensión, pues su superior inmediato estaba en todo el derecho de exigir el cumplimiento de las labores propias del empleo, que fue la actitud asumida por el titular del despacho, actuación que de manera alguna es contraria al buen servicio.

De manera que no resulta aceptable y sí paradójico que el demandante, dado su formación, invoque violación de la ley estatutaria, cuando reconoce su propio escrito, para ahora en estrado judicial endilgarle vicios de forma y pretender de esa manera su nulidad.

Los anteriores planteamientos son suficientes para mantener la legalidad del acto acusado, lo que impone confirmar la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

Confírmase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” dentro del proceso que instauró Jorge Emiro Cárdenas Gallo contra la Nación - rama judicial, que negó las súplicas impetradas.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

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