Sentencia 2202 de febrero 28 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA

ADQUISICIÓN POR FUERA DE REMATE

NO ESTÁ GRAVADA CON IMPUESTO PARA EL FONDO ROTATORIO

EXTRACTOS: «Para mayor ilustración se transcribe a continuación el texto completo de la regla 305 y se subraya el segmento objeto de la acción:

“DECRETO 2282 DE 1989

(Octubre 7)

Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil.

305.—El artículo 557, quedará así:

Remate y adjudicación de bienes. Para el remate y adjudicación de bienes se procederá así:

1. Se dará aplicación a los artículos 523, salvo el inciso segundo, 525 a 528, 529 en lo pertinente y 530.

2. El acreedor con hipoteca de primer grado, podrá hacer postura con base en la liquidación de su crédito; si quien lo hace es un acreedor hipotecario de segundo grado, requerirá la autorización de aquél y así sucesivamente los demás acreedores hipotecarios.

3. Desierta la licitación podrá el acreedor, dentro de los cinco días siguientes, pedir que se le adjudique el bien para el pago de su crédito y las costas, por el precio que sirvió de base.

Si fueren varios los acreedores, la misma facultad la tendrá el de mejor derecho.

4. Si el precio del bien fuere inferior al valor del crédito y las costas, se adjudicará el bien por dicha suma; si fuere superior, el juez dispondrá que el acreedor consigne a orden del juzgado la diferencia en el término de tres días, caso en el cual hará la adjudicación. Las partes podrán de común acuerdo prorrogar este término hasta por seis meses.

Si el acreedor no realiza oportunamente la consignación y el pago del impuesto, se procederá como lo dispone el inciso final del artículo 529, sin perjuicio de que cualquiera de las partes pueda solicita nueva licitación.

5. Si son varios los acreedores y se han liquidado costas a favor de todos, se aplicará lo preceptuado en el numeral 7 del artículo 392.

6. Cuando el proceso verse sobre la efectividad de la prenda y ésta se justiprecie en suma no mayor a un salario mínimo mensual, en firme el avalúo, el acreedor podrá pedir su adjudicación dentro de los cinco días siguientes en la forma prevista en los numerales 3 y 4 del presente artículo, que se aplicarán en lo pertinente”.

..........................................................

Ante todo conviene precisar que la disposición acusada modificó el artículo 557 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de establecer un nuevo requisito al acreedor que pide y obtiene que se adjudique el bien, dado en hipoteca o prenda, una vez declarada desierta la licitación, pues si su valor excede el del crédito y el de las costas, además de consignar el saldo como se lo exigía la norma anterior, deberá pagar el impuesto.

Significa lo anterior que uno de los aspectos modificados y que es precisamente materia de cuestionamiento, consiste en gravar un hecho que no lo estaba, de acuerdo con el precepto anterior, cual es la adquisición de un bien por fuera de la diligencia de remate. Lo cual evidencia que las expresiones impugnadas extralimitan las facultades extraordinarias, pues de ninguna de ellas puede deducirse competencia para imponer tributos, gravando hechos distintos de los señalados por el legislador.

Por lo demás cabe observar que, aun cuando la norma no precisa de cuál impuesto se trata, es lógica la interpretación que hace el actor en el sentido de que la norma se refiere al gravamen establecido en el artículo 7º de la Ley 11 de 1987. Esta conclusión se desprende de interpretar la frase acusada en concordancia con lo dispuesto en el artículo 529, al cual se remite el artículo parcialmente demandado para efectos de establecer consecuencias jurídicas, en el caso de que no se consigne la parte del precio y se pague el impuesto, dentro de la oportunidad que da la ley.

En efecto, el artículo 7º de la Ley 11 de 1987 establece:

“Los adquirentes en remates de bienes muebles e inmuebles que se realicen por el Martillo del Banco Popular, el Fondo Rotatorio de Aduanas, los Juzgados Civiles, los Juzgados Laborales y demás entidades de los órdenes nacional, departamental y municipal, pagarán un impuesto del 3% sobre el valor final del remate, con destino al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. Sin el lleno de este requisito no se dará aprobación a la diligencia respectiva.

Parágrafo. El valor del impuesto de que trata el presente artículo será captado por la entidad rematadora y entregado mensualmente al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia” (subraya la Sala).

Nótese cómo insistentemente el artículo copiado habla del remate para determinar así el presupuesto de hecho de la obligación tributaria, refiriéndose al adquirente en remate para individualizar al sujeto pasivo del impuesto y a la entidad rematadora para identificar a quien tiene el deber de captar el impuesto creado por la Ley 11 de 1987; reiteración de la norma tributaria que impide una comprensión analógica de ella a fin de incluir dentro de los obligados a pagar el impuesto con destino al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia a quienes por fuera del remate, y en virtud de haber resultado desierta la licitación, adquieren el bien de que se trate por adjudicación directa que en razón de su crédito les haga el juez.

En efecto, dada la precisión del legislador al imponer la carga tributaria, no cabe interpretación que permita gravar cualquier otra adquisición de bienes que se realice dentro del proceso ejecutivo, si ella no es consecuencia de un remate en el cual se adjudique el bien a quien mejores condiciones económicas ofrezca por él. La adquisición en el supuesto que señala la norma no encaja dentro del concepto de adquisición “en remates”, por precisamente realizarse por fuera de la diligencia que se efectúa con ese propósito y en ejercicio de la opción que ofrece la ley al acreedor de mejor derecho para pedir que se adjudique el bien una vez concluya la licitación o subasta pública por haberse declarado desierta.

Las normas que establecen impuestos son de aplicación restrictiva y no puede hacerse de ellas interpretaciones extensivas para gravar hechos que guarden alguna semejanza o relación con los que de manera precisa ha definido el legislador al imponer el tributo.

Es por esto que resulta inexequible el segmento acusado, en cuanto el Ejecutivo, sin facultarlo para ello la ley de investidura, extendió dicho impuesto al acreedor que haciendo uso del derecho que le otorga la ley civil pide y obtiene del juez que le adjudique el bien para mediante esta sui generis dación en pago ver satisfecho su crédito. Pero, como es obvio, si la adquisición es resultado no de esta singularísima datio in solutum sino de su intervención en el remate como postor, deberá entonces el acreedor que así se comporta pagar el impuesto establecido en el artículo 7º de la Ley 11 de 1987, pues en tal caso sí es sujeto pasivo del tributo por ser uno de “los adquirentes en remates” que allí se prevén.

Así las cosas se declarará inexequible el segmento acusado porque no se ciñe a las precisas facultades de que fue investido el Presidente por la Ley 30 de 1987 y, en consecuencia, vulnera los artículos 118-8 en relación con el 76-12 de la Constitución Nacional.

VI.Decisión

En mérito de las consideraciones precedentes, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE la regla 305 del Decreto Ley 2282 de 1989 que modificó el artículo 557 del Código de Procedimiento Civil, en parte que dice: “... y el pago del impuesto”.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente».

(Sentencia Nº 23, febrero 28 de 1991. Expediente 2202. Magistrados Ponentes: Dr. Pedro Escobar Trujillo - Dr. Rafael Méndez Arango

SALVAMENTO DE VOTO

Como no estuve conforme con la declaratoria de inexequibilidad, anoto sucintamente las razones de ese disentimiento, aunque seguramente otros salvamentos aportarán a este propósito más calificadas explicaciones.

Inicialmente la Corte acierta cuando insinúa la causa del pago del cuestionado impuesto que no es otro que robustecer los recursos propios a la institución del público remate, aspecto que llevaría el concepto no tanto al tema tributario (impuesto) como sí a otro gravamen (tasa), puesto que la fijación de éste corresponde a un servicio concreto y proporcional que se ha prestado a quien así contribuye, o sea, el poderse apoyar en una licitación Hay que convenir en que la almoneda es un sistema justo, que impide al accionante quedarse, por el valor de su crédito, con el bien que sirvió de garantía del mismo, existiendo otras personas interesadas en adquirirlo por mayor valor; y, también, es provecho manifiesto para el acreedor, puesto que se intenta el que quede en manos de otras personas, sin ser obligación para el demandante hacerse a un bien que tal vez no estaba en la órbita de sus propósitos hacerlo suyo, aunque también pueda participar, y con indiscutible ventaja, en esa almoneda.

Pero creo que la Corte ha desatendido esta importante reflexión, para entrar en distingos de palabras aisladas que no forman un sólido contexto ni tienen el valor único y específico que trata de atribuírseles en el fallo. La ley, lo primero que se advierte, es que no es totalmente coherente ni emplea los vocablos con un rigor tan suficiente como para deducir de ello que cuando habla de remate no se comprende a lo que podía considerarse, en forma laxa, adjudicación directa.

Lo que la Sala no ha podido asimilar totalmente es que la adjudicación directa es relativamente impropia. A esta se puede llegar, y en ella se estaría, si el proceso final (la adjudicación al acreedor) no estuviera precedida al menos de un intento de remate. Pero, el contenido de la disposición es muy claro al señalar que, previamente, se ha surtido un fallido intento de remate, pues el numeral tercero empieza por anotar que “desierta la licitación”, y, la parte final del comentado numeral 4º, señala “que cualquiera de las partes pueda solicitar NUEVA licitación”, con lo cual se indica que ya hubo una, pero que no logró su apetecido resultado, pasándose entonces a la adjudicación.

Es por esta licitación que pudo alcanzarse la adjudicación al demandante; y es por esta frustrada actividad judicial que la ley impone el pago del mal llamado impuesto. En otras palabras, lo que da motivo a éste, se cumplió también en parte en el fenómeno de la adjudicación, pues si bien no se efectuaron todas las almonedas previstas por la ley, con las consiguientes disminuciones de la base del remate, sí se efectuó una que, por las características del proceso, desemboca prematuramente en la mencionada adjudicación.

Es justo, entonces, que utilizado el sistema y debiéndose mantener éste y perfeccionarse, y entendiéndose el mismo como necesario soporte en la solución de esta clase de conflictos, y habiéndose aplicado igualmente, en parte, se imponga por el legislador la obligación de contribuir a su mantenimiento y evolución, con el pago de ese gravamen, que también, justicieramente, debe contar para el llamado adquirente directo.

Con la debida consideración y respeto,

Gustavo Gómez Velásquez. 

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Ante todo conviene precisar que la disposición acusada modificó el artículo 557 del Código de Procedimiento Civil en el sentido de establecer un nuevo requisito al acreedor que pide y obtiene que se adjudique el bien, dado en hipoteca o prenda, una vez declarada desierta la licitación, pues si su valor excede el del crédito y el de las costas, además de consignar el saldo, como se lo exigía la norma anterior, deberá pagar el impuesto.

Significa lo anterior, según lo sostiene el actor, que uno de los aspectos modificados y que es precisamente materia de cuestionamiento, consiste en gravar un hecho que no lo estaba, de acuerdo con el precepto anterior, cual es la adquisición de un bien por fuera de la diligencia de remate. Pero esto no es cierto ni puede entenderse como un desbordamiento de las facultades extraordinarias, si se tiene en cuenta que el proceso de ejecución que se adelanta para hacer efectivo el crédito del acreedor corresponde a un criterio de unidad, es decir, que sutancialmente existe una “venta judicial” tanto en la adjudicación por remate como en la adjudicación directa del bien del deudor, en el caso contemplado en la norma subexámine.

Por lo demás cabe observar que es lógica la interpretación que hace el actor en el sentido de que la norma se refiere al gravamen establecido en el artículo 7º de la Ley 11 de 1987. Esta conclusión se desprende de interpretar la frase acusada en concordancia con lo dispuesto en el artículo 529, al cual se remite el artículo parcialmente acusado, para efectos de establecer consecuencias, en el caso de que no se consigne la parte del precio y se pague el impuesto, dentro de la oportunidad que da la ley.

En efecto, el artículo 7º de la Ley 11 de 1987 establece: “Los adquirentes en remates de bienes muebles e inmuebles que se realicen por el Martillo del Banco Popular, el Fondo Rotatorio de Aduanas, los Juzgados Civiles, los Juzgados Laborales y demás entidades de los órdenes nacional, departamental y municipal, pagarán un impuesto del 3% sobre el valor final del remate con destino al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. Sin el lleno de este requisito no se dará aprobación a la diligencia respectiva”.

Según el artículo 557 del C.P.C. para el remate y adjudicación de bienes se procederá en la forma que aparece descrita detalladamente en esta disposición y que ordena, en primer término, que “se dará aplicación a los artículos 523, salvo el inciso segundo, 525 a 528, 529, en lo pertinente y 530“.

Toda esta reglamentación está indicando que el proceso ejecutivo tiene una unidad y que todos los eventos que se presentan son pasos destinados a un fin fundamental que no es otro que el de hacer efectivos los créditos de los acreedores para que tenga cumplida realización el principio de que los bienes del deudor son la prenda general de garantía de los acreedores. Así, en el caso que se examina, ya sea por la culminación del remate o por la adjudicación del bien del deudor al acreedor de mejor derecho, se está en presencia de un desarrollo procesal que se cumple, en ambos casos, con similares antecedentes reglados en el Código de Procedimiento Civil, con decisiones jurisdiccionales proferidas por el juez de la ejecución, y respecto de las cuales es preciso reconocer que se proyectan con igual justificación normas como las que son objeto de acusación en esta oportunidad.

En este sentido, es preciso concluir que el impuesto creado por el artículo 7º de la Ley 11 de 1987, no sólo es aplicable cuando se produce la adjudicación por remate, sino también cuando se hace la adjudicación directa al acreedor de mejor derecho, ya que en tal evento no existe otra cosa que un desarrollo procesal de un mismo fenómeno destinado a hacer efectivos los créditos. Hay entonces una unidad sustancial en ambos actos procesales, regidos por las normas correspondientes y que son el resultado de decisiones jurisdiccionales asumidas por el juez competente, según la ley.

Esta es una interpretación que fluye claramente de las mismas voces de la ley, art. 557 del C.P.C., cuando en el numeral 3º establece: “Desierta la licitación podrá el acreedor, dentro de los cinco días siguientes, pedir que se le adjudique el bien para el pago de su crédito y las costas, por el precio que sirvió de base. Si fueren varios los acreedores, la misma facultad la tendrá el de mejor derecho”.

Así las cosas se debe declarar exequible el segmento acusado porque no excede las precisas facultades de que fue investido el Presidente de la República por la Ley 30 de 1987, y en consecuencia no viola ningún artículo del Estatuto Fundamental.

En este sentido reafirmamos nuestro concepto de que, con virtud de las anteriores razones, la decisión de la corporación debió ser la de declarar exequible la regla 305 del Decreto Ley 2282 de 1989, que modificó el artículo 557 del Código de Procedimiento Civil, en la parte que dice: “y el pago del impuesto”.

Fabio Morón Díaz—Jaime Sanín Greiffenstein—Simón Rodríguez Rodríguez—Pedro Lafont Pianetta. 

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