•Sentencia 2203 de marzo 11 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDADES PARA SER ELEGIDO PERSONERO

CAMBIO DE JURISPRUDENCIA SOBRE APLICACIÓN DE UNA CAUSAL

EXTRACTOS: «Procede la Sala a resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandada contra la sentencia de 8 de octubre de 1998, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila.

Antecedentes

En ejercicio de la acción de nulidad electoral y en su propio nombre, el ciudadano Aldemar López Araújo entabló demanda para que el Tribunal Administrativo del Huila hiciera las siguientes declaraciones:

1. Que es nula el acta del concejo municipal de Altamira (Huila), en lo que hace referencia a la elección de Gloria Elena Rojas Artunduaga, como Personera Municipal, para el período 1998-2001, de fecha 4 de febrero de 1998.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene la suspensión provisional del acto.

3. Una vez en firme, comuníquese al alcalde del municipio, al presidente del concejo municipal y a la demandada, para los fines indicados en los artículos 102 y 176 de la Ley 136 de 1994.

Como hechos de la demanda, relata los siguientes:

1. En la sesión del 4 de febrero de 1998 fue elegida Gloria Elena Rojas Artunduaga, como personera municipal de Altamira, para el período comprendido entre el 7 de marzo de 1998 y el 28 de febrero del 2001, de acuerdo a lo consignado en el Acta Nº 007 de la misma fecha.

2. El 5 de febrero, el presidente del concejo expidió la resolución pertinente.

3. La demandada se desempeñó como personera municipal de Tesalia hasta el 24 de febrero de 1998.

4. Considera que Rojas Artunduaga está inhabilitada para desempeñar el cargo, por cuanto dentro de los 3 meses anteriores a la elección, se desempeñó como empleada pública, tal y como lo establece el artículo 95-4, en concordancia con el artículo 174-a de la Ley 136 de 1994.

Como normas violadas señala los artículos 174-a y 95-4 de la Ley 136 de 1994.

Estima el actor que el literal a, el artículo 174 de la Ley 136 de 1994 señala que el personero está incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal, en lo que le sea aplicable.

Por su parte, el artículo 95-4 de la misma norma establece que no podrá ser elegido quien se haya desempeñado como empleado o trabajador oficial dentro de los 3 meses anteriores a la elección.

Cuando se eligió a la demandada, esta se desempeñaba como empleada pública, motivo por el cual se configura la inhabilidad.

(...)

Sentencia del tribunal

El Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia del 8 de octubre de 1998, declaró la nulidad de la elección de la Dra. Gloria Elena Rojas Artunduaga, como personera municipal de Altamira ( Huila), con base en los siguientes argumentos:

Previa citación de las normas invocadas como violadas, señala que se demostró que la demandada se desempeñó como personera municipal de Tesalia, desde el 1º de marzo al 24 de febrero de 1998, o sea que cuando se realizó la elección aún era empleada oficial, quedando comprendida en la inhabilidad consagrada en el artículo 95-4 de la Ley 136 de 1994, aplicable a los personeros por expresa disposición del artículo 174 de la misma ley.

Señala que esa corporación ya había tenido oportunidad de estudiar similar situación, concluyendo que el artículo 95-4 es aplicable a los personeros.

(...).

Consideraciones

Competencia y oportunidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129-2 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con los artículos 131-3, 231 y 265, ibídem, la sentencia es susceptible del recurso de apelación, ya que se interpuso dentro del término previsto en el artículo 250 del Código Contencioso Administrativo (fl. 140 vto.) y esta Sala es competente para conocerlo.

El fondo del asunto.

Considera el actor que la elección de Gloria Elena Rojas Artunduaga, como personera municipal de Altamira, es nula ya que la demandada estaría inhabilitada para ocupar el cargo, por encontrarse incursa en la causal prevista en el artículo 95-4 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con el artículo 174-a ibídem.

Las normas citadas son del siguiente tenor:

El artículo 174, literal a, de la Ley 136 de 1994, dice así:

“ART. 174.—Inhabilidades. No podrá ser elegido personero quien:

a) Esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal, en lo que le sea aplicable”.

Y el artículo 95, numeral 4º, de la misma ley, dice:

“ART. 95.—Inhabilidades. No podrá ser elegido ni designado alcalde quien: (...).

4. Se haya desempeñado como empleado o trabajador oficial dentro de los tres (3) meses anteriores a la elección”.

El problema planteado por la parte demandada sobre la viabilidad de la aplicación de esta norma para los personeros municipales constituye el punto neurálgico de esta discusión.

Observa la Sala que la remisión “en lo que le sea aplicable” hace referencia a que a los personeros municipales se les puede aplicar algunas de las inhabilidades previstas para los alcaldes, mas no todas.

El literal b del artículo 174 y el numeral 4º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 consagran inhabilidades referidas a que el aspirante al cargo se haya desempeñado en la administración pública en un período anterior a la elección.

Como existe una norma especial para estos funcionarios, debe entenderse que la norma prevista para los alcaldes, y aplicable a ellos, en lo que corresponda, no puede ser tenida en cuenta pues ya hay una que los afecta directamente, establecida por la ley.

La inhabilidad específica debe primar sobre aquella que se hace por remisión legal, tomando como punto de partida su aplicación restrictiva.

En varias oportunidades esta Sección ha decidido, por mayoría, que la inhabilidad establecida en el numeral 4º, del artículo 95, de la Ley 136 de 1994 es aplicable para la elección de personero, por la remisión del literal a del artículo 174, de la misma ley, es decir, que no podía ser elegido quien se hubiere desempeñado como empleado o trabajador oficial dentro de los tres meses anteriores a la elección.

Estudiado de nuevo el asunto, la Sección termina por aceptar que el numeral 4º, del artículo 95, de la Ley 136 de 1994, referida a los alcaldes, no es aplicable a los personeros, por existir inhabilidad especial, prevista en el literal b, del artículo 174, de la citada ley —“Haya ocupado durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio”—.

Cabe anotar, además, que la Corte Constitucional, en la sentencia Nº C-767 de diciembre 10 de 1998, señaló lo siguiente:

“Debe entenderse entonces que la inhabilidad establecida por el numeral 4º del artículo 95 no es aplicable a los personeros, no sólo debido a la interpretación restrictiva de las causales de inelegibilidad sino también en virtud del principio hermenéutico, según el cual la norma especial (la inhabilidad específica para personero) prima sobre la norma general (la remisión global a los personeros de todas las inhabilidades previstas para el alcalde)”.

Lo anterior permite concluir que la inhabilidad contemplada en el artículo 95-4 de la Ley 136 de 1994 no es aplicable a los personeros municipales, por estar comprendida directamente dentro de las inhabilidades para ellos previstas, resultando innecesario la adecuación de la misma al caso en estudio.

Por lo anterior, es procedente revocar la decisión de primera instancia que declaró la nulidad del acto demandado y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, oído el concepto de la Procuradora Delegada en lo Contencioso Administrativo y en desacuerdo con él, administrando justicia el nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia apelada de fecha 8 de octubre de 1998, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se declaró la nulidad de la elección de Gloria Elena Rojas Artunduaga, como personera municipal de Altamira (Huila) y, en su lugar, deniéganse las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. En firme esta providencia vuelva el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de marzo 11 de 1999. Expediente 2203. Consejero Ponente: Dr. Jorge Antonio Saade Márquez).

SALVAMENTO DE VOTO

El artículo 174, literal a, de la Ley 136 de 1994, dice:

“ART. 174.—Inhabilidades. No podrá ser elegido personero quien:

a) Esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal, en lo que sea aplicable. [...]”.

Y el artículo 95, numeral 4º, de la misma ley, dice:

“ART. 95.—Inhabilidades. No podrá ser elegido ni designado alcalde quien: [...].

4. Se haya desempeñado como empleado o trabajador oficial dentro de los tres (3) meses anteriores a la elección (...)”.

Entonces, la inhabilidad establecida en el numeral 4º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 resulta aplicable cuando se trate de elegir personero, por la remisión del literal a del artículo 174 de la misma ley, lo que quiere decir que no puede ser elegido personero quien se haya desempeñado como empleado o trabajador oficial dentro de los tres meses anteriores a la elección.

Ahora bien, el literal b del artículo 174 dice así:

“ART. 174.—Inhabilidades. No podrá ser elegido personero quien [...].

b) Haya ocupado durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio. [...]”.

La causa de inhabilidad del numeral 4º del artículo 95 comprende a quien se haya desempeñado como empleado o trabajador oficial dentro de los tres meses anteriores a la elección, en tanto que la del literal b del artículo 174 a quien durante el año anterior hubiera ocupado cargo o empleo público en la administración del correspondiente distrito o municipio.

Son distintos los supuestos de una y otra inhabilidades.

Ocurre, entonces, que no puede ser personero tanto quien se haya desempeñado como empleado o trabajador oficial dentro de los tres meses anteriores a la elección, como quien hubiera ocupado durante el año anterior cargo o empleo público en la administración del municipio respectivo, por lo que una y otra inhabilidades no resultan excluyentes.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-267 de 22 de junio de 1995, declaró inexequible la expresión “En ningún caso habrá reelección de personeros”, contenida en el artículo 172 de la Ley 136 de 1994, porque consideró que esa prohibición era contraria a la Constitución, la cual “en determinados casos, señala expresamente los cargos públicos que excluyen toda posibilidad de reelección”, no así el de personero; que “la prohibición no puede cobijar a las personas que en la actualidad no son titulares del cargo y que, sin haber incurrido en causal de mala conducta o infringido la ley penal o disciplinaria, hayan cesado en el ejercicio del mismo en un momento del pasado que no permita, respecto de la época en que se realicen las elecciones, presumir que todavía conservan capacidad real de influjo sobre las instancias del poder”; que la disposición legal referida “consagra una prohibición absoluta para la reelección de personeros”, que “es inequívoca y no admite más de una interpretación” y que por ello no es posible “ante tan perentorio y absoluto mandato inferir que en él se incluyen, entre otras, la hipótesis de la no reelección del personero para el período siguiente, de suerte que la Corte pueda en su fallo declarar la exequibilidad de la norma bajo este entendido”; y que “la ley establece una prohibición absoluta para la reelección de personero y como tal será declarada inexequible”, entre otras razones (Gaceta, 1995, t. 6, vol. I, págs. 385 a 395).

De manera que quien fue personero puede ser nuevamente elegido, que el solo hecho de haberlo sido antes no lo inhabilita. Ello, desde luego, salvo la existencia de inhabilidades distintas, que lo harían inelegible, como la establecida en el numeral 4º del artículo 95, a que remite el literal a del artículo 174 de la Ley 136 de 1994.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-767 de 10 de diciembre de 1998, se declaró inhibida para conocer de la demanda presentada “contra el artículo 95 numeral 4º de la Ley 136 de 1994 por inexistencia de la norma acusada en el ordenamiento legal colombiano” (exp. 2027). Dijo la Corte en esa sentencia que “en la medida en que la propia ley previó una inhabilidad específica para ser personero cuando la persona ocupó previamente un cargo en la administración, la cual está contenida en el literal b del artículo 174, no parece razonable extender a los personeros la inhabilidad sobre el mismo tema prevista para el alcalde”, y que entonces debía entenderse “que la inhabilidad establecida por el numeral 4º del artículo 95 no es aplicable a los personeros, no sólo debido a la interpretación estricta de las causales de inelegibilidad sino también en virtud del principio hermenéutico, según el cual la norma especial (la inhabilidad específica para personero) prima sobre la norma general (la remisión global a los personeros de todas las inhabilidades previstas para el alcalde)”.

Esa es una opinión, y solo eso, y de la Corte Constitucional obligan sus decisiones, como obligan las decisiones de todos los jueces, no sus opiniones, que la de ningún juez es obligatoria.

Tales las razones de mi discrepancia.

Mario Alario Méndez. 

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