•Sentencia 2205 de abril 8 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDADES PARA SER ELEGIDO ALCALDE

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS

EXTRACTOS: «Para llegar a una conclusión inequívoca, acerca de si realmente hubo o no inhabilidad para que César Ojeda Ternera fuera elegido alcalde de Palmar de Varela tenemos que hacer un análisis probatorio y confrontarlo con la norma invocada como violada por parte del demandante.

La citada norma dispone:

“ART. 95.—Inhabilidades. No podrá ser elegido ni designado alcalde quien: (...).

5. Durante el año anterior a su inscripción haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio, o en el de terceros o haya celebrado por sí, o por interpuesta persona, contrato de cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.

Es verdad inconcusa que César Ojeda Ternera celebró un contrato de prestación de servicios asistenciales con Caprecom, que debía ejecutarse en Palmar de Varela y que lleva fecha de 1º de septiembre de 1996.

Pero también se evidencia que con fecha 2 de septiembre de 1996, entre las mismas partes, se suscribió un contrato adicional en el cual se expresa que el objeto del contrato 196 de 1996 debía ejecutarse en el municipio de Barranquilla.

César Ojeda Ternera se inscribió como candidato a la Alcaldía de Palmar de Varela el día 2 de agosto de 1997 a las 4:45 p.m.

En efecto, si el contrato inicial, o sea, el 196 fue suscrito el 1º de septiembre de 1996 y la inscripción a la alcaldía de Palmar de Varela tuvo ocurrencia en día 2 de agosto de 1997, quiere decir, como lo sostiene la Procuradora Delegada ante esta corporación, que como la inhabilidad se configura al momento de la celebración del contrato y como este lleva fecha 1º de septiembre de 1996 y allí se indicó que el lugar donde debía ejecutarse era Palmar de Varela, obviamente el demandado se encuentra incurso en la causal de inhabilidad aducida en la demanda.

Para la sección son notorias, serias y lamentables las deficiencias que arroja la Ley 136 de 1994, por lo menos en lo que tiene que ver con la materia electoral, tanto en el campo conceptual como en el gramatical. Ejemplo elocuente viene a serlo el artículo 95-5 sobre la inhabilidad de los aspirantes al cargo de alcalde, generada por la celebración de contratos administrativos, puesto que parece entenderse que la descripción de la conducta es compleja, vale decir, que comprende una primera referida a “la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio, o en el de terceros” y una segunda consistente en que se “haya celebrado contrato de cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”. En esas condiciones interpretada, quizá mejor decir leída, la disposición, la única diferencia que arroja esa bifurcación radica en el impacto espacial que debe tener la segunda conducta, esto es que “el contrato deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”; porque en lo demás son exactamente iguales desde el punto de vista jurídico, aunque con distinto tenor literal. En efecto, tan general es la frase “celebración de contratos” como “contrato de cualquier naturaleza”, como lo es también “entidades públicas” como “entidades u organismos del sector central o descentralizados de cualquier nivel administrativo”; y lo mismo cabe decir en relación con el sujeto que puede ser toda persona que “haya intervenido” en “interés propio, o en el de terceros” o que “haya celebrado por sí, o por interpuesta persona” el contrato inhabilitante.

En estas condiciones de lo que no puede quedar duda alguna, entonces, es de la franca intención que tuvo el legislador de prohibir la celebración de toda suerte de contratos, por toda clase de aspirantes al cargo de alcalde, con cualquiera de las entidades oficiales que conforman el Estado. Con una ineludible, explicable y justa excepción que la Carta consagra para los congresistas (art. 180-4) y la ley para los concejales y alcaldes (L. 136/94, art. 46-c) respecto de la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones. Así entiende esta Sección Quinta del Consejo de Estado, el alcance de esta inhabilidad creada para los aspirantes al cargo de alcalde, que han celebrado contratos con entidades públicas que deban ejecutarse o cumplirse dentro del respectivo municipio.

Las consideraciones que viene haciendo la defensa en este caso, sobre la naturaleza del contrato, entonces, carecen de relievancia, puesto que, se repite, dentro del tipo electoral inhabilitante tienen cabida todos los contratos, de cualquier naturaleza, que se celebren con las entidades públicas, llámense entidades u organismos, pertenezcan al sector central o descentralizado o en general sean de cualquier nivel administrativo. Caprecom es una entidad oficial descentralizada y con ella se celebró el contrato indicado en la demanda como elemento material, de todo lo cual existe constancia en el expediente.

(...).

El magistrado Roberto Medina López quiere dejar dentro del cuerpo de la providencia, expresa constancia de su adhesión total a los conceptos expresados y particularmente a la interpretación integral que se hace del artículo 95-5 que, en otras condiciones, lo venían apartando del criterio mayoritario.

Lo hasta aquí dicho, nos lleva a la conclusión que se configuró la causal de inhabilidad del artículo 95-5 de la Ley 136 de 1994 y por tal virtud, la sentencia impugnada será confirmada».

(Sentencia de abril 8 de 1999. Expediente 2205. Consejero Ponente: Dr. Jorge Antonio Saade Márquez).

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