Sentencia 22060 de marzo 25 de 2004

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Ref.: Expediente 22060

Acta 20

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Bogotá, D.C., veinticinco de marzo de dos mil cuatro.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Pedro Nel Vélez Madrigal contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 6 de junio de 2003 en el juicio promovido por el recurrente contra el Instituto de Seguros Sociales – seccional Antioquia.

I. Antecedentes

Pedro Nel Vélez Madrigal demandó al referido Instituto con el fin de obtener el pago de una pensión de invalidez, ya de origen profesional, ora de origen común, a partir del mes de marzo de 1999.

El fundamento de sus pretensiones se sintetiza así:

En julio de 1993 “se encontraba cotizando... y estando en su lugar de trabajo, sufrió un accidente... en el cual se lesionó fuertemente el órgano de la visión, sufriendo desprendimiento de retina...”. La Junta Regional de Invalidez de Antioquia le dictaminó una invalidez de 52.77% estructurada a partir del 13 de marzo de 1999. Solicitó al seguro social el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen profesional, la cual fue negada mediante Resolución 12681 de 25 de agosto de 2000 que a su vez resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 003886 de 25 de marzo del mismo año, por la cual se le había negado la prestación “de invalidez de origen no profesional” y le había concedido, en contraprestación, la indemnización sustitutiva “con fundamento en 515 semanas cotizadas”. Argumentó la entidad “no tener cotizadas 26 semanas en el último año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez...”. Se encuentra vinculado al régimen de pensiones del ISS desde 1973, “se encontraba cotizando para la fecha del accidente... y si a la fecha de estructuración de la invalidez... no se encontraba cotizando para el régimen de pensión, era precisamente por el estado de salud que padecía...” (fl. 1).

El instituto demandado manifestó atenerse “a las resultas del proceso” y propuso las excepciones de prescripción, buena fe, inexistencia del derecho reclamado, compensación y la genérica (fl.40).

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín resolvió, mediante sentencia del 21 de marzo de 2003, absolver al ente demandado de las pretensiones incoadas en su contra (fl.63).

II. La sentencia del tribunal

Al desatar el recurso de apelación interpuesto por el demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín confirmó la anterior decisión.

Luego de descartar el origen profesional de la enfermedad y de transcribir los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 sobre el estado de invalidez por riesgo común y requisitos para su obtención, expresó textualmente el ad quem:

“Conforme se advierte del dictamen y de la precedente norma, el demandante resultó inválido de origen común, ya que el experticio de la Junta Médica regional, le señaló un porcentaje superior al 50% que exige la norma reproducida; empero, para obtener dicha pensión se requiere de otro requisito, cual es que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos 26 semanas al momento de producirse el estado de invalidez, que para estos casos es la fecha de su estructuración, o sea para el 13 de marzo de 1999, y para esta época el actor, desafortunadamente para sus intereses no estaba cotizando, sin que la circunstancia de no tener recursos económicos para ello por no haber podido seguir trabajando la albañilería como dijeron sus compañeros declarantes... le sustituya ese requisito legal de tal número de cotizaciones dentro de ese período específico, según la Ley 100 de 1993, norma aplicable a su caso dada la fecha de estructuración de la enfermedad.

“Y aun cuando durante todo el tiempo de afiliación al ISS, alcanzó a cotizar 515 semanas, 17 de las cuales fue en el último año anterior a la estructuración de la invalidez, como lo reconoce el Seguro Social, en la Resolución 12681 del 25 de agosto de 2000, por medio de la cual respondió negativamente la reclamación que le hizo el demandante precisamente por esa falencia de las 26 semanas, no es dable a esta judicatura aplicar la condición más beneficiosa como aspira el impugnante, reconociendo el total de semanas cotizadas, que de acuerdo con la normatividad anterior a la Ley 100 de 1993, esto es, el Acuerdo 049 de 1990, art.6º, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, tendría derecho por haber superado las 300 semanas en cualquier época, por cuanto para esta clase de invalidez no aplica este beneficio, como lo tiene sentado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y lo precisó la Sala Sexta de Decisión Laboral de este Tribunal... en un caso parecido...” (fl.80).

III. El recurso de casación

Inconforme con esta determinación, el demandante pretende que la Corte case totalmente la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, “se sirva revocar la sentencia del a quo y en su lugar acoger las súplicas de la demanda inicial”.

Con tal propósito formula un único cargo, en el que acusa la “interpretación errónea de los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional, lo que condujo a la infracción directa (falta de aplicación según reiterada jurisprudencia de esa Sala) de los artículos 6, 9, 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990, en relación con los artículos 11, 50, 141, 142 de la Ley 100 de 1993. Artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

En su demostración afirma aceptar los supuestos de hecho en que se fundamenta la sentencia impugnada, “esto es, que al (sic) actor fue declarado inválido en el 50%, con fecha de estructuración en 13 de marzo de 1999; que para esta fecha no se encontraba cotizando al sistema general de pensiones; que solo contaba con 17 semanas en el año anterior a la estructuración de la invalidez y que cuenta en total con 515 semanas”.

Advierte que como la jurisprudencia de esta Sala ha entendido que el principio de la condición más beneficiosa se encuentra contenido en el artículo 53 de la Carta Política, el cual debe armonizarse con el contenido en el artículo 48 ibídem, “la acusación se dirige a una norma Constitucional, en el entendido que es sobre ella en que el ad quem se apoya, dándole una inteligencia que no tiene, para efectos de absolver a la institución demandada de las súplicas de la demanda...”.

Alega que la pensión por invalidez está instituida para satisfacer las necesidades mínimas de aquellas personas que, por razones de salud, no pueden procurarse lo necesario para su subsistencia, por lo que “la figura jurídica en comento, debe aplicarse siempre teniendo como norte, un destinatario que por sus condiciones físicas, está en situación de debilidad manifiesta frente a los demás asociados”.

De tal modo, afirma, si conforme lo ha determinado esta Sala de Casación, en la pensión de sobrevivientes se aplica el principio de condición más beneficiosa, “no se ve razón atendible para que en el régimen de la pensión por invalidez de origen común no se aplique si, en síntesis, ambas prestaciones penden, en su causación de un hecho futuro e incierto, cual es, en la de sobrevivientes la muerte y en la de invalidez el acaecimiento de la merma de capacidad laboral y su fecha de estructuración”.

Hace énfasis en que los principios de equidad, proporcionalidad y condición más beneficiosa, “no solo gobiernan el caso de la pensión de sobrevivientes, sino que, contrario a lo concluido por el Tribunal, una interpretación extensiva de esos institutos jurídicos permite concluir que también están llamados a gobernar las pensiones de invalidez, como la que pretende el actor se le reconozca”, de modo tal que “quien pretenda pensionarse por invalidez solo le basta ajustar la densidad de cotizaciones que regía en el régimen anterior, esto es, en el Acuerdo 049 de 1990... y con sujeción a ello solo le bastaría tener cotizadas al sistema más de 300 semanas con antelación a que se determine la estructuración del estado de invalidez, requisito que cumple a cabalidad el actor pues... tiene satisfechas todas las semanas con anterioridad a que la autoridad médica determinase la fecha en que se estructuró su merma de capacidad laboral”.

Finalmente se remite a lo expresado por esta Corporación en sentencia del 26 de julio de 2001, rad. 15760, algunos de cuyos apartes transcribe.

El opositor, a su turno, luego de hacer referencia a las “insuperables fallas de orden técnico” de que adolece el cargo —como la acusación de las normas del Estatuto Superior, que por sí solas no pueden estructurar cargo en casación, y la acusación simultánea de su interpretación errónea y su falta de aplicación— arguye que, de otra parte, “el ataque no tiene vocación de prosperidad, por cuanto para efectos de otorgar la pensión de invalidez, no es procedente dar aplicación a la condición más beneficiosa deseada por el censor, como sí se ha hecho para la de sobrevivientes, ya que esas prestaciones tienen un tratamiento diferente, tanto en la ley como en la jurisprudencia”, tal como lo señaló recientemente esta Corporación en sentencia del 26 de febrero de 2003, rad.19019.

IV. Consideraciones de la Corte

Anota la Sala, en primer término, que las lesiones que al rigor técnico pone de presente la oposición, en realidad no alcanzan a devenir inestimable la acusación, en tanto no son las normas constitucionales en cuestión las únicas que integran la proposición jurídica del cargo que, al margen de lo anterior, cuestiona la no aplicación de la regulación anterior a la Ley 100 de 1993 en virtud del principio de la condición más beneficiosa.

En lo que respecta al fondo de la acusación, cierto es que, como lo advierte la censura, antaño esta Corporación estimó que quienes —como en el sub examine— cotizaran al Instituto de Seguros Sociales un número de semanas suficiente para acceder al derecho a la pensión de invalidez dentro de la normatividad anterior a la Ley 100 de 1993, se desafiliaran o dejaran de cotizar y quedaran inválidos con posterioridad a la vigencia de esta norma, tenían derecho a la pensión de invalidez.

Sin embargo, tal criterio fue recogido por esta Sala en pronunciamiento del 26 de febrero de 2003 (rad.19091), referido con acierto por el opositor, en los siguientes términos:

“... No desconoce la Corte los múltiples pronunciamientos que ha efectuado en relación con la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en asuntos que atañen al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, como también que tal criterio, por mayoría, se ha aplicado en asuntos como el que se trata, referentes a la concesión de una pensión de invalidez por riesgo común, estructurada en vigencia de la Ley 100 de 1993, así sea que la demandante posea el número de semanas cotizadas para acceder a dicha prestación dentro del régimen del Acuerdo 049 de 1990; pauta jurisprudencial que habrá de recogerse por las razones que a continuación se explican.

“En la historia normativa del ISS, el riesgo de invalidez, vejez y muerte ha sido objeto de diversas regulaciones. En lo que concierne a este recurso extraordinario, bueno es mencionar los artículos 5º y 6º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 del mismo año, y los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993.

“El primero de los señalados ordenamientos exige los siguientes requisitos para acceder a la pensión de invalidez: pérdida al menos del 50% de la capacidad laboral para desempeñar el oficio en que se haya capacitado el trabajador y constituya su actividad habitual; haber cotizado 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha en que se estructure el estado de invalidez, o 300 semanas en cualquier época.

“Los artículos 38 y 39 de la segunda de las preceptivas en cita consagran que para acceder a la prestación motivo de este análisis se requiere: a) Haberse perdido el 50% o más de la capacidad laboral; b) Estar cotizándose al momento de producirse el estado de invalidez y haber sufragado en ese momento por lo menos 26 semanas; c) Que habiendo dejado de cotizar con anterioridad al momento de producirse el estado de invalidez, se hubieren efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas en el año inmediatamente anterior.

“Por su parte, el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que las normas de esa naturaleza, por ser de orden público producen efecto general inmediato, debiéndose aplicar a los contratos de trabajo que estén vigentes en el momento en que dichas normas empiecen a regir, luego teniendo en cuenta que el demandante fue declarado inválido a partir del 15 de julio de 1994, fecha para la cual las disposiciones de la Ley 100 de 1993 ya estaban en plena vigencia, según se infiere de los artículos 151 y 289 ibídem, los preceptos aplicables son esos y no los del Acuerdo 049 de 1990, como lo prohíja la recurrente, toda vez que estos últimos no gobiernan la situación de autos, porque la invalidez no se estructuró con anterioridad al 1º de abril de 1994; tampoco se previó un régimen de transición en la Ley 100 respecto a esta prestación, y, es inadmisible aplicar el principio de la condición más beneficiosa al trabajador, en razón que no existe duda sobre la preceptiva que debe aplicarse.

“Es que la circunstancia de que el legislador consagre regímenes de transición cada vez que modifica la normatividad que regula las pensiones de jubilación o vejez, constituye reconocimiento de la situación en que se encuentra el trabajador frente a ese derecho en ciernes. Amén de que el estado de invalidez no priva a la persona de la posibilidad de llegar a la edad requerida para acceder a la pensión de vejez, y si ha sufragado las cotizaciones necesarias para ello su fallecimiento prematuro ni siquiera afecta el derecho que puedan tener sus beneficiarios.

“Asimismo, importa para el caso resaltar que no es dable asimilar la pensión de invalidez a la pensión de sobrevivientes para efectos de tener en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas por el afiliado, ya que siendo prestaciones sustancialmente diferentes el legislador no le dio a ambas igual tratamiento normativo. De manera que lo que es obligatorio respecto a la segunda no puede predicarse de la primera. Así está dicho en sentencia de 19 de enero de 2000, que ratifica lo expresado, por esta misma Sala, en providencia de 17 de abril de 1997.

“De otra lado, se impone dejar sentado que lo recién expuesto no desconoce lo que dispone los parágrafos “F” y “G” del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 ni el parágrafo del artículo 39 ibídem, pues las cotizaciones anteriores deben tenerse en cuenta para efectos de establecer si se reúne el número que exige esta última norma para tener derecho a la pensión de invalidez; advirtiendo que para el caso del cotizante que regula el literal “a” del citado artículo 39, no existe la limitación en el tiempo que contiene el literal “b”.

“Además, tratándose de la pensión de vejez y jubilación también hay que tener en cuenta que la normatividad que la regula, desde antes de la Ley 100, disponía que cuando se tuviera el número de cotizaciones mínimas o el tiempo de servicio requerido, se tenía el derecho a ellas al llegar a la edad así la persona se retirara del servicio o dejara de cotizar, y por esa misma razón si esta fallecía antes de cumplir la edad surgía el derecho a la pensión de sobrevivientes; situación por la cual no puede afirmarse que en esos casos existía una simple expectativa. Circunstancia que no es predicable respecto a la pensión de invalidez, en la cual la posibilidad de que se presente el riesgo, así se tenga las cotizaciones, no configura un derecho adquirido y, por ende, al ser una simple expectativa no puede protegerse a través de la figura de la condición más beneficiosa”.

En el sub judice el recurrente plantea la aplicación del principio de la favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Nacional, norma esta que incorpora a la Carta Política los principios que el legislador y la doctrina elaboraron para el derecho laboral.

La seguridad social es materia autónoma, cuya institucionalización constitucional se encuentra en el artículo 48 de la Carta, que si bien no consagra el principio de favorabilidad reclamado por el recurrente, sí fue contemplado por el legislador con unas características propias para la seguridad social en pensiones. Así, el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, permite que el afiliado o beneficiario de una prestación pensional se acoja a la normatividad más favorable, bajo la condición de que se someta de manera integra a dicha regulación.

Esta expresa previsión excluye de manera categórica la posibilidad de lograr la aplicación de regulaciones mixtas, o de elaborar terceras normas por combinación de disposiciones de diversos sistemas. Si como lo pretende el actor se confeccionara, a la medida de su situación, una norma tal que dispusiera que cuando se aportan 515 cotizaciones en cualquier tiempo se tiene derecho a la pensión de invalidez, tal estipulación carecería de justificación jurídica, por cuanto se elude la aplicación de una fuente de derecho vinculante, como lo es el mandato expreso del legislador contenido en el citado artículo 288 de la Ley 100 de 1993.

La preceptiva sobre requisitos atinentes al deber de cotizar no puede ser sustituida solo por criterios de justicia, como el de la necesidad del reclamante; si estos remplazaran aquella, el efecto sería perturbador para un sistema contributivo de seguridad social, que se derrumbaría gestionado con los criterios del sistema de protección social; justamente, el legislador diferencia uno y otro sistema, dotando a cada uno de ellos de reglas compatibles con su respectiva naturaleza.

Ciertamente la preceptiva anterior al Sistema de Seguridad Social establecía como requisito el que se hubieran efectuado 150 cotizaciones dentro de los seis años anteriores a la estructuración de la invalidez o 300 en cualquier tiempo. La Ley 100 de 1993 dispuso una densidad de cotizaciones de al menos 26 semanas, pero en el año inmediatamente anterior al del acaecimiento del evento que causa la pensión. La inteligencia apropiada de esta norma revela la voluntad del legislador de establecer un sistema de financiación con aportes permanentes por parte del universo de los afiliados. La exigencia de cotizaciones por un lapso, aparentemente breve, respecto a un evento incierto, obliga a que, para obtener la efectiva protección del riesgo, se esté de manera continua afiliado y aportando al sistema; con este sistema de financiación el legislador procura realizar dos de los principios rectores de la seguridad social: el de universalizar la cobertura y el de ofrecer esta de manera íntegra. Así entonces, en comparación con el régimen anterior, bajo el Sistema General de Pensiones los trabajadores gozan de protección desde los inicios de su vida laboral y no, como antes sucedía, tan solo después de tres años de actividad laboral.

Por lo dicho, no prospera la acusación.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de seis (6) de junio de 2003 (dos mil tres) proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso seguido por Pedro Nel Vélez Madrigal contra el Instituto de Seguros Sociales.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Eduardo López Villegas—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.

María Ismenia García Mendoza, Secretaria.

Salvamento de voto

Con el acostumbrado respeto me aparto de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, por cuanto a mi juicio ha debido prosperar el cargo propuesto por el recurrente, pues aun cuando no desconozco que la invalidez del actor se estructuró el 13 de marzo de 1999, estando en vigencia la Ley 100 de 1993, para ese momento contaba él con 515 semanas de cotización al riesgo de invalidez, vejez y muerte y para cuando entró a regir la citada ley había cotizado más de las 300 semanas exigidas por el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 para acceder al derecho a la pensión que demanda, razón por la que, en aplicación de los principios de equidad y proporcionalidad, debía ser esta la norma aplicable a su situación de invalidez y no el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 que el Tribunal de Medellín utilizó para resolver el caso.

Es mi opinión que sigue teniendo plena validez el razonamiento expuesto por la Sala en la sentencia del 26 de julio de 2001, radicación 15760, según el cual “la seguridad social es un derecho de estirpe constitucional y no un simple seguro privado que se toma y se rige por la respectiva póliza, cuyo amparo normalmente se restringe a la vida jurídica de esta. De otra parte, si bien no es posible aceptar que pueda adquirirse el derecho a una pensión por invalidez sin que esto ocurra, es claro que el afiliado a la seguridad social tiene la posibilidad de consolidar situaciones jurídicas reconocidas por el respectivo régimen, como el caso bajo examen en que el demandante superó los requisitos máximos de cotizaciones exigidos para obtener una eventual pensión de invalidez”.

Estimo, por otra parte, que si bien el sistema de seguridad social es de carácter contributivo y que es obligación de todos sus afiliados concurrir en la financiación de la cobertura de los riesgos y contingencias según su capacidad económica, no se acompasa con ese principio esencial que un afiliado al sistema que ha cotizado 26 semanas al régimen o que habiendo dejado de cotizar hubiere sufragado ese número de semanas en el año inmediatamente anterior a la invalidez, pueda acceder al derecho a la prestación correspondiente, al paso que uno que ha aportado 515 semanas, como lo hizo Pedro Nel Vélez Madrigal, no pueda obtener el derecho a la pensión.

Dicha situación no es equitativa y, por el contrario, es ajena a todo sentido de las proporciones, por cuanto quien en busca de la cobertura a las contingencias y riesgos que ampara al sistema ha contribuido en mayor proporción, resulta obteniendo menos beneficios que quien lo ha hecho en condiciones inferiores y por ello también resulta opuesta a la característica del sistema general de pensiones que indica que para el reconocimiento de las prestaciones debe tenerse en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la ley que lo creó. Como con mucha razón en anterior oportunidad y en relación con un caso análogo lo explicó la Sala, una aplicación exegética de la Ley 100 de 1993 llevaría al absurdo de que un mínimo de cotizaciones efectuadas den más derecho que el esfuerzo de aportes realizado durante la vida laboral de un afiliado, lo cual atenta contra la lógica y los principios sobre los que se halla construida la seguridad social en Colombia.

Y es claro que tal situación obedece a una deficiencia en las regulaciones de la Ley 100 de 1993, que al reglamentar lo correspondiente a la pensión por invalidez no estableció un sistema de transición que cobijara situaciones como la presentada en relación con el derecho a la prestación aquí demandada por Vélez Madrigal y que en últimas conduce a que las cotizaciones efectuadas durante un largo período no produzcan el efecto buscado por el afiliado. Por esa razón, en casos como el citado no puede utilizarse irrestrictamente esa normatividad para determinar el derecho a la pensión de alguien cuya invalidez se ha estructurado bajo la vigencia de tales preceptos, porque para establecer cuáles son las disposiciones aplicables será menester tomar en consideración si el afiliado cumplió los requisitos exigidos por las normas anteriores para obtener ese derecho prestacional, evento en el cual tales normas podrán tener vocación jurídica para ser utilizadas con el fin de determinar la existencia del derecho respectivo.

Es mi criterio que esa solución no significa un desconocimiento de la mencionada Ley 100, porque, al contrario, se corresponde con lo claramente preceptuado en su artículo 272, sobre aplicación preferencial, en cuanto dispone que “el sistema de seguridad social establecido en la presente ley, no tendrá, en ningún caso, aplicación cuando menoscabe la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores”.

Y en este caso considero que la utilización del artículo 39 de la susodicha Ley 100 de 1993, que exige para tener derecho a la pensión de invalidez que cuando el afiliado ha dejado de cotizar al sistema hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez, afecta tanto los derechos de quien cotizó un número de semanas superior al exigido por la normatividad actual, como la garantía de una calidad de vida acorde con la dignidad humana, que se ha erigido como uno de los principios orientadores del sistema de seguridad social integral, de suerte que se dan los supuestos para que la varias veces citada ley, según lo preceptuado en su artículo 272, no sea aplicable al presente asunto.

Por lo antes expuesto, convengo con los demás magistrados que salvaron el voto en que la decisión de la que me aparto no deja sin fundamento el criterio jurisprudencial que antecedió al que ahora adoptó la mayoría, en el sentido de que quienes habiendo cotizado al Instituto de Seguros Sociales un número de semanas igual o superior al exigido en el régimen legal anterior a la Ley 100 de 1993 para obtener el derecho a la pensión por invalidez, dejan de cotizar y se invalidan con posterioridad a la vigencia de esa ley, sin cumplir el requisito de las 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a la invalidez, deben pensionarse con base en aquellas disposiciones legales que precedieron a la Ley 100 de 1993.

Fecha ut supra.

Gustavo José Gnecco Mendoza 

Salvamento de voto

Respetuosamente manifestamos a la Sala nuestro disentimiento en cuanto a la decisión del recurso de casación interpuesto por el apoderado de Pedro Nel Vélez Madrigal, en el proceso seguido contra el Instituto de Seguros Sociales – seccional Antioquia por las siguientes razones:

1. En este caso es claro que incurrió el Tribunal en la infracción legal denunciada puesto que señaló equivocadamente que el afiliado, quien contaba con un total de 515 semanas cotizadas, no tenía derecho a la pensión de invalidez por haber dejado de aportar, por más de un año, con anterioridad a marzo de 1999, cuando se estructuró la invalidez. Ello es así, toda vez que al haber concluido que el actor había cotizado más de trescientas semanas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y estando acreditado su estado de invalidez, ha debido aplicar el artículo 6° del Acuerdo 049 de 1990.

2. El supuesto referente a que la fecha de la estructuración de estado de invalidez fuera el 13 de marzo de 1999, es decir, después de estar rigiendo el sistema de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, no dejaba sin fundamento el criterio jurisprudencial que precedió al que ahora se aplica, en el sentido de que frente a situaciones de quienes habiendo cotizado al Instituto de Seguros Sociales un número de semanas igual o superior al exigido en el régimen anterior a la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión por invalidez, dejan de cotizar y quedan inválidos con posterioridad a la vigencia de esta norma, como en el caso presente, deben aplicarse las normas que se hallaban vigentes antes de regir la susodicha Ley 100 de 1993, al amparo de las cuales el afiliado al sistema de seguridad social ha cumplido con la densidad de cotizaciones para tener derecho a la pensión de invalidez.

Así estaba establecido en las sentencias proferidas con antelación al cambio de criterio jurisprudencial, en las cuales se señaló que la nueva legislación pensional, la de 1993, disminuyó considerablemente el número de cotizaciones para acceder a la pensión de invalidez y que por ello, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa no podía negarse esa prestación a quien no cumplía con ese mínimo, pero sí con la mayor exigencia de la normatividad anterior, esto es, las 300 semanas contabilizadas en cualquier tiempo.

En estos términos dejamos expuesto nuestro parecer frente a la decisión mayoritaria de no casar la sentencia recurrida, debido al cambio jurisprudencial del que nos seguimos apartando.

Fecha ut supra.

Magistrados: Isaura Vargas Díaz—Luis Gonzalo Toro Correa.