Sentencia 22007 de octubre 21 de 2009

 

Sentencia 22007 de octubre 21 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 22007

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Aprobado Acta 331

Bogotá, D.C., veintiuno de octubre de dos mil nueve.

EXTRACTOS:«Consideraciones de la Corte

Cargo principal: Nulidad por violación del derecho de defensa

El demandante se inclina por la anulación del fallo de segundo grado al denunciar una inadecuada defensa técnica.

La Corte ha insistido en que el derecho a la asistencia jurídica cualificada durante la investigación y juzgamiento escogida por el procesado o provista por el Estado se encuentra consagrado como garantía fundamental en el artículo 29 del texto constitucional, así como también en los artículos 8.2 literales d) y e) de la Convención de San José de Costa Rica (L. 16/1972) y 14.3 del Pacto de Nueva York (L. 74/68).

Esa constitucionalización del derecho a la defensa lo eleva a garantía material y efectiva e impone a los funcionarios judiciales la obligación de velar por su ejercicio, lo cual no se basta con la designación sucedánea cuando el procesado no cuenta con un abogado de confianza, sino que se prolonga con la vigilancia de la gestión a fin de que la oposición a la pretensión punitiva del Estado se amolde a los parámetros de diligencia debida en pro de los intereses del incriminado.

Así, resulta vana la simple presencia formal del defensor, pues ha de ser latente la actuación en beneficio del inculpado, sin embargo, no siempre el optar por no pedir pruebas o no participar en su práctica, como tampoco elevar solicitudes o impugnar las decisiones desfavorables significa la orfandad defensiva o un descuido manifiesto de una adecuada defensa, porque la postulación o ejercicio de tales actuaciones no responde a una carga ineludible para esta.

Evidentemente, aún la aparente pasividad del abogado en alguna fase del proceso o durante su trámite o la ausencia de actos positivos de gestión, no pueden considerarse de manera fatal como infractoras del derecho de defensa, porque también puede colegirse que tal postura obedece a que se considere oportuno su no ejercicio.

En este caso, el procesado inicialmente para el momento de su vinculación a través de indagatoria, ante su manifestación de no contar con un abogado de confianza, estuvo asistido por un defensor de oficio el cual seguidamente fue reemplazado por un profesional designado directamente por él, quien lo representó en el trámite surtido en la segunda instancia ante el recurso de apelación promovido por el Ministerio Público basado en defectos de la prueba trasladada incriminatoria del acusado.

Seguidamente, otro defensor de confianza y luego su suplente asistieron al incriminado en la ampliación de indagatoria en la cual admitió su responsabilidad en el homicidio de Juan Nicolás Sánchez Saldarriaga ofreciendo detalles del comportamiento.

Ciertamente, Echavarría Uribe dio cuenta en principio de un incidente suscitado con la víctima en la ciudad de Miami (USA) por la tenencia de unos dólares, luego explicó que para el momento de los hechos cuando vio arribar a Juan Nicolás Sánchez Saldarriaga acompañado de José Alejandro Montoya Serra, decidió de forma preventiva hacerse a un arma de fuego, pero tras los insultos que mutuamente se lanzaron hizo uso del arma de fuego.

El suceso lo relata el incriminado así:

“... yo tengo un arma, yo sé disparar, estoy muy enojado con la situación, puto —sic—, para no decirlo  menos, y aquí al frente mío hay un mafioso del cartel de la heroína en su carro de setenta millones de pesos, queriéndome amenazar con un arma de fuego, después de decirme que de todas maneras me iba a matar, no sé cómo, no sé cuando, disparé tres veces. Nicolás cayó hacia atrás y oprimió el acelerador del carro con todas sus fuerzas, en ese momento José Alejandro se tropezó conmigo y cuando vi el sangrero —sic—, en el carro dejé el arma en el techo del carro de Nicolás, apague. Metí las manos y apague el carro...”

Tras lo anterior, el defensor solicitó la celebración de una diligencia de audiencia especial la cual le fue negada por no mediar dudas probatorias, decisión que fue objeto de los recursos de reposición y apelación por parte del mismo sujeto procesal, los cuales también fueron resueltos negativamente.

Como se truncó tal pedimento, invocó el propio Echavarría Uribe la práctica de diligencia de formulación de cargos a efectos de acogerse a los beneficios de la sentencia anticipada, pero al llegar el momento de la respectiva imputación, decidió no aceptarlos.

El profesional que lo representaba renunció al mandato y el procesado guardó silencio acerca de una nueva designación, sin embargo, el ente instructor le nombró un defensor de oficio, el cual el mismo Echavarría Uribe al momento de recepcionarle una ampliación de indagatoria lo acogió como defensor contractual.

Pero ante la posterior renuncia de este, se designó otro abogado de oficio con el cual se surtió la actuación restante en el sumario y parte de la fase del juicio cuando fue relevado por una profesional del derecho de confianza.

El anterior recuento del trámite permite advertir fundadamente que el procesado no estuvo indefenso. Si los togados —de oficio y de confianza—, no solicitaron la práctica de pruebas, no participaron en ellas o no las controvirtieron, no puede asumirse que atentaron contra el derecho de defensa de Echavaria Uribe, porque si bien es cierto un tal modo de proceder suele coincidir con manifestaciones de la inactividad defensiva, igualmente es verdad que también el silencio constituye una expresión válida del ejercicio de este ejercicio, estrategia en modo alguno comparable con la inactividad nugatoria de posibilidades de defensa.

Para la Corte, los funcionarios judiciales no solo cumplieron con la formalidad de proveer asistencia especializada al inculpado, sino que de manera efectiva dieron protección a la aludida garantía, así como ocurrió cuando la unidad de fiscalías delegadas ante el Tribunal de Medellín revocó una inicial providencia mediante la cual se le imponía medida de aseguramiento, al considerar precisamente que la prueba trasladada no había cumplido con los requisitos legales para su aducción, lo que motivó a dejarla sin validez a fin de suplir tales falencias y restaurar así el derecho vulnerado de contradicción.

No refulge la desatención de los intereses del procesado. Si bien el profesional del momento no presentó alegatos precalificatorios, y al notificarse de la resolución de acusación no ejerció los recursos contra ella, no puede tenerse tal actitud como violatoria del derecho de defensa técnica, pues tal modo de proceder que se traduce en una actitud simplemente vigilante también resulta un legítimo ejercicio defensivo.

En efecto, esta situación no tiene la entidad suficiente para aparejar la invalidez de la actuación, porque nada se opone a que esa pasividad pueda enmarcarse como una táctica deliberada.

Además, es innegable que la defensa técnica se desenvuelve en función de posibilidades reales de contradicción de los cargos, lo cual depende en buena parte de la información que sobre el asunto pueda suministrar el procesado, y aquí se advierte que medió inicialmente una petición para llegar a un acuerdo con la Fiscalía a través de la otrora figura de la audiencia especial implementada con la Ley 81 de 1993 cuando se incluyó el artículo 37-A en el Decreto 2700 de 1991(2) la cual fue rechazada por el ente instructor en tanto no se presentaban dudas probatorias que ameritaran llegar a algún consenso con el incriminado.

Además de lo anterior, se había dado también una solicitud de formulación de cargos por parte de Echavarría Uribe, con miras a hacerse acreedor a los beneficios de la sentencia anticipada, solo que llegado el momento de la práctica de tal diligencia, decidió no aceptarlos, actitudes del procesado que unidas a la asunción de su responsabilidad en una ampliación de indagatoria y a contundencia probatoria minaban la actividad defensiva en la fase del sumario.

De otro lado, el profesional que representó al incriminado para el cierre y calificación del instructivo fue relevado de su cargo en la etapa del juicio por parte del juez de conocimiento previamente al vencimiento del traslado para solicitar nulidades y la práctica de pruebas, oportunidad que cabalmente aprovechó un nuevo apoderado designado por Echavarría Uribe toda vez que solicitó la recepción de varios testimonios y aportó abundante prueba documental, probanzas que fueron atendidas en la audiencia preparatoria.

El demandante hace énfasis en que el defensor del momento no solicitó la adición del dictamen grafológico del documento con el cual el procesado acreditaba que para el momento de los hechos se encontraba privado de libertad en el municipio de Anzá por perturbación del orden público.

La pericia fue concluyente de la falsedad del documento por la adulteración de los días y horas de entrada del retenido en la inspección de policía de esa localidad, pues en la fecha de 21-11-98 se había sobreimpreso el digito “1”, sobre el “2” con el fin de ocultar este último, (pues correspondía al 22-11-98) y en la hora “18:00”, se modificó esa última cifra ya que la original era un “6”, enmendaduras que también se advertían para la salida del interno, pues se dio la reimpresión de un “2” sobre un “3” original.

Si el objetivo era extender el estudio al libro de registro y control de detenidos para evidenciar otras enmendaduras realizadas por el personal policial, deviene evidente que no modificaba la interpretación de tal prueba técnica ante la coincidencia de que tanto para el ingreso, como para la salida se hubieran elaborado tachaduras, además, porque la tesis de la privación de la libertad del enjuiciado para el momento de los hechos provino ya avanzado el diligenciamiento y solo cuando se frustraron las diligencias solicitadas para dar por terminado anticipadamente el trámite, a lo cual se sumaba la contundente prueba de cargo que haría inocua la adición de tal pericia.

Así las cosas, al no advertirse la cristalización de eventos que de manera objetiva favorecieran la situación del enjuiciado, el cargo no está llamado a prosperar.

Cargos subsidiarios:

Primer cargo: Violación indirecta de la ley sustancial debido a un erro de hecho por falso juicio de identidad

En cuanto a la tergiversación probatoria denunciada por el censor por concluir el tribunal que desde la tarde del 21 de noviembre de 1998, Echavarría Uribe, Montoya Serra y Juan Nicolás Sánchez Saldarriaga se dedicaron a ingerir licor, cuando la prueba acredita que el occiso departió con Montoya Serra y no con Echavarría Uribe, así como por afirmar que la residencia de Juan Diego Restrepo Marín está ubicada en Envigado y no en El Poblado, para la Sala resulta diáfano que no se adulteró el contenido material de alguna prueba.

En efecto, para el primer suceso, el ad quem tuvo en cuenta la aseveración de José Alejandro Montoya Serra acerca de que Juan Nicolás Sánchez Saldarriaga lo recogió hacia las 5:30 o 6:00 de la tarde, dieron una vueltas por el barrio Laureles y compraron una botella de whisky, empezaron a beber y luego se fueron para El Poblado, arribando al parque Lleras hacia las 6:30.

También consideró la manifestación del propio Echavarría Uribe cuando afirmó que estaba en la casa de Juan Diego Restrepo Marín, como solía hacerlo los fines de semana, y empezaron a tomar cerveza “pues si preguntan sabrán que me encantaba y me jactaba de ser el mayor bebedor de cerveza, pues no me gusta el trago fuerte”(3).

Así las cosas, contrario a la afirmación del censor, el tribunal no dedujo la reunión conjunta de todos los protagonistas de los hechos destinada a ingerir licor previamente a la comisión de la acción homicida, pues se trataba de dos grupos, por un lado  Montoya Serra con la víctima, y por otro, el procesado con Restrepo Marín.

La asunción mancomunada de actividades la determinó el juzgador ya para el momento de la comisión de la acción homicida al  precisar que en la casa de Juan Diego Restrepo Marín, en la cual se encontraba Echavarría Uribe, arribaron luego José Alejandro Montoya Serra y Juan Nicolás Sánchez Saldarriaga a bordo del vehículo de marca BMW, y que allí procede el enjuiciado a propinarle dos disparos a la víctima y entre los tres camuflan el cadáver en el maletero del rodante para conducirlo y finalmente abandonarlo en el barrio Zúñiga de Medellín.

Ahora, respecto de la localidad en la cual se hallaba la residencia de Juan Diego Restrepo Marín afirmando el Tribunal que correspondía a El Poblado, es claro que tal aseveración se apoyó en elementos de convicción que así lo señalaban. En la prueba legalmente trasladada, Alex Fernando Rojas Viana afirmaba en su declaración que Echavarría Uribe le contó  del suceso con Juan Nicolás Sánchez Saldarriaga relatándole que después de que lo habían llevado con algún engaño a una finca en la parte alta de El Poblado, allá él le había disparado(4)

En este orden, no se advierte alguna falencia en el proceso de aprehensión probatoria por parte del tribunal, lo que conduce a la desestimación de la censura.

Segundo cargo: Violación indirecta de la ley sustancial debido a un error de hecho por falso raciocinio

Concerniente a la contradicción de los postulados de la sana crítica por haber acreditado el procesado que para el momento de los hechos se encontraba privado de su libertad en un lugar distante de los mismos, específicamente en la Inspección de policía del municipio de Anzá, Antioquia, y pese a ello predicar la autoría del homicidio, lo cual se tornaba imposible estar  en dos lugares simultáneamente, para la Sala es claro que tal tesis defensiva no encontró eco en la judicatura, no solo por su advenimiento tardío en el curso del diligenciamiento, sino principalmente por lo espurio del documento con el cual se pretendía acreditar.

Justamente, el tribunal destacó la contradictoria y vacilante conducta procesal de Echavarría Uribe, por cuanto para su primera indagatoria se mostró ajeno a los hechos, seguidamente, en la ampliación de la misma contó con “lujo de detalles” la realización del comportamiento al punto que intentó terminar anticipadamente el trámite judicial a través de las figuras de la audiencia especial y sentencia anticipada, para finalmente exhibir una retractación:

“... adobada con la entronización de una coartada, que para su infortunio, luego de una adecuada confrontación pericial sobre el documento que le daba sustento, terminó volcándose una vez en su contra al concluir los peritos que el folio 149 del libro de registro [llevado en la estación de policía de Anzá] había sido objeto de una muy clara adulteración.

“No fue entonces, ni en forma remota que se desconociera esa prueba que lo favorecía como lo plantea el sindicado, ni que estuviera demostrada una coartada que situaba a este detenido en la fecha del homicidio en la estación de policía de Anzá como a su turno lo alega su defensora, pues ni lo primero ni lo segundo puede entenderse demostrado, ya que con tanta claridad como la que emana de los persuasivos elementos de prueba en contrario, avalados por unos documentos gráficos de absoluta claridad, lo que se demostró fue algo muy distinto, esto es, que no fue hasta el día 22 de noviembre de 1998 que se detuvo a Juan Carlos en Anzá, lo que elimina esa supuesta ubicuidad que tanto preocupa a la defesa, pues estar en tal fecha en tal localidad y el día anterior en Medellín perpetrando el homicidio es algo perfectamente factible”.

Con esta perspectiva deviene diáfano que el tribunal sopesó racionalmente las pruebas para desestimar la exculpación ofrecida por el procesado.

No era necesario, como lo plantea el demandante, acreditar previamente a través de un diferente proceso penal y de una sentencia en firme, que el documento aportado por el procesado era falso; tal conclusión se bastaba con la colaboración judicial ofrecida por expertos grafólogos.

Además, corroboraba la adulteración para amañar los datos a los intereses del enjuiciado, que los miembros de la estación de policía de Anzá dan cuenta de la forma como se debía corregir algún error en las anotaciones en el libro de registro coincidiendo todos en que no era permitido hacer enmendaduras pues se debía: bien encerrar entre paréntesis, como lo clarificó José de Jesús Diossa Bedoya(5), o a través de nota aclaratoria según Augusto de Jesús Agudelo Serna(6) y Gustavo Adolfo Sánchez Loaiza(7) o con la palabra “anulado” según Luis Maximiliano Pérez Sepúlveda(8).

El libelista en apoyo de la tesis defensiva resalta que el policial Fernando Sánchez Morales reconoció como suya la anotación cuestionada, sin embargo, tal presentación dista de la realidad por cuanto el testigo fue dubitativo, al punto, de precisar que no les era permitido hacer borrones, agregó: “Doctor, yo no estoy bien seguro de que esta letra sea mía. No sé si está borrado”.

Por último, se muestra totalmente inconducente que se hubiera acreditado la regularidad con la que los policiales cometían errores en las anotaciones del libro de registro de internos, por cuanto lo trascendente era la relativa a Echavarría Uribe, en donde no solo la adulteración del documento desvirtuaba la privación de su libertad para el momento de los hechos, sino la prueba testimonial permitía acotar su responsabilidad en el delito.

En este orden, el reproche será desestimado.

Tercer cargo: Violación indirecta de la ley sustancial motivada en un falso juicio de existencia

En esta oportunidad echa en falta el libelista pruebas que llevaban a otra vertiente de responsabilidad en la muerte de Juan Nicolás Sánchez Saldarriaga, de un lado, las que predicaban la autoría por parte de José Alejandro Montoya Serra, quien tenía el móvil de apoderarse de un paquete de heroína que aquel portaba, y de otro, las que referían una amenaza proferida por Fabio Mauricio Saldarriaga, a la víctima ante la relación que sostenía con su esposa Lina María Pulgarín Mejía.

También en esta postura adolece de falta de razón el censor, por cuanto tales posibilidades fueron sopesadas con suficiencia por el fallador cuando concluyó:

“Oponer a la solidez de una acusación tan categórica simples elucubraciones como las que la defensa realiza para tratar de hacer pensar que quien mató a Nicolás fue Montoya Serra y no su cliente, supondría hacer crédula e ingenua abstracción de todo cuanto en el proceso predica lo contrario, sobre todo ignorar que fue mucho antes de que José Alejandro decidiera contar los pormenores de los hechos que ya, justamente por lo que desde otra vertiente había dado a conocer el testigo Miguel Ángel Peláez Delgado, se tenía noticia de que había sido Juan Carlos el homicida de Nicolás Sánchez”.

De ahí que si bien se hubiera admitido que Montoya Serra fue visto en compañía de Sánchez Saldarriaga y que podía tener un ánimo de acabar con su vida para apoderarse de un paquete de heroína, tal hipótesis se mostraba débil y tenue ante la contundencia de las pruebas que apuntaban en contra de Echavarría Uribe.

El juzgador mostró su desacuerdo con haber catalogado a Montoya Serra como simple cómplice, cuando era claro su rol protagónico que lo haría tener como coautor, así como por haberle eliminado la causal de agravación del delito de homicidio basada en el estado de indefensión de la víctima, cuando dijo que tales carencias desde la resolución de acusación dejaban un “cierto sabor a impunidad”, solo que tal situación resultaba inmodificable al existir ya una sentencia condenatoria en firme en su contra por ese grado de participación accesorio en el delito de homicidio simple.

La otra posibilidad del interés que podía tener Mauricio Saldarriaga en acabar con la vida de Sánchez Saldarriaga también fue valorada judicialmente, solo que, como ya se advirtió, era más determinante la que mostraba a Echavarría Uribe como ejecutor.

Así razonó el fallador:

“Inadmisible también despunta la tentativa de la defensa por derivar la muerte de Sánchez Saldarriaga a los problemas que supuestamente tenía a raíz de la relación amorosa que este sostenía con la esposa del señor Mauricio Saldarriaga, pues aunque es claro que podía tener Nicolás otros enemigos, no menos lo es que Juan Carlos era otro de ellos, y así la defensa trate de minimizar la causa de la enemistad a una simple e insignificante deuda, la verdad es que fuese ese el motivo o no, lo que sí es innegable que por los hechos ocurridos en Miami quedó sellada una grave enemistad que hasta el mismo implicado admite. Además no es que se esté buscando al azar entre todos los probables enemigos del señor Sánchez Saldarriaga a su eventual homicida, sino se está, por lo que este proceso contiene, frente a una muy seria imputación contra quien era uno de ellos justamente el sindicado Echavarría Uribe”.

La censura no puede prosperar.

Cuarto cargo: Violación directa de la ley sustancial

En cuanto al disenso del libelista por la concurrencia de la circunstancia específica de agravación para el delito de homicidio basada en la indefensión de la víctima, prevista en el numeral 7º del artículo 104 del Código Penal, es palmario que en la resolución de acusación la misma se estructuró por el engaño con el cual fue llevada la víctima al lugar de los hechos, pues se le hizo creer que allí arribaría un piloto para tratar lo de un envío de estupefaciente al exterior, desprevención que a la postre facilitó  la realización del punible.

Para el ente acusador precisamente esa imprevisión de la víctima le facilitaba al acusado la materialización del delito “sin correr mayores riesgos y sí con una alta dosis de posibilidad de alcanzar su protervo objetivo”, pues para ello, se valió de la amistad que tenía con Montoya Serra para tenderle una celada, y escogió la casa de Restrepo Marín por su estratégica ubicación, circunstancias propicias para la ejecución, de ahí que el juzgador de primer grado determinara que:

“... la oportunidad precisa por parte de Echavarría Uribe de no dar lugar a movimiento alguno y con frialdad apuntar su arma en contra de la humanidad del hoy occiso tal y como lo demuestra el dictamen de necropsia ... y el tatuaje que da cuenta las conclusiones del dictamen; es ahí exactamente donde está la causal de agravación por la indefensión de la cual se aprovechó el joven Juan Carlos, sin que además se presentara por parte de la víctima movimiento alguno defensivo que pudiera dar lugar a admitir una defensa presunta”.

Así las cosas, no se advierte alguna contradicción judicial al resaltar, de un lado, el engaño del que fue objeto la víctima y de otro la forma de ejecución de la conducta pues como lo reseñó el tribunal:

“... el engaño como fuente de la citación y el desapercibimiento generador de indefensión (...) lo que esencialmente ocurrió fue el aprovechamiento deliberado de la indefensión de la víctima con notable ventaja para el delincuente”.

Fueron varias circunstancias, como el engaño previo, el lugar escogido para perpetrar la acción, la presencia de tres sujetos frente a Sánchez Saldarriaga que limitaban una reacción defensiva de su parte, y el aprovechamiento de la situación de que desprevenidamente se disponía a bajarse del automotor cuando arribaba a la finca, las que permitieron establecer el  estado de indefensión configurante de la causal de mayor intensidad punitiva.

Acerca de tal tópico la Corte de tiempo atrás ha precisado:

“Todas las formas dolosas y cobardes de cometer homicidio y lesiones personales con un mínimo de peligro para el agresor, y un máximo de indefensión para la víctima, quedan comprendidas en la circunstancia calificante de la alevosía. Este vocablo tiene hoy en la doctrina un sentido amplísimo, equivalente a sorprender al ofendido descuidado e indefenso, para darle el golpe con conocimiento o apreciación, por parte del agente, de esas condiciones de impotencia en que se halla el sujeto pasivo del delito. La alevosía tiene, pues, un contenido objetivo y subjetivo, sin que sea de su esencia la premeditación. La dicha agravante se traduce generalmente en la ocultación moral y en la ocultación física. La primera, cuando el delincuente le simula a la víctima sentimientos amistosos que no existen o cuando le disimula un estado del alma rencoroso. La ocultación física, cuando se esconde a la vista del atacado, o se vale de las desfavorables circunstancias de desprevención en que se encuentra”(9).

Así las cosas, el cargo no tiene vocación de éxito.

Cuestión final

La Sala advierte que respecto de la acción penal derivada del delito de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal por el cual fue acusado Juan Carlos Echavarría Uribe, ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción.

Según lo normado en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000 (que corresponde al artículo 80 del anterior estatuto penal), durante la etapa de instrucción la acción penal prescribe en un término igual al máximo de la pena establecida en la ley, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco (5) años ni superior a veinte (20). En la etapa de la causa tal término empieza a contarse a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación o su equivalente, por un tiempo igual a la mitad del establecido para la fase instructiva, pero en ningún caso puede ser inferior a cinco (5) años.

La conducta contra el bien jurídico de la seguridad pública por la que fue acusado el procesado se ejecutó el 22 de noviembre de 1998 en vigencia del anterior Código Penal que en su artículo 201 preveía una pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años. Tal límite punitivo no fue objeto de modificación por el artículo 365 de la Ley 599 de 2000, por lo mismo, el término de prescripción tanto para la fase del sumario como la del juicio corresponde a cinco (5) años, como límite mínimo dispuesto por el legislador.

Por el mencionado comportamiento se acusó a Echavarría Uribe el 7 de febrero de 2002, decisión que adquirió firmeza en esa instancia el 12 de marzo de la misma anualidad al no ser objeto de impugnación, lo cual denota que el término prescriptivo de cinco (5) años de tal acción se cumplió el 13 de marzo de 2007, circunstancia que así impone declararlo y que determina disponer la cesación de procedimiento respectiva por tal comportamiento.

Como la prescripción de la acción penal del delito referido se causó después de proferido el fallo de segundo grado por parte del tribunal, se deberá disponer la correspondiente cesación del procedimiento por tal conducta a favor del incriminado.

La exclusión de ese ilícito tiene incidencia en los aspectos punitivos, por ello, se hace necesario exceptuar la sanción que le fue fijada a Juan Carlos Echavarría Uribe por el mismo, quien entonces solo quedará condenado como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado.

El juez singular por razón del concurso delictual ubicado en el primer cuarto punitivo, partió de la pena mínima del delito de homicidio agravado de veinticinco (25) años, a los que aumentó seis (6) meses más por el ilícito de porte ilegal de arma de fuego, por lo tanto, al excluir este último monto la pena quedará en definitiva en veinticinco (25) años de prisión.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NO CASAR el fallo por razón de los cargos formulados en la demanda presentada por el defensor de Juan Carlos Echavarría Uribe.

2. DECLARAR PRESCRITA la acción penal derivada del delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y en consecuencia cesar procedimiento en favor de Juan Carlos Echavarría Uribe por el tal ilícito.

3. PRECISAR que, por razón de la cesación de procedimiento aquí dispuesta, la pena principal impuesta al procesado Juan Carlos Echavarría Uribe como autor del ilícito de homicidio agravado es de veinticinco (25) años de prisión.

4. En lo demás, el fallo impugnado se mantiene incólume.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(2) “ART. 37.—A. Audiencia especial. A partir de la ejecutoria de la resolución que defina la situación jurídica del procesado y hasta antes de que se cierre la investigación, el fiscal, de oficio o a iniciativa del procesado, directamente o por conducto de su apoderado, podrá disponer por una sola vez la celebración de una audiencia especial en la que el fiscal presentará los cargos contra el procesado. La audiencia versará sobre la adecuación típica, el grado de participación, la forma de culpabilidad, las circunstancias del delito, la pena y la condena de ejecución condicional, la preclusión por otros comportamientos sancionados con pena menor, siempre y cuando exista duda probatoria sobre su existencia.

Terminada la audiencia se suscribirá un acta que contenga el acuerdo a que se haya llegado sobre los aspectos a que hace referencia el inciso anterior. El proceso se remitirá al Juez del conocimiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia.

Recibido el expediente por el juez, dictará sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de conformidad con lo acordado si encuentra el acuerdo ajustado a la ley y siempre que no se hayan violado derechos fundamentales del procesado...”

(3) Folio 558, 559, cuaderno original 3.

(4) Folio 87, cuaderno original 1.

(5) Folio 923 cuaderno original 4º.

(6) Folio 926 ídem.

(7) Folio 929 ibídem.

(8) Folio 932 ídem.

(9) Sentencia de 7 de febrero de 1955, en Gaceta judicial, tomo LXXIX, pág. 581.