Sentencia 2206 de dicembre 9 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 2206-01

Magistrado Ponente:

Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno

Bogotá, D.C., nueve de diciembre de dos mil cuatro.

Se decide por la Corte el Recurso de casación interpuesto por le demandante contra la sentencia de 19 de enero de 2001, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario Promovido por Héctor Jiménez Acosta contra la sociedad Diamante Compañía de Financiamiento Comercial S.A.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte:

1. Para desestimar la pretensión de nulidad absoluta del contrato de compraventa del automotor por objeto ilícito, el tribunal concluyó que la misma no se estructura cuando previamente no ha sido declarada por la autoridad competente la ilicitud de la negociación; que según las pruebas practicadas, en el informe de la Sijin se deducen meras presunciones sobre el hurto del vehículo y el empleo de documentos falsos para obtener su inscripción ante las autoridades de tránsito; que la documentación correspondiente circuló normalmente, no obstante que en ella aparecía la anotación relativa a la regrabación del motor; que esta fue conocida y aceptada por el propio demandante, último adquirente, en el interrogatorio de parte; que el bien nunca estuvo fuera del comercio como lo denotan las varias negociaciones que se realizaron respecto de él.

2. En punto de tales inferencias resulta preciso anotar que el artículo 1519 del Código Civil establece que “hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la Nación. Así, la promesa de someterse en la República a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del objeto”; y el artículo 1523 señala que también lo hay “en todo contrato prohibido por las leyes”.

A su vez, el artículo 1521 ibídem dispone que hay objeto ilícito en la enajenación (...). 1. De las cosas que no están en el comercio (...). 2. De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona (...). 3. De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello”.

Según los lineamientos seguidos por la doctrina y la jurisprudencia, el objeto en los actos jurídicos, debe mirarse desde dos puntos de vista: el primero, en sentido de lo genérico o abstracto como la voluntad, la intención o el querer que tienen las partes en su formación en virtud del principio de la autonomía de la voluntad que les asiste para regular determinadas relaciones jurídicas con incidencia en la esfera de su patrimonio; y el segundo, en sentido específico, que se refiere, ya tratándose de un contrato, a las prestaciones propias de las obligaciones derivadas del mismo que se traducen en un comportamiento del deudor consistente en dar, hacer o no hacer una cosa, y finalmente también en los hechos o cosas materialmente consideradas; todo según lo que expresen las partes en el correspondiente acto o contrato, o, ante su silencio, el legislador.

3. Según las disposiciones legales mencionadas, observa la Corte que el objeto ilícito en los casos de las obligaciones de dar que comportan la prestación de transferir o enajenar el dominio de un bien, está circunscrito a los enumerados en el artículo 1521 del Código Civil, ninguno de los cuales corresponde a la situación planteada en el presente proceso. En efecto, la compraventa disputada recayó sobre un vehículo que se encontraba a la sazón en el comercio, por lo que era susceptible de disposición por los particulares; el derecho de dominio que podía ejercerse sobre él no involucraba derechos o privilegios que lo hicieran intransferible; ni, en fin, estaba sometido a medida cautelar de embargo y secuestro.

De otro lado, el contrato de compraventa cuestionado no es de los prohibidos por la ley, ni su objeto se tornó ilícito ni contrario a la ley, el orden público o las buenas costumbres, simplemente por tratarse él de un bien de cuya identificación real y formal obraran inconsistencias que pudieran desembocar en la comisión de un ilícito, y menos cuando no pueden ser atribuidas a ninguna de las partes; se trata, como dijo el tribunal, sin que por cierto lo haya reprochado el censor, de consecuencias que deben ser redimidas a la luz de un eventual incumplimiento contractual que, per se, no torna ilícito el objeto inicial del contrato.

La compraventa del mencionado vehículo, entonces, no adolece de objeto ilícito y, en consecuencia, no quedó ella afectada de nulidad absoluta, motivo por el cual, en este caso, no incurrió el sentenciador en ningún error puramente jurídico por no haberla declarado y por no haber hecho actuar la normatividad sustancial citada por el recurrente, relativa a dicha figura.

4. Lo que sí se encuentra equivocado es la afirmación que hace el tribunal relativa a que es requisito de procedibilidad de toda declaratoria de nulidad absoluta por objeto ilícito el que previamente la autoridad competente, en este caso la penal, haya declarado la ilicitud de la enajenación o del objeto del contrato materialmente considerado. En efecto, la competencia para declarar la nulidad absoluta por objeto ilícito la tiene el juez civil basado en el examen crítico de los medios de convicción obrantes en el proceso y, por tanto, demostrada la configuración del mismo debe disponerlo y, de manera complementaria, en el evento de la ilicitud sea constitutiva de un hecho punible, remitir copias de lo pertinente ante las autoridades penales competentes para que se haga la investigación de rigor. No puede, entonces, predicarse, como se hizo en el fallo mencionado, la necesaria prejudicialidad penal, cuya dilucidación fuera indispensable para poder calificar de ilícito el objeto de un contrato.

5. En adición a lo anterior, el tribunal cuando examinó las pruebas obrantes en el proceso referentes a la compraventa del automotor, arrancó del hecho de que la negociación se llevó a cabo, como lo demuestran, entre otros, el certificado de tradición vehicular y los restantes documentos que le sirven de respaldo y complementación, folio 107 a 118 del cuaderno principal, que dan cuenta de las anteriores transacciones que sobre él se realizaron sin que hubieran dejado de producir los efectos que le son propios, especialmente los de permitir su goce y utilización.

Fue así como, partiendo de la eficacia de las distintas negociaciones sobre el chasis, afirmó que este nunca estuvo por fuera del comercio, tanto que fue utilizado por el demandante y propietario hasta cuando resultó incinerado por la acción de terceras personas, lo que pone en evidencia que en dicha manifestación no puede hallarse la comisión de ningún yerro fáctico.

El estudio técnico efectuado por la Sijin, Unidad de Automotores del Departamento de Policía del Tolima, de 26 de febrero de 1997, cuaderno Nº 1, folios 10 a 13, informa “que el número de chasis se encuentra parcialmente en sus últimos cinco guarismos, o sea que el prefijo R685ST es original y los demás números son regrabados” y que “se procedió a la aplicación de reactivos químicos dando como revelado los números 1, 5, 6, 0 y 0, formando así el número original R685ST15600”, para concluir que “se presume que el vehículo fue matriculado con documentos falsos según la confirmación que ustedes (se refiere a Proascol) hicieron en relación a la importación del citado automotor”.

El sentenciador tampoco se equivocó al preciar el citado estudio técnico porque este se limitó a exponer las conclusiones que correspondían dentro del ámbito de las funciones y competencias de los investigadores, tales como que, aplicados los reactivos del caso, se estableció que el número de chasis había sido objeto de regrabación, pues, el original era el R685ST15600 y fue irregularmente sustituido o reemplazado por el R685ST13600 y que, en consecuencia, se presumía que la inscripción o matrícula del mismo ante las autoridades de tránsito respectiva se hizo “con documentos falsos”. Conclusiones que corresponden a lo que refleja el texto de dicho documento y cuya apreciación no disiente objetivamente de su real contenido; de allí que no se le pueda atribuir al sentenciador que haya incurrido en tergiversación ni cercenamiento de los datos que arroja.

De modo semejante, el juzgador no incurrió en error de hecho por haber determinado, con vista en los documentos de tránsito que había sido objeto de regrabación, folios 107 a 118 del cuaderno principal, toda vez que esa es la situación que expresamente consta en ellos, como por ejemplo en la petición que el propietario de la época, Lázaro Martínez Ocampo, dirigió a la Inspección de Transportes y Tránsito de Itagüí para que se le autorizara “la regrabación del número del chasis por ilegible”, indicándose como tal el R685ST13600, folio 117 ibídem y en el certificado de tradición en el que aparece la inscripción de regrabación de fecha 29 de noviembre de 1991 figurando como dueño Rubén Darío Botero Montoya, folio 111.

6. En lo que atañe con la apreciación de una de las respuestas dadas por el demandante en el interrogatorio de parte, sobre el supuesto conocimiento que él tuvo de haber sido alterado el número de chasis, cuanto dijo que “nadie me dijo nada, aclaro que el chasis estaba regrabado como figuraba en la tarjeta de propiedad”, folios 1 a 2 del cuaderno 4, se equivocó el tribunal al señalar que se trata de la misma modificación que delata el informe de la Sijin; sin embargo, tal aspecto pierde toda importancia ante la falta de ilicitud de la compraventa en los términos explicados atrás.

En verdad, si se hace un examen minucioso y detallado de los documentos que dan cuenta de la historia del automotor, fácilmente se detecta que fue inscrito ante las oficinas de tránsito, se anotaron los traspasos de su dominio a varias personas, se le cambió de placa y fue objeto de prenda bajo el número de motor R685ST13600 y nunca bajo el número R685ST15600, que resultó ser, en el decir del estudio técnico de la Sijin, el real antes de la sustitución y alteración por el primero de los mencionados.

Fluye de lo anterior que la inferencia lógica y razonable que se deduce de la respuesta del actor es que sí conoció la regrabación pero circunstancia al mismo número que siempre apareció en los referidos documentos y nunca que estaba enterado de que la que constaba en la tarjeta de propiedad correspondía a una variación del número real que pertenecía al original del mismo. Por lo tanto, el conocimiento de la regrabación y el consentimiento para haber celebrado el contrato, pese a su anotación expresa en los distintos documentos, se explica y justifica por ser ajena por completo a la alteración de uno de los números del motor que el comprador no conoció.

Empero, tal yerro no tiene trascendencia para destruir la sentencia impugnada, pues los restantes fundamentos en que esta se apoya siguen en pie; como igualmente resulta inocuo referirse a las pruebas que atañen con los perjuicios y su cuantía, dado que por lo explicado no había lugar a decretar la nulidad absoluta por objeto ilícito.

7. La no alusión y valoración del interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad demandada, tampoco tiene la virtualidad de erigirse en error manifiesto y trascendente que conduzca a infirmar la denegatoria de la nulidad absoluta, puesto que no hace otra cosa que aceptar el contenido del contrato de compraventa, informar que desconoce las razones por las cuales se presentó una discordancia en cuanto uno de los números que integran la identificación del motor, quedando, en consecuencia, en pie las restantes conclusiones del tribunal sobre la no exclusión del comercio del vehículo y la eficacia de todas las transacciones realizadas hasta el momento de su incineración.

8. Total, ninguno de los cargos propuestos está llamado a prosperar.

IV. (sic) Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 19 de enero de 2001, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario de la referencia.

Condenar en constas al recurrente, las cuales serán liquidadas en la oportunidad legal.

Notifíquese y cúmplase».

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