Sentencia 2204 de marzo 14 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA

REVISIÓN DE LOS ACUERDOS DE LOS CONCEJOS

EFECTOS DE LA SENTENCIA

EXTRACTOS: «Se transcribe enseguida el texto del artículo 121 del Decreto 1333 de 1986, subrayando la parte que del mismo es acusada en esta oportunidad:

“DECRETO 1333 DE 1986

(abril 25)

Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal.

El Presidente de la República,

DECRETA:

Título V

De los Acuerdos

Artículo 121.—Al escrito de que trata el artículo anterior, en el Tribunal Administrativo se dará el siguiente trámite:

3. Practicadas las pruebas pasará el asunto al Despacho para fallo. El Magistrado dispondrá de diez (10) días para la elaboración de la ponencia y el Tribunal de otros diez (10) días para decidir. Contra esta decisión, que produce efectos de cosa juzgada en relación con los preceptos constitucionales y legales confrontados, no procederá recurso alguno”.

Ahora bien, desde los orígenes de la institución, el constituyente fue explícito en conferir a la autoridad judicial la competencia para fallar sobre la exequibilidad, hoy denominada “validez”, de los acuerdos de los concejos, lo cual supone que la providencia con la que terminan las actuaciones de revisión no sólo produce efectos de cosa juzgada, cuando aquella sea estimatoria de las observaciones formuladas por el gobernador, que inicia o pone en marcha la revisión sino también cuando la sentencia es desestimatoria y las declara infundadas.

Como el Tribunal debe pronunciarse sobre la exequibilidad o validez del acto, nada se opone en la Carta a que su decisión esté amparada por la fuerza de la cosa juzgada; todo lo contrario, en atención a los principios de la seguridad jurídica y de la economía procesal, lo más consecuente con el querer del constituyente es que así lo disponga la ley.

Empero, la Carta no obliga a establecer que dicho pronunciamiento sea absoluto, ni de su alcance sistemático o de su interpretación teleológica se desprende que el fallo del Tribunal Contencioso no pueda ser relativo. Por el contrario, militan consideraciones que hacen razonable admitir la constitucionalidad de la ley que establezca la relatividad de los efectos de la sentencia del Tribunal en cuanto hace a las normas constitucionales o legales confrontadas, puesto que la naturaleza de las acciones populares de nulidad de los actos administrativos, de las que participan todas las personas en la defensa abstracta del orden jurídico, y la de las denominadas ahora de nulidad y restablecimiento del derecho de que pueden hacer uso los interesados en procura de la reparación de su derecho y del retiro del acto administrativo, exigen que mientras no se adelante el estudio de todos los aspectos de constitucionalidad y legalidad el acto administrativo se presuma válido.

El actor estima que si el Tribunal no se pronuncia en forma absoluta por todos los aspectos de constitucionalidad e ilegalidad en relación con el acuerdo en revisión, aquel organismo jurisdiccional incurre en denegación de justicia y en la omisión de sus funciones de origen constitucional, a más de violar el deber de motivar su sentencia. Aunque es una finalidad deseable la de agotar todos los aspectos que tienen relación con la validez jurídica de los actos normativos dentro de un ordenamiento jurídico y dejar sentada una decisión en firme que despeje todo tipo de posibles actuaciones de naturaleza contencio administrativa, dicho propósito en el nivel de los actos administrativos, no puede obtenerse en todos los casos. También, deben tenerse en cuenta los riesgos que la libertad y los derechos civiles y el mismo ordenamiento jurídico pueden correr si se sienta sin más, como regla general, la fórmula interpretativa planteada por la demanda, pues la justicia contencioso administrativa es por esencia rogada, supone la formulación y la prueba de una proposición jurídica alegada para que prosperen las pretensiones demandadas por los actores.

Conforme a las competencias del legislador, en especial la que le permite expedir los códigos en todos los ramos de la legislación (art. 76 numeral 2º) y la que lo autoriza para señalar las reglas referentes a la atribución de los tribunales contencioso administrativos para anular o suspender los acuerdos de los concejos municipales (art. 192 C.N.) y para decidir sobre la validez de los mismos (art. 194 num. 8º C.N.), la disposición acusada es constitucional y así habrá de declararlo la Corte.

En todo caso, si se decreta que las razones de revisión formuladas por el gobernador son fundadas y se estiman como suficientes para decretar la nulidad de aquel, la cosa juzgada será definitiva.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto fiscal,

RESUELVE:

Es EXEQUIBLE la parte acusada del numeral 3º del artículo 121 del Decreto 1333 de 1986 y que dice “... en relación con los preceptos constitucionales y legales confrontados ...”.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente».

(Sentencia Nº 32, marzo 14 de 1991. Expediente 2204. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

ACLARACIÓN DE VOTO

En relación a este caso, doy por reproducidas las razones que apuntara en la explicación ofrecida en el expediente Nº 2201, y que trata de la acusación al inc. 2º del num. 3º del art. 80 (o inc. 7º) e inc. final del mismo art. 80, del D.L. 1222/86, M.P. Simón Rodríguez R.

El tema, al menos para el suscrito, es idéntico, pues afirmo como propio al sistema de control constitucional, la referencia integral a la Carta, y de ahí el valor absoluto de la sentencia emitida en cuanto a los preceptos de esta índole. Claro que esto no comprende el evento de la acusación, por su aspecto formal, cuestión bien diferente.

Gustavo Gómez Velásquez. 

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